La competencia judicial internacional no se establece por referencia a la persona que ejerce la custodia del menor, sino por referencia a quien es su titular

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de León, Sección Primera, de 6 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación declarando que “La sentencia recurrida vincula la situación actual del menor (reside en Senegal bajo el cuidado de la abuela materna) con la responsabilidad parental para llegar a la conclusión de su falta de competencia: los padres no ejercen la responsabilidad parental y el menor no reside en un Estado miembro de la Unión Europea. El punto de partida es, cuando menos, cuestionable, porque los titulares de la responsabilidad parental son los padres, en tanto en cuanto no sean privados de ella, por más que, de hecho, sea otro familiar el que se encargue del cuidado directo del menor. Pero, en cualquier caso, la competencia no se establece por referencia a la persona que ejerce la custodia, sino por referencia a quien es su titular: en el art. 12 (del Reglamento 2201/2003) se alude, como una de las alternativas, a cónyuges -sin más- utilizando como alternativa la expresión “titulares de la responsabilidad parental” para aludir a los padres del menor cuando no han contraído matrimonio, por lo que el precepto contempla un fuero alternativo (no subsidiario ni supletorio), por lo que al haber sido aceptada la competencia por ambos cónyuges no cabe duda de la competencia de los tribunales españoles. Además, los cónyuge siguen siendo los titulares de la responsabilidad parental por disposición legal, y por tales el apartado 8 del art. 2 entiende que la ostentan quienes la tienen asumida, ya sea por ministerio de la Ley o por acuerdo con efectos jurídicos (ap. 7 del art. 2). Por lo tanto, mientras no se dicte una sentencia que prive a los padres del ejercicio de la patria potestad o la suspenda, son ellos los titulares de la responsabilidad parental, por lo que los tribunales españoles con competentes para conocer de pretensiones referidas a la responsabilidad parental cuando, como ocurre en este caso, de común acuerdo solicitan el divorcio”.

La Audiencia Provincial de Valencia declara que no se ha producido un traslado o retención ilícita de dos menores por parte de su progenitora

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 26 de septiembre de 2017, desestima la demanda interpuesta por D. Manuel contra Dª Leticia , habiendo sido parte el Ministerio Fiscal, declarando que no se ha producido un traslado o retención ilícita de dos menores, por parte de su progenitora, Dª Leticia. Para llegar  a esta conclusión la Audiencia tiene el cuenta el Convenio de La Haya de 25 de octubre de 1980 sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, en relación con el art. 11 del Reglamento del Consejo 2201/2003, de 27 de noviembre (Bruselas II) Considera también que durante la tramitación de este procedimiento y mientras no se adopten medidas paterno filiales a través de un procedimiento ordinario por el Juzgado competente, los menores podrán estar en compañía de su padre en fines de semana alternos, cuatro horas diarias, tanto el sábado como el domingo, sin pernocta, estando presente durante las visitas una persona de confianza para ambas partes que deberán designarla en el plazo de tres días desde la notificación de esta resolución y, en su defecto, se regularan visitas en un Punto de Encuentro Familiar. El estudio los elementos de hecho lleva a la Audiencia a la conclusión de que la demandada y los hijos no han tenido su residencia habitual en Italia, aunque hayan estado periodos de tiempo en ese país, porque los datos que acreditan la residencia habitual efectiva, como son los que conciernen a la atención médica y a la asistencia a un centro pre-escolar, apuntan a que los menores se desplazaban con frecuencia entre los dos países, pero no se puede afirmar que tuvieran su residencia habitual en Italia, y una dato importante, como es la inscripción del mayor de los hijos en una guardería, apunta a su mayor vinculación con España.

Vulneración de los derechos de una persona jurídica mediante la publicación en Internet de información supuestamente inexacta sobre ella y la no supresión de comentarios que la afectan

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 17 de octubre de 2017, asunto C‑194/16: Bolagsupplysningen y Ilsjan, declara que “El art. 7, punto 2, del Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que una persona jurídica, que afirma que la publicación de información inexacta sobre ella en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad, puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de dicha información, la supresión de esos comentarios y la reparación de la totalidad del perjuicio sufrido ante los tribunales del Estado miembro en que se halla su centro de intereses. Cuando la persona jurídica ejerce la mayor parte de sus actividades en un Estado miembro distinto del de su domicilio, esta persona jurídica puede, basándose en el lugar en que se ha materializado el daño, demandar en ese otro Estado miembro al presunto autor de la lesión. El art. 7, punto 2, del Reglamento nº 1215/2012 debe interpretarse en el sentido de que una persona que alega que la publicación de información inexacta en Internet y la no supresión de comentarios que la afectan han vulnerado sus derechos de la personalidad no puede presentar una demanda al objeto de obtener la rectificación de esa información y la supresión de esos comentarios ante los tribunales de cada Estado miembro en cuyo territorio la información publicada en Internet sea o haya sido accesible”.

Corresponde al órgano jurisdiccional nacional apreciar si existe un punto de conexión entre las distintas demandas presentadas ante él y si existe un riesgo de que se dicten resoluciones inconciliables si dichas demandas fueran juzgadas por separado

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 16 de enero de 2017, declara que “promovida la declinatoria por la naviera, la transitaria se sometió a la jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil para conocer de la demanda, no sólo por no promover en plazo la cuestión de competencia (procediendo a contestar a la demanda y a oponerse a la reclamación deducida contra ella) sino también por indicar literalmente en el primero de los Fundamentos de su escrito de contestación estar ‘de acuerdo con la competencia objetiva del Juzgado de lo Mercantil así como la territorial de los Juzgados y Tribunales de Valencia’. Siguiendo los criterios de las resoluciones citadas y verificado el juicio a que se refiere el parágrafo 41 de la Sentencia del TJUE de 11 de octubre de 2007 (…) en relación con el tenor de la demanda (concretas imputaciones efectuadas a cada una de las codemandadas – ya descritas -, y alegación del vínculo de solidaridad), procede acoger el recurso de apelación formulado por la representación de la entidad demandante contra el auto del Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia de 27 de noviembre de 2015 (ulteriormente aclarado), en el sentido de declarar la continuación del procedimiento instado por Waldo Escriva SL contra Operinter Andalucía SL -sometida tácitamente a la Jurisdicción de los Juzgados de Valencia como resulta de su contestación a la demanda – pues nada impide que pueda seguir el procedimiento únicamente contra ella, en los términos que resultan de las resoluciones anteriormente transcritas”.

Demandas conexas pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 20 de abril de 2017, estima un recurso contra la decisión de la jueza ad hoc que  apreció la necesaria conexión a que hace referencia tanto el art. 43 LEC como el art. 30 del Reglamento Europeo 1215/2012 de tal forma que no siendo firme la sentencia dictada por el Tribunal de Toulouse, que aborda y resuelve sobre cuestiones íntimamente relacionadas con los hechos fijados como controvertidos en el presente proceso procede estimar la excepción procesal planteada y suspender el curso de las presentes actuaciones hasta en tanto la misma no adquiera firmeza. Para la Audiencia “teniendo en cuenta los hechos, tal como se han aportado, resulta que ni las partes en el procedimiento del Tribunal de Comercial de Toulouse son las mismas (el demandante en Toulouse es Sarl Panamapilou, y en cambio en España es Athos Support y la demandada PLD. Ni tampoco lo es la causa de pedir, pues mientras en Francia es la nulidad del acuerdo de transmisión de acciones firmado entre la SARL Panamapilou y la S.L.Athos , en el que nos ocupa: se discute si se ha incumplido el contrato de prestación de servicios de 1 de diciembre de 2012 entre PLD Proprete y Athos Support. En cualquier caso, la cuestión sería determinar qué trascendencia tendría ese otro proceso en el presente. Lo cierto es que Sarl Panamapilou (que no es parte en el presente procedimiento) firmó un contrato de venta de participaciones sociales que no puede afectar a una prestación de servicios entre terceros, y que en concreto hace la sociedad Ahtos Support S.L. A PLD Proprete SAS. Dado que se está alegando la vinculación de los presentes autos a lo que se resuelva en aquél, con el sólo fin de acordar la suspensión, se desconoce con qué efectos definitivos, y lo que, no sería admisible que lo resuelto en ese otro proceso sobre nulidad de acuerdo de transmisión de acciones vincule el presente hasta el extremo de que deba apreciarse los efectos de cosa juzgada, pues en nada afecta al contrato de prestación de servicios”.

Competencia judicial internacional en una solicitud inicial de procedimiento monitorio

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El Auto de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Segunda, de 27 de abril de 2017,  confirma la inadmisión a trámite de una solicitud inicial de un procedimiento monitorio. Según la Audiencia, ” es aplicable el Reglamento en cuanto existe un elemento transfronterizo, estar domiciliados una y otra parte en distintos Estados miembros de la Unión europea ( arts. 2 y 3): el demandante en España y el demandado en Rumanía. La competencia se determina, por remisión de su art. 6.1º, conforme al Reglamento 44/2001. La parte apelante invoca el art. 5.1º b) del Reglamento 44/2001 , el cual permite que las personas domiciliadas en un Estado miembro puedan ser demandadas en otro, en materia contractual, “cuando se trate de una prestación de servicios (que es lo que alega el solicitante, en) el lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hubieren sido o debieren ser prestado los servicios”. Sin embargo, obvia el apelante el apartado 2 del art. 6 del Reglamento 1896/2006, conforme al cual, cuando se demande a un consumidor por un contrato celebrado con un profesional, “únicamente serán competentes los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el cual esté domiciliado el demandado” (lo que es conforme también con las normas de competencia del Reglamento 44/2001 y su refundición en el Reglamento 1215/2012). No cabe duda de que, demandando una mercantil a un particular por una prestación de servicios, nos encontramos en este caso y, en definitiva, el recurso tiene que ser desestimado”.

No cabe esgrimir da rebeldía para oponerse al execuátur pues el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso en el extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 15 de mayo de 2017,  revoca la resolución del Juzgado y otorga el  reconocimiento en España a la sentencia dictada por el Tribunal Distrito de Aberdeen (Escocia) en un procedimiento de divorcio. La audiencia considera que ” la homologación pretendida ha de prosperar, pues ante la constatada ausencia de la parte demandada en el procedimiento de origen, la documentación aportada permite afirmar que el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso y que en él pudo ejercitar debidamente y en toda su extensión sus derechos de defensa, cuya tutela se alza ahora como obstáculo al execuátur, en salvaguardia del orden público del foro, en su sentido procesal. En tal sentido, se aprecia, que se notificó la existencia de la demanda a D. C. (…) lo que, sin duda, lleva a considerar que los actos de comunicación fueron plenamente eficaces en orden a posibilitar la comparecencia en juicio del demandado en tiempo útil para ejercitar plenamente sus derechos de defensa. No le cabe, por lo tanto, esgrimir la alegada rebeldía, ni, en general, falta de garantía procesal alguna, para oponerse al execuátur, debiendo tenerse por satisfechos los requisitos establecidos en el art.
954 LEC de 1881 , y, en suma, debiéndose considerar que la resolución extranjera se ajusta plenamente a
las exigencias del orden público en sentido internacional, tanto en su vertiente procesal como en su aspecto
material o sustantivo.