Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Competencia judicial internacional de los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Reglamento Bruselas I bis

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 19 de enero de 2017, considera que “el recurso interpuesto debe tener favorable acogida, al advertir la Sala, tras la lectura de la resolución impugnada que, efectivamente, tal y como sostiene el apelante, se ha producido una confusión en la instancia a la hora de interpretar el articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12.12.12 (Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Bruselas I bis), en concreto, a la hora de aplicar su art. 6, previsto solo para el caso de que la parte demandada no estuviera domiciliada en un Estado Miembro, cuando en el caso que nos ocupa consta que la Sra. E., de nacionalidad alemana tenía en ese país, Estado Miembro de la Unión, fijada allí su residencia antes de fallecer, por lo que dicho artículo no es de aplicación al caso, como tampoco lo es que su hipotética condición de consumidora determine, en función de lo previsto en el art. 17 del Reglamento, que los Tribunales españoles y en concreto el órgano remitente, carezca de competencia jurídica internacional para el conocimiento de la demanda, porque para ello sería necesario que el actor ejerciera actividades comerciales o profesionales en Alemania y que el contrato de prestación de servicios en virtud del cual se reclama estuviera comprendido en el marco de dicha actividad, y en absoluto consta que ello sea así”

Menor nacido por voluntad de sus padres en un Estado miembro distinto de aquel en el que éstos tenían su residencia habitual y decisión de la madre de no regresar

 

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 8 de junio de 2017. Asunto C‑111/17 PPU: OL determina que, el art. 11, apartado 1, del Reglamento (CE) nº 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1347/2000, debe interpretarse en el sentido de que, en una situación como la del litigio principal, en la que un menor ha nacido y permanecido con su madre de manera ininterrumpida durante varios meses, por voluntad común de sus progenitores, en un Estado miembro distinto de aquel en el que éstos tenían su residencia habitual antes del nacimiento del menor, la intención inicial de los progenitores en cuanto al regreso de la madre con el menor a este último Estado miembro no permite considerar que ese menor tiene en dicho Estado miembro su «residencia habitual», en el sentido del citado Reglamento. En consecuencia, en tal situación, la negativa de la madre a regresar a ese mismo Estado miembro con el menor no puede considerarse «traslado o retención ilícitos» del menor, en el sentido del citado art. 11, apartado 1.

Un contrato de préstamo celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores solidarios, debe calificarse de contrato de prestación de servicios

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 15 de junio de 2017, asunto C-249/16: Kareda declara que el art. 7, apartado 1, del Reglamento Bruselas I bis debe interpretarse en el sentido de que una acción de repetición entre los codeudores solidarios de un contrato de préstamo está incluida en la «materia contractual» mencionada en ese precepto. El ap. 1, letra b) de dicho arículo debe interpretarse en el sentido de que un contrato de préstamo celebrado entre una entidad de crédito y dos codeudores solidarios, debe calificarse de «contrato de prestación de servicios», comprendido en ese precepto. Asimismo, debe interpretarse en el sentido de que, cuando una entidad de crédito ha concedido un préstamo a dos codeudores solidarios, el “lugar del Estado miembro en el que, según el contrato, hayan sido o deban ser prestados los servicios”, a efectos de este precepto, es, salvo pacto en contrario, el del domicilio de la entidad, y asimismo lo es a efectos de determinar la competencia territorial del órgano jurisdiccional que haya de conocer de la acción de repetición entre dichos codeudores.

Competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro de residencia del padre para modificar una resolución, sobre la residencia del menor, las obligaciones de alimentos y el régimen de visitas

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 15 de febrero de 2017, Asunto C-499/15: W,  considera que el art. 8  del Reglamento (CE) n.º 2201/2003 del Consejo, de 27 de noviembre de 2003, relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia matrimonial y de responsabilidad parental, por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1347/2000, y el art.o 3 del Reglamento (CE) n.º 4/2009 del Consejo, de 18 de diciembre de 2008, relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos, deben interpretarse en el sentido de que  los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro que han adoptado una resolución firme en materia de responsabilidad parental y de obligaciones de alimentos en lo que respecta a un menor de edad no siguen siendo competentes para conocer de una demanda de modificación de las medidas establecidas en esa resolución en el caso de que la residencia habitual del menor esté situada en el territorio de otro Estado miembro. Los órganos jurisdiccionales competentes para conocer de esa demanda son los órganos jurisdiccionales de este último Estado miembro

Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Reforma del Reglamento Bruselas II bis

 

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El 26 de febrero de 2017 se ha publicado el Dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Propuesta de Reglamento del Consejo relativo a la competencia, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia matrimonial y de responsabilidad parental, y sobre la sustracción internacional de menores. La ponente del mismo ha sido Christian Bäumler.

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