Falta de competencia judicial internacional de los Tribunales españoles por no acreditarse la residencia real y efectiva y el tiempo previo y necesario para invocarla

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 20 de octubre de 2017 confirma la falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia para el conocimiento de una demanda de divorcio contencioso considerando, en aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003, por considerar que la residencia habitual de los cónyuges no está en España y que el demandante presentó la demanda a principios de 2016 sin acreditar el cumplimiento del requisito de residencia real y efectiva y el tiempo previo y necesario a efectos de invocar la competencia de los tribunales españoles , tal como se deduce del certificado de empadronamiento que acompaña fechado el 5 de noviembre de 2016.

Actitud querulante del padre en cuanto a la autorización a la madre para que trasladase el domicilio a Alemania llevando con ella a la hija

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de octubre de 2017, desestima un recurso de apelación considera que ” como toda resolución judicial, es susceptible de crítica, especialmente para quien no ha obtenido la respuesta judicial que pretendía y esperaba. Mas olvida la parte ejecutante que la actuación de los tribunales debe estar dirigida en todo caso a salvaguardar el interés de la menor y que él mismo, en su condición de padre, debe anteponer el beneficio de la hija a sus propias conveniencias”. (…) Es la vida de la hija, sus intereses, sus preferencias, sus necesidades, incluso el cuidado de sus enfermedades, sus compromisos sociales, etc…., lo que caracteriza este tipo de obligaciones en materia de familia. Es por esta razón por la que el Reglamento Europeo nº 2201/2003, sobre responsabilidad parental, en consonancia con el Convenio de La Haya de 1996 sobre la misma materia establecen que en los casos de traslados ilícitos, retención de menores en países extranjeros o disfunciones en el cumplimiento de visitas, deben las partes utilizar procedimientos de mediación por cuanto es necesario establecer un mínimo canal de comunicación en beneficio de la hija común, y unos criterios comúnmente aceptados de flexibilidad y colaboración entre ambos. De otra forma, con los procedimientos penales o sancionadores, se podrá conseguir la imposición de multas e incluso condenas por desobediencia a la otra parte, pero quien más castigada resultará será la hija a la que se obligará a entrar en un conflicto de lealtades que finalizará, muy probablemente, con la ruptura con uno de sus progenitores. Tal resultado es muy grave y perjudicial para la menor. En consecuencia se insta a ambas partes a que procuren establecer un ámbito de comunicación que posibilite el cumplimiento de las previsiones de la sentencia, no solo en cuanto a las entregas y devoluciones de la hija, sino también de la relación telemática y telefónica prevista en la sentencia que se ejecuta. No debe olvidarse que la sentencia fijó unas medidas mínimas para el caso de que las partes no fueran capaces de alcanzar un acuerdo razonable, lo que parece que no es posible tampoco por la beligerante actitud que se desprende de los escritos procesales de las representaciones letradas que, como
compromiso deontológico, deberían procurar ante todo salvaguardar los intereses de la menor, propiciando la intervención de un mediador que pueda ayudar a los litigantes a establecer dinámicas colaborativas”.

Competencia judicial y ley aplicable respecto de la responsabilidad parental sobre los hijos de un matrimonio polaco con residencia habitual en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara que “pese a la nacionalidad polaca de ambas partes, son competentes los tribunales españoles por encontrarse en nuestro territorio la residencia habitual de las partes y de sus hijos menores, conforme al art. 8 del Reglamento de la Unión Europea nº 2201/2003 , máxime cuando es un tema que no discuten ninguna de las partes y los dos se han sometido a nuestra jurisdicción y han pedido la aplicación de nuestra normativa. En el aspecto personal de la  comunes es aplicable la ley española conforme al art. 15 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2011. Y en materia de pensión alimenticia es aplicable el Reglamento europeo 4/2009 que en su art. 3 determina la competencia del juzgado a quo y en su art. 15 remite como ley aplicable a la determinada en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007, el cual en sus arts. 3 al 8 considera ley aplicable la designada por las partes y, en su defecto, la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, por tanto en este caso también la española”.

Prórroga de competencia de los tribunales españoles, donde se conoce de la demanda de divorcio, para decidir de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara la competencia de los tribunales españoles para conocer de las cuestiones relativas a la responsabilidad parental y alimentos considerando que “el Reglamento 2201/20013 recoge la posibilidad de prórroga de competencia del Tribunal donde se conoce de la demanda de divorcio debiendo concurrir los requisitos que en dicho precepto se examinan y que no han sido considerados por el Tribunal Francés, siendo competente el Tribunal español para las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental en función del artículo 8 al establecerse el criterio de la residencia de los menores como determinante en atención a la cercanía del Tribunal y la mejor posición para la resolución de los conflictos que en relación a la misma se pudieran plantear. Es incontrovertido que la familia fijó su domicilio en la ciudad de Barcelona en el año 2013 manteniéndose así hasta el momento de la ruptura y continuando la recurrente con los menores en dicha ciudad pese al cambio de residencia del demandado. Persiste por tanto la competencia del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Barcelona quien al mismo tiempo, pese a los argumentos del auto recurrido, ostenta competencia para conocer de las obligaciones alimenticias de los progenitores frente a sus cuatro hijos en aplicación del artículo 3,d) del reglamento 4/2009. En definitiva por tanto, sin tener que acudir a normas de carácter excepcional como la prevista en el artículo 15 del Reg. 2201/20013 ni a las reglas relativas a la sumisión tácita que hubieran podido desplegarse en caso de haberse admitido a trámite la demanda, procede la estimación parcial del recurso declarándose la competencia del Tribunal español para conocer de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes”.

La resolución judicial dictada en un Estado miembro sobre derecho de visita será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 14 de junio de 2017, tuvo en cuenta que el padre se personó en el procedimiento sin cuestionar en modo alguno la competencia de los Tribunales españoles, matizando en el acto de la vista que no se opone a la guarda y custodia interesada por la madre (acordada ya en el auto de medidas provisionales de 30 de julio de 2015) pero sí al importe de la pensión de alimentos, solicitando la ejecutividad de la resolución del juzgado de Saint Denis en lo que se refiere al derecho de visitas. Considera, no obstante que, “según disponen los arts. 21 y siguientes del Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas por un tribunal de un país miembro de la UE serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, pero ello no obsta (art. 21.3º) para que cualquiera de las partes interesadas pueda, de conformidad con los procedimientos previstos en los arts. 28 a 36 (sobre solicitud de declaración de ejecutoriedad), solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. Ahora bien, en el caso del derecho de visita concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, el art. 41 del Reglamento establece que será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva, y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con lo establecido en el propio precepto”.

Las medidas derivadas de un divorcio pronunciado en Alemania recogidas en un contrato privado no precisan execuátur

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 considera que “la instante no intentó en ningún momento modificar el título notarial (acta de protocolización del convenio regulador privado); tampoco planteó en el Juzgado de Familia la ejecución directa de dicho título, como sí había hecho anteriormente ante la jurisdicción ordinaria siendo inadmitida su pretensión por incompetencia objetiva o por razón de la materia; ni pretendió una modificación de la sentencia de divorcio alemana, en la que además no había nada que modificar porque no contenía medidas de ningún tipo en relación con la hija común (seguramente porque la misma no residía en Alemania al tiempo del divorcio y conforme al art. 8 del Reglamento de la Comunidad Europea 2201/2003 , “los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de los menores que residan habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional”). Lo que pretendió fue que se acordasen, como medidas derivadas de su divorcio en relación con la hija común, las recogidas en dicho contrato privado de fecha 4 de junio de 2010 protocolizado notarialmente el 11 de junio de 2010 y para ello no es preciso acudir previamente, como incorrectamente indica el auto apelado, a un proceso de exequátur de la sentencia alemana de divorcio ya que, efectivamente, conforme al art. 21 del citado Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. En definitiva, la progenitora formuló por primera vez la adopción de medidas paterno filiales y de alimentos y esta materia, encuadrada dentro del título IV del libro I del Código Civil estatal debe sustanciarse por los trámites del juicio verbal especial recogido en el artículo 770 de la LEC”.

Se desestima un recurso de casación por ser la residencia habitual un concepto autónomo del Reglamento Bruselas II bis

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera de 21 de noviembre de 2017 afirma lo siguiente: “El recurso de casación denuncia la infracción del art. 40 Cc cuando, en realidad, la regulación del domicilio como residencia habitual no es la norma sustantiva aplicable al fondo del asunto, el divorcio de las partes, sino en todo caso la norma que, al definir el domicilio civil como el lugar de residencia habitual de una persona, podría servir (lo que, como se ha dicho, por ser el de residencia habitual un concepto autónomo del Reglamento Bruselas II bis, no es correcto) para integrar la norma de competencia internacional. Puesto que la única finalidad perseguida por la recurrente es que se declare la incompetencia de los tribunales españoles por falta de competencia internacional, da la impresión de que lo que ha pretendido al interponer el recurso de casación es sortear el obstáculo a que se enfrentaba en este trance plantear esta cuestión exclusivamente mediante el oportuno recurso de infracción procesal dado que, conforme a la regla 5.ª de la disposición final 16.ª de la Ley de Enjuiciamiento Civil , la admisibilidad del recurso extraordinario por infracción procesal está condicionada a la admisión del recurso de casación cuando la cuantía del asunto no exceda de 600.000 euros o se haya tramitado por razón de la materia, como es el caso. El motivo se desestima además de por lo que se acaba de decir porque, como ya ha quedado expuesto al analizar el recurso de infracción procesal, el concepto de residencia habitual del Reglamento Bruselas II bis no remite a la noción que pueda resultar de la interpretación del domicilio con arreglo al Derecho interno. A efectos del presente recurso, por tanto, sería irrelevante, aunque fuera cierta, la supuesta interpretación del domicilio civil contenida en el art. 40 Cc que erróneamente atribuye la recurrente a esta sala en el sentido de atribuir al padrón (o, en su caso, a la inscripción en el registro consular) el valor de desvirtuar la realidad objetiva de una residencia habitual. Sucede además que el Derecho español parte, a la hora de fijar el domicilio de las personas, de un criterio realista, al definir el domicilio de las personas físicas en el art. 40 Cc como “el lugar de su residencia habitual” y esta sala tiene declarado que, con carácter general, ha de atenderse al sitio donde se reside con habitualidad, que equivale a domicilio real, ya que materializa la voluntad de permanencia en determinado lugar”.