Procedimiento de consulta entre el Estado miembro que procede a la inscripción y el Estado miembro que expidió el permiso de residencia en ausencia de pronunciamiento del Estado contratante consultado

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Quinta, de 16 de de enero de 2018 se pronuncia sobre una cuestión prejudicial suscitada por el Tribunal Supremo de lo Contencioso-Administrativo, Finlandia. In casu, El Sr. E.  titular de un permiso de residencia expedido por el Estado español y válido hasta el 11 de febrero de 2018, que vivió 14 años en España, donde tiene lazos familiares, fue condenado en Finlandia, a una pena de cinco años de prisión por diferentes infracciones de la legislación sobre estupefacientes. Mediante decisión de 21 de enero de 2015, la Oficina Nacional de Inmigración ordenó el retorno sin demora a Nigeria del recurrente en el litigio principal, decisión que se acompañó de una prohibición de entrada en el espacio Schengen hasta nueva orden. La Oficina motivó su decisión en el riesgo para el orden público y la seguridad nacional que representaba E habida cuenta de los delitos que había cometido. Conforme al art. 25, apartado 2, del Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen, de 14 de junio de 1985, entre los Gobiernos de los Estados de la Unión Económica Benelux, de la República Federal de Alemania y de la República Francesa, relativo a la supresión gradual de los controles en las fronteras comunes, firmado en Schengen el 19 de junio de 1990, la Oficina consultó, el 26 de enero de 2015, a las autoridades españolas competentes para determinar si tales motivos eran suficientes para retirar el permiso de residencia que el Estado español había concedido al recurrente en el litigio principal. A falta de respuesta de dichas autoridades, la Oficina reiteró su consulta el 20 de junio de 2016. A petición de esas mismas autoridades, la Oficina les transmitió la sentencia penal que condenó a E. Posteriormente, otras dos consultas de la Oficina quedaron sin respuesta. En su respuesta, el Tribunal de Justicia Declara que “el art. 25, apartado 2, del referido Convenio, debe interpretarse en el sentido de que, si bien el Estado contratante que tenga la intención de adoptar una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada y estancia en el espacio Schengen contra un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante está facultado para incoar el procedimiento de consulta previsto en dicha disposición incluso antes de adoptar la referida decisión, la incoación de ese procedimiento será en cualquier caso obligatoria una vez que se haya adoptado tal decisión. Asimismo, el referido precepto debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que la decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada adoptada por un Estado contratante respecto a un nacional de un tercer país titular de un permiso de residencia válido expedido por otro Estado contratante sea ejecutada aun cuando siga en curso el procedimiento de consulta previsto en esta disposición, en la medida en que el Estado contratante informador considere que dicho nacional representa una amenaza para el orden público o la seguridad nacional, sin perjuicio de la facultad del referido nacional para ejercer los derechos que le otorga ese permiso de residencia dirigiéndose posteriormente al territorio del segundo Estado contratante. No obstante, transcurrido un plazo razonable tras la incoación del procedimiento de consulta sin que haya habido respuesta del Estado contratante consultado, corresponderá al Estado contratante informador proceder a retirar la inscripción como no admisible y, en su caso, inscribir al nacional de un tercer país en su lista nacional de personas no admisibles. Por último, dicho precepto debe interpretarse en el sentido de que el nacional de un tercer país, titular de un permiso de residencia válido expedido por un Estado contratante y contra el cual se ha adoptado, en otro Estado contratante, una decisión de retorno acompañada de una prohibición de entrada, puede invocar ante el juez nacional efectos jurídicos derivados del procedimiento de consulta que incumbe al Estado contratante informador, así como las exigencias que de él se desprenden”.

Para el Abogado General el concepto de “cónyuge” incluye, en relación con la libertad de residencia de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de su familia, a los cónyuges del mismo sexo

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En sus conclusiones presentadas el 11 de enero de 2018, el Abogado General Wathelet declara que “aunque los Estados miembros tienen libertad para autorizar o no el matrimonio entre personas del mismo sexo, no pueden obstaculizar la libertad de residencia de un ciudadano de la Unión denegando la concesión a su cónyuge, del mismo sexo, nacional de un Estado no miembro de la Unión, un derecho de residencia permanente en su territorio. Precisa el Abogado General que, ante todo, que el problema jurídico que constituye el eje central del litigio no es la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, sino la libre circulación de los ciudadanos de la Unión. Pues bien, aunque los Estados miembros disponen de la libertad de prever o no el matrimonio entre personas del mismo sexo en sus ordenamientos jurídicos internos, deben cumplir las obligaciones que les incumben en virtud de la libertad de circulación de los ciudadanos de la Unión. A continuación, el Abogado General observa que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros no contiene ninguna remisión al Derecho de los Estados miembros para determinar la condición de “cónyuge”, de modo que dicho concepto debe tener en toda la Unión una interpretación autónoma y uniforme. Sobre este particular, el Abogado General subraya que el concepto de “cónyuge” en el sentido de la Directiva está ligado a un vínculo basado en el matrimonio, aun siendo al mismo tiempo neutro desde el punto de vista del género de las personas de que se trata e indiferente en relación con el lugar donde se ha contraído el matrimonio. En este marco, el Abogado General considera que, a la luz de la evolución general de las sociedades de los Estados miembros de la Unión durante el último decenio en materia de autorización del matrimonio entre personas del mismo sexo, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia en virtud de la cual el término ‘matrimonio’, según la definición admitida en general por los Estados miembros, designa una unión entre dos personas de distinto sexo ya no puede seguir aplicándose”.

El Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes

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De acuerdo con las conclusiones del Abogado General Wathelet, presentadas el 10 de enero de 2018, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. En su opinión, al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal
resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. El Abogado General Melchior Wathelet propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión; que asociaciones de las características de Western Sahara Campaign sí están facultadas para poner en tela de juicio el Acuerdo de pesca; y que el Acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental. En cuanto a la posibilidad de que las personas físicas y jurídicas invoquen normas de Derecho internacional en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión, el Abogado General considera que deben poder invocarse ante el juez las normas de Derecho internacional que vinculen a la Unión cuando éstas sean incondicionales y suficientemente precisas en su contenido y cuando su naturaleza y estructura no obsten al control judicial del acto que se esté impugnando. El Abogado General considera también que dichos requisitos sí concurren en las tres normas de Derecho internacional que WSC invoca: 1) el derecho a la libre determinación, 2) el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, en la medida en que éste obliga a que la explotación de los mismos redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental, y 3) las disposiciones de Derecho internacional humanitario de aplicación a la conclusión de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de territorios ocupados. De ello deduce el Abogado General que dichas normas pueden invocarse en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

Reconocimiento mutuo de diplomas, certificados y otros títulos de médico: remuneración de los médicos especialistas en formación

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑419/16: Simma Federspiel declara que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa de un Estado miembro en virtud de la cual la concesión de la asignación nacional destinada a financiar una formación, impartida en otro Estado miembro, que permite la obtención del título de médico especialista está supeditada a la condición de que el médico beneficiario ejerza su actividad profesional en este primer Estado miembro durante cinco años en los diez años siguientes a la obtención de la especialidad o, en su defecto, a que restituya hasta el 70 % del importe de la asignación percibida, más los intereses, a menos que las medidas establecidas por esta normativa no contribuyan de manera efectiva a perseguir los objetivos de protección de la salud pública y de equilibrio financiero del sistema de seguridad social y vayan más allá de lo necesario a tal efecto, lo que corresponde apreciar al órgano jurisdiccional remitente.

La fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un “tribunal” conoce del litigio

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑467/16: Schlömp, determina que en el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por el Código Procesal Civil Suizo, los órganos de conciliación pueden calificarse de “tribunales” en el sentido del art. 62 del Convenio de Lugano II. A tenor de este precepto, el término “tribunal” abarca las autoridades designadas por un Estado vinculado por dicho Convenio que sean competentes en las materias reguladas por éste. Dicho precepto establece, además, un enfoque funcional, conforme al cual un órgano se califica de tribunal por las funciones que desempeña, y no por su clasificación oficial en virtud del Derecho nacional. En consecuencia el Tribunal de Justicia concluye que los arts. 27 y 30 del Convenio de Lugano II deben interpretarse en el sentido de que, en caso de litispendencia, la fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un «tribunal» conoce del litigio.

Acción de responsabilidad delictual contra los miembros de un comité de acreedores que han rechazado un plan de saneamiento en un procedimiento de insolvencia

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑649/16: Valach y otros, considera que el artículo 3, apartado 1, del Reglamento n.º 1346/2000 del Consejo, de 29 de mayo de 2000, sobre procedimientos de insolvencia, debe interpretarse en el sentido de que no está incluida en la competencia del órgano jurisdiccional que abrió el procedimiento de insolvencia una acción de indemnización por competencia desleal mediante la que se reprocha al cesionario de una rama de actividad adquirida en el marco de un procedimiento de insolvencia haberse presentado de forma engañosa como el distribuidor exclusivo de artículos fabricados por el deudor.

La sociedad española Schweppes no puede oponerse a la importación de botellas de tónica con la marca “Schweppes” procedentes del Reino Unido

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑291/16: Schweppes, declara que la sociedad española Schweppes no puede oponerse a la importación de botellas de tónica con la marca “Schweppes» procedentes del Reino Unido, si ella misma ha generado la impresión de que se trata de una marca única y global. Lo mismo sucede si esta sociedad tiene vínculos económicos con el tercero actual titular de los derechos sobre esta marca en el Reino Unido. Precisa el tribunal de Justicia que el Derecho de la Unión impide que el titular de una marca nacional se oponga a la importación de productos. idénticos designados con la misma marca y procedentes de otro Estado miembro, en el que esta marca, que pertenecía inicialmente al mismo titular, es actualmente propiedad de un tercero que ha adquirido los derechos sobre la misma mediante cesión cuando, tras esta cesión, el titular, solo o coordinando su estrategia de marca con ese tercero, ha seguido promoviendo activa y deliberadamente la apariencia o la imagen de una marca global y única, creando o reforzando de este modo una confusión en el público pertinente en cuanto al origen empresarial de los productos designados con esta marca.