El Consejo Europeo aprobó en enero dos instrumentos —un acuerdo de asociación y un acuerdo interino de carácter comercial—, pero la iniciativa del Parlamento Europeo de acudir al Tribunal de Justicia ha abierto un debate decisivo sobre la viabilidad de la aplicación provisional del segundo.
La decisión del Parlamento Europeo de solicitar un dictamen al Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha introducido un freno relevante en la tramitación del Acuerdo UE–Mercosur y ha desplazado el foco hacia una cuestión concreta: si la unión puede activar de forma provisional el Acuerdo Comercial Interino, concebido como la pieza estrictamente económica del proceso negociador. El debate no se limita a una controversia técnica. Afecta al equilibrio institucional europeo, a la credibilidad de la política comercial común y a la seguridad jurídica que esperan los operadores económicos tras más de dos décadas de negociaciones.
