Para excluir las resoluciones sobre quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 21 de julio de 2017, confirma la ejecutividad de una resolución, dictada por el Juzgado de distrito de Herning, Dinamarca decretada por el Juzgado. Considera la Sala que “olvida la recurrente resaltar que en esta sentencia se declaró que para excluir las resoluciones judiciales relativas a una quiebra del ámbito de aplicación del Reglamento 44/2001, es preciso que emanen directamente de la quiebra y se mantengan dentro del marco de un procedimiento de liquidación de bienes o de suspensión de pagos; esto es, que es necesaria la existencia de una conexión directa entre la acción judicial y el procedimiento de insolvencia, y la sentencia danesa objeto de este procedimiento no debe incluirse en los supuestos de exclusión del ámbito del tan citado Reglamento, ya que la situación de concurso en la que se haya Audiorema Danmark, A/S, nada tiene que ver con la sentencia dictada, la cual resuelve un procedimiento de reclamación de una deuda que es totalmente independiente y que no es consecuencia directa de la situación de concurso. Y por ello, en el título ejecutivo no se cuestiona ni la situación concursal de Audiorema Danmark A/S, ni los convenios alcanzados entre el concursado y los acreedores, ni las deudas o los créditos concursales, por no ser ésta una sentencia que derive de un procedimiento concursal”.

Las medidas derivadas de un divorcio pronunciado en Alemania recogidas en un contrato privado no precisan execuátur

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 considera que “la instante no intentó en ningún momento modificar el título notarial (acta de protocolización del convenio regulador privado); tampoco planteó en el Juzgado de Familia la ejecución directa de dicho título, como sí había hecho anteriormente ante la jurisdicción ordinaria siendo inadmitida su pretensión por incompetencia objetiva o por razón de la materia; ni pretendió una modificación de la sentencia de divorcio alemana, en la que además no había nada que modificar porque no contenía medidas de ningún tipo en relación con la hija común (seguramente porque la misma no residía en Alemania al tiempo del divorcio y conforme al art. 8 del Reglamento de la Comunidad Europea 2201/2003 , “los órganos jurisdiccionales de un Estado miembro serán competentes en materia de responsabilidad parental respecto de los menores que residan habitualmente en dicho Estado miembro en el momento en que se presenta el asunto ante el órgano jurisdiccional”). Lo que pretendió fue que se acordasen, como medidas derivadas de su divorcio en relación con la hija común, las recogidas en dicho contrato privado de fecha 4 de junio de 2010 protocolizado notarialmente el 11 de junio de 2010 y para ello no es preciso acudir previamente, como incorrectamente indica el auto apelado, a un proceso de exequátur de la sentencia alemana de divorcio ya que, efectivamente, conforme al art. 21 del citado Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno. En definitiva, la progenitora formuló por primera vez la adopción de medidas paterno filiales y de alimentos y esta materia, encuadrada dentro del título IV del libro I del Código Civil estatal debe sustanciarse por los trámites del juicio verbal especial recogido en el artículo 770 de la LEC”.

Admisión de efectos de cosa juzgada de una sentencia suiza por versar el proceso sobre el mismo objeto, las mismas partes e idéntica causa causa de pedir

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, de 8 de febrero de 2017, no acepta la alegación del recurrente al pronunciarse sobre la “incorporación al recurso de la sentencia ejecutoria dictada por el Tribunal del Cantón de Zug (Suiza), sala 3ª, el 12 de junio de 2014, la misma carezca de efectos de cosa juzgada por versar el proceso sobre un objeto distinto, con partes parcialmente distintas y distinta, también parcialmente, causa de pedir, pues aquella tenía por objeto la condena del demandado, a devolver un certificado de acciones correspondientes a 50 acciones al portador de la sociedad suiza Siever Holding AG, mientras que en la ventilada en España, y que es objeto del presente recurso, pretendía la ineficacia o subsidiaria integración del contrato celebrado el 16 de abril de 1999, pues precisamente la eficacia de este último contrato se configuraba como presupuesto lógico y antecedente necesario para resolver la controversia suscitada ante el tribunal suizo, que no acordó la suspensión del procedimiento atendiendo a la discrecionalidad que le otorgaba el art. 37.1º del Convenio de Lugano , e insistimos, dicho tribunal era consciente de la carencia de fuerza ejecutiva de la sentencia objeto del presente recurso precisamente por dicha pendencia, atribuyéndole meros efectos probatorios, sin vinculación alguna con lo resuelto en la misma, siendo evidente que, al pronunciarse sobre la validez del contrato de 16 de abril de 1999 en sentido afirmativo, extiende los efectos de la cosa juzgada positiva al presente procedimiento, siendo por tanto de aplicación el art. 33.2º del Convenio de Lugano”.

Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.

Admisión del execuátur de una sentencia alemana por considerarse que no existe inconciliabilidad con otras resoluciones

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El Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 20 de junio de 2017 confirma el otorgamiento del reconocimiento y ejecución de sentencia alemana. al amparo del Reglamento Bruselas I. Considera la Audiencia que “en el caso que nos ocupa, no se ventila una cuestión de derechos reales sino que la materia es claramente contractual y de naturaleza obligacional: resolución de un contrato de compraventa de inmuebles; el hecho de que el objeto del contrato sea un inmueble no altera la naturaleza esencialmente contractual del litigio. En este sentido es clara y reiterada la jurisprudencia comunitaria y también española recaída sobre la materia. Así, y solo a modo de ejemplo de un supuesto similar al aquí planteado cabe citar el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2001, Gaillard ( C-518/99 ), que excluyó la aplicación de la norma de competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios a una acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble”. Respecto a la alegación de que el reconocimiento era manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido (art. 34.1º Reglamento), entiende la Sala que no se dan en el caso (…) elementos que permitan sostener esta manifiesta contrariedad (…); en modo alguno puede considerarse que existe tal contrariedad, si es lo que se pretende, por procederse al reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias alemanas sin el tan alegado incumplimiento de la condición previa de transmisión, ya que, como se ha expuesto, dicha cuestión, de fondo, habrá de esgrimirse, en su caso, en la fase de despacho de ejecución, y no en la declaración de ejecutoriedad.  en segundo lugar, y respecto de la eventual inconciliabilidad con otras resoluciones, considera esta Sala que no se da tampoco en el caso presente tal situación. En este caso sí alega expresamente la apelante que el auto recurrido es inconciliable con la sentencia cuya ejecución se solicita, ya que no se comprueba la previa transmisión de los inmuebles y muebles que estas sentencias contienen como condición previa para la obligación de pago. Y respecto de esta alegación no puede más que señalarse que no son esos los parámetros de la conciliabilidad prevista en este precepto sino que esta se predica respecto de resoluciones previas distintas de la propia resolución judicial de reconocimiento”.

La aportación posterior de la copia auténtica de la sentencia extranjera no impide admitir a trámite una demanda de execuátur

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El Auto de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, de 30 de marzo de 2017, revoca la sentencia de instancia y admitir a trámite la demanda de reconocimiento de sentencia extranjera presentada por la recurrente al considerar que “en el presente supuesto la resolución recurrida cita como causa de inadmisión el art. 22 del Convenio sobre asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990. El precepto exige que junto con la solicitud de ejecución se acompañe copia auténtica de la resolución judicial que se pretende ejecutar y una certificación en la que conste que es ejecutoria, si esto no se desprendiera del propio texto de la misma. En el presente supuesto la apelante no acompañó copia auténtica de la resolución que pretende ejecutar, acompañando a la demanda simples fotocopias, pero anunciando la aportación en breve de las copias auténticas. Las copias fueron aportadas, incluso antes de ser requerida a tal fin por el Juzgado, por escrito con sello de entrada 24 de octubre de 2016. Asiste la razón recurrente cuando dice que la demanda debió admitirse”.

No cabe esgrimir da rebeldía para oponerse al execuátur pues el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso en el extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 15 de mayo de 2017,  revoca la resolución del Juzgado y otorga el  reconocimiento en España a la sentencia dictada por el Tribunal Distrito de Aberdeen (Escocia) en un procedimiento de divorcio. La audiencia considera que ” la homologación pretendida ha de prosperar, pues ante la constatada ausencia de la parte demandada en el procedimiento de origen, la documentación aportada permite afirmar que el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso y que en él pudo ejercitar debidamente y en toda su extensión sus derechos de defensa, cuya tutela se alza ahora como obstáculo al execuátur, en salvaguardia del orden público del foro, en su sentido procesal. En tal sentido, se aprecia, que se notificó la existencia de la demanda a D. C. (…) lo que, sin duda, lleva a considerar que los actos de comunicación fueron plenamente eficaces en orden a posibilitar la comparecencia en juicio del demandado en tiempo útil para ejercitar plenamente sus derechos de defensa. No le cabe, por lo tanto, esgrimir la alegada rebeldía, ni, en general, falta de garantía procesal alguna, para oponerse al execuátur, debiendo tenerse por satisfechos los requisitos establecidos en el art.
954 LEC de 1881 , y, en suma, debiéndose considerar que la resolución extranjera se ajusta plenamente a
las exigencias del orden público en sentido internacional, tanto en su vertiente procesal como en su aspecto
material o sustantivo.