Eventual relevancia de decisiones judiciales rusas adoptadas en el seno de un procedimiento penal sobre una causa civil (SAP Barcelona 19ª 28 abril 2023)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, de 28 de abril de 2023 , recurso nº 940/2021 (Ponente Miguel Julián Collado Nuño) estima un recurso de apelación contra la sentencia de 17 de septiembre de 2021, del Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona y en su lugar, desestima la demanda formulada por R. frente a G.I., S.L. y G., S.L. De acuerdo con la presente decisión:

“(…) a, la recurrente, entre otras alegaciones, menciona la ausencia de Convenio de Cooperación Judicial en materia penal entre el Reino de España y la Federación Rusa y la imposibilidad de trasladar directamente el contenido de un proceso penal ruso para hacerlo valer en España por parte de la actora. Atendiendo a lo anterior, hemos de destacar, en primer lugar, que resulta obligación de la parte que lo pretende la prueba del Derecho extranjero en lo que respecta a su contenido y vigencia, art. 281.2º LEC De otro lado y sobre la eficacia de las resoluciones judiciales extranjeras en España recordar que para que una sentencia extranjera pueda tener eficacia jurídica es preciso que tal sentencia gane su reconocimiento a través de los instrumentos legales vigentes y aplicables a la cuestión. El art 42 de la Ley 29/2015 de 30 de julio, señala que el procedimiento de execuátur tiene por objeto declarar el reconocimiento de una resolución judicial extranjera y, en su caso, autorizar la ejecución; el art 44 y ss. regula el reconocimiento y el art 50 y ss. la ejecución, añadiendo el art 54 que la demanda de execuátur y la solicitud de ejecución podrán acumularse en el mismo escrito, si bien no se procederá a la ejecución hasta que se haya dictado resolución decretando el execuátur.

El Tribunal Supremo, en su sentencia 5153/2015, de 26 de noviembre, se planteó la eficacia ante un Tribunal español de una sentencia dictada por un tribunal extranjero que no había sido objeto de reconocimiento a través del procedimiento de execuátur establecido al efecto concluyendo ‘… no tiene efectos en España porque no se ha solicitado el execuátur. El mismo siquiera ha sido instado por el demandado…’. Esta misma resolución comprobaba que la consecuencia de la falta de prueba del Derecho extranjero no es la desestimación de la demanda o de la pretensión de la parte que lo invoca, sino la aplicación del Derecho español como exigencia derivada del derecho a la tutela judicial efectiva que establece el art. 24 de la Constitución Española

Es cierto que el art 36 Reglamento de la UE 1215/2012 dispone que ‘Las resoluciones dictadas en un Estado miembro serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de procedimiento alguno… Si la denegación del reconocimiento se invoca como cuestión incidental de la que depende la conclusión de un procedimiento ante un órgano jurisdiccional de un Estado miembro, dicho órgano jurisdiccional será competente para conocer de tal cuestión’.

También que el 33.3º del Reglamento y el art 44.2º de la Ley de Cooperación Judicial Internacional en Materia Civil de 30 de julio de 2015, dispone que ‘… cuando el reconocimiento de una resolución extranjera se plantee de forma incidental en un procedimiento judicial, el juez que conozca del mismo deberá pronunciarse respecto a dicho reconocimiento en el seno de cada procedimiento judicial según lo dispuesto en las leyes procesales. La eficacia del reconocimiento incidental quedará limitada a lo resuelto en el proceso principal y no impedirá que se solicite el execuátur de la resolución extranjera…’. La exposición de motivos de la Ley 29/2015 alude a como el reconocimiento de una resolución extranjera de forma incidental como base de la estimación o desestimación de la pretensión principal, supondrá que será la sentencia la que determine la aptitud del documento para probar lo que se pretende; añade que, si se tratase de resolver con carácter previo una excepción procesal, en tal momento puede apreciarse también la aptitud del documento para probar las pretensiones”.

“(…) Sobre la relevancia que pudiere tener las decisiones judiciales rusas adoptadas en el seno de un procedimiento penal sobre una causa civil como la que nos ocupa, la exposición de motivos de la Ley 29/2015, de 30 de julio, señala: ‘… La presente ley se aplica en materia civil y mercantil con independencia de la naturaleza del órgano jurisdiccional, incluyendo la responsabilidad civil derivada de delito y los contratos de trabajo, y parte de un principio general favorable al desarrollo amplio de la cooperación jurídica internacional, incluso en ausencia de reciprocidad, pero con la posibilidad de denegación de la cooperación jurídica internacional cuando exista denegación reiterada de cooperación o prohibición legal de prestarla. Se priman así los intereses de la ciudadanía en ver asegurados y protegidos sus derechos, incluido el derecho a la tutela judicial efectiva, con independencia de la actitud más o menos colaborativa de determinados Estados, lo que no ha de obstar nunca al ofrecimiento de reciprocidad como buena práctica. Estas premisas asumen, así, la obligación general de cooperación que emana del Derecho Internacional general…”;

Como podemos comprobar la legitimación de la demandante en la causa que nos ocupa la funda en su condición de perjudicada por la actuación delictiva que atribuye a Ruperto y a Sebastián , cuando encontrándose en la dirección de Rosana , procedieron a apropiarse de una suma superior a los siete millones y medio de euros de esta sociedad, que se habrían desviado a distintas sociedades situadas en paraísos fiscales reconociéndose honestamente en la demanda como desaparece el rastro de dicho dinero. No obstante, entiende que Ruperto a través de G. S.L., habría adquirido los inmuebles sitos en l… de Barcelona el 6 de abril de 2017 por el precio de 2.500.000 EUR, con parte del dinero defraudado y que sobre la venta efectuada a G.I. S.L. se acreditaría el interés de la actora y, en consecuencia, su legitimación.

Comprobamos de este modo que la legitimación de la demandante requiere la acreditación como perjudicada en una causa penal que se encuentra en fase de investigación; situación que correspondería a un supuesto de prejudicialidad penal en los términos establecidos en el artículo 10 de la Ley Orgánica del Poder Judicial; en su apartado 2: ‘… No obstante, la existencia de una cuestión prejudicial penal de la que no pueda prescindirse para la debida decisión o que condicione directamente el contenido de ésta, determinará la suspensión del procedimiento, mientras aquélla no sea resuelta por los órganos penales a quienes corresponda, salvo las excepciones que la ley establezca…’. Lo que exigiría tanto la constatación de un hecho que ofrezca apariencia de delito perseguible de oficio; que en la causa criminal se estén investigando alguno de los hechos que fundamentan las pretensiones de las partes; y que la decisión del tribunal penal acerca del hecho por el que se procede en causa criminal pueda tener influencia decisiva en la resolución sobre el asunto civil.

Sobre esta base no solo resulta ineficaz la simple aportación por la parte de las decisiones adoptadas en el proceso judicial penal ruso 11701450001000351 sino que , lo que realmente determina nuestra decisión al respecto , se acreditan las Diligencias Policiales iniciadas en España por denuncia de Jesús Ángel , en representación de Rosana , contra Ruperto el 19 de junio de 2018, en la que se describía la posible comisión por este de un delito de blanqueo de los arts. 301 a 304 del Código Penal, con mención del procedimiento judicial penal ruso 11701450001000351, y relatando como el denunciado habría introducido en España a través de su sociedad G. S.L., sumas de dinero defraudadas a Rosana adquiriendo los inmuebles sitos en … de Barcelona. Estas Diligencias Policiales provocaron la incoación de las Diligencias Previas 446/2018 del Juzgado de Instrucción nº 10 de Barcelona sobreseídas provisionalmente mediante auto de 2 de agosto de 2019 por no justificarse debidamente la perpetración del delito objeto de las mismas.

La aplicación estricta del art. 40 LEC exigiría de la existencia de causa penal con carácter prejudicial para la suspensión del procedimiento a fin de evitar resoluciones contradictorias; así el Tribunal Supremo, sentencia 24/2016, de 3 de febrero, advierte en como aquellas pueden afectar al derecho a la tutela judicial efectiva. En el presente caso examinados los hechos por parte de los Tribunales españoles competentes en el orden penal se decidió el sobreseimiento provisional de las diligencias, lo que supone la constatación de la inexistencia de causa pendiente a tales efectos prejudiciales a la vez que tampoco puede concretarse el interés legitimo de la demandante para instar la nulidad de la compraventa de inmuebles descritos en este procedimiento atendida su condición de tercero en dicho contrato”.

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