Medidas restrictivas adoptadas por la UE habida cuenta de la situación en Venezuela

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El 13 de noviembre de 2017, el Consejo adoptó la Decisión (PESC) 2017/2074, que prevé, entre otras cosas, la prohibición de la exportación de armas y de equipos que puedan ser utilizados para la represión interna, la prohibición de exportación de equipos de vigilancia y la inmovilización de fondos y de recursos económicos de determinadas personas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y de la oposición democrática, o de personas, entidades u organismos cuya acción, políticas o actividades socaven de otra forma la democracia o el Estado de Derecho en el país, así como de personas, entidades u organismos asociados con ellas. El mismo DO oficial que publica dicha decisión (DO L 295 de 14.11.2017) inserta publica el Reglamento (UE) 2017/2063 del Consejo de 13 de noviembre de 2017 relativo a medidas restrictivas habida cuenta de la situación en Venezuela en vista de que continúa el deterioro de la democracia, del Estado de Derecho y de los derechos humanos en este país. Las medidas incluyen: A) Restricciones de la exportación. Se prohíbe a los nacionales de los Estados miembros, o desde el territorio de los Estados miembros o utilizando buques o aeronaves que enarbolen su pabellón, la venta, el suministro, la transferencia o la exportación a Venezuela de todo tipo de armamento y material relacionado, incluidos armas, municiones, vehículos y equipo militar, equipo paramilitar y piezas de repuesto para ellos, sean o no originarios del territorio de los Estados miembros. B) Restricciones de la admisión. Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por él: a) las personas físicas responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela b) las personas físicas cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumeradas en el anexo I. C) Inmovilización de fondos y de recursos económicos. Se inmovilizarán todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, titularidad, tenencia o control correspondan a: a) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos responsables de violaciones o abusos graves de los derechos humanos o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Venezuela; b) las personas físicas o jurídicas, entidades u organismos cuya actuación, políticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela, enumerados en el anexo I.

Se deniega en reconocimiento en España de una sentencia venezolana en materia de menores por ser inconciliable con una resolución dictada en España

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 21 de junio de 2017 desestima  el  recurso de apelación contra un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia, que acordó el reconocimiento en España de una sentencia venezolana de 30 de noviembre de 2012 , dictada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Caracas en lo que se refiere al divorcio de las partes, pero no en lo relativo a las medidas en relación al hijo menor, de 7 años de edad. Para la Audiencia debe tenerse en cuenta “que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 30 de julio de 2015 establece en su art. 46.1º, d) que no se reconocerán en España las resoluciones judiciales extranjeras firmes cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España. Consta que el día 30 de mayo de 2016 fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia un auto de medidas provisionales en el que se asignó la guarda del hijo a la madre, no se estableció un régimen de comunicación para regular las relaciones paterno-filiales, aunque sí se acordó que el demandante se relacione con su hijo por vía telemática o Skype una vez a la semana en horario adecuado, así como la obligación para el demandante de pagar la suma de 150 euros al mes en concepto de alimentos para el hijo. Consta que la sentencia venezolana asignó la guarda del hijo a su madre y fijó un régimen de comunicación que variaba según el padre se encontrara o no en Venezuela, y se estableció su obligación de pagar 1.407,47 bolívares al mes en concepto de manutención. Es clara la incompatibilidad de ambas resoluciones en lo que afecta al régimen de comunicación y a la obligación de alimentos, por lo que la decisión del Juzgado es adecuada al precepto citado más arriba, y debe confirmarse, pues de no ser así, habría dos títulos ejecutivos con medidas distintas referidas a un mismo menor”.

El TS desestima un recurso extraordinario por infracción procesal referido al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 19 de julio de 2017 desestima un recurso extraordinario por infracción procesal referido al Convenio de La Haya sobre aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, de 25 de octubre de 1980. El TS considera que “no puede en este recurso solicitar la aplicación de un Convenio Internacional sobre el que se carece de la más mínima información, y traer a colación, sin citarla, la doctrina de esta Sala expresada en la sentencia de 22 de junio de 1998, que nada tiene que ver con este caso en el que la guarda y custodia de la niña la ha tenido y la tenía la madre cuando se denunció la sustracción, y que es el padre, vigente el procedimiento, el que interesó y obtuvo la modificación de la medida de custodia; circunstancias todas ellas que no va a impedir que las autoridades centrales de Venezuela puedan dar la razón al padre sobre la restitución. Lo único que hace la sentencia recurrida es resolver sobre la custodia con las pruebas a su alcance, conforme al interés de la menor, sin impedir con ello la tutela efectiva del padre puesto que la situación, antes y ahora, sigue siendo la misma, y ello en ningún caso propicia un resultado en fraude de Ley, en aplicación de los art. 6.4º Cc, y sobre todo del art. 11.2º LOPJ, que también se cita en el motivo, trayendo nuevamente a colación la sentencia de esta sala de 22 de junio de 1998, sin citarla”.

Anulación parcial de un laudo del CIADI en un caso que oponía a Venezuela contra Holdings, B.V. Mobil Cerro Negro

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El comité ad hoc compuesto por Franklin Berman, Presidente, Tan Sri Cecil Abraham y Rolf Knieper, pronunciaron una Decisión sobre anulación de 9 de marzo de 2017 (CASO CIADI N.° ARB/07/27), en el litigio entre la República Bolivariana de Venezuela contra Venezuela Holdings, B.V. Mobil Cerro Negro, Holding, Ltd. Mobil Venezolana de Petróleos Holdings, Inc. Mobil Cerro Negro, Ltd. y Mobil Venezolana de Petróleos, inc. La decisión anula parcialmente el Laudo dictado el 9 de octubre de 2014 considerando el Comité que “El Tribunal se extralimitó manifiestamente en sus facultades al sostener que el Derecho general internacional y, concretamente, el Derecho consuetudinario internacional, regulaban la determinación y el cálculo de la compensación adeudada a las Partes Mobil por la expropiación de su inversión en el Proyecto Cerro Negro, en lugar de la aplicación de las disposiciones del TBI”. En concreto estimó que las porciones del Laudo que supuestamente se basan en la existencia, sin perjuicio del TBI, de una obligación justiciable de Venezuela frente a las Partes Mobil con respecto a la compensación adeudada por la expropiación de su inversión en el Proyecto Cerro Negro no expresaban los motivos en los que se fundan”.

Improcedencia de la anotación de una demanda de disolución y liquidación de una sociedad que se está tramitando en Venezuela

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado, de 22 de marzo de 2017, confirma la nota de calificación del registrador, que decidió no practicar la anotación de la demanda de disolución y liquidación de la sociedad de nacionalidad venezolana «Instrelec 3000 y Automatismos, Compañía Anónima» que se está tramitando en Venezuela a fin de dar la oportuna publicidad de dicha circunstancia, por haber observar una serie de defectos que impiden su práctica. Para la DGRN, “de la misma documentación presentada resulta que la autoridad competente para conocer del procedimiento no ha resuelto si procede o no, de conformidad con la ley aplicable, la adopción de medidas cautelares por lo que la mera presentación de la demanda no puede, como afirma el registrador en su nota, provocar la práctica de asiento alguno”

Anulación parcial de un laudo del CIADI en el asunto “República Bolivariana de Venezuela y Tidewater Investment SRL / Tidewater Caribe, C.A.”

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El Comité ad hoc del CIADI, integrado por el Juez Abdulqawi Ahmed Yusuf, Presidente, Tan Sri Dato’ Cecil W.M. Abraham y el Profesor Dr. Rolf Knieper, emitió el 27 de diciembre de 2016 una Decisión de anulación en la controversia entre República Bolivariana de Venezuela y Tidewater Investment SRL / Tidewater Caribe, C.A.,  Caso CIADI N.° ARB/10/5. En el laudo de 13 de marzo de 2015, el Tribunal concluyó que Venezuela había expropiado la inversión de Tidewater en Venezuela sin el pago de una pronta, adecuada y efectiva indemnización. Determinó que Tidewater tenía derecho a recibir indemnización por dicha expropiación y calculó que el monto en concepto de capital de la indemnización que había de abonarse ascendía a USD 46,4 millones más intereses. En la presente decisión el Comité Comité anula una porción del Laudo y el monto asignado a esta porción, por una cuantía de, USD 10,003 millones, y deja sin efecto la cosa juzgada en tal medida. Le corresponderá, en todo caso, a un nuevo tribunal pronunciarse en un lado acerca de esa esta porción respecto de la cual el tribunal ad hoc no ha expresado motivos. .Todas las demás causales de la solicitud de anulación. El resto del Laudo, incluida la adjudicación de USD 36,397 millones, permanece sin cambios.