Discurriendo el procedimiento de execuátur de modo paralelo al seguido en Venezuela, donde recae la resolución cuyo reconocimiento se solicita, es clara la incompatibilidad de esta última (AAP de Oviedo 14 febrero 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Oviedo, Sección Primera, de 14 de febrero de 2020 deniega el execuátur de una Sentencia dictada por el Tribunal Tercero de Primera Instancia del Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado de Nueva Esparta (Venezuela) que acordó que la patria potestad de la niña Cristina sería ejercida íntegra y exclusivamente por su madre,  privando de la patria potestad al padre. La Audiencia razona del siguiente modo:

«(…) en todos los procedimientos seguidos entre las partes en España se ha acordado mantener la patria potestad compartida por ambos progenitores, sin que, ni siquiera, se hubiera planteado su posible privación por ningún motivo, discurriendo este último procedimiento casi de modo paralelo al seguido en Venezuela, donde recae la resolución cuyo reconocimiento se solicita. Sentado lo que antecede, es clara la incompatibilidad de la resolución cuyo reconocimiento se solicita con las dictadas en España. Con más motivo lo anterior, cuando se constata, tanto la existencia de un procedimiento penal contra doña Alejandra por haber infringido la necesidad de consentimiento de ambos progenitores o, en su defecto, autorización judicial para el traslado de la hija menor al extranjero, como de los procedimientos citados seguidos entre las partes, todos los cuales fueron silenciados ante el Tribunal del país que dicta la resolución cuyo reconocimiento se pretende. En suma, la resolución cuyo reconocimiento se pretende es inconciliable con las dictadas en España y, de reconocerse, habría dos títulos ejecutivos con medidas distintas referidas a un mismo menor, debiendo ser las resoluciones dictadas en España las que deben ejecutarse. No concurre, pues, infracción ninguna de lo previsto en los arts. 41 y 46, apartado d), de la Ley 29/2915, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil. En consecuencia, a tenor de lo expuesto, es procedente confirmar la resolución recurrida y rechazar el recurso interpuesto».

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