Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.

Admisión del execuátur de una sentencia alemana por considerarse que no existe inconciliabilidad con otras resoluciones

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El Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 20 de junio de 2017 confirma el otorgamiento del reconocimiento y ejecución de sentencia alemana. al amparo del Reglamento Bruselas I. Considera la Audiencia que “en el caso que nos ocupa, no se ventila una cuestión de derechos reales sino que la materia es claramente contractual y de naturaleza obligacional: resolución de un contrato de compraventa de inmuebles; el hecho de que el objeto del contrato sea un inmueble no altera la naturaleza esencialmente contractual del litigio. En este sentido es clara y reiterada la jurisprudencia comunitaria y también española recaída sobre la materia. Así, y solo a modo de ejemplo de un supuesto similar al aquí planteado cabe citar el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2001, Gaillard ( C-518/99 ), que excluyó la aplicación de la norma de competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios a una acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble”. Respecto a la alegación de que el reconocimiento era manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido (art. 34.1º Reglamento), entiende la Sala que no se dan en el caso (…) elementos que permitan sostener esta manifiesta contrariedad (…); en modo alguno puede considerarse que existe tal contrariedad, si es lo que se pretende, por procederse al reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias alemanas sin el tan alegado incumplimiento de la condición previa de transmisión, ya que, como se ha expuesto, dicha cuestión, de fondo, habrá de esgrimirse, en su caso, en la fase de despacho de ejecución, y no en la declaración de ejecutoriedad.  en segundo lugar, y respecto de la eventual inconciliabilidad con otras resoluciones, considera esta Sala que no se da tampoco en el caso presente tal situación. En este caso sí alega expresamente la apelante que el auto recurrido es inconciliable con la sentencia cuya ejecución se solicita, ya que no se comprueba la previa transmisión de los inmuebles y muebles que estas sentencias contienen como condición previa para la obligación de pago. Y respecto de esta alegación no puede más que señalarse que no son esos los parámetros de la conciliabilidad prevista en este precepto sino que esta se predica respecto de resoluciones previas distintas de la propia resolución judicial de reconocimiento”.

La aportación posterior de la copia auténtica de la sentencia extranjera no impide admitir a trámite una demanda de execuátur

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El Auto de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, de 30 de marzo de 2017, revoca la sentencia de instancia y admitir a trámite la demanda de reconocimiento de sentencia extranjera presentada por la recurrente al considerar que “en el presente supuesto la resolución recurrida cita como causa de inadmisión el art. 22 del Convenio sobre asistencia judicial en materia civil entre el Reino de España y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, firmado en Madrid el 26 de octubre de 1990. El precepto exige que junto con la solicitud de ejecución se acompañe copia auténtica de la resolución judicial que se pretende ejecutar y una certificación en la que conste que es ejecutoria, si esto no se desprendiera del propio texto de la misma. En el presente supuesto la apelante no acompañó copia auténtica de la resolución que pretende ejecutar, acompañando a la demanda simples fotocopias, pero anunciando la aportación en breve de las copias auténticas. Las copias fueron aportadas, incluso antes de ser requerida a tal fin por el Juzgado, por escrito con sello de entrada 24 de octubre de 2016. Asiste la razón recurrente cuando dice que la demanda debió admitirse”.

No cabe esgrimir da rebeldía para oponerse al execuátur pues el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso en el extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 15 de mayo de 2017,  revoca la resolución del Juzgado y otorga el  reconocimiento en España a la sentencia dictada por el Tribunal Distrito de Aberdeen (Escocia) en un procedimiento de divorcio. La audiencia considera que ” la homologación pretendida ha de prosperar, pues ante la constatada ausencia de la parte demandada en el procedimiento de origen, la documentación aportada permite afirmar que el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso y que en él pudo ejercitar debidamente y en toda su extensión sus derechos de defensa, cuya tutela se alza ahora como obstáculo al execuátur, en salvaguardia del orden público del foro, en su sentido procesal. En tal sentido, se aprecia, que se notificó la existencia de la demanda a D. C. (…) lo que, sin duda, lleva a considerar que los actos de comunicación fueron plenamente eficaces en orden a posibilitar la comparecencia en juicio del demandado en tiempo útil para ejercitar plenamente sus derechos de defensa. No le cabe, por lo tanto, esgrimir la alegada rebeldía, ni, en general, falta de garantía procesal alguna, para oponerse al execuátur, debiendo tenerse por satisfechos los requisitos establecidos en el art.
954 LEC de 1881 , y, en suma, debiéndose considerar que la resolución extranjera se ajusta plenamente a
las exigencias del orden público en sentido internacional, tanto en su vertiente procesal como en su aspecto
material o sustantivo.

Se deniega en reconocimiento en España de una sentencia venezolana en materia de menores por ser inconciliable con una resolución dictada en España

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 21 de junio de 2017 desestima  el  recurso de apelación contra un auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia, que acordó el reconocimiento en España de una sentencia venezolana de 30 de noviembre de 2012 , dictada por el Tribunal Undécimo de Primera Instancia de Caracas en lo que se refiere al divorcio de las partes, pero no en lo relativo a las medidas en relación al hijo menor, de 7 años de edad. Para la Audiencia debe tenerse en cuenta “que la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil de 30 de julio de 2015 establece en su art. 46.1º, d) que no se reconocerán en España las resoluciones judiciales extranjeras firmes cuando la resolución fuera inconciliable con una resolución dictada en España. Consta que el día 30 de mayo de 2016 fue dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 8 de Valencia un auto de medidas provisionales en el que se asignó la guarda del hijo a la madre, no se estableció un régimen de comunicación para regular las relaciones paterno-filiales, aunque sí se acordó que el demandante se relacione con su hijo por vía telemática o Skype una vez a la semana en horario adecuado, así como la obligación para el demandante de pagar la suma de 150 euros al mes en concepto de alimentos para el hijo. Consta que la sentencia venezolana asignó la guarda del hijo a su madre y fijó un régimen de comunicación que variaba según el padre se encontrara o no en Venezuela, y se estableció su obligación de pagar 1.407,47 bolívares al mes en concepto de manutención. Es clara la incompatibilidad de ambas resoluciones en lo que afecta al régimen de comunicación y a la obligación de alimentos, por lo que la decisión del Juzgado es adecuada al precepto citado más arriba, y debe confirmarse, pues de no ser así, habría dos títulos ejecutivos con medidas distintas referidas a un mismo menor”.

Reconocimiento en España de la resolución dictada por un Tribunal de Budapest respecto de la restitución de una menor a Hungría

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 17 de julio de 2017, estimó un recurso de apelación interpuesto contra una sentencia  del Juzgado de Violencia nº 2 de Palma en fecha 27 de febrero de 2017 en autos de procedimiento de reconocimiento y ejecución de resolución judicial en España de un auto dictado por el Tribunal de Budapest respecto de una menor. Determina la Audiencia que la resolución ejecutiva del Tribunal de Budapest (que designó como lugar de residencia de la menor en Hungría, el lugar de residencia en Hungría de la madre hasta que se dicte una sentencia firme en el Procedimiento y obligó a la demandante a volver a traer a la menor a Hungría en un plazo de 8 días, así como que justificase la escolarización de la menor en Hungría ante el Juzgado de Primera Instancia) “constituye una resolución dictada por el que cabe considerar Juez natural determinado por la Ley, respaldada en este caso por las normas de competencia judicial internacional vigentes en la Unión Europea en orden a resolver los aspectos relativos a la responsabilidad parental del menor y que, por lo tanto, deben ser respetadas por las partes y, en consecuencia, al no concurrir la causa de denegación invocada, deben dar lugar a la revocación de la sentencia de instancia y a la estimación de la demanda de reconocimiento y ejecución de dicha resolución”.

No puede acordarse el execuátur de una sentencia, nada menos que en materia de filiación, contra quien no fue parte en el procedimiento

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 5 de mayo de 2017 confirma la resolución dictada por el Juzgado de Gandía que denegó el reconocimiento y ejecución de sentencia dictada en proceso de filiación por el Juzgado de Instancia de la Niñez y Adolescencia de la VI Circunscripción del Alto Paraná de la República de Paraguay. La Audiencia justifica su decisión en que “difícilmente puede acordarse el execuátur de una sentencia, ¡nada menos que en materia de filiación¡ contra quien no fue parte en el procedimiento en el que se dictó esa sentencia ya que no fue demandada ni fue oída la progenitora de la menor cuya filiación se pretendía. Aunque el Tribunal del Paraguay que declaró la filiación admitió como válida la relación procesal constituida entre el supuesto progenitor que reclama la filiación y la abuela materna de la misma, y no la progenitora, no consta (que esta última) contara con poderes especiales para allanarse a la demanda de reclamación de filiación, y además es evidente que la resolución se dictó con manifiesta vulneración de los derechos de defensa de la madre, que suponemos algo tendría que decir al respecto.