La determinación de una multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por un tribunal extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 1 de diciembre de 2017 desestima una solicitud de medidas cautelares, dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas a la demandada en primera instancia. En la petición cautelar se había interesado el embargo preventivo de bienes y derechos de una entidad española para cubrir la suma de 20.284.000 euros (importe de la multa coercitiva que se interesa ante los tribunales belgas) más 6.085.200 euros (30% adicional para cubrir los intereses y costas. De acuerdo con la Audiencia “es cierto que el art. 44 del Reglamento (CE ) 44/2001 (ahora, art. 55 del Reglamento (UE) nº 1215/2012), establece que: “Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen”. El problema es que la parte demandante no ha solicitado la ejecución provisional de una resolución -que, por cierto, aún no se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud- sino el embargo preventivo para asegurar un eventual pronunciamiento condenatorio en el procedimiento que se tramita ante los tribunales belgas para determinar la procedencia y, en su caso, cuantificar la multa coercitiva que debe imponerse a la demandada por continuar con el uso de signos infractores a cuyo cese ha sido condenada por resolución firme, también pronunciada por los tribunales belgas. La alegación se agota en su propia formulación en tanto que lo solicitado por la actora y lo acordado por la resolución apelada no es la ejecución provisional de una inexistente -entonces- resolución sino el embargo preventivo para asegurar la efectividad de la resolución que debe dictarse -y ya se ha dictado en primera instancia- por los tribunales belgas sobre la efectiva imposición de la multa coercitiva. La petición de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una futura resolución a dictar por los tribunales de otro Estado miembro tiene expresa cobertura en el art. 31 del Reglamento 44/2001 (ahora, art. 35 del Reglamento 1215/2012 ). Resulta por completo irrelevante a los efectos de perfilar la naturaleza de lo solicitado que en el algún pasaje del escrito inicial se aluda al embargado como ejecutado, lo que, además, puede tener sentido si consideramos que la determinación de la multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por los tribunales belgas. Menor transcendencia aún tiene que con el embargo preventivo se pretenda cubrir los gastos e intereses de la futura ejecución o que el juzgado, con acierto o sin él, haya ordenado la entrega a la parte actora de la cantidad consignada por la demandada para eludir el embargo, cuestiones que afectan al alcance y a la ejecución de la medida, que no transforman lo acordado en una inexistente ejecución provisional”.

Aplicación de la normativa balear a la sucesión de un belga residente en Ibiza por admisión del reenvío

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Quinta, de 21 de noviembre de 2017, conforma la sentencia de instancia aseverando que: “no ofrece duda que conforme determina el art. 9.1º Cc, que establece como ley personal la determinada por la nacionalidad, y a la que, en materia de sucesiones, se remite a su vez el apartado 8 del mismo precepto (“la sucesión por causa de muerte se regirá por la ley nacional del causante en el momento de su fallecimiento, cualesquiera que sean la naturaleza de los bienes y el país donde se encuentren”) a la sucesión de este caso, es aplicable la legislación belga por tener esta nacionalidad el causante. Tampoco ofrece duda, a través de la prueba del Derecho belga, que dicho ordenamiento contiene una norma de reenvío, al establecer en su art. 78, respecto al Derecho aplicable a la sucesión: 1º.- La sucesión se rige por el derecho del Estado del territorio donde el difunto tenía su residencia habitual en el momento de su fallecimiento. 2º La sucesión inmobiliaria se rige por el derecho del Estado del territorio donde está situado el inmueble. En el caso, tanto su última residencia como el lugar donde se ubica el inmueble, es Ibiza, por lo que dicho reenvío es aceptado en virtud de lo establecido en el art. 12.2º Cc (‘2. La remisión al derecho extranjero se entenderá hecha a su ley material, sin tener en cuenta el reenvío que sus normas de conflicto puedan hacer a otra ley que no sea la española’). De manera que rige la legislación española por reenvío de la ley belga y como el reenvío tiene lugar respecto de la totalidad del ordenamiento jurídico español, incluidas las normas de conflicto interregional y los derechos forales o autonómicos, hay que entender que la remisión, en el caso, es al Derecho de la Compilación Balear. Tampoco es objeto de discusión en esta alzada, que el causante contrajo matrimonio con la demandada fijando su primera residencia matrimonial en Bélgica y que conforme a la legislación belga, el derecho aplicable al régimen matrimonial y a falta de elección, como es el caso, se rige por el derecho del Estado sobre cuyo territorio ambos esposos fijan por primera vez su residencia habitual tras la celebración del matrimonio (art. 51) en el caso Bélgica; legislación que a su vez establece, en caso de sucesión testada, que son herederos forzosos los hijos y el cónyuge supérstite (arts. 745, 745 bis y 915 bis). En puridad, la controversia tanto en la instancia como en esta alzada, se centra en exclusividad en la interpretación y/o alcance que se debe dar al contenido del art. 9.8º Cc, en el apartado que refiere ‘Los derechos que por ministerio de la ley se atribuyan al cónyuge supérstite se regirán por la misma ley que regule los efectos del matrimonio, a salvo siempre las legítimas de los descendientes”‘.

Aplicación del Derecho belga a un contrato de distribución en exclusiva

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimonovena, de 19 de diciembre de 2017 confirma la desestimación de la demanda interpuesta por Uneco S.A. contra Hunstman Advanced Materials (Europe) BVBA absolviendo a la parte demandada de todos los pedimentos formulados en su contra. Entendió la sentencia de instancia, tras considerar que las partes pactaron en la cláusula 14.6 del contrato de distribución sin exclusiva, de manera clara y rotunda, que el contrato se rigiera por la ley belga, como así se acredita, que no resulta procedente indemnización alguna por clientela, sin que tampoco pueda acogerse la pretensión indemnizatoria de la demandante por los pretendidos incumplimientos que denuncia de la contraria de manera contemporánea al preaviso de finalización de efectos del contrato de suministro, dado que no se evidencia una conducta contraria a la buena fe contractual que dejase vacío de contenido el período de preaviso, como sostuvo la demandante, por incurrir la demandada en un incumplimiento esencial. Considera la Sala que “como correctamente se apunta en la sentencia de instancia, la legitimidad del pacto de sumisión a Derecho belga contenido en la referida cláusula 14.6 del contrato, se encuentra plenamente avalada por lo dispuesto en el art. 3.1º del Reglamento (CE ) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 2008, sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales, por el que se autoriza la “libertad de elección”, de manera que “el contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso. Por esta elección, las partes podrán designar la ley aplicable a la totalidad o solamente a una parte del contrato”. Sentado lo anterior, en cuanto al tratamiento procesal del Derecho extranjero en nuestro sistema jurídico, el art. 281.2º LEC , establece que “el derecho extranjero deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación”, superando su incidencia de cuestión de hecho a relevancia jurídica, como se interpreta por la sentencia del Tribunal Constitucional 10/2000, de 17 de enero , y en la misma línea la jurisprudencia, por todas, la sentencia del Tribunal Supremo de 24 de junio de 2010 . Como reconoce la propia apelante, en cuanto a la carga de la prueba, rige al respecto un “principio de colaboración entre las partes y el tribunal”, en consonancia con el principio general de libre disposición de la ley aplicable por las partes en esta materia y en aras de la seguridad jurídica, a través de documentos públicos y del informe elaborado y ratificado por jurisconsultos expertos en el derecho cuya aplicación se invoca, como prueba suficiente para acreditar la vigencia y contenido de la ley extranjera que resulta de aplicación, más allá de lo que supondría la cita aislada de los textos legales correspondientes (como se anuncia: ‘We shall now report on the laws of Belgium applicable to distribution agreements and certain other contractual issues’)”. Como ya se deja correctamente sentado en la sentencia de instancia, ‘el derecho belga aplicable por el sometimiento expreso de las partes no prevé ninguna indemnización por clientela … la sumisión expresa de la cláusula 14.6 excluye pues la aplicación de la ley de pues, como ya se ha dicho, esta es una ley autolimitativa … la cláusula 14.6 del contrato de distribución no exclusivo y la aplicación a la relación contractual del derecho belga civil común invocado no permite a UNECO la petición de indemnización por clientela…’. La naturaleza autolimitada de la norma legal significa que únicamente será de aplicación fuera de Bélgica si la sumisión al derecho belga se hace indicando expresamente la ley de distribución, pero no si, por el contrario, se efectúa una remisión genérica y abstracta al ordenamiento jurídico belga, como se concluye en el informe pericial, con apoyo en la jurisprudencia de la Corte de Casación de Bélgica: “Si en un contrato vinculado con un país extranjero las partes se someten a la ley belga, la ley de distribución solamente se aplica si las partes se refieren expresamente a la ley de distribución. La ley de distribución no puede ser aplicada más allá del ámbito de aplicación territorial delimitado por el legislador salvo que las partes contratantes hayan indicado de forma expresa su voluntad de someterse a la ley de distribución” (…). En el presente caso, el contrato se circunscribía territorialmente a España y Portugal (cláusula 1.6), por lo que solo podría aplicarse la ley belga de 27 de julio de 1961 si se hubiese hecho una remisión expresa a esta ley, pero al no hacerse, puesto que se designaron como aplicables las “leyes de Bélgica” (cláusula 14.6 y 11.1 del anexo 5, del contrato), como correctamente concluye la sentencia de instancia, determina la aplicación del derecho común belga”.

La eficacia del arbitraje internacional requiere, como uno de los principios esenciales, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje

El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 2 de noviembre de 2017 (Ponente: Francisco Javier Vieira Morante), reconoce la eficacia en España de un laudo arbitral pronunciado por un árbitro único en el seno de la Chambre D’Arbitrage et de Médiation de la ASBL (Bélgica) en aplicación del Convenio de Nueva York de 1958. Según la Sala “debe señalarse en primer lugar, con carácter previo, que la controversia surgida entre las partes y sometida al arbitraje del que se derivó el laudo sujeto a reconocimiento es perfectamente susceptible de ser resuelta por vía de arbitraje. El art. 9, ap. 6, de la Ley de Arbitraje dispone que cuando el arbitraje fuere internacional, el convenio arbitral será válido y la controversia será susceptible de arbitraje si cumplen los requisitos establecidos por las normas jurídicas elegidas por las partes para regir el convenio arbitral, o por las normas jurídicas aplicables al fondo de la controversia, o por el Derecho español. Y, al menos conforme al Derecho español, el litigio que se plasma en el laudo arbitral no es de los excluidos al arbitraje en nuestro ordenamiento jurídico, pues se han resuelto controversias sobre materias de libre disposición conforme a derecho (art. 2 de la Ley de Arbitraje ), surgidas en el cumplimiento de un contrato referido a asesoramiento y servicios de producción para el proyecto de vuelo fotogramétrico para la producción de ortofotos incluidas en al Plan Nacional de ortofotografía aérea en el ámbito de Castilla La Mancha norte. La eficacia del arbitraje internacional requiere además, como uno de los principios esenciales para su mantenimiento, el respeto de las reglas, normas y prácticas fijadas en el país en el que se desarrolla el arbitraje, sin contrastarlas necesariamente con las aplicables en el Estado en el que se solicita el reconocimiento de la resolución arbitral, salvo que se apreciara una infracción intolerable de los principios esenciales exigibles en nuestro ordenamiento jurídico. Por ello, no pueden trasladarse miméticamente al procedimiento arbitral seguido en otro país las normas procesales seguidas en España, por más que estén consolidadas en la reglamentación procesal. No se aprecia, por tanto, que el reconocimiento o la ejecución del laudo arbitral pudiera ser contrario al orden público de España”.

La institución de la prescripción se rige por el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 27 de julio de 2017 confirma el Auto del Juzgado que desestimó una  demanda de oposición a la ejecución dineraria despachada mediante Auto de por demanda ejecutiva promovida por la señora Debora vecina de Mouscron (Bélgica) mediante la cual la referida reclamó de su ex marido la deuda dineraria vencida, líquida y exigible dimanante de los acuerdos y pactos concertados según el Derecho belga con motivo del divorcio de los mismos. Para la Audiencia en el caso de autos, el título ejecutivo es inatacable, de conformidad con el  Reglamento (CE) nº 44/2001, y las obligaciones asumidas por el deudor no han sido discutidas por ninguna de las partes ni en su eficacia ni en su cuantía. Los términos del debate se circunscriben a la oposición del obligado al pago al considerar que una parte de la deuda no es exigible al haber operado respecto a la misma la prescripción y, en cualquier caso, la caducidad de la acción ejecutiva. Considera no obstante la Audiencia que, por lo que se refiere al Derecho civil aplicable, es decir, a la institución de la prescripción, rige el principio de territorialidad del lugar por la que se generó la obligación y la relación jurídica de la que dimana. En este caso es indudable que es el Código Civil de Bélgica. “En este punto el auto recurrido no acierta al sentar como criterio el de la aplicación del Derecho español, en primer lugar, por cuanto el artículo 281 de la LEC lo que establece es que podrá ser objeto de prueba (que corresponde a las partes) el derecho extranjero, pero siempre sin perjuicio de que el tribunal pueda valerse de cuantos medios de averiguación estime necesarios. La aplicación del Derecho nacional es un remedio excepcional a tenor del criterio jurisprudencial consolidado (…), recogido ahora en el artículo 33.3 de la LCJI en materia civil para cuando no haya sido posible identificar la norma extranjera aplicable. No es éste el caso por cuanto ambas partes han alegado la misma norma del Derecho belga aplicable y en el mismo sentido, y no existe discrepancia sobre este punto. Por otra parte el corpus legislativo civil del referido Estado está accesible plenamente en la web ” e-justice ” de la UE, en el prontuario de cooperación internacional del CGPJ, en la biblioteca especializada del CENDOJ y en las de numerosas universidades públicas españolas”.

El Consejo de Ministros belga aprobó el proyecto de ley para la suscripción del Acuerdo Económico y Comercial Global entre la UE y Canadá (CETA)

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El Consejo de Ministros belga aprobó el proyecto de ley sobre el consentimiento para suscribir el acuerdo económico y comercial y general entre la Unión Europea y Canadá. El texto debe recibir la aprobación de la Cámara. Para entrar en vigor, el CETA deberá ser ratificado por los parlamentos nacionales de los países miembros de la UE y en algunos casos por los parlamentos regionales. Concretamente en Bélgica debe recibir la aprobación no solo de la Cámara de Representantes, sino también de las asambleas legislativas de las entidades federadas.

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