En el sistema del Título Ejecutivo Europeo la notificación ha de reunir unas determinadas garantías que deben ser controladas por el órgano que dicta el certificado de de dicho Título en el Estado Miembro de origen (AAP Girona 10 junio 2020).

TEE

El Auto de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, de 10 de junio de 2020 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sant Feliu de Guíxols, en las actuaciones de ejecución de título judicial extranjero acordando que se suspenda el curso de la ejecución hasta que el título ejecutivo europeo sea revocado (art. 10 letra b Reglamento (CE) 805/2004) o sea sustituido por otro que se encuentre acomodado a la decisión que se fije de manera definitiva por los tribunales belgas. De acuerdo con la Audiencia:

«(…)En el presente recurso de apelación se impugna la decisión del juzgado de instancia que resuelva negativamente la oposición a una ejecución de Título Ejecutivo Europeo (TEE) expedido por el Tribunal de Comercio de Amberes (BE), sección TURNHOUT, en 10.1.2018 y que trae causa de la sentencia del mismo Tribunal de 30 septiembre 2015 dictada en rebeldía del Sr. Fabio (en adelante Sr. Sebastián ) i con una condena provisional de 100.000€. En base a este TEE se despachó ejecución por el Juzgado de instancia a petición de la sociedad belga BPOSLIVE BVBA con domicilio en HULSHOUT (BE), Zuperstraat, 16 y del Sr. Geronimo con el mismo domicilio, sobre un principal de 100.000€ y de 30.000€ más por intereses y costas provisionales. Contra tal despacho de ejecución se presentó oposición por parte del Sr. Sebastián. Con posterioridad a la presentación del recurso y a la apertura del presente rollo de apelación, el Sr. Sebastián presentó ante este Tribunal de apelación la traducción jurada de una sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Amberes de fecha 12 septiembre 2019 en la cual se tenía por debidamente admitido un recurso de apelación contra la sentencia contenida en el TEE, la cual dejaba de ser firme. Esta Sala en Auto de 9 diciembre 2019 desestimó la petición sobrevenida del Sr. Sebastián para que archiváramos el rollo de apelación en base a que el TEE debía ser rectificado por cuanto el contenido de la sentencia certificada por el mismo debía ser alterada por el dictado de aquella sentencia de Apelación dictada por la Corte de Apelación de Amberes en 12 septiembre 2019. La desestimamos porque este Tribunal no tenía competencia para rectificar el TEE de acuerdo con el artículo 10 del Reglamento (CE) 805/2004. Ahora debemos proceder a entrar ya en el fondo del asunto y resolverlo conforme a las normas contenidas en el Reglamento 805/2004. Tercero. El Reglamento (CE) 805/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo (DOUE 30 abril 2004. Como muy acertadamente recoge el Auto del Juzgado de instancia, dictado con anterioridad al hecho nuevo de la sentencia mencionada de la Corte de Apelación de Amberes, debido a que la Unión Europea aspira a lograr una plena realización de un espacio de libertad, seguridad y justicia en el que se garantice la libre circulación de las resoluciones judiciales como más claro exponente de la confianza mutua que debe ir asociada a la creación de una cultura judicial europea, se está llevando a cabo un proceso de creación normativa en el que se trata de eliminar paulatinamente la necesidad de estas medidas intermedias. Un claro exponente de ello es el Reglamento que se analiza (Reglamento 805/2004) que elimina tales medidas intermedias en la medida en que el objeto del proceso sean créditos pecuniarios por un importe específico, cuando el deudor haya permanecido en una situación de rebeldía voluntaria y la notificación se haya efectuado en los términos establecidos en el mismo. Ello comporta una importante diferencia del régimen del Reglamento 44/2001 («Bruselas I») en el que por vía de recurso – que en España era ante la Audiencia Provincial – (no al despachar la ejecución que en principio debe ser automática según el art 41) cabría suscitar (como indica el art 45) los motivos de oposición al despacho de ejecución de los arts. 34 y 35.2º . El Reglamento Bruselas I permite invocar como motivo de oposición el que la decisión adoptada por un órgano jurisdiccional de otro Estado Miembro a ejecutar sea contraria al orden público, así como la existencia de deficiencias en la notificación. Esta última problemática en el sistema del Título Ejecutivo Europeo no cabe que se suscite en el Estado de ejecución ya que la notificación ha de reunir unas determinadas garantías (que el propio Reglamento detalla como más adelante se dirá) y tales garantías deben ser controladas por el órgano que dicta el certificado de Título Ejecutivo Europeo en el Estado Miembro de origen. La existencia de esta regulación común y la confianza en que la labor del que certifica (es el que dicta la resolución o alguien integrado en su organización) se va a acomodar plenamente al Reglamento ha hecho que el motivo de oposición de las deficiencias en la notificación no sea invocable, lo que supone la desaparición de uno de los principales elementos que se analizaban en las medidas intermedias típicas de los procesos de exequatur. El Reglamento pretende suprimir todos los controles de las resoluciones judiciales dictadas en un Estado Miembro como requisito previo para su ejecución en otro Estado Miembro (eliminación del exequátur) respecto de aquellos casos en los que los acreedores hubieren obtenido una resolución ejecutiva sobre un crédito pecuniario no impugnado por el deudor. En tal sentido el art 5 del Reglamento dispone que: «Una resolución que se haya certificado como Título Ejecutivo Europeo en el Estado Miembro de origen será reconocida y ejecutada en los demás Estados Miembros, sin que se requiera ninguna declaración de ejecutividad y sin posibilidad alguna de impugnar su reconocimiento». Dado que desaparece el control que supone el exequátur (esencialmente centrado en la regularidad del emplazamiento), el Reglamento 805/2004 establece entre sus disposiciones unas normas mínimas sobre la notificación de documentos a fin de que haya unos criterios uniformes a nivel europeo que permitan hablar sin lugar a dudas de la existencia de un «crédito no impugnado». Tales normas mínimas cubren los métodos admisibles de notificación, el plazo de notificación que permita la preparación de la defensa y la información a proporcionar al deudor. Solamente el cumplimiento de estas normas mínimas justifica la abolición del control respecto de los derechos de defensa por el Estado Miembro en el que se debe ejecutar la resolución pasándolo al Estado en el que se ha dictado la resolución a ejecutar»

«(…).Vistas las precedentes consideraciones, la notificación de la sentencia no se practicó de forma regular y por lo tanto es nula y esta notificación no ha iniciado el plazo del recurso. Por lo tanto el recurso de apelación se presentó en tiempo y forma y es procedente…. El Tribunal declara que el recurso de apelación es procedente y remite la causa en cuanto a sus restantes cuestiones al rollo especial para su enjuiciamiento.» A la vista de tan contundentes consideraciones sobre la forma de notificación de la sentencia (no entra en la forma de la citación para conocimiento de la demanda puesto que se supone será una de les «restantes cuestiones» suscitadas ) y de que la designación del domicilio del demandado era el del propio codemandante, así como que la misma sentencia de instancia ha sido válidamente recurrida en apelación, ya decae el efecto esencial del TEE al no ser firme la sentencia objeto de ejecución por defecto de forma esencial en la notificación practicada. Con ello el TEE aportado carece actualmente de los «requisitos legales que llevan aparejada la ejecución» (art. 559.1.1, 3 de la LEC ya transcrito)»

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