Consideración de los elementos posteriores a la decisión de traslado adoptada por el Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional (STJ GS 15 abril 2021)

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 15 de abril de 2021 (Asunto C‑194/19: Estado belga (Éléments postérieurs à la décision de transfert) declra que el Derecho de la Unión debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de traslado no puede, en el marco del examen de ese recurso, tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de dicha decisión que son determinantes para la correcta aplicación de dicho Reglamento, a menos que dicha normativa establezca una vía de recurso específica que comprenda un examen ex nunc de la situación de la persona interesada, cuyos resultados sean vinculantes para las autoridades competentes, que pueda ejercerse cuando se produzcan tales circunstancias y que, en particular, no esté supeditada a la privación de libertad de esa persona ni a la circunstancia de que la ejecución de la referida decisión sea inminente.

El 22 de mayo de 2017, H. A. presentó una solicitud de asilo en Bélgica y tras el trámite de audiencia la Oficina de extranjería solicitó a las autoridades españolas que se hicieran cargo de aquel. El 4 de julio de 2017, las autoridades españolas aceptaron hacerse cargo de H. A. El 1 de agosto de 2017, la Oficina de extranjería denegó la solicitud de asilo presentada por H. A. y le ordenó abandonar el territorio belga. Sin embargo H. A. impugnó esta decisión ante el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del Contencioso de Extranjería), alegando, en particular, que su hermano había llegado a Bélgica el 22 de agosto anterior, que este había presentado una solicitud de asilo en dicho Estado miembro y que era indispensable que sus respectivas solicitudes fueran examinadas conjuntamente para garantizar la equidad del procedimiento. Mediante sentencia de 30 de noviembre de 2017, el referido órgano jurisdiccional desestimó ese recurso. Dicha sentencia se basaba, en parte, en la consideración de que los elementos relativos a la llegada del hermano de H. A. a Bélgica eran posteriores a la adopción de la decisión controvertida de la Oficina de Extranjería y, por ello, no podían tenerse en cuenta al apreciar la legalidad de esta. Así las cosas el 28 de diciembre de 2017, H. A. interpuso recurso de casación contra dicha sentencia ante el órgano jurisdiccional remitente. En apoyo de este recurso de casación alegó que el Conseil du contentieux des étrangers (Consejo del contencioso de extranjería) había vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva, tal como resulta del artículo 27 del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida (Reglamento Dublín III) y del art. 47 de la Carta, puesto que este se había negado a tener en cuenta elementos posteriores a una decisión de traslado a efectos del examen de su legalidad. En este contexto, el Conseil d’État (Consejo de Estado, Bélgica) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia si el art. 27, ap. 1, del Reglamento Dublín III, leído, en su caso, a la luz del art. 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece que el órgano jurisdiccional que conoce de un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de traslado no puede, en el marco del examen de ese recurso, tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de dicha decisión.

Alegaciones del Tribunal de Justicia

En la presente decisión el Tribunal de Justicia declara que la redacción del art. 27 del Reglamento Dublín III no precisa si el derecho a recurrir que establece implica necesariamente que el juez que conoce del asunto pueda proceder a un examen ex nunc de la legalidad de la decisión de traslado y difiere de la del art. 46, ap. 3, de la Directiva 2013/32, adoptada el mismo día que el Reglamento Dublín III en el marco de la revisión general del sistema europeo común de asilo, que establece que el recurso efectivo de que se ha de disponer contra los actos contemplados en el art. 46, ap. 1, de dicha Directiva, entre los que no figuran las decisiones de traslado, supone un «examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho». Recuerda el Tribunal de Justicia que cuando aplican el Derecho de la Unión, los Estados miembros están obligados a garantizar el respeto del derecho a la tutela judicial efectiva consagrado en el art. 47, párrafo primero, de la Carta, que constituye una reafirmación del principio de tutela judicial efectiva.  En lo que atañe, en primer lugar, al principio de equivalencia, este exige que el conjunto de normas aplicables a los recursos se aplique indistintamente a los recursos basados en la violación del Derecho de la Unión y a aquellos, similares, basados en la infracción del Derecho interno. Por lo que respecta, en segundo lugar, al principio de efectividad, es preciso subrayar que un recurso de anulación interpuesto contra una decisión de traslado, en el marco del cual el órgano jurisdiccional que conoce del asunto no puede tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de dicha decisión que son determinantes para la correcta aplicación del Reglamento Dublín III, no garantiza una tutela judicial suficiente que permita a la persona interesada ejercer los derechos que le confieren ese Reglamento y el art. 47 de la Carta.

Sin embargo, entiende el Tribunal de Justicia que no puede excluirse que pueda garantizarse una tutela judicial suficiente, en el marco del sistema jurisdiccional nacional considerado en su conjunto, de otra manera que no sea la de la consideración de circunstancias determinantes posteriores a la adopción de la decisión de traslado a la hora de examinar el recurso destinado a garantizar el control de la legalidad de dicha decisión. Para conferir una tutela judicial suficiente a la persona interesada, una vía de recurso específica, distinta del recurso mencionado en el apartado anterior, debe garantizar, en la práctica, a esa persona, que podrá lograr que las autoridades competentes del Estado miembro requirente no puedan proceder al traslado de dicha persona a otro Estado miembro cuando una circunstancia posterior a la decisión de traslado se oponga a su ejecución. Dicha vía de recurso también debe garantizar que, cuando una circunstancia posterior a la decisión de traslado implique la responsabilidad del Estado miembro requirente, las autoridades competentes de este estén obligadas a adoptar las medidas necesarias para admitir dicha responsabilidad y para iniciar sin demora el examen de la solicitud de protección internacional presentada por la misma persona.

De ello deduce el Tribunal de Justicia que debe ser posible ejercer el recurso específico que permita tener en cuenta circunstancias posteriores a la adopción de la decisión de traslado que son determinantes para la correcta aplicación del Reglamento Dublín III cuando se produzcan tales circunstancias, sin que dicho ejercicio esté supeditado al hecho de que la persona afectada se vea privada de libertad o que la ejecución de la decisión de traslado de que se trate sea inminente.

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