Admisión del execuátur de una sentencia alemana por considerarse que no existe inconciliabilidad con otras resoluciones

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El Auto de la Audiencia de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 20 de junio de 2017 confirma el otorgamiento del reconocimiento y ejecución de sentencia alemana. al amparo del Reglamento Bruselas I. Considera la Audiencia que “en el caso que nos ocupa, no se ventila una cuestión de derechos reales sino que la materia es claramente contractual y de naturaleza obligacional: resolución de un contrato de compraventa de inmuebles; el hecho de que el objeto del contrato sea un inmueble no altera la naturaleza esencialmente contractual del litigio. En este sentido es clara y reiterada la jurisprudencia comunitaria y también española recaída sobre la materia. Así, y solo a modo de ejemplo de un supuesto similar al aquí planteado cabe citar el auto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 5 de abril de 2001, Gaillard ( C-518/99 ), que excluyó la aplicación de la norma de competencia exclusiva en materia de derechos reales inmobiliarios a una acción de resolución de un contrato de venta de un inmueble”. Respecto a la alegación de que el reconocimiento era manifiestamente contrario al orden público del Estado miembro requerido (art. 34.1º Reglamento), entiende la Sala que no se dan en el caso (…) elementos que permitan sostener esta manifiesta contrariedad (…); en modo alguno puede considerarse que existe tal contrariedad, si es lo que se pretende, por procederse al reconocimiento de la ejecutividad de las sentencias alemanas sin el tan alegado incumplimiento de la condición previa de transmisión, ya que, como se ha expuesto, dicha cuestión, de fondo, habrá de esgrimirse, en su caso, en la fase de despacho de ejecución, y no en la declaración de ejecutoriedad.  en segundo lugar, y respecto de la eventual inconciliabilidad con otras resoluciones, considera esta Sala que no se da tampoco en el caso presente tal situación. En este caso sí alega expresamente la apelante que el auto recurrido es inconciliable con la sentencia cuya ejecución se solicita, ya que no se comprueba la previa transmisión de los inmuebles y muebles que estas sentencias contienen como condición previa para la obligación de pago. Y respecto de esta alegación no puede más que señalarse que no son esos los parámetros de la conciliabilidad prevista en este precepto sino que esta se predica respecto de resoluciones previas distintas de la propia resolución judicial de reconocimiento”.

En el procedimiento monitorio europeo, previo a resolver sobre la falta de competencia internacional debe darse audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal

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El Auto de la Audiencia provincial de Logroño, Sección Primera, de 5 de septiembre de 2017 estima en parte un recurso de apelación  y se declara que la juez a quo debe resolver, bien sobre el fondo del asunto, bien, planteada de oficio su posible falta de competencia internacional, sobre la misma. De acuerdo con la audiencia “el art. 65 de la LEC no es de aplicación al caso, pues como ya se ha señalado, la parte demandada no planteó en tiempo y forma la declinatoria. Y tampoco es de aplicación el art. 28 del Reglamento 1215/2012 , pues se refiere al supuesto de incomparecencia del demandado, y no debe olvidarse que el presente juicio verbal trae causa del previo procedimiento monitorio europeo en el que el demandado si compareció, oponiéndose al mismo. Por ello, es de aplicación el art. 38 LEC, que dispone: Apreciación de oficio de la falta de competencia internacional y de jurisdicción. La abstención a que se refieren los dos artículos precedentes se acordará de oficio, con audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal, tan pronto como sea advertida la falta de competencia internacional o la falta de jurisdicción por pertenecer el asunto a otro orden jurisdiccional . De modo que previo a resolver sobre la falta de competencia internacional, debió haberse dado audiencia a las partes y al Ministerio Fiscal, trámite imperativo que no se ha cumplido en este caso”.

El artículo 92 del Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del  Notariado de  31 de agosto de 2017 confirma la nota de calificación del registrador y afirma que ” si los compradores alemanes, pese a manifestarse en la escritura que adquieren conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad, sin embargo, éste no fuera el de participación en las ganancias (1363 ss BGB), por razón de la fecha de su matrimonio y por proceder de los Landers de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen (con inclusión del Lan de Berlín), y, en ese caso, han efectuado la declaración prevista en las Disposiciones Particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su régimen económico matrimonial de comunidad legítima de bienes regulado por el Código de la Familia de la República Democrática, en estos casos hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación”.

Competencia judicial internacional de los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Reglamento Bruselas I bis

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 19 de enero de 2017, considera que “el recurso interpuesto debe tener favorable acogida, al advertir la Sala, tras la lectura de la resolución impugnada que, efectivamente, tal y como sostiene el apelante, se ha producido una confusión en la instancia a la hora de interpretar el articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12.12.12 (Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Bruselas I bis), en concreto, a la hora de aplicar su art. 6, previsto solo para el caso de que la parte demandada no estuviera domiciliada en un Estado Miembro, cuando en el caso que nos ocupa consta que la Sra. E., de nacionalidad alemana tenía en ese país, Estado Miembro de la Unión, fijada allí su residencia antes de fallecer, por lo que dicho artículo no es de aplicación al caso, como tampoco lo es que su hipotética condición de consumidora determine, en función de lo previsto en el art. 17 del Reglamento, que los Tribunales españoles y en concreto el órgano remitente, carezca de competencia jurídica internacional para el conocimiento de la demanda, porque para ello sería necesario que el actor ejerciera actividades comerciales o profesionales en Alemania y que el contrato de prestación de servicios en virtud del cual se reclama estuviera comprendido en el marco de dicha actividad, y en absoluto consta que ello sea así”

Efectos de una demanda de divorcio, conforme a la Ley alemana, sobre la disposición testamentaria hecha a favor del cónyuge

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Cuarta, de 22 de marzo de 2017, estima un recurso de apelación afirmando entre sus considerandos que: “resulta procedente la acción entablada sin que a ello se oponga la razón fundamental en la que se apoya la sentencia apelada de no haberse promovido con carácter previo la acción de nulidad de la escritura de manifestación y adjudicación, pues, primero, se trata de una nulidad radical y absoluta, y, segundo, el ejercicio de esa acción no habría permitido la restitución, lo que hace procedente la acción de enriquecimiento (…). A la misma conclusión habría que llegar con la aplicación del ordenamiento alemán (§ 812 y § 818 del BGB) que sería aplicable no solo o no ya por sus disposiciones, sino por aplicación del art. 10.9º, párrafo tercero, del CC , en relación con el art. 9.8º del mismo Código , y ello de acuerdo con el informe pericial acompañado que acredita la vigencia y contenido de la Ley aplicable, si bien valorando dicho informe en lo que se refiere a su objeto propio (es decir, la vigencia y contenido de esa Ley) al margen de las valoraciones de interpretación que en el mismo se contiene y que reprocha como improcedentes la sentencia apelada”.

Cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el Estado de origen, el ejecutante tiene que acreditar que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 2 de marzo de 2017 estimó el recurso de apelación contra un auto recaído en primera instancia que dictó orden general de ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Regional de Darmstadt (Alemania). Según este Auto,  en el supuesto en cuestión se han cumplido por la parte que instó la ejecución de la sentencia del referido Tribunal alemán con los requisitos formales exigidos en los arts 54 y 58 del Reglamento 44/2001 , acompañando al efecto las certificaciones necesarias emitidas por tal órgano judicial al efecto. Sin embargo no cabe la posibilidad de ejecutar esta resolución por cuanto si bien no se exige para el reconocimiento de la ejecutoriedad del título acompañar la cédula de emplazamiento, lo cierto es que cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el estado de origen, y aun cuando aparezca en la certificación librada acompañada como documento 5 a la demanda, que fue emplazado, el ejecutante tiene que acreditar, por facilidad probatoria, que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento.