Competencia judicial internacional de los tribunales españoles en virtud de lo dispuesto en los arts. 5 y 7 del Reglamento Bruselas I bis

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Tercera, de 19 de enero de 2017, considera que “el recurso interpuesto debe tener favorable acogida, al advertir la Sala, tras la lectura de la resolución impugnada que, efectivamente, tal y como sostiene el apelante, se ha producido una confusión en la instancia a la hora de interpretar el articulado del Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo de 12.12.12 (Reglamento (UE) nº 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 diciembre 2012, relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, Bruselas I bis), en concreto, a la hora de aplicar su art. 6, previsto solo para el caso de que la parte demandada no estuviera domiciliada en un Estado Miembro, cuando en el caso que nos ocupa consta que la Sra. E., de nacionalidad alemana tenía en ese país, Estado Miembro de la Unión, fijada allí su residencia antes de fallecer, por lo que dicho artículo no es de aplicación al caso, como tampoco lo es que su hipotética condición de consumidora determine, en función de lo previsto en el art. 17 del Reglamento, que los Tribunales españoles y en concreto el órgano remitente, carezca de competencia jurídica internacional para el conocimiento de la demanda, porque para ello sería necesario que el actor ejerciera actividades comerciales o profesionales en Alemania y que el contrato de prestación de servicios en virtud del cual se reclama estuviera comprendido en el marco de dicha actividad, y en absoluto consta que ello sea así”

Efectos de una demanda de divorcio, conforme a la Ley alemana, sobre la disposición testamentaria hecha a favor del cónyuge

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Tenerife, Sección Cuarta, de 22 de marzo de 2017, estima un recurso de apelación afirmando entre sus considerandos que: “resulta procedente la acción entablada sin que a ello se oponga la razón fundamental en la que se apoya la sentencia apelada de no haberse promovido con carácter previo la acción de nulidad de la escritura de manifestación y adjudicación, pues, primero, se trata de una nulidad radical y absoluta, y, segundo, el ejercicio de esa acción no habría permitido la restitución, lo que hace procedente la acción de enriquecimiento (…). A la misma conclusión habría que llegar con la aplicación del ordenamiento alemán (§ 812 y § 818 del BGB) que sería aplicable no solo o no ya por sus disposiciones, sino por aplicación del art. 10.9º, párrafo tercero, del CC , en relación con el art. 9.8º del mismo Código , y ello de acuerdo con el informe pericial acompañado que acredita la vigencia y contenido de la Ley aplicable, si bien valorando dicho informe en lo que se refiere a su objeto propio (es decir, la vigencia y contenido de esa Ley) al margen de las valoraciones de interpretación que en el mismo se contiene y que reprocha como improcedentes la sentencia apelada”.

Cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el Estado de origen, el ejecutante tiene que acreditar que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento

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El Auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, Sección Cuarta, de 2 de marzo de 2017 estimó el recurso de apelación contra un auto recaído en primera instancia que dictó orden general de ejecución de sentencia dictada por el Tribunal Regional de Darmstadt (Alemania). Según este Auto,  en el supuesto en cuestión se han cumplido por la parte que instó la ejecución de la sentencia del referido Tribunal alemán con los requisitos formales exigidos en los arts 54 y 58 del Reglamento 44/2001 , acompañando al efecto las certificaciones necesarias emitidas por tal órgano judicial al efecto. Sin embargo no cabe la posibilidad de ejecutar esta resolución por cuanto si bien no se exige para el reconocimiento de la ejecutoriedad del título acompañar la cédula de emplazamiento, lo cierto es que cuando el ejecutado alega que no fue emplazado en el estado de origen, y aun cuando aparezca en la certificación librada acompañada como documento 5 a la demanda, que fue emplazado, el ejecutante tiene que acreditar, por facilidad probatoria, que sí lo fue aportando la cédula de emplazamiento.