El Tribunal Supremo reconoce que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para ejercer el derecho de rectificación en España

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, de 15 de septiembre de 2017,  ha reconocido que el Gobierno de Gibraltar está legitimado para litigar en España en ejercicio del derecho de rectificación sobre informaciones publicadas en medios de comunicación españoles que sean perjudiciales para las instituciones y la sociedad gibraltareñas. La Sala indica que, aunque Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, conforme a la legislación interna española reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles para ejercer dicho derecho. La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Rafael Sarazá Jimena, reconoce al Gobierno de Gibraltar capacidad para ser parte y capacidad procesal, de conformidad con el art. 9.11 del Código civil, que se remite a la ley personal aplicable para determinar la personalidad jurídica y, con ello, la capacidad para ser parte y la capacidad procesal. De este modo, si bien Gibraltar no tiene el reconocimiento de Estado independiente en el Derecho internacional, por tratarse de una colonia de la corona británica, conforme a su legislación interna reúne los requisitos precisos para reconocerle personalidad jurídica y, por tanto, puede ser parte en un proceso ante los tribunales españoles. Por otra parte, la publicación de hechos que afectan a Gibraltar, tanto a personas y empresas radicadas en ella como a sus instituciones, relacionadas con
actividades reprobables y en su mayoría ilícitas (contrabando, blanqueo de capitales, tráfico de drogas, secreto bancario y, en general, conexiones con redes criminales) afecta a las instituciones gibraltareñas, por la permisividad que se atribuye a las autoridades en relación con estas actividades, y resulta negativa para la sociedad gibraltareña en su conjunto. Por ello, la sentencia reconoce al Gobierno de Gibraltar legitimación activa en el ejercicio del derecho de rectificación de las informaciones publicadas.

 

Firma del Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, y Australia para profundizar la cooperación en seguridad, clima y economía

Australia y la Unión Europea firman un acuerdo de cooperación

La Alta Representante de Política Exterior y Seguridad Común de la Unión Europea, Federica Mogherini, y la ministra de Asuntos Exteriores de Australia, Julie Bishop, han firmado en Manila el 7 de marzo de 2017 un Acuerdo Marco entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y Australia, por otra . Dicho acuerdo pretende para fortalecer la cooperación entre Bruselas y Canberra en materia de seguridad y acción exterior, lucha contra el cambio climático y economía entre otras y servirá para adelantar los trabajos previos a las negociaciones de un acuerdo de libre comercio global. Asimismo, el acuerdo permitirá abordar “desafíos” en los cuestiones como la acción exterior y la seguridad, el cambio climático, el desarrollo sostenible, la economía y el comercio. La UE ha afirmado además que impulsará unos vínculos más cercanos entre los líderes políticos, las empresas y la sociedad civil.

Decisiones de procedimiento del Tribunal arbitral del CIADI en el asunto Eskosol contra Italia

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Los cambios en los programas de estímulos y regulaciones en el sector de energías renovables en diversos países europeos han dado lugar a una serie de controversias relativas a inversiones.  Concretamente en un arbitraje en trámite del CIADI, entre Eskosol S.p.A. in Liquidazione (Eskosol)  y el Gobierno de la República Italiana (Italia) (Caso CIADI N.° ARB/15/50). El Tribunal se constituyó el 19 de octubre de 2016, con Jean Kalicki (EE UU), Presidente y Guido Satiago Tawil (Argentina) y Brigitte Stern (Francia), árbitros. Iniciado el procedimiento, la Demandada pretendió que se desestimaran las reclamaciones de Eskosol en una etapa temprana inicial del proceso, alegando la manifiesta falta de mérito jurídico. A su vez, la Demandada solicitó una garantía por las costas para cubrir una posible adjudicación de costas a favor del Estado sosteniendo que Eskosol no podría sufragar dicho laudo porque se encontraba en quiebra y el procedimiento fue financiado por un tercero finananciador. A principios de este año, el Tribunal dictó dos decisiones que abordaron estas solicitudes, la  Decision on Respondent’s Application under Rule 41(5), de 20 de marzo de 2017 y la Procedural Order nº 3 ((Decision on Respondent’s Request for Provisional Measures),  de 12 abril 2017.

El personal de vuelo dispone de la facultad de dirigirse al juez del lugar a partir del cual cumplan lo esencial de sus obligaciones respecto de su empresa

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda , de 14 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C‑168/16 y C‑169/16:  Nogueira y otros,  recuerda que en el caso de los litigios relativos a contratos de trabajo, el objetivo de las normas europeas de competencia judicial es proteger a la parte contratante más débil. Dichas normas permiten concretamente que el trabajador demande a su empresa ante el tribunal que considere más cercano a sus intereses, dándole la opción de acudir ante los tribunales del Estado miembro en que tenga su domicilio la empresa o ante los del lugar en que el trabajador desempeñe habitualmente su trabajo. En el caso del sector del transporte aéreo, resulta oportuno en particular determinar en qué Estado miembro se sitúa el lugar a partir del cual el trabajador efectúa sus misiones de transporte, al que vuelve tras dichas misiones, en el que recibe las instrucciones sobre las mismas y en el que organiza su trabajo, y el lugar en que se encuentran sus herramientas de trabajo. En el presente asunto debe tenerse en cuenta asimismo el lugar en que estén estacionadas las aeronaves a bordo de las que se desempeña habitualmente el trabajo. Por lo que se refiere más en particular a la posibilidad de asimilar el concepto de “lugar en el cual, o a partir del cual, el trabajador desempeñare habitualmente su trabajo” al de “base”, el Tribunal de Justicia precisa que, como consecuencia del método indiciario y con el fin de evitar estrategias de elusión, dicho concepto no puede asimilarse a ningún otro que figure en otros actos de Derecho de la Unión, incluido el de “base” que se recoge en un Reglamento de la UE aplicable a la aviación civil.

El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker pronuncia su Discurso sobre el Estado de la Unión 2017 ante los miembros del Parlamento Europeo

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Todos los años, en el mes de septiembre, el presidente de la Comisión Europea pronuncia ante el Parlamento Europeo su discurso sobre el Estado de la Unión, en el que hace balance del año que termina y presenta las prioridades para el año siguiente. El presidente expone asimismo las medidas que la Comisión se propone adoptar para hacer frente a los retos más acuciantes a los que se enfrenta la Unión Europea. El discurso es seguido de un debate en sesión plenaria. Ese acontecimiento marca el inicio del diálogo con el Parlamento Europeo y el Consejo dirigido a elaborar el programa de trabajo de la Comisión para el año siguiente. Siguiendo esta tradición el 13 de septiembre de 2017 el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker ha pronunciado su Discurso sobre el Estado de la Unión 2017 ante los miembros del Parlamento Europeo en Estrasburgo, en el que se ha expuesto sus prioridades para el año próximo y descrito su visión de la posible evolución de la UE de aquí a 2025. Dentro de las acciones previstas figura la fusión de los cargos de presidente de la Comisión Europea y del Consejo Europeo (…). Dentro de la documentación relevante de este evento figura un Dossier informativo sobre el Estado de la Unión 2017

Los Estados miembros no pueden adoptar medidas de emergencia en relación con los alimentos y piensos modificados genéticamente si no es evidente que existe un riesgo grave para la salud o el medio ambiente

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Tercera, de 13 de septiembre de 2017, asunto  C‑111/16: Fidenato y otros,  recuerda que tanto la legislación alimentaria de la Unión como la legislación de la Unión relativa a los alimentos y los piensos modificados genéticamente tienen por objeto garantizar un elevado nivel de protección de la salud humana y de los intereses de los consumidores, velando al mismo tiempo por el funcionamiento efectivo del mercado interior, del que la libre circulación de alimentos y piensos seguros y saludables constituye un aspecto esencial. En este marco, el Tribunal de Justicia observa que, cuando no se ha demostrado que sea evidente que un producto modificado genéticamente pueda constituir un riesgo grave para la salud humana, la sanidad animal o el medio ambiente, ni la Comisión ni los Estados miembros tienen la facultad de adoptar medidas de emergencia, como la prohibición del cultivo de maíz MON 810. El Tribunal de Justicia pone de manifiesto que el principio de cautela, que supone la existencia de incertidumbre científica en cuanto a la concurrencia de un riesgo determinado, no basta para adoptar tales medidas. Aunque este principio puede justificar la adopción de medidas provisionales de gestión del riesgo en el ámbito alimentario en general, no permite inaplicar o modificar, en particular flexibilizándolas, las disposiciones previstas para los alimentos modificados genéticamente, que ya han estado sujetos a una evaluación científica completa antes de su comercialización.

La eficacia de una cláusula de sumisión a tribunales extranjeros en el ámbito del transporte marítimo debe realizarse de forma individualizada para cada supuesto en concreto

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Novena, de 15 de mayo de 2017, considera no mediando cláusula sumisoria a Tribunales de un Estado de la Unión Europea, ni estando atribuida exclusivamente la competencia a los Juzgados de Hong Kong en virtud de convenio internacional aplicable, y no siendo de aplicación el Reglamento 1215/2012, procede la aplicación al caso de los arts. 468 y 468 de la Ley de Navegación Marítima que nos conducen a la revocación de la resolución apelada y desestimación de la declinatoria. La Audiencia no acepta ” los argumentos esgrimidos por la demandada relativos a la conveniencia para la actora de acudir a litigar concretamente a Hong Kong por el hecho de ser un importante centro de negocios y jurídico de Asia o la razonabilidad de tal fuero por la propia presencia de la demandada en China, o la pretendida ‘accesibilidad’ a tales tribunales por razón de que la demandante viajara a dicho país en febrero de 2014 para mantener relaciones comerciales, o finalmente por ser de aplicación el mismo régimen normativo a la solución del fondo de la controversia (Reglas de la Haya-Visby)”.