Según informa el diario limeño El Economista  Perú se sitúa en la primera posición de América Latina en número de controversias activas ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), alcanzando un total de 23 procedimientos en curso durante 2026. La incorporación de dos nuevos casos en los primeros meses del año ha consolidado esta posición, superando a otros países de la región que tradicionalmente ocupaban los primeros lugares.

El incremento reciente se vincula, en gran medida, con disputas en el sector energético, ámbito caracterizado por su elevada regulación y por la incidencia de factores económicos internacionales. A ello se añaden reclamaciones de naturaleza tributaria promovidas por inversionistas extranjeros, fenómeno que muestra una tendencia creciente en el arbitraje internacional de inversiones.

El panorama arbitral peruano refleja, asimismo, una diversificación sectorial, con controversias que alcanzan ámbitos como energía, minería e infraestructura. Este contexto pone de relieve la interacción entre cambios regulatorios, decisiones administrativas y expectativas de los inversores, que encuentran en el arbitraje internacional un cauce para canalizar sus reclamaciones.

De forma paralela, se ha observado un aumento de actuaciones dirigidas a la ejecución de laudos arbitrales favorables a inversionistas en jurisdicciones extranjeras. Diversas empresas han acudido a tribunales internacionales para exigir el cumplimiento de indemnizaciones reconocidas en arbitrajes, lo que evidencia la importancia de los mecanismos de ejecución previstos en el sistema Ciadi.

En este sentido, el régimen jurídico aplicable a estos procedimientos presenta una singularidad relevante: los laudos dictados en este marco gozan de reconocimiento automático en múltiples jurisdicciones, sin necesidad de procedimientos adicionales de homologación, lo que refuerza su eficacia y atractivo para los operadores económicos.

Desde la perspectiva de política pública, la elevada exposición arbitral del Estado peruano ha sido cuantificada en estimaciones oficiales que contemplan escenarios de riesgo significativo en caso de resultados adversos. No obstante, se subraya la continuidad en el cumplimiento de las obligaciones internacionales como elemento esencial para preservar la confianza de los inversores.

El posicionamiento de Perú en el ámbito arbitral internacional se encuentra también vinculado a la práctica contractual extendida de incluir cláusulas que remiten las controversias al Ciadi. Este diseño ha favorecido el acceso directo de múltiples disputas a este foro, tanto en el marco de tratados de inversión como en relaciones contractuales vinculadas a proyectos de inversión y asociaciones público-privadas.

En conjunto, el escenario actual confirma el papel central del arbitraje internacional en la gestión de controversias económicas en la región y sitúa a Perú como uno de los principales protagonistas en este ámbito, en un entorno marcado por la creciente complejidad de las relaciones entre Estado e inversores extranjeros.