Anulación de un laudo arbitral dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros

Resultado de imagen de Junta Arbitral de Transporte de Madrid

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 11 de junio de 2017 desestima una acción de anulación contra un laudo arbitral procedente de un arbitraje administrado por la Junta Arbitral de Transporte de Madrid por haber sido dictado por un colegio arbitral integrado por un número par de árbitros. La sala considera que lo dispuesto en el art. 9 del Reglamento de aplicación de la Ley de Ordenación del Transporte Terrestre, literalmente aplicado, “no encuentra acomodo en la remisión ‘a las normas de desarrollo’ que efectúa el art. 37.1º LOTT y tampoco en el reenvío al ejercicio de la potestad reglamentaria por el Gobierno, que ha de regular el procedimiento arbitral, según dispone el art. 38.1º LOTT. A falta de previsión especial en la Ley específica, la LOTT, de la que pudiera inferirse una norma como el art. 9.7º ROTT, deben constituir límite del ejercicio de la potestad reglamentaria los contenidos en las normas con rango de ley vigentes y, en particular, en la Ley de Arbitraje . Y máxime cuando el propio art. 38.1º LOTT atribuye a los Laudos dictados por las Juntas Arbitrales ‘los efectos previstos en la legislación general de arbitraje’: ninguna duda cabe de que la eficacia de esos laudos es la prevista en la LA -cosa juzgada y vis ejecutiva-, pero, en lógica consecuencia, también se ha de entender condicionada dicha eficacia a la no concurrencia de los motivos de anulación establecidos por la propia LA, como por otra parte establece expresamente el art. 9.8º ROTT. No cabe inferir de la LOTT  una habilitación al titular de la potestad reglamentaria para ordenar el procedimiento arbitral de forma que permita dictar los Laudos con una composición de la Junta en abierta contradicción con el art. 12.1º de la vigente Ley de Arbitraje .

Un Tribunal de la Corte Permanente de Arbitraje da la razón a Eslovenia en su conflicto de delimitación marítima contra Croacia

La Corte Permanente de Arbitraje ha publicado el Laudo arbitral de 29 de junio de 2017 en el PCA Case nº 2012-04 en la controversia de delimitación marítima que enfrentó a Croacia y a Eslovenia. El Tribunal arbitral estuvo integrado por los árbitros Gilbert Guillaume,  Vaughan Lowe, Bruno Simma , Rolf Einar Fife (desde el 25 de septiembre de 2015),  Nicolas Michel (desde el 25 de septiembre de 2015), Ronny Abraham (desde el 3 de agosto de 2015),  Budislav Vukas (hasta el 30 de julio de 2015),  Jernej Sekolec (hasta el 23 de julio de 2015). El Tribunal arbitral dio hoy la razón a Eslovenia ordenando que la frontera marítima entre ambos países fuese modificada. El mayor punto de la controversia era el de la Bahía de Pirán, situada en el Golfo de Trieste y cuyas aguas, que pertenecían a la antigua Yugoslavia antes de su desintegración, eran reclamadas por ambos países. El Tribunal acordó, de forma unánime, que más de tres cuartas partes de esas aguas deben pertenecer a Eslovenia, dándole a este país tanto los derechos de navegación como de vuelo de esa zona, en contra de la reclamación de Croacia, que había pedido que la bahía se dividiera por la mitad.

No se tiene en cuenta un acuerdo para un arbitraje fallido que versa sobre la misma cuestión litigiosa planteada en la demanda judicial

Resultado de imagen de cimentacion

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimosegunda, de 9 de mayo de 2017 no tiene en cuenta un acuerdo para un arbitraje fallido que, versaba sobre la misma cuestión litigiosa planteada en la demanda judicial. Para la Audiencia “debe puntualizarse que en modo alguno vincula al procedimiento judicial lo que fuera objeto del contrato de arbitraje, finalmente fallido, que se iba a realizar con la empresa Euroconsult, aunque fuera la medición del acero colocado desde la cimentación hasta la tercera planta, y ello porque, no habiendo sido llevado a cabo, las partes pueden plantear en esta vía jurisdiccional los hechos y pretensiones y argumentos defensivos que estimen oportunas, pero, además, de la propia documental obrante en autos se aprecia que por A.I. se remitió a HLS correo electrónico de fecha 15 de octubre de 2014 acerca del referido arbitraje, en el que mostraba su discrepancia con la utilización de las planillas de HLS, indicando que Euroconsult, debía elaborar sus propias planillas, de los elementos del proyecto objeto de medición, así que debía formar parte del arbitraje la medición total de la estructura del edificio vertical (…)  lo cual supone un rechazo expreso al objeto del arbitraje, por lo que no cabe invocar la infracción de la doctrina de los propios actos”.

El Tribunal de Justicia desestima los recursos de Eslovaquia y de Hungría contra el mecanismo provisional de reubicación obligatoria de solicitantes de asilo

Resultado de imagen de El Tribunal de Justicia desestima los recursos de Eslovaquia y de Hungría

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 6 de septiembre de 2017, asuntos acumulados C‑643/15 y C‑647/15: Eslovaquia y Hungría / Consejo, desestima en su totalidad los recursos interpuestos por Eslovaquia y Hungría. El Tribunal de Justicia rechaza la alegación de que debería haberse utilizado el procedimiento legislativo dado que el art. 78 TFUE, ap. 3, establece la exigencia de consultar al Parlamento Europeo cuando se adopten medidas sobre la base de esta disposición. A este respecto, el Tribunal de Justicia declara que el procedimiento legislativo sólo puede aplicarse cuando una disposición de los Tratados haga expresamente referencia a élConsidera, asimismo, que el mecanismo de reubicación establecido por la Decisión impugnada (Decisión (UE) 2015/1601 del Consejo, de 22 de septiembre de 2015, por la que se establecen medidas provisionales en el ámbito de la protección internacional en beneficio de Italia y Grecia) no constituye una medida manifiestamente inadecuada para contribuir a alcanzar su objetivo, que no es otro que ayudar a Grecia e Italia a hacer frente a las consecuencias de la crisis migratoria de 2015. A este respecto, el Tribunal de Justicia estima que la validez de la Decisión no puede cuestionarse a partir de apreciaciones retrospectivas sobre su grado de eficacia.

Ley aplicable a un contrato de arrendamiento celebrado en España, sobre un bien inmueble ubicado en España, suscrito por nacionales de Gran Bretaña (arrendadores) y España (arrendataria)

Resultado de imagen de Sant Vicenç dels Horts viviendas

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 7 de marzo de 2017, enjuicia un contrato de arrendamiento celebrado en España, sobre un bien inmueble ubicado en España, suscrito por nacionales de Gran Bretaña (arrendadores) y España (arrendataria), respecto del que se invocan determinados incumplimientos por parte de la arrendataria. Considera de Audiencia que “el contrato en cuestión se rige por la ley española (…) y de acuerdo con ella, cualquiera de los comuneros puede ejercitar acciones en interés de la comunidad. Consiguientemente, no es necesario remitirse a las normas que rijan el matrimonio de los arrendadores, pues conforme a las leyes españolas el arrendador está legitimado para reclamar el cumplimiento del contrato, sin necesidad de que actúen procesalmente los dos arrendadores”.

Un laudo del Ciadi declara la incompetencia del Tribunal en el asunto EuroGas Inc. y Belmont Resources Inc. c. Eslovaquia

Resultado de imagen de eurogas belmont

Un tribunal del CIADI dictó un Laudo el 18 de agosto de 2017 en el asunto EuroGas Inc. y Belmont Resources Inc. c. Eslovaquia (caso CIADI nº ARB/14/14) en un litigio planteado en virtud del APPRI entre Eslovaquia y Canadá de 14 de marzo de 2012. El Tribunal, que estuvo integrado por Pierre Mayer (Presidente), Emmanuel Gaillard y Brigitte Stern, consideró que las reclamaciones de Belmont no estaban comprendidas en el ámbito competencial del Tribunal en el marco del referido acuerdo. El laudo contó con la opinión disidente del árbitro Emmanuel Gaillard.

De acuerdo con el Convenio de La Haya en los procesos de restitución de menores el juez debe pronunciase únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y si procede o no la restitución del menor

Resultado de imagen de niño hondureño

La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sala Primera, de 23 de enero de 2017 desestima en su integridad el instado por la madre del menor, residente en la localidad de Les Planes d’Hostoles, por partir de “una premisa fáctica que no puede ser objeto de análisis en este proceso; esto es, se dice que el padre no estaba ejerciendo, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que se produjo el traslado del menor, e invoca un pretendido riesgo para el menor, en caso de devolución. Tal planteamiento está abocado al fracaso, puesto que además de no resultar acreditadas las razones expuestas y transcritas, se olvida que, en este concreto proceso, el Juez debe dictar sentencia en la que se pronunciará, únicamente, sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso ( art. 778 quinquies LEC )”.