La protección dispensada en el Tratado sobre la Carta de la Energía lo es a las inversiones extranjeras contra ‘medidas exorbitantes o discriminatorias’

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, de 20 de diciembre de 2017 declara que “la vulneración del Tratado sobre la Carta de la Energía que se invoca  para cuestionar la legalidad del Real Decreto 413/2014, debido -según allí se aduce- a ‘la falta de seguridad jurídica en relación con la protección de las inversiones en el extranjero’, al no prever una compensación equivalente ‘al justo valor de mercado de la inversión expropiada’, no puede ser acogida. Esta Sala, siguiendo los razonamientos expuestos en la sentencia de esta Sala jurisdiccional de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 12 de abril de 2012 (recurso 40/2011 ) y de 11 de junio de 2013 (recurso 259/2013), entre otras, no considera vulneradas las previsiones de dicho Tratado no solo por la dificultad de entenderlo aplicable a los inversores españoles respecto de las decisiones adoptadas por el Gobierno español, lo que no se aviene con las disposiciones de aquél, sino porque no se aprecia que nos encontremos ante los supuestos contemplados en los invocados arts. 10 y 13 del referido Tratado sobre la Carta de la Energía, pues la protección dispensada en dicho Tratado lo es a las inversiones extranjeras contra ‘medidas exorbitantes o discriminatorias’, sin que el nuevo régimen retributivo establecido en el Real Decreto-ley 9/2013 y en la Ley 24/2013, que desarrolla la norma reglamentaria impugnada, pueda merecer dicha consideración. Y sin que pueda calificarse de ‘nacionalización, expropiación o medida o medidas de efecto equivalente a la nacionalización o la expropiación’ (…). En efecto, el nuevo régimen se aplica a todos los productos de energía eléctrica que utilizan la tecnología fotovoltaica lo que disipa cualquier duda de trato discriminatorio. Y aun cuando el Tratado hecho en Lisboa el 17 de diciembre de 1994 promueve que las Partes Contratantes fomenten y creen ‘condiciones estables, equitativas, favorables y transparentes para que los inversores de otras Partes Contratantes realicen inversiones en su territorio’, la nota de ‘estabilidad’ debe entenderse referida al marco regulatorio en su conjunto, no a una medida aislada de las que lo componen, y tampoco puede interpretarse en el sentido de que suponga la absoluta petrificación del régimen inicialmente aprobado cuando, como aquí ocurre, ha habido cambio de circunstancias relevantes y motivos justificadores de la modificación regulatoria aplicada a la tecnología fotovoltaica. Las inversiones en esta tecnología siguen estando protegidas y fomentadas en España por un marco normativo sin duda favorable en su globalidad”.

El servicio de puesta en contacto con conductores no profesionales prestado por Uber está comprendido en los servicios en el ámbito de los transportes

Aplicación de Uber en el móvil.

La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 20 de diciembre de 2017, C‑434/15:  Asociación Profesional Elite Taxi, declara declara que ha de considerarse que un servicio de intermediación como el controvertido, que tiene por objeto poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a cambio de una remuneración, a conductores no profesionales que utilizan su propio vehículo con personas que desean efectuar un desplazamiento urbano, está indisociablemente vinculado a un servicio de transporte, y, por lo tanto, ha de calificarse de “servicio en el ámbito de los transportes”, a efectos del Derecho de la Unión. En consecuencia, un servicio de esta índole está excluido del ámbito de aplicación de la libre prestación de servicios en general, así como del ámbito de aplicación de la Directiva relativa a los servicios en el mercado interior y del de la Directiva sobre el comercio electrónico. De ello se desprende que, en el estado actual del Derecho de la Unión, incumbe a los Estados miembros regular las condiciones de prestación de estos servicios, siempre que se respeten las normas generales del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia considera, para empezar, que el servicio prestado por Uber no se limita a un servicio de intermediación consistente en poner en contacto, mediante una aplicación para teléfonos inteligentes, a un conductor no profesional que utiliza su propio vehículo con una persona que desea realizar un desplazamiento urbano. En efecto, en esta situación, el prestador de ese servicio de intermediación crea al mismo tiempo una oferta de servicios de transporte urbano, que hace accesible concretamente mediante herramientas informáticas y cuyo funcionamiento general organiza en favor de las personas que deseen recurrir a esta oferta para realizar un desplazamiento urbano. El Tribunal de Justicia señala a este respecto que la aplicación que proporciona Uber es indispensable tanto para los conductores como para las personas que desean realizar un desplazamiento urbano. También pone de manifiesto que Uber ejerce una influencia decisiva sobre las condiciones de las prestaciones efectuadas por estos conductores. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia estima que debe considerarse que este servicio de intermediación forma parte integrante de un servicio global cuyo elemento principal es un servicio de transporte y, por lo tanto, que no responde a la calificación de “servicio de la sociedad de la información”, sino a la de “servicio en el ámbito de los transportes”.

Primer aniversario del Blog

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El mes de noviembre de 2016 apareció este blog con la pretensión de suministrar información diaria de las novedades legislativas, jurisprudenciales, bibliográficas y de actualidad de las materias relacionadas con el tráfico privado externo: Arbitraje comercial y de inversiones, Derecho internacional privado, Derecho de los negocios internacionales, Derecho económico internacional y Derecho de la Unión Europea. Desde un primer momento el blog ha contado con una notable acogida que se ha incrementado en los últimos meses, superándose las 100.000 visitas. Semejante acogida constituye un gran estímulo para continuar con la labor emprendida.

¡Muchas gracias a todos los visitantes!

XI Seminario de Derecho internacional privado (Barcelona, 26 y 27 de octubre de 2017)

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Organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y bajo la dirección del profesor Rafael Arenas  se celebró a lo largo de los días 26 y 27 de octubre de 2017 el XI Seminario de Derecho internacional privado, con el tema central de “Regulación de la actividad económica en el ámbito internacional y libertad de establecimiento: Cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje”.

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Los Estados miembros no pueden imponer a las sociedades que desean trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 25 de octubre de 217, Asunto C-106/16: POLBUD – WYKONAWSTWOEl traslado del domicilio social de una sociedad sin que se produzca el traslado de su domicilio efectivo está comprendido en la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la Unión. Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud. Sobre la base de este acuerdo el inicio del procedimiento de liquidación se anotó en el Registro Mercantil polaco y se designó a un liquidador. El Tribunal de Justicia recuerda que el hecho de establecer el domicilio (social o efectivo) de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa no constituye un abuso en sí mismo. Así, la decisión de trasladar a Luxemburgo únicamente el domicilio social de Polbud, sin que ese traslado afecte al domicilio efectivo de la sociedad no puede, por sí misma, significar que ese traslado quede excluido de la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia afirma en segundo lugar que, si bien está autorizada en principio a trasladar su domicilio social a un Estado miembro distinto de Polonia sin perder su personalidad jurídica, con arreglo al Derecho polaco, una sociedad polaca como Polbud sólo puede obtener la cancelación de su inscripción registral tras haber sido liquidada. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, con arreglo al Derecho polaco, las operaciones de liquidación incluyen la terminación de las operaciones en curso, el cobro de los créditos, el cumplimiento de las obligaciones y la liquidación del patrimonio social, la satisfacción o garantía de los derechos de los acreedores, la presentación del balance final relativo a dichas operaciones así como el nombramiento de una persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad en liquidación. El Tribunal de Justicia considera que, al exigir la liquidación de la sociedad, la legislación polaca puede obstaculizar o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad. Dicha legislación constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia no admite como motivo de oposición al execuátur de un laudo CCI una situación de falta de independencia no incluida en las Directices de la IBA

Una Resolución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casacion Civil, de 28 de julio de 2017 concedió  el reconocimiento execuátur del laudo arbitral proferido en el caso n° 16088/JFR/CA (Tampico Beverages Inc. v. Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería), administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El caso se versó sobre un acuerdo de licencia de marca comercial concluido en el año 2001 que  y fue cancelado por Tampico en 2009. Con posterioridad Tampico inició el arbitraje de la CCI para declarar la terminación del contrato de licencia y reclamar daños y perjuicios por la comercialización ilegal de su marca registrada. El tribunal arbitral resolvió a a favor de Tampico en relación con la rescisión del contrato, pero se negó a conceder una indemnización por daños. Sin embargo, el tribunal ordenó a Alquería pagar los honorarios de los árbitros y los costos de defensa legal de Tampico. Después de un intento fallido de Alquería de anular el laudo en Chile, Tampico presentó un execuátur ante la Corte Suprema de Colombia. Entre los motivos de oposición se argumentó falta de independencia e imparcialidad porque un árbitro no reveló su presencia en otro proceso arbitral, en el que el otro co-arbitro fungía como representante de la parte demandante, y éste como árbitro. La Corte descartó tal argumento al considerar que la situación denunciada “no está incluida en ninguno de los listados realizados por la International Bar Association, ni siquiera en el verde, lo que justificaría que no fuera objeto de revelación y que, por ende, no comprometa la independencia e imparcialidad”.

El Secretario del Tribunal Arbitral: ¿un cuarto árbitro?

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La decisión de la Commercial Corth de la  High Court of Justice (Queen’s Bench Division), de 9 de febrero de 2017, se pronunció sobre el papel del Secretario del Tribunal Arbitral, cuestión que se discute cada vez más en los últimos años debido esencialmente al exceso de dedicación de determinados árbitros que les impide atender individualmente y de manera conveniente a la pluralidad de arbitrajes en que intervienen. Por eso recurren cada vez más a los secretarios administrativos, lo cual no deja de plantear problemas, como puso de relieve el caso Yukos. En el presente asunto se realizan importantes consideraciones acerca de los problemas de transparencia de los procedimientos de arbitraje cuando se el tribunal arbitral  cuenta con el concurso de un secretario.