Primer aniversario del Blog

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El mes de noviembre de 2016 apareció este blog con la pretensión de suministrar información diaria de las novedades legislativas, jurisprudenciales, bibliográficas y de actualidad de las materias relacionadas con el tráfico privado externo: Arbitraje comercial y de inversiones, Derecho internacional privado, Derecho de los negocios internacionales, Derecho económico internacional y Derecho de la Unión Europea. Desde un primer momento el blog ha contado con una notable acogida que se ha incrementado en los últimos meses, superándose las 100.000 visitas. Semejante acogida constituye un gran estímulo para continuar con la labor emprendida.

¡Muchas gracias a todos los visitantes!

XI Seminario de Derecho internacional privado (Barcelona, 26 y 27 de octubre de 2017)

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Organizado por la Universidad Autónoma de Barcelona y el Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y bajo la dirección del profesor Rafael Arenas  se celebró a lo largo de los días 26 y 27 de octubre de 2017 el XI Seminario de Derecho internacional privado, con el tema central de “Regulación de la actividad económica en el ámbito internacional y libertad de establecimiento: Cuestiones societarias, fiscales, de Derecho de la competencia, Derecho privado y arbitraje”.

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Los Estados miembros no pueden imponer a las sociedades que desean trasladar su domicilio social a otro Estado miembro una obligación de liquidación

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 25 de octubre de 217, Asunto C-106/16: POLBUD – WYKONAWSTWOEl traslado del domicilio social de una sociedad sin que se produzca el traslado de su domicilio efectivo está comprendido en la libertad de establecimiento protegida por el Derecho de la Unión. Polbud es una sociedad constituida en Polonia. Mediante un acuerdo adoptado en 2011, la junta general extraordinaria de socios de la mencionada sociedad decidió trasladar su domicilio social a Luxemburgo. Del mencionado acuerdo no resulta que también fuesen trasladados a Luxemburgo el lugar de la dirección empresarial y el ejercicio efectivo de la actividad económica de Polbud. Sobre la base de este acuerdo el inicio del procedimiento de liquidación se anotó en el Registro Mercantil polaco y se designó a un liquidador. El Tribunal de Justicia recuerda que el hecho de establecer el domicilio (social o efectivo) de una sociedad de conformidad con la legislación de un Estado miembro con el fin de disfrutar de una legislación más ventajosa no constituye un abuso en sí mismo. Así, la decisión de trasladar a Luxemburgo únicamente el domicilio social de Polbud, sin que ese traslado afecte al domicilio efectivo de la sociedad no puede, por sí misma, significar que ese traslado quede excluido de la libertad de establecimiento. El Tribunal de Justicia afirma en segundo lugar que, si bien está autorizada en principio a trasladar su domicilio social a un Estado miembro distinto de Polonia sin perder su personalidad jurídica, con arreglo al Derecho polaco, una sociedad polaca como Polbud sólo puede obtener la cancelación de su inscripción registral tras haber sido liquidada. A este respecto, el Tribunal de Justicia señala que, con arreglo al Derecho polaco, las operaciones de liquidación incluyen la terminación de las operaciones en curso, el cobro de los créditos, el cumplimiento de las obligaciones y la liquidación del patrimonio social, la satisfacción o garantía de los derechos de los acreedores, la presentación del balance final relativo a dichas operaciones así como el nombramiento de una persona encargada de la custodia de los libros y documentos de la sociedad en liquidación. El Tribunal de Justicia considera que, al exigir la liquidación de la sociedad, la legislación polaca puede obstaculizar o incluso impedir la transformación transfronteriza de una sociedad. Dicha legislación constituye, por tanto, una restricción a la libertad de establecimiento.

La Corte Suprema de Justicia de Colombia no admite como motivo de oposición al execuátur de un laudo CCI una situación de falta de independencia no incluida en las Directices de la IBA

Una Resolución de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, Sala de Casacion Civil, de 28 de julio de 2017 concedió  el reconocimiento execuátur del laudo arbitral proferido en el caso n° 16088/JFR/CA (Tampico Beverages Inc. v. Productos Naturales de la Sabana S.A. Alquería), administrado por la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. El caso se versó sobre un acuerdo de licencia de marca comercial concluido en el año 2001 que  y fue cancelado por Tampico en 2009. Con posterioridad Tampico inició el arbitraje de la CCI para declarar la terminación del contrato de licencia y reclamar daños y perjuicios por la comercialización ilegal de su marca registrada. El tribunal arbitral resolvió a a favor de Tampico en relación con la rescisión del contrato, pero se negó a conceder una indemnización por daños. Sin embargo, el tribunal ordenó a Alquería pagar los honorarios de los árbitros y los costos de defensa legal de Tampico. Después de un intento fallido de Alquería de anular el laudo en Chile, Tampico presentó un execuátur ante la Corte Suprema de Colombia. Entre los motivos de oposición se argumentó falta de independencia e imparcialidad porque un árbitro no reveló su presencia en otro proceso arbitral, en el que el otro co-arbitro fungía como representante de la parte demandante, y éste como árbitro. La Corte descartó tal argumento al considerar que la situación denunciada “no está incluida en ninguno de los listados realizados por la International Bar Association, ni siquiera en el verde, lo que justificaría que no fuera objeto de revelación y que, por ende, no comprometa la independencia e imparcialidad”.

El Secretario del Tribunal Arbitral: ¿un cuarto árbitro?

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La decisión de la Commercial Corth de la  High Court of Justice (Queen’s Bench Division), de 9 de febrero de 2017, se pronunció sobre el papel del Secretario del Tribunal Arbitral, cuestión que se discute cada vez más en los últimos años debido esencialmente al exceso de dedicación de determinados árbitros que les impide atender individualmente y de manera conveniente a la pluralidad de arbitrajes en que intervienen. Por eso recurren cada vez más a los secretarios administrativos, lo cual no deja de plantear problemas, como puso de relieve el caso Yukos. En el presente asunto se realizan importantes consideraciones acerca de los problemas de transparencia de los procedimientos de arbitraje cuando se el tribunal arbitral  cuenta con el concurso de un secretario.

La CNMC aprueba la Resolución sobre los criterios que deben cumplir las empresas que quieran ofrecer el servicio internacional de viajeros por tren

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La CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ha aprobado una Resolución sobre los criterios que deben cumplir las empresas que quieran ofrecer el servicio internacional de viajeros por tren, de 22 de septiembre de 2017. Se trata de los criterios con que analizará los nuevos servicios de transporte internacional de viajeros por ferrocarril prestadas por empresas alternativas a Renfe. Estos servicios están liberalizados desde 2010 y permiten recoger y dejar viajeros en cualquiera de las estaciones situadas a lo largo del trayecto internacional, incluso las situadas dentro de un mismo Estado (cabotaje). Según la Resolución, hasta que no se transponga a la legislación española el 4º paquete ferroviario de la Unión Europea, aprobado en diciembre de 2016, la introducción de servicios ferroviarios internacionales no puede suponer la liberalización de los servicios nacionales de transporte por ferrocarril.  Las empresas afectadas por estos nuevos servicios internacionales pueden solicitar a la CNMC que determine si su objetivo principal es transportar viajeros entre estaciones situadas en estados miembros distintos o, por el contrario, transportar viajeros entre estaciones situadas en el mismo Estado miembro. La CNMC, según el Reglamento (869/2014), al igual que sus homólogos europeos, es la encargada de fijar los criterios para analizar las solicitudes. En concreto, la CNMC, cuando reciba una petición de revisión de un nuevo servicio internacional prestado por una empresa diferente a Renfe analizará de forma conjunta si cumple con los elementos establecidos en la Resolución

Lo único que el Convenio de La Haya de 1980 es restablecer la situación del menor en los términos en los que se encontraba antes de producirse una acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, de 29 de junio de 2017, desestimó el recurso de apelación interpuesto contra una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 15 de Las Palmas de Gran Canaria que ordenó la inmediata restitución del un menor, al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, Argentina, dentro de los tres días siguientes a la firmeza de la presente resolución, con expresa advertencia a la madre de que si se opusiere, impidiera u obstaculizara su cumplimiento, se podrán adoptar las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de forma inmediata, pudiendo recabarse la asistencia de los servicios sociales y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. De acuerdo con la Audiencia “Las condiciones concretas y excepciones a la obligación de acordar la restitución se establecen también específicamente en el Convenio (de la Haya) (arts. 12 y 13) y las autoridades del Estado requerido, en este caso España, sólo pueden denegar la restitución si se demuestra la concurrencia de alguna de las causas tasadas, lo que aquí no se ha producido. Lo que se pretende a través del Convenio es restablecer la situación en los términos en los que se encontraba antes de producirse una acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia, sin que ello implique decidir sobre el fondo de tal derecho (art. 19) ni sobre la mayor o menor conveniencia de que lo ostente uno u otro progenitor. Restablecida la situación inicial no hay ningún inconveniente en que se planteen las acciones que sean del caso para atribuir esa custodia a quien proceda o para modificar la atribución existente antes del traslado, si hubiere lugar, pero sobre ello deben decidir las autoridades del lugar de la residencia habitual del menor, que normalmente contarán con más y mejores elementos de juicio. No es objeto pues del procedimiento decidir acerca de la custodia del menor y/o sus reglas de ejercicio, como tampoco la de analizar las relaciones personales entre los progenitores, sino únicamente determinar si se da o no en el derecho del Estado requerido eficacia directa y automática a la resolución judicial de otro de los Estados firmantes , tras verificar si efectivamente se ha producido el traslado ilícito en el sentido del Convenio”.