El juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral (STSJ País Vasco 13 enero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 13 de enero de 2020 (ponente: Antonio García Martínez) procede a la designación judicial de un árbitro, estableciendo la siguiente doctrina:

«(…) A nuestro juicio, el examen del tribunal en el ejercicio de su función de apoyo para el nombramiento de árbitro debe limitarse a la comprobación de la existencia del convenio arbitral y de los presupuestos subjetivos y objetivos que, en principio, son necesarios para vincular a las partes y proceder al nombramiento sin que pueda extenderse a otros aspectos como la arbitrabilidad de la controversia o la validez o alcance exacto del convenio sobre los que, en su caso, podrá pronunciarse el árbitro al decidir sobre su propia competencia e incluso llegar a hacerlo el tribunal, pero a posteriori y no en el ejercicio de la función de apoyo, sino en la de control del arbitraje. La interpretación anterior es la que más y mejor se ajusta a lo prevenido por la LA, que establece: (i) en el art. 15.5º, sobre el nombramiento de los árbitros, que: «El tribunal únicamente podrá rechazar la petición formulada cuando aprecie que, de los documentos aportados, no resulta la existencia de un convenio arbitral»; (ii) en el art. 22.1º, sobre la potestad de los árbitros para decidir sobre su propia competencia, que: «Los árbitros estarán facultados para decidir sobre su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia o a la validez del convenio arbitral o cualesquiera otras cuya estimación impida entrar en el fondo de la controversia» y (iii) en la exposición de motivos, sobre el procedimiento de designación de árbitro(s) que: ‘el juez no está llamado en este procedimiento a realizar, ni de oficio ni a instancia de parte, un control de validez del convenio arbitral o una verificación de la arbitrabilidad de la controversia, lo que, de permitirse, ralentizaría indebidamente la designación y vaciaría de contenido la regla de que son los árbitros los llamados a pronunciarse, en primer término, sobre su propia competencia. Por ello, el juez sólo debe desestimar la petición de nombramiento de árbitros en el caso excepcional de inexistencia de convenio arbitral, esto es, cuando prima facie pueda estimar que realmente no existe un convenio arbitral; pero el juez no está llamado en este procedimiento a realizar un control de los requisitos de validez del convenio’. Lo que razonablemente se infiere del anterior conjunto normativo, y así lo han destacado a nivel doctrinal numerosos autores, es que el legislador ha considerado la denegación del nombramiento de árbitros como un supuesto excepcional que concurrirá cuando el tribunal pueda apreciar de forma fehaciente y palmaria la inexistencia del convenio arbitral mediante un análisis prima facie del mismo, pero no cuando para ello resulte necesario un análisis más complejo o de mayor profundidad que no procede realizar, puesto que ello impediría la aplicación del art. 22 y privaría a los árbitros de la potestad de decidir sobre su propia competencia. (…). Subsidiariamente, la parte demandada se opone a la demanda alegando la falta de requerimiento para la designación de árbitro y, por lo tanto, de oposición por su parte al arbitraje con carácter previo a su incoación. Es cierto, que la intervención judicial solo está justificada cuando, pese a haberlo intentado, las partes no han conseguido ponerse de acuerdo para la designación del árbitro. De lo dispuesto por el art. 15.3º LA (‘…’), que no ofrece, en este sentido, mucho margen interpretativo, no parece que pueda inferirse otra cosa. Ahora bien, intentar es tener ánimo de hacer algo, en este caso, designar árbitro, lo que era ajeno a los propósitos o intención de la parte demandada, que si algo ha dejado claro, incluso en este momento, es su voluntad contraria a dicha designación, por lo que no tiene ningún sentido dar pábulo a su objeción, que es de naturaleza puramente formal, al cuestionar la falta de lo que no hubiera servido para nada, y que, además, abocaría a las partes a intentar acodar una designación que ya se sabe de antemano que una de ellas rechaza, lo que carece de sentido, pues las devolvería a la jurisdicción reproduciéndose la actual situación o, cuando menos, y si fuera el caso de que la demandada se aviniese a acordar, retrasaría la designación sin causa justificada. De lo que ya se sigue no solo que este motivo de oposición carece de efecto útil, sino también que no resulta merecedor o digno de protección, dado que no responde a un interés legítimo de la parte demandada, cuya actuación abusiva no puede ser amparada (…). En definitiva, procede por todo lo anterior estimar la demanda y citar a las partes de comparecencia para la designación de árbitro».

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