Se destima una acción de anulación, pues no debe confundirse la motivación de la resolución de un laudo en equidad con el acierto o desacierto de la argumentación (STSJ Castilla La Mancha 10 febrero 2020)

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, Sala de lo Civil y Penal, Sección Primera, de 10 de febrero de 2020 desestima una acción de anulación contra un laudo dictado por un árbitro único en arbitraje administrado por la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Mediación en el Ámbito de la Economía Social, adscrito al Consejo Regional de Economía Social de Castilla La Mancha, con la siguiente argumentación:

«(…) Dice el art. 37.4º LA, vinculado con los arts. 24.1º y 117.3º CE, que el laudo deberá ser siempre motivado; motivación que consiste en la expresión de los motivos o razones que explican la decisión y en qué se ha basado el tribunal. La resolución debe contener el proceso lógico que conduce a la decisión del pleito, que lo aleje de la arbitrariedad; y el juicio de suficiencia debe realizarse a la luz de las circunstancias concretas de cada caso, porque su exigencia no se opone a concisión, parquedad o brevedad del razonamiento. Tratándose de un arbitraje en equidad no puede sostenerse que no requiera motivación. La equidad comporta un juicio personal, subjetivo, de pleno arbitrio, sin más fundamento que el ‘leal saber y entender’ del árbitro; por lo que se entiende bien realizada la motivación en equidad cuando la resolución se apoya en razones que permiten conocer cuáles han sido los criterios fundamentadores de la decisión, su ratio decidendi. Pues bien, el motivo decae porque el laudo que decide la controversia entre los litigantes supera el criterio de suficiencia de motivación al que no hemos referido. Tal como reflejamos en el primero de los fundamentos de esta resolución, sin valorar el acierto del razonamiento, queda claro por qué el árbitro decide excluir de la liquidación hecha al socio la partida referida a la deuda a largo plazo con la sección de Crédito de la Cooperativa, que es la única cuestión realmente sometida a debate. Se podrá compartir o no el fondo de la decisión; pero el razonamiento es claro y el demandante puede conocer (de hecho, así lo reproduce en su escrito de demanda ante este Tribunal) que simplemente lo decide porque el epígrafe utilizado en la liquidación no consta en el balance y cuentas auditadas a 31.08.2017, habiéndose eliminado del balance consolidado las deudas recíprocas entre las secciones, hecho para mostrar una imagen más fiel de la situación económica de la Cooperativa. La parte sí sabe por qué resuelve el árbitro, simplemente disiente de su parecer; pero no estamos ante un recurso revisorio del juicio arbitral, el de anulación es un recurso diferente. No debe confundirse la motivación de la resolución con el acierto o desacierto de la argumentación».

«(…) El segundo alegato que se sostiene en el recurso viene referido a la ausencia de la valoración de los medios probatorios practicados en el procedimiento arbitral (…) El motivo decae, aun siendo cierto que el fundamento de la resolución resulta únicamente de la documental aportada por las partes, que considera suficiente para resolver la única cuestión sometida a su consideración, que ciertamente tiene mayor contenido jurídico que fáctico. El árbitro debe realizar una libre apreciación de la prueba practicada y como dice la STS 9/6/2015 nº 336/2015 ‘…’. Y es que, en relación con el cumplimiento del requisito de motivación de la sentencia, es suficiente para una debida argumentación que el tribunal razone sobre aquellos elementos  relevantes a partir de los cuales obtiene sus conclusiones sin necesidad de que se refiera de manera exhaustiva a todos los medios de prueba obrantes en los autos ( SSTS de 8 de julio de 2009 y 5 de abril de 2010). La Jurisprudencia ya se ha encargado de asegurar que la valoración que se dé a la prueba no es causa de anulación del laudo arbitral».

«(…) Alega la demandante que la decisión del laudo está sustentada sobre un error técnico contable por considerar que la consolidación de cuentas (…). Todas las sucesivas leyes han prohibido a los tribunales que puedan conocer de los fondos de los asuntos que las partes libremente han decidido someter a un arbitraje (art. 19 de la ley de 1953; art. 11.1º de la ley de 1988 y de la ley de 2003). Ni tan solo pueden los tribunales examinar o revisar los supuestos errores del árbitro. La explicación se encuentra en el argumento conforme al que, si el arbitraje es fruto de la libertad y la autonomía de la voluntad de las partes y éstas lo estipulan sobre una materia disponible, el poder judicial solo es preciso que haga tareas de soporte (designación de árbitros) o tareas de control externo (recurso de anulación) o tareas de auxilio (ejecución forzosa) ( STS 22 de junio de 2009)».

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