Una demanda de indemnización interpuesta contra sociedades de clasificación y de certificación de buques por cuenta de un Estado tercero está comprendida en el Reglamento Bruselas I (STJ 7 mayo 2020)

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Primera, de 7 de mayo de 2020 (asunto asunto: C-641: Rina) declara que las víctimas del naufragio de un buque que enarbola pabellón panameño pueden entablar ante los tribunales italianos una acción de responsabilidad contra las organizaciones italianas que clasificaron y certificaron dicho buque. Estas organizaciones únicamente podrían ampararse en la inmunidad de jurisdicción en la medida en que sus actividades hubieran sido expresión del poder público del Estado panameño.

En 2006, el buque Al Salam Boccaccio ’98, que enarbolaba pabellón de Panamá, naufragó en el mar Rojo, cobrándose más de 1.000 víctimas. Los familiares de las víctimas y de los pasajeros que sobrevivieron al naufragio interpusieron ante el Tribunale di Genova (Tribunal de Génova, Italia) una demanda contra Rina SpA y el Ente Registro Italiano Navale (en lo sucesivo, conjuntamente, “sociedades Rina”), sociedades que llevaron a cabo las operaciones de clasificación y de certificación del buque naufragado y cuyo domicilio social se encuentra en Génova. Los demandantes solicitaron la indemnización de los perjuicios materiales y morales derivada de la eventual responsabilidad civil de las sociedades Rina, alegando que las citadas operaciones de clasificación y de certificación se encontraban en el origen del naufragio. Las sociedades Rina alegaron la falta de competencia del tribunal ante el que se interpuso la demanda invocando el principio de inmunidad de jurisdicción, dado que las operaciones de clasificación y de certificación que llevaron a cabo se hicieron por delegación de Panamá y, consecuentemente, son manifestación de las prerrogativas soberanas del Estado delegante. Preguntándose si los órganos jurisdiccionales italianos eran competentes, el tribunal ante el que se interpuso la demanda planteó una cuestión prejudicial.

En la presente sentencia el Tribunal de Justicia aborda la interpretación del concepto de “materia civil y mercantil”, a efectos del art. 1, ap. 1, del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (“Reglamento Bruselas I”), teniendo en cuenta las actividades de clasificación y de certificación de buques llevadas a cabo por las sociedades Rina, por delegación y por cuenta de Panamá, y a fin de dilucidar si los órganos jurisdiccionales italianos son competentes en virtud del art. 2, ap. 1, de dicho Reglamento (En virtud de esa disposición, las personas domiciliadas en un Estado miembro están sometidas, sea cual sea su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.). Para empezar, el Tribunal de Justicia recuerda que, si bien determinados litigios surgidos entre una autoridad pública y una persona de Derecho privado pueden estar comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento Bruselas I cuando la acción judicial tenga por objeto actos realizados sin implicar el ejercicio del poder público (iure gestionis), la situación es distinta cuando la autoridad pública actúa en ejercicio del poder público (iure imperii). A este respecto, el Tribunal de Justicia destaca que carece de relevancia que determinadas actividades se hayan llevado a cabo por delegación de un Estado: en efecto, el mero hecho de que determinadas facultades hayan sido delegadas por un acto de poder público no implica que estas facultades se ejerzan iure imperii. Lo mismo cabe decir del hecho de que las operaciones en cuestión se hayan desempeñado por cuenta y en interés de Panamá, ya que actuar en nombre del Estado no siempre implica el ejercicio de la autoridad pública. Además, el hecho de que determinadas actividades tengan una finalidad pública no constituye, en sí mismo, un elemento suficiente para calificarlas como actividades desempeñadas iure imperii. De tal modo, el Tribunal de Justicia subraya que, para determinar si las operaciones en cuestión se realizaron en ejercicio del poder público, el criterio pertinente es el recurso a poderes exorbitantes en relación con las normas aplicables en las relaciones entre particulares.

A tal efecto, el Tribunal de Justicia señala que las operaciones de clasificación y de certificación llevadas a cabo por las sociedades Rina consistían únicamente en acreditar que el buque cumplía los requisitos establecidos en las disposiciones aplicables y, en caso afirmativo, en expedir los certificados correspondientes. La interpretación y la elección de los requisitos técnicos aplicables estaban reservadas, por su parte, a las autoridades panameñas. Ciertamente, la verificación del buque por una sociedad de clasificación y de certificación puede llevar, en su caso, a la revocación del certificado por falta de conformidad con esos requisitos. No obstante, dicha revocación no deriva de la facultad de decisión de las citadas sociedades, que actúan dentro del marco reglamentario previamente definido. Si un buque ya no puede navegar tras ser revocado un certificado, ello se debe a la sanción que impone la ley. En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluye que, sin perjuicio de las comprobaciones que debe hacer el tribunal remitente, las operaciones de clasificación y de certificación llevadas a cabo por las sociedades Rina no pueden considerarse realizadas en el ejercicio de prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho de la Unión.

En segundo lugar, el Tribunal de Justicia examina la eventual incidencia, a efectos de la aplicabilidad del Reglamento Bruselas I, de la excepción fundada en el principio de Derecho internacional consuetudinario atinente a la inmunidad de jurisdicción. El Tribunal de Justicia destaca que ya declara que, en la situación actual de la práctica internacional, la inmunidad de jurisdicción de los Estados no tiene un valor absoluto, sino que se reconoce generalmente cuando el litigio se refiere a actos de soberanía realizados iure imperii. En cambio, puede excluirse si la acción judicial tiene por objeto actos que no pertenecen al ámbito del poder público. La inmunidad de jurisdicción de las organizaciones de Derecho privado, como las sociedades Rina, generalmente no se reconoce en relación con las operaciones de clasificación y de certificación de buques si estas no se han llevado a cabo iure imperii en el sentido del Derecho internacional. En consecuencia, el Tribunal de Justicia concluye que dicho principio no se opone a la aplicación del Reglamento Bruselas I en un litigio como el del asunto principal, cuando el órgano jurisdiccional que conoce del asunto compruebe que las organizaciones de clasificación y de certificación en cuestión no han recurrido a las prerrogativas de poder público en el sentido del Derecho internacional.

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