Se excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión a los tribunales de Londres

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El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Sección Sexta, de 11 de septiembre de 2017, desestima una declinatoria por falta de competencia internacional de tal modo que negando competencia internacional a los Juzgados y Tribunales de Londres, procede estimar como competentes internacionalmente a los Juzgados y Tribunales de España. El Juzgado, tras referirse art. 23 Reglamento (CE ) nº 44/2001 y al art. 25 del Reglamento (UE) nº 1215/2012  afirma que “tanto el documento de reserva de espacio en buque como el conocimiento del embarque pretenden someter al tribunal de Londres los litigios que el perjudicado pueda tener frente al transportista; y es hecho pacífico que la mercantil española demandada no ostenta dicha cualidad en cuanto actuó de simple transitaria en el puerto de Valencia (…) tanto los operarios del puerto que debían cumplir las órdenes de la demandada, como la propia mercantil demandada, la transportista terrestre y la demandante, ostentan la nacionalidad española y los hechos acaecieron dentro de las recíprocas obligaciones nacidas de un contrato de servicio de tránsito en territorio español [-donde finalizaba al cargar las mercancías a buque-]; lo que excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión dispuesta para un sujeto pasivo o demandado distinto y por hechos producidos por dos actividades concretas [-reserva de espacio y transporte marítimo-]; siendo ajenos a ello los hechos invocados”.

En un pleito sobre restitución de menores el empadronamiento en España no determina la residencia habitual al constituir un dato meramente administrativo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 3 de octubre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación , acordando la restitución del menor Carlos Francisco al Reino Unido en los siguientes términos: 1. Se ordena a la madre que lleve a cabo la restitución en el plazo de quince días, durante cuyo transcurso
podrá presentar la demanda ante los Tribunales competentes. Desde el momento en que la madre cumpla voluntariamente la orden de restitución y en tanto no se presente la demanda y se acuerde por el Tribunal competente las medidas de custodia y régimen de relación con el progenitor no custodio, se acuerda un régimen de relación del menor con su padre de dos días entre semana, martes y jueves desde las 18.00 a las 19.00 horas y los sábados y domingos desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, en el lugar designado por la madre o lugar neutral equivalente a punto de encuentro que determinen. Por el Juez de Primera Instancia se comunicará a través del Juez de enlace español dichas medidas a los Tribunales correspondientes. 2. Si transcurridos quince días la madre no ha restituido al menor al Reino Unido se ordena a la madre la entrega del menor al padre para su traslado al Reino Unido. 3. En tanto no se adopten medidas por el Tribunal competente se mantiene la prohibición a la madre de viajar fuera de España con el menor a otro destino que no sea el Reino Unido y se impone la misma prohibición al padre. La medida de protección se pondrá en conocimiento del Tribunal del Reino Unido a través del Juez de enlace español. La Audiencia, aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señaladamente la sentencia de 22 de diciembre de 2010 (asunto C-497/10 PPU, Mercredi), aprecia que “en el supuesto contemplado, pese a que la madre sostiene que su traslado al Reino Unido en 2014 era temporal, los datos fácticos objetivos contradicen la intención expresada por cuanto empezó a trabajar nada
más trasladarse a vivir al Reino Unido en julio de 2014, se quedó embarazada y el niño nació en (…) de 2016, dos años después de trasladarse a Reino Unido. La duración de la permanencia de ambos cónyuges en el Reino Unido y su integración laboral denota estabilidad y regularidad de la residencia, es decir, habitualidad y el niño nace en el Reino Unido, en el entorno familiar formado por su padre y su madre con quien convive durante los primeros meses de vida hasta que la madre se traslada a España y se instala en (…) con intención de quedarse sin el consentimiento del padre. El empadronamiento en (…) no determina la residencia habitual al constituir un dato meramente administrativo que no va acompañado de circunstancias fácticas que le den contenido a estos efectos, pues se mantiene un empadronamiento pero no se reside en la vivienda ni constituye ésta la base fáctica de la unidad familiar. La permanencia en el Reino Unido del matrimonio no se ha probado que haya sido forzada por el esposo, ni que la esposa se haya visto obligada en contra de su voluntad a vivir en dicho Estado”.

La remisión a la legislación inglesa no comporta reenvío de retorno al ordenamiento jurídico español, ya que existiendo en el haber hereditario bienes muebles varios, se produciría el fraccionamiento de la sucesión

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Cuarta, de 17 de abril de 2017, partiendo de la aplicación del art. 9.8º Cc considera que “siendo el causante súbdito inglés, la sucesión en sus bienes, derechos y acciones se rige por su ley nacional, toda vez que ni España ni Inglaterra han ratificado el Convenio sobre la Ley Aplicable a las Sucesiones por causa de muerte, hecho en La Haya el 1 de agosto de 1989, por lo que no resulta de aplicación su articulado, y atendiendo al domicilio declarado en el testamento abierto, coincidente con el reseñado en el certificado de defunción, el sr. Carlos Alberto residía en (…), en virtud del reenvío a la Ley española que prevé el art. 12.2º Cc, el demandante solicita la aplicación del Derecho español, y por tanto, su reconocimiento como heredero legitimario, pretensión que ha sido rechazada por la juzgadora de instancia al negar eficacia al reenvío por implicar el fraccionamiento de la normativa legal aplicable a la sucesión hereditaria, ruptura del principio de universalidad y vulneración del principio de armonización jurisprudencialmente consagrado, argumento que viene manteniendo de forma constante la jurisprudencia del Tribunal Supremo, y en tal sentido la sentencia de 12 de enero de 2015 (…). La anterior doctrina jurisprudencial aplicada al supuesto analizado impide aplicar la legislación española a la sucesión del difunto sr. Carlos Alberto, pues la remisión a la legislación inglesa no comporta reenvío de retorno al ordenamiento jurídico español, ya que existiendo en el haber hereditario bienes muebles varios, se produciría el fraccionamiento de la sucesión del causante, que debe regirse por su ley nacional y no por la del lugar donde se encuentren los bienes inmuebles. Por las razones expuestas, procede confirmar la resolución recurrida”.

Ley aplicable al régimen económico matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Sección Tercera, de 27 de enero de 2017  declara que el recurso de apelación no puede prosperar, por cuanto   “aún cuando los cónyuges de nacionalidad británica se hubieran divorciado en España, obvio es que por la existencia de un elemento de extranjería y en aplicación de la norma de Derecho internacional privado regulado en el art. 9 Cc en relación a los efectos del matrimonio, entre ellos los de naturaleza económica se rigen por el Derecho nacional común inglés cuya falta de acreditación es manifiesta en autos ex art. 281 Cc “

Un nacional de un Estado no perteneciente a la UE, miembro de la familia de un ciudadano de la Unión, puede disfrutar de un derecho de residencia en el Estado miembro en el que ese ciudadano haya residido antes de adquirir la nacionalidad de dicho Estado además de su nacionalidad de origen

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 14 de noviembre de 2017, asunto C-165/16: Lounes el Tribunal de Justicia comienza recordando que la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento no otorga ningún derecho autónomo a los miembros de la familia de un ciudadano de la Unión que sean nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, sino únicamente derechos derivados de aquellos de los que disfruta el ciudadano de la Unión de que se trate por el hecho de ejercer su libertad de circulación. A continuación, el Tribunal de Justicia señala que, de conformidad con la Directiva, son beneficiarios de los derechos que ésta confiere los ciudadanos de la Unión que se trasladen a, o residan en, un «Estado miembro distinto del Estado del que tenga[n] la nacionalidad», así como los miembros de sus familias que los acompañen o se reúnan con ellos. Además, el Tribunal de Justicia subraya que la Directiva, que enmarca las condiciones de ejercicio del derecho de los ciudadanos de la Unión a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, no pretende regular la residencia de los ciudadanos de la Unión en un Estado miembro del que son nacionales, puesto que éstos disponen en dicho Estado de un derecho de residencia incondicionado en virtud de un principio de Derecho Internacional. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia considera que la Directiva únicamente regula los requisitos de entrada y residencia de un ciudadano de la Unión en Estados miembros distintos del de su nacionalidad y, por ende, no puede servir de base a un derecho de residencia derivado en favor de los nacionales de un Estado no perteneciente a la UE, miembros de la familia de un ciudadano de la Unión, en el Estado miembro del que éste es nacional.

El Solicitors Disciplinary Tribunal de Londres sanciona a una importante firma de abogados y a uno de sus socios por no haber identificado un conflicto de intereses entre clientes en un supuesto de arbitraje internacional

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Por una decisión de 18 de julio de 2017, el Solicitors Disciplinary Tribunal (Caso nº 11592-2016), sancionó  a un prestigioso bufete de abogados y a uno de sus socios a pagar una fuerte multa por no haber identificado un conflicto de intereses entre clientes y no haber protegido la confidencialidad de la información obtenida.  La referida decisión del Consejo Disciplinario de Abogados londinense insiste en el celo que deben mostrar los abogados de las grandes firmas de abogados cuando se produzca un conflicto de intereses en los supuestos de arbitraje comercial internacional.  En cuanto a la conducta del bufete de abogados, el Tribunal subraya que éste contaba con “ample resources” para detectar la existencia de un aparente conflicto de intereses o un riesgo de conflicto de intereses y que tenía el deber de proteger a sus clientes para evitar esta situación.

No cabe esgrimir da rebeldía para oponerse al execuátur pues el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso en el extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Málaga, Sección Quinta, de 15 de mayo de 2017,  revoca la resolución del Juzgado y otorga el  reconocimiento en España a la sentencia dictada por el Tribunal Distrito de Aberdeen (Escocia) en un procedimiento de divorcio. La audiencia considera que ” la homologación pretendida ha de prosperar, pues ante la constatada ausencia de la parte demandada en el procedimiento de origen, la documentación aportada permite afirmar que el demandado tuvo cabal conocimiento de la existencia del proceso y que en él pudo ejercitar debidamente y en toda su extensión sus derechos de defensa, cuya tutela se alza ahora como obstáculo al execuátur, en salvaguardia del orden público del foro, en su sentido procesal. En tal sentido, se aprecia, que se notificó la existencia de la demanda a D. C. (…) lo que, sin duda, lleva a considerar que los actos de comunicación fueron plenamente eficaces en orden a posibilitar la comparecencia en juicio del demandado en tiempo útil para ejercitar plenamente sus derechos de defensa. No le cabe, por lo tanto, esgrimir la alegada rebeldía, ni, en general, falta de garantía procesal alguna, para oponerse al execuátur, debiendo tenerse por satisfechos los requisitos establecidos en el art.
954 LEC de 1881 , y, en suma, debiéndose considerar que la resolución extranjera se ajusta plenamente a
las exigencias del orden público en sentido internacional, tanto en su vertiente procesal como en su aspecto
material o sustantivo.