La London’s High Court ha dictaminado que dos inversores en plantas de energía solar españolas tienen derecho a embargar una propiedad española en Londres para ejecutar una sentencia de 120 millones de euros (131 millones de dólares) en una prolongada disputa sobre incentivos a las energías renovables. La orden de embargo provisional, que aún no es definitiva y puede ser objetada por el deudor, fue emitida el miércoles y se hizo pública el viernes.
Antecedentes
Los inversores, Infrastructure Services Luxembourg y Energia Termosolar, llevaron a España a arbitraje bajo el Tratado sobre la Carta de la Energía hace casi diez años por retirar las subvenciones a las energías renovables. A principios de la década de 2000, España intentó atraer a inversores en energías renovables con un programa de subvenciones, exenciones fiscales y tarifas de alimentación fijas garantizadas. Sin embargo, tras la crisis financiera de 2008, comenzó a modificar este marco, lo que algunos inversores consideraron una violación de sus expectativas legítimas.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial concedió a los inversores 101 millones de euros más intereses en 2018, y el laudo fue posteriormente registrado en el Tribunal Superior de Londres. España intentó anular el laudo alegando inmunidad soberana, pero el Alto Tribunal desestimó su solicitud en mayo.
Decisión del Juez Gary Thornett
En una decisión difundida el 2 de agosto de 2024, el juez Gary Thornett autorizó a Infrastructure Services Luxembourg y Energía Termosolar -los titulares del llamado laudo Antin- a apoderarse de los terrenos donde se ubica el Instituto Español Vicente Cañada Blanch de primaria y secundaria, con más de 400 alumnos y dependiente del Estado español. Dentro del recinto, en un antiguo convento de dominicas en el barrio londinense de Notting Hill, se encuentran también el Centro de Mayores Miguel de Cervantes, algunas dependencias del Instituto Cervantes y el Centro de Apoyo de la UNED, a los cuales se ha notificado asimismo la orden judicial como partes en el proceso.
Por el momento el Ministerio de Asuntos Exteriores español no ha hecho comentarios sobre esta decisión.
Nick Cherryman, abogado de los inversores, afirmó que la medida era necesaria debido a la negativa de España a cumplir el laudo en su contra y añadió que la decisión del Juez permite a sus clientes vender el terreno, pero no afecta a las actividades cotidianas de la escuela.
Este no es el único caso en que inversores en renovables afectados por ese cambio en el régimen de primas han logrado una orden provisional de embargo de activos españoles: el pasado abril, Blasket Renewable Investments obtuvo una que afecta al Instituto Cervantes y a Acció, la oficina comercial de la Generalitat catalana en Londres.
