El hecho de que el solicitante tenga un matrimonio poligámico es un elemento negativo para conferir la nacionalidad española

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso, Sección Quinta, de 14 de diciembre de 2017,  declara que no ha lugar al recurso de casación contra la una Sentencia de la Audiencia Nacional que confirmó lo resuelto por la Dirección General de los Registros y del Notariado por la que se denegó una la solicitud de adquisición de la nacionalidad española por residencia. Entre otros argumentos  el TS considera que “el concepto jurídico indeterminado de suficiente grado de integración en la sociedad española, como con absoluto acierto se considera en la sentencia recurrida, exige la armonización del régimen de vida del solicitante de la nacionalidad con los principios y valores sociales y culturales que configuran nuestra sociedad, y esa necesaria armonización se rompe en los supuestos de bigamia, no solo contrarios a nuestro ordenamiento jurídico sino incluso perseguidos penalmente”. Añade el Alto Tribunal que “la jurisprudencia, la propia que emana de las sentencias que cita el recurrente en el desarrollo argumental de esta cuestión, limita el acceso casacional de la valoración de la prueba por el Tribunal de instancia a supuestos de valoración ilógica o arbitraria, conducente a resultados inverosímiles. (…) La siguiente cuestión que plantea el recurrente es la relativa a la inexistencia de prueba acreditativa de su situación de poligamia. La sentencia recurrida infiere la existencia de poligamia de las certificaciones del Registro Civil acreditativas de que el recurrente ha tenido con dos mujeres diferentes dos hijos en el mes de (…) de 1994 y otros dos en el mes de (…) de 1996, circunstancia esta, la de tenencia de los hijos, en ningún momento cuestionada y, en todo caso, debidamente acreditada por la fuerza probatoria de los documentos públicos (arts. 317 y 318 LEC). Pues bien, constituyendo la circunstancia indicada un hecho probado, mal puede sostenerse el motivo con apoyo en la no acreditación de la situación de poligamia o en la vulneración de las reglas de la carga de la prueba.

Queda acreditado que el consentimiento de los cónyuges no estuvo viciado, por lo que no estamos ante un matrimonio de conveniencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 24 de octubre de 2017 desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona que declaró de nulidad respecto del matrimonio contraído por los demandados el 24 abril 2008, en el Ayuntamiento de Dosrius. Según la Audiencia que ” la falta de verdadero consentimiento matrimonial no suele constatarse habitualmente a través de pruebas directas de la voluntad simulada pues es lógico el interés de los implicados en mantener ocultas sus intenciones íntimas. Por ello de ordinario ha de acudirse a la prueba de presunciones de tal forma que conforme al art. 386 LEC, partiendo de unos indicios, el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho -ausencia de consentimiento matrimonial- siempre que entre el hecho admitido o demostrado y el presunto exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. Considera la Audiencia que “la sentencia de Primera Instancia ha valorado de forma acertada la prueba practicada, por lo que a ella nos remitimos, sin que sea necesario incurrir en inútiles reiteraciones pues lo verdaderamente relevante, vistas las alegaciones de los recurrentes, es determinar si en el presente caso las pruebas practicadas permiten constatar la ausencia de verdadero consentimiento matrimonial. Se trata, obviamente, de analizar intenciones íntimas de los contrayentes y dadas las dificultades de prueba que pueden presentarse, se acude normalmente a indicios, datos objetivos externos que revelen la voluntad interna de los contrayentes en el momento en que prestaron el consentimiento. Se ha acreditado que el matrimonio entre los demandado se celebró en 2008 y las manifestaciones en la Dirección General de la Policía, Brigada de extranjería y documentación se efectúan en 2013, cuando el Sr. Ángel acompaña a la Sra. Montserrat (de nacionalidad China) a realizar los trámites para obtener la tarjeta de residencia, y es en ese momento cuando afirma que va allí para hacerle un favor. Al parecer se malinterpretó su afirmación, y consideraron que el favor lo hizo cuando contrajo matrimonio con la codemandada, pero aclaró en el acto de la Vista el malentendido”.

Determinación de si un matrimonio civil concertado entre los cónyuges demandados puede ser calificado como matrimonio de “complacencia” o “blanco”

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 26 de octubre de 2017 confirma una sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Rubí en autos de nulidad matrimonial. Considera la Audiencia que “Para concluir si el matrimonio civil concertado entre los cónyuges demandados, puede ser calificado como
matrimonio de “complacencia” o “blanco”, hemos de referirnos igualmente a la doctrina de la Dirección General de los Registros y del Notariado que viene definiendo en diversas Resoluciones (de 13 y 20 de junio de 2001) a estas uniones como aquellas en las que no se busca en realidad contraer matrimonio entre un nacional y un extranjero, sino que se pretende, bajo el ropaje de dicha institución, que un extranjero se aproveche de las ventajas de la apariencia matrimonial, a los efectos especialmente de facilitar la entrada o de regularizar la estancia en territorio nacional o de obtener más fácilmente la nacionalidad del cónyuge aparente, enlace que ha de reputarse nulo en nuestro ordenamiento jurídico por falta de verdadero consentimiento matrimonial (arts. 45 y 73.1º Cc), planteándose el problema a resolver de cómo constatar esa ausencia de consentimiento ante la carencia de medios probatorios directos acerca de la voluntad simulada, de manera que descubrir la verdadera voluntad encubierta de las partes es tarea difícil para lo cual es perfectamente admisible acudir a indicios o presunciones judiciales a que se refiere el art. 386 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. (…).  La propia actitud de los demandados, su incomparecencia y la falta de argumentos contrarios a las declaraciones que constan efectuadas ante la Brigada de Extranjeria, no probada además a convivencia, lleva a concluir que el matrimonio se celebró con la finalidad de que el Sr. D., en paradero desconocido incluso para la Sra. A., pudiera regularizar su situación administrativa en este país y no tuvo su causa en la voluntad de establecer y mantener una comunidad de vida e intereses.

Frente a la inmutabilidad (salvo revocación expresa) del régimen económico matrimonial, la vecindad civil es esencialmente mutable

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, de 22 de septiembre de 2017 considera que “el régimen económico matrimonial se rige por el sistema legal vigente al tiempo de su celebración y se mantiene a lo largo de toda la vida del matrimonio, salvo que sea sustituido por otro distinto por pacto o capitulaciones entre los esposos. Frente a esta inmutabilidad (salvo revocación expresa) del régimen económico matrimonial, la vecindad civil es esencialmente mutable, pues conforme al art. 14.5º Cc, la vecindad civil se adquiere: 1ª Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser ésta su voluntad, y 2ª Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contra durante este plazo. Lo anterior significa que, por ejemplo, un matrimonio contraído bajo el régimen legal supletorio del Derecho común se sigue rigiendo por este régimen aunque los consortes cambien de lugar de residencia, pierdan su anterior vecindad civil, y adquieran una vecindad civil foral que recoja en su sistema jurídico un régimen económico matrimonial distinto del común. (…) Por consiguiente, la vecindad civil de la causante al tiempo de otorgar testamento y su manifestación expresa de hallarse sujeta al Derecho civil de Catalunya tan solo significa que en el momento en que otorgó el indicado testamento esta era su vecindad civil, y que de mantenerse esta misma vecindad hasta el fallecimiento su sucesión se regiría por lo establecido en Catalunya. Pero el Derecho aplicable a la sucesión nada tiene que ver con el régimen económico matrimonial de la causante, sino que la determinación de cual sea este régimen deberá efectuarse conforme a reglas distintas de las propias que regulan la sucesión y que, como antes se ha explicado, no sufre alteración alguna aunque cambie la vecindad civil de los contrayentes”.

Se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica (Suecia)

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 31 de octubre de 2017,  declara que la actora es propietaria a título privativo de la finca sita en Ingarö (Suecia) Gustavsberg. Considera la Audiencia, en contra del criterio seguido en la resolución recurrida, que resultan de aplicación los arts. 4.1º.c, 4.3º y 11.1º y 5 del Reglamento (CE ) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Así, tras disponer el art. 3.1 del citado Reglamento Roma I que “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”, el art. 4.1º.c dispone que “1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo: (…) c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble”; el art. 4.3 dispone que “Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país”; el art. 11.1º dispone que “Un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado”, y el art. 11.5º dispone que “No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, todo contrato que tenga por objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre y cuando, en virtud de dicha ley: a) la aplicación de dichas normas sea independiente del país donde se celebre el contrato y de la ley que rija el contrato, y b) dichas normas no puedan excluirse mediante acuerdo”. Además, aunque el art. 10.7º Cc dispone que “Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante”, y las normas de Derecho sustantivo prevén el otorgamiento de escritura pública como requisito constitutivo (art. 531-12 CCCat y art. 633 Cc), el art. 11.1º Cc dispone que “Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen”. En este caso, se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica, es decir, Suecia.

Falta de acreditación por las autoridades rumanas del Derecho aplicable al régimen económico matrimonial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Soria, Sala Primera, de 26 de octubre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación interpuesto afirmando, entre otras cosas que “la ley que rige el régimen matrimonial que afecta al matrimonio es la que regirá en su disolución y liquidación y en la distribución del patrimonio que lo integre: el art. 9.2º Cc que se remite a la Ley personal común al tiempo de contraer matrimonio. En este sentido es atendible la alegación de que será la Ley Rumana, como Ley personal común, la aplicable, lo que no es obstáculo para que las cuestiones de liquidación del régimen económico-matrimonial rumano deban tramitarse por el procedimiento previsto para ello en los arts. 806 ss, como procedimiento especial previsto legalmente una vez asumida la competencia de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de la causa. Ahora bien, atendida la anterior alegación, resultando de aplicación la Ley de Rumanía, sin embargo, debe tenerse en cuenta que tratándose de Derecho extranjero debe ser objeto de prueba por parte de quien lo alega. Así, en los casos en que se desconoce el contenido del Derecho extranjero cuya aplicación se invoca, la jurisprudencia del Tribunal Supremo es pacífica en cuanto a la aplicación de la normativa española, al decir que la aplicación del Derecho extranjero es una cuestión de hecho y como tal ha de ser probada por la parte que lo invoca, de suerte que su aplicación no suscite la menor duda razonable a los tribunales españoles. La Audiencia señala que en el presente asunto ” no consta el certificado expedido por las autoridades rumanas competentes respecto a la vigencia y contenido actual de la legislación rumana, no quedando, por tanto, acreditado que la traducción aportada corresponda a la normativa vigente. Aunque resulte de aplicación la legislación rumana, no ha quedado acreditado el contenido de la misma, resultando de aplicación la jurisprudencia ya citada”.

La aportación de billetes de autobús y avión de dos viajes a Oviedo destruyen, entre otros datos, una presunción de matrimonio simulado

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de julio de 2017 considera que no ha existido un matrimonio simulado entre un español y una dominicana considerando, entre otras cosas, que “los demandandos han aportado al proceso billetes de avión y autobús, acreditativos de dos viajes a Oviedo, después del enlace matrimonial. Han acompañado amplio material gráfico, en forma de fotografías, referidas a la pareja matimonial, en donde se reflejan actitudes el dia de la boda, celebración de cumpleaños, reuniones familiares y diferentes momentos de carácter íntimo que pertenecen a la esfera privada y que evidencian la relación afectiva de los cónyuges, mas allá de meros posados ficticios”.