Adquisición de la nacionalidad española en interés de una menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 28 de septiembre de 2017 confirma la decisión, en autos de jurisdicción voluntaria, de atribuir a la madre de una menor la facultad de decidir en la tramitación de un expediente de obtención de la nacionalidad española. Argumenta el apelante que siendo ambos progenitores marroquíes y un hermano que vive en Marruecos también, no tiene interés para la menor el cambio de nacionalidad de origen. Resulta pero que esa nacionalidad de origen se tiene por ius sanguinis, es decir por ser hija de padres marroquíes, pero en realidad la niña ha nacido en España, tiene aquí arraigo pues su madre vive aquí desde hace años, está escolarizada aquí, tiene una hermana que vive con ella que ya ha adquirido la nacionalidad española y su situación legal depende, si conserva la nacionalidad marroquí, de la de sus padres, que para continuar viviendo aquí requieren del oportuno permiso de residencia. Sin embargo la Audiencia considera que “la adquisición de la nacionalidad española no ha de causarle ningún perjuicio sino todo lo contrario, ya que le permitirá acceder a los derechos de los nacionales españoles. Pero es que además, ninguna razón se da en el recurso para entender que esa decisión pueda causarle algún perjuicio, ni se argumenta que haya intención de trasladar su domicilio a Marruecos o que con ello vaya a perder algún derecho siendo que la niña desde su nacimiento ha vivido en España. La decisión del juez de primera instancia es racional y totalmente lógica ajustándose al interés de la menor por lo que procede su confirmación”.

Denegación de la nacionalidad española por residencia por contestar de manera incompleta o incorrecta a las preguntas del Encargado del Registro Civil

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 21 de diciembre de 2017, desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que denegó al  actor su solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia. Considera la Audiencia que “para
comprobar tal grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles deviene esencial analizar el interrogatorio/entrevista efectuado a dicho solicitante de nacionalidad por tal Juez encargado del Registro Civil. Interrogatorio que en el presente caso es extenso, al constar de un total de 32 preguntas, varias de las cuales hacen referencia a su situación personal siendo unas 18 las que están directamente relacionadas con la cultura, política y costumbres españolas. Preguntas que son de carácter básico y no complejo, y junto a las que figuran las contestaciones del repetido solicitante de nacionalidad. Examinadas tales respuestas, resulta que la mayoría de ellas o bien se desconocen (se responden con un “No sabe”) o bien se contestan de manera equivocada por el mismo. Tal y como pone de manifiesto la resolución combatida, dicho Sr. Amadeo desconoce cuestiones tan elementales como qué sistema político existe en España, no sabe indicar ningún valor o principio constitucional, ni si España es un estado unitario o compuesto, ni qué es una Comunidad Autónoma, ni si existe la pena de muerte en España, no comprende el principio de igualdad entre hombres y mujeres, no sabe a qué edad se vota en España ni cuáles son los principales partidos políticos del país, ni los de Cataluña. Preguntado sobre cuál es la fiesta nacional dice que “Navidad”, sobre alguna noticia destacada contesta “el paro”, sobre el color de la bandera española “roja, amarilla” y sobre el color de la bandera catalana “amarillo y rojo””.

El Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes

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De acuerdo con las conclusiones del Abogado General Wathelet, presentadas el 10 de enero de 2018, el Acuerdo de pesca celebrado entre la UE y Marruecos no es válido por aplicarse al Sáhara Occidental y a las aguas adyacentes. En su opinión, al celebrar dicho Acuerdo, la Unión incumplió su obligación de respetar el derecho del pueblo del Sáhara Occidental a la libre determinación y su obligación de no reconocer una situación ilegal
resultante de la vulneración de dicho derecho, además de no instaurar las garantías necesarias para garantizar que la explotación de los recursos naturales del Sáhara Occidental redunde en beneficio del pueblo de dicho territorio. El Abogado General Melchior Wathelet propone que el Tribunal de Justicia conteste que sí es competente para apreciar si son legales los acuerdos internacionales celebrados por la Unión; que asociaciones de las características de Western Sahara Campaign sí están facultadas para poner en tela de juicio el Acuerdo de pesca; y que el Acuerdo de pesca no es válido, por aplicarse al territorio y las aguas del Sáhara Occidental. En cuanto a la posibilidad de que las personas físicas y jurídicas invoquen normas de Derecho internacional en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión, el Abogado General considera que deben poder invocarse ante el juez las normas de Derecho internacional que vinculen a la Unión cuando éstas sean incondicionales y suficientemente precisas en su contenido y cuando su naturaleza y estructura no obsten al control judicial del acto que se esté impugnando. El Abogado General considera también que dichos requisitos sí concurren en las tres normas de Derecho internacional que WSC invoca: 1) el derecho a la libre determinación, 2) el principio de soberanía permanente sobre los recursos naturales, en la medida en que éste obliga a que la explotación de los mismos redunde en beneficio del pueblo del Sáhara Occidental, y 3) las disposiciones de Derecho internacional humanitario de aplicación a la conclusión de acuerdos internacionales de explotación de los recursos naturales de territorios ocupados. De ello deduce el Abogado General que dichas normas pueden invocarse en el contexto del control judicial de acuerdos internacionales celebrados por la Unión.

No hay razón para impedir viajar a Marruecos a una menor durante las estancias con el padre

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 13 de junio de 2017, considera que en este supuesto, ambos litigantes son de nacionalidad Marroquí, contrajeron matrimonio en Marruecos en el año 2003, si bien residen en España desde hace años y el cese de la convivencia se produjo en el año 2015. Después de la ruptura mantienen sus domicilios en España y consta que ambos tienen arraigo (empleo y vivienda). Como consigna la sentencia recurrida no cabe adoptar en este caso una medida limitativa como la solicitada al no haberse practicado prueba tendente a acreditar el riesgo que alega la hoy recurrente y que es presupuesto exigido por el art. 233-1 h) CCCat. para imponer una medida tuitiva como lo es esta. “Las razones esgrimidas por la madre podrían derivar en una petición de limitación de visitas o de ejercicio exclusivo de la responsabilidad parental pero no son suficientes para evidenciar el riesgo que quiere evitarse con la prohibición de salida del territorio. La posibilidad de que el menor vaya a viajar a Marruecos durante las estancias con el padre  no alegada pero razonable no ha de suponer, por si solo, un riesgo ni entraña -sin mayores datos- dificultad para el cumplimiento de lo que ahora se resuelve sobre visitas, lo que implicaría una sustracción internacional de menores y la aplicación del Convenio de la Haya de 1980, al que está adherido Marruecos”. Además la Audiencia tiene en cuenta que “en el ámbito bilateral España tiene suscrito precisamente un Convenio Bilateral con el Reino de Marruecos de 1997 sobre Asistencia Judicial, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia de Derecho de Custodia, Derecho de Visita y Devolución de Menores”.

Necesidad de ser declara ejecutiva por un Tribunal español un “acta de divorcio revocable” pronunciada en Marruecos

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 11 de mayo de 2017 confirma la sentencia de instancia que desestimó una demanda  de modificación solicitando la extinción de la pensión fijada a la esposa al haberse procedido a la disolución del matrimonio por acta de divorcio revocable de fecha 27 de noviembre de 2006 del Tribunal de Primera Instancia de (…) de Marruecos, así como de la fijada a favor del hijo al haber adquirido la mayoría de edad y tener independencia económica. De acuerdo con la Audiencia “no cabe sino la desestimación del recurso y la confirmación de la sentencia de instancia ya que, al margen de que sólo se presenta una mera fotocopia y no el original o una copia auténtica debidamente legalizados o apostillados, de una resolución extranjera en lengua árabe a la que se acompaña una traducción que dice que es un “acta de divorcio revocable”, lo cierto es que sea cual sea la naturaleza de dicha resolución está dictada por un tribunal marroquí y por tanto precisa ser declarada ejecutiva por un tribunal español conforme al art. 25 del Convenio de Cooperación Judicial en materia civil, mercantil y administrativa entre el Reino de España y el Reino de Marruecos de fecha 30 de mayo de 1997, publicado en el BOE de 25 de junio de 1997, entrado en vigor el 1 de julio de 1999 (BOE 25 de junio de 1999), declaración de reconocimiento o execuátur regulado al tiempo de la demanda en los arts. 951 a 958 de la LEC y actualmente en los arts. 41 ss de la Ley 29/2015 de 30 de julio sobre Cooperación Internacional en materia civil, con objeto de comprobar que reúne
los requisitos del art. 23 del referido convenio para ser reconocida y ejecutada en España”.

La apreciación de una nulidad matrimonial debe hacerse con carácter restrictivo para determinar si nos hallamos ante un matrimonio de conveniencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 5 de septiembre de 2017 confirmó la sentencia de instancia que  declaró la nulidad de un matrimonio  celebrado en el Juzgado de Paz de Caldes de Montbiu,  un nacional español y un nacional marroquí. Según la Audiencia “es tarea ardua la de probar la situación de reserva mental y ausencia de consentimiento al acto que se está celebrando, el matrimonio, y por otra parte esta causa legal de nulidad matrimonial, como no podía ser de otra manera, su apreciación ha de hacerse con un carácter restrictivo . Este es uno de esos supuestos en lo que se exige un especial rigor a la hora de proceder al análisis de los hechos concurrentes de tal manera que sólo cuando resulte de forma inequívoca la concurrencia de esos elementos fácticos que evidencian una discrepancia entre la voluntad manifestada y la interna, puede concluirse la nulidad del matrimonio así celebrado, siempre teniendo en cuenta, además que ello puede entrar en colisión con el principio “favor matrimonio”. En el presente caso considera la Audiencia que “las respuestas en ambos interrogatorios son vagas, dubitativas, y contradictorias, pese a la claridad y sencillez de las cuestiones planteadas. Por el contrario lo que ello pone en evidencia es que no hay ni un proyecto de vida en común, ni una convivencia, ni un conocimiento mutuo que dado el tiempo transcurrido desde el matrimonio y desde el supuesto inicio de la relación, ya debía estar mas consolidado. Ante la evidencia de esta falta de convivencia y conocimientos no puede mas que concluirse que la celebración del matrimonio tuvo otra finalidad distinta”.

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Admisión de un recurso contra una denegación de execuátur por considerarse “demasiado rigorista” no adjuntar la documentación pertinente

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El Auto de la Audiencia Provincial de Cuenca, Sección Primera, de 26 de septiembre de 2017, estima un recurso de apelación contra una auto del Juzgado que denegó la ejecución de una sentencia de divorcio extranjera por no adjuntar la documentación pertinente. La Audiencia considera que “que la exigencia del Juzgado viene a ser demasiado rigorista. Las normas se deben interpretar en relación con el contexto, (art. 3.1º Cc), y si la propia Ley 29/2015, de 30 de julio, permite que el extremo relativo al contenido de algún documento pueda constar “…en la propia resolución…”, (véase el artículo 54.4.c de dicha Ley 29/2015 ), no parece desacertado interpretar que, en principio y al menos para la admisión de la solicitud, (y con independencia de lo que pueda resultar y decidirse durante el desarrollo ulterior del expediente), también estaría permitido que el específico extremo pretendido por el Juzgado de primera instancia de Tarancón, (documento que acredite si la Resolución se dictó en rebeldía, la entrega o notificación de la célula de emplazamiento o el documento equivalente), conste en la propia Resolución. Y aquí resulta que dicho extremo ya se refleja en la propia Sentencia dictada en el Reino de Marruecos, (el esposo intervino en el proceso, como demandante, asistido de Letrado), ya que en ella figura, entre otros datos, lo siguiente, (…)”.