Negativa a homologar una sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Fquih Ben Salah (Marruecos) (AAP Zaragoza 2ª 22 diciembre 2022)

El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 11 de diciembre de 2022, recurso nº 368 (ponente: Luis Alberto Gil Nogueras) confirma la resolución del Juzgado, por la que se acordaba no homologar la sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Fquih Ben Salah (Marruecos) el 04 de diciembre de 2017. De acuerdo con este Auto:

“(…) El Convenio de 30 de mayo de 1997. El reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa entre los Reinos de España y Marruecos, se sigue a través del Convenio reseñado, publicado en el BOE el 25 de junio de 1997. Conforme al art. 23 del referido Convenio, Las resoluciones judiciales en materia civil, mercantil y administrativa, dictadas por los órganos jurisdiccionales competentes de España y Marruecos, respectivamente, tendrán autoridad de cosa juzgada en el territorio del otro Estado, si reúnen las condiciones siguientes: 1. La resolución emana de un órgano jurisdiccional competente según las normas aplicables en el país en que hubiera sido dictada; 2. Las partes han sido legalmente citadas, representadas o declaradas rebeldes; 3. La resolución ha adquirido autoridad de cosa juzgada y ha llegado a ser ejecutiva conforme a las leyes del Estado en que haya sido dictada; 4. La resolución no contiene disposiciones contrarias al orden público del Estado en que se solicite la ejecución, ni a los principios del derecho internacional que sean aplicables en el mismo. Tampoco deberá ser contraria a una resolución judicial dictada en ese mismo Estado y que haya adquirido autoridad de cosa juzgada; 5. Que no se encontrase pendiente ningún proceso entre las mismas partes y por el mismo objeto ante algún órgano jurisdiccional del Estado requerido antes de iniciarse la acción ante el tribunal que haya dictado la resolución que deba ejecutarse. Según el artículo 28, La Parte que invoque la autoridad de cosa juzgada de una resolución judicial o que reclame la ejecución de la misma, deberá presentar: 1. Una copia de la resolución que reúna todas las condiciones necesarias para su autenticidad; 2. El original del documento de notificación de la resolución; 3. Una certificación del Secretario del tribunal que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso ni de apelación; 4. Una copia certificada conforme de la citación hecha a la parte que haya sido condenada en rebeldía!”.

“(…) Situación concreta del caso. La resolución impugnada deniega la petición del actor, en la medida en que entiende no acreditado el tercero de los requisitos previstos en el art. 23 del Convenio, esto es, entiende que no se ha acreditado que la resolución haya adquirido la autoridad de cosa juzgada, mediante la presentación de los documentos a los que hace referencia el art 28, cuya conjunta aportación se requiere para su acreditación. Examinada la documentación adjuntada por la presentación del actor faltan documentos requeridos a tal fin. Así contamos con la copia de la resolución con los documentos para su autenticación. No consta aportado el documento original de notificación de la resolución a la parte demandada, que hay que entender que no estaba en rebeldía, pues en la traducción presentada, se expresa que la resolución tiene en sus antecedentes reflejada la personación de la demandada a través de letrado. Tampoco consta una certificación del Secretario del Tribunal que haga constar que la resolución no ha sido objeto de recurso ni apelación. Tales documentos conforme al contenido del art 28 del Convenio resultan obligados, sin que se prevea en el mencionado convenio, que pueda acudirse a otros elementos para atender que la resolución ha ganado autoridad de cosa juzgada y resulta ejecutiva conforme a las leyes del Estado donde se dictó. La mención del recurrente acerca de la firmeza de la resolución que se contiene en la resolución, no empece la posibilidad de que finalmente pudiera haberse aceptado un recurso ulterior. De ahí la exigencia de la probanza a través del documento que el Convenio prevé. El Tribunal Supremo en Auto 5203/2007, de de mayo de 2007, expuso en relación a este tipo de proceso que «Este procedimiento, respecto del que tanto esta Sala como el Tribunal Constitucional -cada cual en su respectivo ámbito de competencias- han resaltado su carácter meramente homologador y su limitado ámbito objetivo, circunscrito a autorizar la eficacia de las decisiones foráneas una vez comprobada la concurrencia de los presupuestos a los que se condiciona semejante declaración, veta, en línea de principio, cualquier intento de revisión del fondo del asunto, ya referido a la selección de la norma de conflicto que se ha considerado aplicable tras la calificación del hecho, negocio o situación jurídica que integra el objeto del proceso seguido en el extranjero, ya referido a la ley material aplicable a dicho objeto traída por la norma de conflicto y a la corrección de su aplicación, ya, en fin, a la formación del juicio de hecho que ha determinado la base fáctica contemplada por el Tribunal de origen en la resolución del litigio y a la corrección del juicio jurídico consistente en la subsunción de tales hechos en el presupuesto fáctico previsto en la norma que se ha considerado aplicable, amén de la corrección jurídica de la interpretación de la norma aplicada. Los trámites procesales son, en consecuencia, acordes con esa naturaleza y carácter del proceso homologador y con su propio objeto y finalidad, imponiéndose la forma escrita y la prueba documental como rasgos definidores del mismo, articuladas en torno al escrito de solicitud y el escrito de oposición, en su caso, a la homologación pretendida, a los cuales han de acompañar los documentosque sirvan para acreditar la concurrencia de los requisitos de forma y fondo a losque se condiciona el execuátur, y los hechos capaces de enervar la eficacia de la norma que autoriza la producción de los efectos de la decisión foránea en España, respectivamente; ello, claro está, sin perjuicio de las facultades de subsanación que deben reconocerse a las partes en el proceso respecto del cumplimiento de los deberes procesales que pesan sobre cada uno de ellas”..

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