Una acción meramente declarativa de competencia desleal no neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoquinta, de 20 de octubre de 2017, estima una declinatoria arbitral, sustentada en la existencia de una cláusula de sumisión a arbitraje contenida en el único contrato escrito firmado por ambas partes  titulada “contrato de agencia general de ventas”. En consecuencia declara la falta de jurisdicción del Juzgado de lo Mercantil, y ordena someterse la cuestión al arbitraje pactado. Considera la Audiencia que bajo la apariencia formal del ejercicio acumulado de tres acciones distintas, en realidad la demandante ejercita una acción principal de reclamación de indemnización de daños y perjuicios -daño emergente e indemnización por clientela- que trae causa de un único contrato, acción a la que acumula otra sin ningún contenido concreto, más allá de la mera declaración de la infracción de la Ley de Competencia Desleal, que también puede dilucidarse en el proceso arbitral. Concretamente la Audiencia estima que: “tampoco la acción meramente declarativa de competencia desleal neutraliza la cláusula de sumisión al arbitraje (…).  La competencia desleal no es una materia excluida del arbitraje y la estrecha relación de la acción ejercitada con la acción contractual -tiene por fundamento los mismos hechos- determina que también quede afectada por la cláusula arbitral. En cualquier caso, de entenderse que se trata de una acción autónoma a la que no le alcanza el pacto de sumisión a arbitraje, habría que concluir que la actora no se ha ajustado a las reglas de la buena fe, como exigen los artículos 11.2º de la LOPJ y 247 LEC, dado que habría interpuesto una acción declarativa sin ningún efecto con la única intención de eludir el arbitraje”.

Nulidad del matrimonio por ausencia de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 7 de julio de 2017 confirma la nulidad y sin efecto alguno el matrimonio contraído entre un español y un brasileño en el Ayuntamiento de El Prat de Llobregat. Tras referirse a la doctrina jurisprudencial y registral sobre el tema la Audiencia considera que en el presente caso, “pese a las alegaciones de los recurrentes, es lo cierto que tras el visionado de la grabación de la vista celebrado no puede mas que llegarse a la misma conclusión que aquella que se declaro en la instancia, es decir, la procedencia de la nulidad del matrimonio , ante las evidentes contradicciones en que incurren los interesados, contradicciones que por otra parte ya se advertían en el expediente previo a la celebración del matrimonio, de modo que el posterior expediente administrativo y la prueba practicada en la vista no hacen mas que resaltar la falta de una auténtica vinculación emocional que acompaña al conocimiento humano de aquel con quien se asume el compromiso vital”.

Inexistencia de consentimiento matrimonial, pues ninguno de los contrayentes asumía los fines propios y específicos de la unión en matrimonio

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 13 de julio de 2017, confirma la nulidad de un matrimonio celebrado en España por inexistencia de consentimiento considerando que la esposa únicamente buscaba conseguir su regularización en España. Tras realizar un exhaustivo estudio de la doctrina jurisprudencial española, la Audiencia concluye afirmando que “no hubo consentimiento matrimonial, pues ninguno de los contrayentes buscaba crear una comunidad de vida entre ellos con la finalidad de asumir los fines propios y específicos de la unión en matrimonio, no buscaban un consorcio para toda la vida”

Suspensión de las actuaciones judiciales que sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 4 de mayo de 2017 estima parcialmente un recurso de apelación contra un Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona respecto de una cuestión de competencia internacional, declarando que las actuaciones quedan suspendidas y sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia. De acuerdo con la Audiencia “manifiesta la doctrina que con la reforma operada por la Ley 7/2015 de 21 de julio 2015 (…), la novedad más importante, en cuanto a las cláusulas de jurisdicción, no se encuentra en el art. 22 bis, estaba en el art. 22 ter , donde por primera vez en nuestro Derecho interno se reconoce expresamente el efecto derogatorio de aquéllas, la posibilidad de excluir la CJI de los tribunales españoles mediante la sumisión a un tribunal extranjero (de un tercer Estado). El efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia. Como no se ha fijado un plazo para que el interesado plantee su reclamación ante el tribunal extranjero designado, la suspensión puede ser sine die. El último apartado de este precepto aclara que no tendrá efecto la exclusión de la competencia de los tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. Foro general: domicilio del demandado. El art. 22 ter conserva el domicilio del demandado en España como foro general. El nuevo precepto incluye una definición del domicilio para las personas físicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando tengan aquí su residencia habitual . Y para las personas jurídicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando radique aquí su sede social, centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. Y que dicha doctrina y jurisprudencia habían alcanzado ya esta conclusión de posibilitar la sumisión, pero era muy útil que el legislador lo confirme expresamente; el efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia”.

El cuestionamiento de los aspectos de fondo del laudo arbitral está vedado en el proceso de ejecución

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 10 de mayo de 2017 desestima el recurso de impugnación contra un auto dictado  por el Juzgado de Primera Instancia nº 24 de Barcelona en un procedimiento de ejecución de un laudo arbitral del Tribunal Arbitral de Barcelona. La Audiencia considera, entre otras cosas, que “con independencia de que con el recurso de la referida parte ejecutada se incida en cuestionar aspectos de fondo del Laudo que quedarían vedados en la presente ejecución atendido que el procedimiento arbitral es un instrumento de resolución de conflictos en única instancia, lo que se cohonesta con el carácter extraordinario en que se configura en el art. 41 de la Ley de Arbitraje , lo cierto es que no cabe duda alguna de que la condena del laudo lo fue con carácter solidario”.

Al residir los menores en España, la renuncia a las pensiones éstos efectuada por la madre en un talaq marroquí es nula de pleno derecho en España

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La Sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de abril de 2017 desestima un recurso contra una sentencia de primera instancia por la que se ha decretado el divorcio de los litigantes. Estos habían aportado un documento aportando un acuerdo de divorcio (presentado ante el Consulado de Marruecos) donde se hacía constar que la esposa renunciaba a las pensiones sin perjuicio de que su representado siga manteniendo la relación paterno filial tal y como venía ejerciéndola desde el momento de su separación y solicita se estimen sus pretensiones sin concretar exactamente cuáles son los pronunciamientos apelados. La Audiencia considera que en relación con dicho documento,  que no se trata de una resolución de autorización de divorcio, sino del documento de acuerdo que deben presentar las partes de conformidad con el art 114 del Código de familia marroquí (Mudawana) que indica que: “cuando tenga lugar este acuerdo, ambas partes o una de ella presentarán la demanda de disolución del matrimonio (talaq) al Tribunal adjuntando dicho acuerdo con la finalidad de obtener la autorización del tribunal para que tenga lugar su formalización”. Indica la Audiencia que la legislación aplicable para resolver la obligación alimenticia de acuerdo con el art. 15 del Reglamento UE 4/2009 y protocolo de la Haya de 23/11/2007 y a falta de elección, es la Ley del estado de la residencia habitual del acreedor de alimentos, por tanto, la legislación española al residir los menores en España. La renuncia a las pensiones efectuada por la madre de los menores es nula de pleno derecho ( art. 6.3º, 1255 , y 1814 del Código civil ) va en contra del art. 237,12 del Código civil de Cataluña que proclama que el derecho a los alimentos es irrenunciable y además perjudica los intereses de los menores. La madre de acuerdo con el Derecho español no pudo renunciar a las pensiones de sus hijos estando ante un derecho indisponible (SAP Barcelona, Sección 12 de 2 de diciembre de 2013 ). Por ello no puede ser tenido en cuenta para ser valorado como prueba como pretende el recurrente”.

Demandas conexas pendientes ante órganos jurisdiccionales de Estados miembros distintos

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 20 de abril de 2017, estima un recurso contra la decisión de la jueza ad hoc que  apreció la necesaria conexión a que hace referencia tanto el art. 43 LEC como el art. 30 del Reglamento Europeo 1215/2012 de tal forma que no siendo firme la sentencia dictada por el Tribunal de Toulouse, que aborda y resuelve sobre cuestiones íntimamente relacionadas con los hechos fijados como controvertidos en el presente proceso procede estimar la excepción procesal planteada y suspender el curso de las presentes actuaciones hasta en tanto la misma no adquiera firmeza. Para la Audiencia “teniendo en cuenta los hechos, tal como se han aportado, resulta que ni las partes en el procedimiento del Tribunal de Comercial de Toulouse son las mismas (el demandante en Toulouse es Sarl Panamapilou, y en cambio en España es Athos Support y la demandada PLD. Ni tampoco lo es la causa de pedir, pues mientras en Francia es la nulidad del acuerdo de transmisión de acciones firmado entre la SARL Panamapilou y la S.L.Athos , en el que nos ocupa: se discute si se ha incumplido el contrato de prestación de servicios de 1 de diciembre de 2012 entre PLD Proprete y Athos Support. En cualquier caso, la cuestión sería determinar qué trascendencia tendría ese otro proceso en el presente. Lo cierto es que Sarl Panamapilou (que no es parte en el presente procedimiento) firmó un contrato de venta de participaciones sociales que no puede afectar a una prestación de servicios entre terceros, y que en concreto hace la sociedad Ahtos Support S.L. A PLD Proprete SAS. Dado que se está alegando la vinculación de los presentes autos a lo que se resuelva en aquél, con el sólo fin de acordar la suspensión, se desconoce con qué efectos definitivos, y lo que, no sería admisible que lo resuelto en ese otro proceso sobre nulidad de acuerdo de transmisión de acciones vincule el presente hasta el extremo de que deba apreciarse los efectos de cosa juzgada, pues en nada afecta al contrato de prestación de servicios”.