La nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos de aquellos aplicables a los que tan solo pretendan residir en nuestro territorio

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de 18 de diciembre de 2017,  declara que “los arts. 21 y 22 Cc sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, y al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Conviene recordar, que el ordenamiento jurídico español condiciona la adquisición de la nacionalidad por residencia, a que dicha residencia vaya acompañada de una integración en la sociedad española (art. 22.4º Cc) y, por ende, en su estilo de vida, costumbres y valores, pues aquel que pretenda adquirir la nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos, entre ellos de adaptación a nuestra sociedad, de aquellos otros que tan solo pretendan residir en nuestro territorio. La nacionalidad española concede un status y unos derechos superiores que los derivados de la mera residencia legal en España, y por ello también se establece en nuestro ordenamiento la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, en cuanto pretenden su total equiparación, política y jurídica, a los ciudadanos españoles, lo cual sería incongruente con una residencia que, con independencia de su duración, se desarrollase al margen de la forma de vida, costumbres y valores que conforman nuestra sociedad”.

Denegación de la nacionalidad española por residencia por contestar de manera incompleta o incorrecta a las preguntas del Encargado del Registro Civil

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 21 de diciembre de 2017, desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que denegó al  actor su solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia. Considera la Audiencia que “para
comprobar tal grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles deviene esencial analizar el interrogatorio/entrevista efectuado a dicho solicitante de nacionalidad por tal Juez encargado del Registro Civil. Interrogatorio que en el presente caso es extenso, al constar de un total de 32 preguntas, varias de las cuales hacen referencia a su situación personal siendo unas 18 las que están directamente relacionadas con la cultura, política y costumbres españolas. Preguntas que son de carácter básico y no complejo, y junto a las que figuran las contestaciones del repetido solicitante de nacionalidad. Examinadas tales respuestas, resulta que la mayoría de ellas o bien se desconocen (se responden con un “No sabe”) o bien se contestan de manera equivocada por el mismo. Tal y como pone de manifiesto la resolución combatida, dicho Sr. Amadeo desconoce cuestiones tan elementales como qué sistema político existe en España, no sabe indicar ningún valor o principio constitucional, ni si España es un estado unitario o compuesto, ni qué es una Comunidad Autónoma, ni si existe la pena de muerte en España, no comprende el principio de igualdad entre hombres y mujeres, no sabe a qué edad se vota en España ni cuáles son los principales partidos políticos del país, ni los de Cataluña. Preguntado sobre cuál es la fiesta nacional dice que “Navidad”, sobre alguna noticia destacada contesta “el paro”, sobre el color de la bandera española “roja, amarilla” y sobre el color de la bandera catalana “amarillo y rojo””.

Frente a la inmutabilidad (salvo revocación expresa) del régimen económico matrimonial, la vecindad civil es esencialmente mutable

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Primera, de 22 de septiembre de 2017 considera que “el régimen económico matrimonial se rige por el sistema legal vigente al tiempo de su celebración y se mantiene a lo largo de toda la vida del matrimonio, salvo que sea sustituido por otro distinto por pacto o capitulaciones entre los esposos. Frente a esta inmutabilidad (salvo revocación expresa) del régimen económico matrimonial, la vecindad civil es esencialmente mutable, pues conforme al art. 14.5º Cc, la vecindad civil se adquiere: 1ª Por residencia continuada durante dos años, siempre que el interesado manifieste ser ésta su voluntad, y 2ª Por residencia continuada de diez años, sin declaración en contra durante este plazo. Lo anterior significa que, por ejemplo, un matrimonio contraído bajo el régimen legal supletorio del Derecho común se sigue rigiendo por este régimen aunque los consortes cambien de lugar de residencia, pierdan su anterior vecindad civil, y adquieran una vecindad civil foral que recoja en su sistema jurídico un régimen económico matrimonial distinto del común. (…) Por consiguiente, la vecindad civil de la causante al tiempo de otorgar testamento y su manifestación expresa de hallarse sujeta al Derecho civil de Catalunya tan solo significa que en el momento en que otorgó el indicado testamento esta era su vecindad civil, y que de mantenerse esta misma vecindad hasta el fallecimiento su sucesión se regiría por lo establecido en Catalunya. Pero el Derecho aplicable a la sucesión nada tiene que ver con el régimen económico matrimonial de la causante, sino que la determinación de cual sea este régimen deberá efectuarse conforme a reglas distintas de las propias que regulan la sucesión y que, como antes se ha explicado, no sufre alteración alguna aunque cambie la vecindad civil de los contrayentes”.

Se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica (Suecia)

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 31 de octubre de 2017,  declara que la actora es propietaria a título privativo de la finca sita en Ingarö (Suecia) Gustavsberg. Considera la Audiencia, en contra del criterio seguido en la resolución recurrida, que resultan de aplicación los arts. 4.1º.c, 4.3º y 11.1º y 5 del Reglamento (CE ) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Así, tras disponer el art. 3.1 del citado Reglamento Roma I que “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”, el art. 4.1º.c dispone que “1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo: (…) c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble”; el art. 4.3 dispone que “Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país”; el art. 11.1º dispone que “Un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado”, y el art. 11.5º dispone que “No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, todo contrato que tenga por objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre y cuando, en virtud de dicha ley: a) la aplicación de dichas normas sea independiente del país donde se celebre el contrato y de la ley que rija el contrato, y b) dichas normas no puedan excluirse mediante acuerdo”. Además, aunque el art. 10.7º Cc dispone que “Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante”, y las normas de Derecho sustantivo prevén el otorgamiento de escritura pública como requisito constitutivo (art. 531-12 CCCat y art. 633 Cc), el art. 11.1º Cc dispone que “Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen”. En este caso, se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica, es decir, Suecia.

Suspensión de la inscripción de una “compraventa de usufructo” autorizada en Gibraltar por faltar el juicio de suficiencia de las facultades representativas

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 6 de noviembre de 2017, resuelve negativamente un recurso contra una calificación del registrador relativa a la suspensión de la inscripción en el Registro de la Propiedad de una escritura de «compraventa de usufructo» autorizada en Gibraltar por considerar que faltaba el juicio de suficiencia de las facultades representativas del director de la entidad vendedora, y  el juicio de equivalencia de la escritura del nombramiento de dicho director de la entidad, otorgada en el extranjero. El organismo directivo considera, entre otras cosas que “el juicio de equivalencia notarial no tiene por qué ajustarse a fórmulas sacramentales, ni tiene que necesariamente adoptar la forma de informe separado, sino que basta la reseña del documento extranjero, el nombre y residencia del notario autorizante, la ley extranjera conforme a la cual se ha autorizado y la existencia de la apostilla o legalización, en su caso, y que el notario con base en las circunstancias del caso y a su conocimiento de la ley extranjera hiciera constar bajo su responsabilidad «que el poder reseñado es suficiente para el otorgamiento de esta escritura de (…), entendiendo que el mismo es funcionalmente equivalente a los efectos de acreditar la representación en el tráfico jurídico internacional» o fórmulas similares (…)  A estos efectos, se entenderá por juicio de equivalencia (…), sin carácter limitativo, el análisis jurídico a realizar por el Notario español de conformidad con el artículo 10.1 del Código Civil, el art. 3 LH, los arts. 33, 34, 36 y 37 RH, el art. 60 de la Ley 29/2015 de Cooperación Jurídica Internacional en Materia Civil y Mercantil y la Disposición Adicional Tercera de la Ley 15/2015, de Jurisdicción Voluntaria (…)»). Sin embargo en el presente caso considera la DGRN que “al tratarse de una sociedad, la actuación del titular registral debe realizarse a través de los órganos legítimamente designados de acuerdo con la Ley y normas estatutarias de la entidad de que se trate, o de los apoderamientos o delegaciones conferidos por ellos conforme a dichas normas, lo que debe especificarse y acreditarse (…). En el caso de este expediente nada se expresa en la escritura calificada sobre las facultades representativas de quien la otorga en nombre de la sociedad vendedora, ni sobre la equivalencia formal y material, no ya de esa escritura respecto de las otorgadas por notarios españoles, sino del documento que constituye el título representativo. Por ello, no puede reputarse suficiente para acreditar la legalidad y existencia de la representación alegada en nombre del titular registral a los efectos de la inscripción de la transmisión en el Registro de la Propiedad”.

Calificación registral respecto de un inmueble sin adjuntarse testimoniado en la escritura la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta

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La Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017 confirma ajustada a Derecho el defecto expresado en la nota de calificación registral respecto del inmueble descrito consistente en no haberse acompañado, ni testimoniado en la escritura, la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta (disposición final primera del Reglamento que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero). Para el Organismo directivo “es indudable que hay especificas determinaciones legales aplicables en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por razón de defensa nacional, independientemente de lo ya dispuesto en la Ley 8/1975, pues se autoriza al Gobierno para dictar en el futuro cualesquiera desarrollos normativos especiales que sean aconsejables según las circunstancias; y fija específicamente una muy concreta limitación que el Gobierno puede establecer mediante la aprobación de la correspondiente norma reglamentaria, cual es la necesidad de autorización del Consejo de Ministros (luego desconcentrada reglamentariamente en las respectivas Delegaciones del Gobierno), para todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad y declaraciones de obra sobre inmuebles sitos en Ceuta y Melilla. Por ello la finalidad de tal limitación específica nada tiene que ver con las genéricas limitaciones impuestas por la Ley 8/1975, cuyo núcleo radica en la distinción entre españoles y extranjeros, lo cual precisamente se corrige para no vulnerar la legislación comunitaria, debiendo repararse además en un dato esencial, cual es que la reforma operada en 1990 respecto de la disposición adicional de la ley tiene como sujetos a las empresas y nacionales de países comunitarios, en tanto que la disposición final primera del Reglamento no tiene ningún sujeto determinado, dada la fórmula inclusiva usada por la norma habilitante (cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente), de modo que el origen y fundamentación de la tanta veces referida norma reglamentaria deriva de la potestad delegada al poder Ejecutivo por el Legislativo para dictar los instrumentos normativos necesarios para acomodar las futuras necesidades de defensa nacional en esa Ciudades Autónomas. En suma, estamos ante un evidente supuesto de delegación, vía autorización por parte del legislador al Gobierno, por lo que no cabe entender que se trate de un supuesto de derogación tácita ex lex posterior. Debe añadirse que se ha puesto de relieve cómo la eventual imposición por razones de defensa militar de la necesidad de autorización para nacionales españoles y para comunitarios, por igual (esto es sin discriminar entre nacionales y comunitarios), para acceder a la propiedad de inmuebles en determinadas zonas consideradas estratégicas no se opone a la Constitución Europea, no siendo ocioso recordar que ya con referencia a su antecedente, el art. 73.B) TUE, se determinó por la STJ 13 de julio de 2000 (asunto Albore), sobre la cuestión planteada por la Corte de Apelación de Nápoles a propósito de la exigencia de autorización para la adquisición de inmuebles por dos alemanes en zona estratégica militar italiana, cuando no se exigía este requisito para los nacionales italianos, que el citado artículo 73.B) se oponía a la legislación nacional de que se tratara cuando por razones de defensa militar dispensara a los nacionales de dicho Estado, y sólo a ellos, del deber de solicitar una autorización administrativa para adquirir un inmuebles situado en zona declara de importancia militar”.

El artículo 92 del Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del  Notariado de  31 de agosto de 2017 confirma la nota de calificación del registrador y afirma que ” si los compradores alemanes, pese a manifestarse en la escritura que adquieren conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad, sin embargo, éste no fuera el de participación en las ganancias (1363 ss BGB), por razón de la fecha de su matrimonio y por proceder de los Landers de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen (con inclusión del Lan de Berlín), y, en ese caso, han efectuado la declaración prevista en las Disposiciones Particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su régimen económico matrimonial de comunidad legítima de bienes regulado por el Código de la Familia de la República Democrática, en estos casos hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación”.