Calificación registral respecto de un inmueble sin adjuntarse testimoniado en la escritura la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta

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La Resolución de la Dirección de los Registros y del Notariado de 19 de octubre de 2017 confirma ajustada a Derecho el defecto expresado en la nota de calificación registral respecto del inmueble descrito consistente en no haberse acompañado, ni testimoniado en la escritura, la preceptiva autorización para la adquisición de dominio o la constitución del derecho real de hipoteca en la Ciudad de Ceuta (disposición final primera del Reglamento que desarrolla la Ley 8/1975, de 12 de marzo, de zonas e instalaciones de interés para la Defensa Nacional, aprobado por el Real Decreto 689/1978, de 10 de febrero). Para el Organismo directivo “es indudable que hay especificas determinaciones legales aplicables en las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla por razón de defensa nacional, independientemente de lo ya dispuesto en la Ley 8/1975, pues se autoriza al Gobierno para dictar en el futuro cualesquiera desarrollos normativos especiales que sean aconsejables según las circunstancias; y fija específicamente una muy concreta limitación que el Gobierno puede establecer mediante la aprobación de la correspondiente norma reglamentaria, cual es la necesidad de autorización del Consejo de Ministros (luego desconcentrada reglamentariamente en las respectivas Delegaciones del Gobierno), para todos los casos de transmisión y gravamen de la propiedad y declaraciones de obra sobre inmuebles sitos en Ceuta y Melilla. Por ello la finalidad de tal limitación específica nada tiene que ver con las genéricas limitaciones impuestas por la Ley 8/1975, cuyo núcleo radica en la distinción entre españoles y extranjeros, lo cual precisamente se corrige para no vulnerar la legislación comunitaria, debiendo repararse además en un dato esencial, cual es que la reforma operada en 1990 respecto de la disposición adicional de la ley tiene como sujetos a las empresas y nacionales de países comunitarios, en tanto que la disposición final primera del Reglamento no tiene ningún sujeto determinado, dada la fórmula inclusiva usada por la norma habilitante (cualquiera que sea la nacionalidad del adquirente), de modo que el origen y fundamentación de la tanta veces referida norma reglamentaria deriva de la potestad delegada al poder Ejecutivo por el Legislativo para dictar los instrumentos normativos necesarios para acomodar las futuras necesidades de defensa nacional en esa Ciudades Autónomas. En suma, estamos ante un evidente supuesto de delegación, vía autorización por parte del legislador al Gobierno, por lo que no cabe entender que se trate de un supuesto de derogación tácita ex lex posterior. Debe añadirse que se ha puesto de relieve cómo la eventual imposición por razones de defensa militar de la necesidad de autorización para nacionales españoles y para comunitarios, por igual (esto es sin discriminar entre nacionales y comunitarios), para acceder a la propiedad de inmuebles en determinadas zonas consideradas estratégicas no se opone a la Constitución Europea, no siendo ocioso recordar que ya con referencia a su antecedente, el art. 73.B) TUE, se determinó por la STJ 13 de julio de 2000 (asunto Albore), sobre la cuestión planteada por la Corte de Apelación de Nápoles a propósito de la exigencia de autorización para la adquisición de inmuebles por dos alemanes en zona estratégica militar italiana, cuando no se exigía este requisito para los nacionales italianos, que el citado artículo 73.B) se oponía a la legislación nacional de que se tratara cuando por razones de defensa militar dispensara a los nacionales de dicho Estado, y sólo a ellos, del deber de solicitar una autorización administrativa para adquirir un inmuebles situado en zona declara de importancia militar”.

El artículo 92 del Reglamento Hipotecario no tiene un carácter preferente al conocimiento que pueda tener el registrador de la legislación extranjera

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del  Notariado de  31 de agosto de 2017 confirma la nota de calificación del registrador y afirma que ” si los compradores alemanes, pese a manifestarse en la escritura que adquieren conforme al régimen económico matrimonial legal de su nacionalidad, sin embargo, éste no fuera el de participación en las ganancias (1363 ss BGB), por razón de la fecha de su matrimonio y por proceder de los Landers de Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt y Thüringen (con inclusión del Lan de Berlín), y, en ese caso, han efectuado la declaración prevista en las Disposiciones Particulares aplicables a la transición del Derecho Federal, de pactar el mantenimiento de su régimen económico matrimonial de comunidad legítima de bienes regulado por el Código de la Familia de la República Democrática, en estos casos hubiese sido preciso que en la escritura se hubieran acreditado estas circunstancias, del mismo modo que cuando los cónyuges han otorgado escritura de capitulaciones matrimoniales modificando el régimen legal, se precisa su acreditación”.

Prueba insuficiente del Derecho extranjero para acreditar cuál es el régimen económico de los demandantes

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, Sección Segunda, de 29 de junio de 2017, declara de nulidad de una anotación preventiva de embargo solicitada por los demandantes, afirmando que “la cancelación de la anotación preventiva por motivo de nulidad prevista en la Ley Hipotecaria (art. 79 ) puede tener lugar o bien porque sea nulo el título en cuya virtud se practicó o por la ausencia en el propio asiento registral de los requisitos esenciales previstos en la Ley. El embargo que sirve de título a la anotación no ha sido declarado nulo y ni siquiera la parte pide dicha declaración, por lo cual aunque la anotación preventiva siguiera vigente no cabría su cancelación por este motivo. En cuanto a la cancelación derivada de la falta de requisitos esenciales, aun con el asiento vigente tampoco procedería. La demandante no especifica qué requisitos esenciales faltan en la anotación, si bien sí que se dice que es contraria a la inscripción de dominio porque la esposa copropietaria no era deudora frente a la A. y aun así se le embarga el bien. Sin embargo no se ha acreditado que la adquisición del bien por parte del matrimonio para su régimen matrimonial equivalga a la propiedad proindiviso y del 50% para cada cónyuge que los demandantes afirman. El derecho extranjero ha de ser objeto de prueba ( art. 281.2º LEC) en cuanto a su contenido y vigencia. La parte actora presenta la traducción de tres artículos del Código de Familia Búlgaro como apoyo de sus pretensiones. Se trata de prueba insuficiente para acreditar cuál es el régimen económico de los demandantes y cuáles son las normas por las que se rige”.

Admitida la existencia del error en el documento que contiene el número de identificación de extranjero procede su rectificación para la inscripción a practicar en el Registro

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 20 de julio de 2017 desestima el recurso interpuesto por el notario de Yaiza, contra la nota de calificación extendida por el registrador Mercantil y de Bienes Muebles de Arrecife, don por la que se suspende la inscripción de una escritura pública de constitución de sociedad de responsabilidad limitada. El asunto  se centró en si es posible practicar la inscripción de constitución de sociedad solicitada en el Registro Mercantil cuando se da la circunstancia de que el número de identificación de extranjero de uno de los fundadores de la sociedad no se corresponde con la previsión normativa al constar de ocho dígitos numéricos (y no siete). El notario recurrente alegaba en su escrito de recurso que el número transcrito en la escritura se correspondía exactamente con el del documento exhibido y que el error es fácilmente salvable prescindiendo del primer dígito (el dígito cero). Sin embargo la Dirección General no admitió está interpretación entendiendo que “admitida la existencia del error en el documento que contiene el número de identificación de extranjero procede su rectificación al tratarse de uno de los datos que obligatoriamente debe constar en la inscripción a practicar en el Registro Mercantil. La trascendencia y efectos de la publicación de los datos en el Registro, así como su comunicación a otras bases de datos de interés público no permiten su constancia una vez que se ha puesto de manifiesto”.

El vigente Derecho Civil Foral del País Vasco no exige que conste la voluntad expresa de apartar, y equipara al apartamiento la preterición, intencional o no, de un descendiente heredero forzoso

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 12 de junio de 2017 acordó estimar el recurso interpuesto por don Alfonso Batalla de Antonio, notario de Bilbao y revocar la calificación de la registradora de la propiedad de San Sebastián nº 6. Para el Organismo Directivo “la evolución del Derecho Foral de Vizcaya, antecedente indiscutido en la regulación actual del Derecho Civil Vasco, ha sido clara: la Compilación de 30 de julio de 1959 admitía el apartamento expreso o tácito, pero exigía que constara claramente la voluntad del testador de apartar de su herencia a descendientes (art. 23). Posteriormente, la Ley 3/1992, de 1 de julio, del Derecho Civil Foral del País Vasco, mantuvo la misma doctrina y reguló los efectos de la preterición no intencional, dando derecho al preterido a «una cuota igual a la del sucesor de igual grado menos favorecido» (art. 54). Y la Ley 5/2015, de 25 de junio, actualmente vigente es clara; no exige que conste la voluntad expresa de apartar, y equipara al apartamiento la preterición, intencional o no. La línea evolutiva del Derecho Foral en el País vasco ha sido constante desde los lejanos tiempos anteriores a la Compilación en que, para salvar la «legítima formal» de los apartados, se utilizaba la fórmula notarial de asignarles a los mismos «un real de vellón, un palmo de tierra y una teja»”. En el presente asunto “el causante ostentaba vecindad civil foral vasca al tiempo de su fallecimiento, lo que no se discute en la calificación, pues así lo determina la disposición transitoria séptima de la Ley 5/2015, de 25 de junio, según la cual, la vecindad civil foral vasca se entenderá automáticamente adquirida por todos los vecinos de la Comunidad Autónoma del País Vasco desde la entrada en vigor de esta ley por lo que la sucesión se regulará conforme la legislación civil foral vasca. En consecuencia, es plenamente aplicable el artículo 48 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, que en su número 4 dice: «La preterición, sea o no intencional, de un descendiente heredero forzoso, equivale a su apartamiento». De ahí que en la sucesión del causante solamente es heredero su hijo llamado en el testamento, ya que sus otros dos hijos al haber sido preteridos se consideran, conforme la aplicación estricta del artículo 48, apartados de la referida herencia”. Vid. en el mismo sentido la Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado 12 de julio de 2017.

Para la conservación de la nacionalidad española se exige declaración de voluntad expresa ante el Encargado del Registro Civil en el plazo fijado

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoprimera, de 24 de marzo de 2017, estima el recurso interpuesto por el Abogado del Estado contra una Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Madrid que había estimado íntegramente una demanda formulada por D. Jenaro contra la Dirección General de los Registros y del Notariado declarando que D. Jenaro, habiendo nacido y residiendo en el extranjero, ostentaba la nacionalidad española por ser hijo de madre española, también nacida en el extranjero, y no ha había perdido porque declaró su voluntad de conservarla ante el encargado del Registro Civil Consular de Bogotá el 23 de abril de 2007, dentro del plazo de tres años a contar desde su mayoría de edad. Considera la Audiencia que es plenamente conforme a derecho la posibilidad de quien, habiendo nacido de español/a fuera de España, nacido/a a su vez fuera de España, pierda la nacionalidad española, cuando no cumple las formalidades establecidas en el citado art. 24.3º Cc. También considera la Audiencia que la pérdida de la nacionalidad se produce ipso iure o automáticamente, en cuanto concurren todos sus presupuestos de hecho (art. 67 de la LRC), pues el Código Civil no exige una forma especial a esa declaración de voluntad conservativa de la nacionalidad, si exige que se haga, y que se haga ante el Encargado del Registro Civil, por lo que, al declararse probado en la Sentencia que no hubo tal declaración de voluntad expresa, conservativa de la nacionalidad, en el plazo fijado, ante el Encargado del Registro Civil, el Sr. Jenaro perdió la nacionalidad española ipso iure.

Una escritura de compraventa debe tener en cuenta la ley aplicable al régimen económico matrimonial y la acreditación del Derecho extranjero

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 17 de mayo de 2017 desestima el recurso y confirma la nota de calificación de la registradora por la que acuerda no practicar la inscripción de una escritura de compraventa. Se da la circunstancia que el comprador de nacionalidad rusa, había adquirido un inmueble mediante venta en la que su esposa, de nacionalidad ucraniana, confesó el carácter privativo de la adquisición de su esposo. La DGRN considera la escritura calificada no se cuestionó qué ley es la aplicable, ni estableció juicio alguno al respecto. Parte sin más de la declaración de los esposos respecto de la aplicación de la ley ucraniana y presenta un auténtico salto normativo, que el recurrente justifica en la aplicación del párrafo primero del art. 10 Cc, hacia las normas de la sociedad de gananciales, y concretamente del art. 1324. Para la DGRN esta interpretación obviamente no puede prosperar. “La calificación de elemento internacional del supuesto de hecho, conduce conforme al art. 12, párrafo primero, del Código Civil, a la norma de conflicto que haya de ser aplicable al régimen económico que preside la economía matrimonial del adquirente y por tanto ha de determinar el carácter privativo o común de la adquisición del inmueble. En consecuencia deberá probarse, con el alcance que esta Dirección General ha interpretado el art. 36 RH: En primer lugar la aplicación del Derecho ucraniano a la economía conyugal; seguidamente, la existencia en dicho ordenamiento de la atribución de privatividad del bien adquirido, sin que la traducción de parte de los artículos del Código Civil ucraniano, descontextualizada y sin conocer su alcance e interpretación, sean bastantes, conforme a la citada doctrina de este Centro Directivo para su admisión como prueba del Derecho vigente.