El Parlamento Europeo ha aprobado una profunda reforma del sistema europeo de control de inversiones extranjeras directas con el objetivo de reforzar la protección de sectores estratégicos y responder a los crecientes riesgos para la seguridad económica de la Unión Europea. La nueva normativa introduce mecanismos obligatorios de control en todos los Estados miembros para inversiones en ámbitos sensibles como la defensa, los semiconductores, la inteligencia artificial, las materias primas críticas o los servicios financieros, al tiempo que fortalece la cooperación entre autoridades nacionales y la Comisión Europea.

Antecedentes

El Reglamento (UE) 2019/452 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2019, por el que se establece un marco para el control de las inversiones extranjeras directas en la Unión entró en vigor el 11 de octubre de 2020 con la finalidad de establecer un mecanismo de cooperación entre los Estados miembros y la Comisión Europea para examinar determinadas inversiones susceptibles de afectar a la seguridad o al orden público de la Unión.

La experiencia acumulada desde entonces puso de manifiesto importantes diferencias entre los sistemas nacionales de control, así como lagunas regulatorias que limitaban la eficacia del marco europeo. Diversos Estados miembros carecían todavía de mecanismos nacionales de control o aplicaban criterios de supervisión muy heterogéneos.

La Comisión Europea presentó por ello, en enero de 2024, una propuesta de revisión destinada a reforzar y armonizar el sistema europeo de supervisión de inversiones extranjeras.

La pandemia de COVID-19, la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y el agravamiento de las tensiones geopolíticas internacionales aceleraron el debate europeo sobre seguridad económica y autonomía estratégica. Las instituciones europeas consideran que estos acontecimientos evidenciaron la necesidad de proteger infraestructuras críticas, tecnologías sensibles y cadenas de suministro estratégicas frente a determinadas inversiones extranjeras potencialmente riesgosas.

Reforzamiento del control europeo de inversiones estratégicas

Mecanismos obligatorios de control en sectores sensibles

El Parlamento Europeo aprobó el 19 de mayo de 2026, por 508 votos a favor, 64 en contra y 90 abstenciones, el acuerdo alcanzado con el Consejo sobre la reforma del sistema europeo de control de inversiones extranjeras directas. La nueva normativa establece la obligación de que todos los Estados miembros dispongan de mecanismos nacionales de control aplicables a inversiones realizadas en sectores considerados estratégicos para la seguridad económica europea.

Entre los sectores sometidos obligatoriamente a supervisión figuran la defensa, los semiconductores, la inteligencia artificial, las materias primas críticas, las infraestructuras energéticas, las tecnologías cuánticas, la ciberseguridad, las comunicaciones electrónicas y los servicios financieros.

Las instituciones europeas consideran que la creciente interdependencia tecnológica y económica exige mecanismos más eficaces para identificar inversiones susceptibles de generar riesgos para la seguridad, el suministro estratégico o la autonomía industrial de la Unión.

Armonización de procedimientos y mayor coordinación europea

Uno de los principales objetivos de la reforma consiste en reducir la fragmentación existente entre los distintos sistemas nacionales de control de inversiones. La normativa introduce criterios comunes mínimos aplicables a todos los mecanismos nacionales de supervisión, incluyendo plazos, obligaciones de información, garantías procedimentales y mecanismos de cooperación entre autoridades competentes.

El nuevo sistema refuerza además la coordinación entre los Estados miembros y la Comisión Europea mediante un mecanismo ampliado de intercambio de información y consultas obligatorias en operaciones susceptibles de producir efectos transfronterizos relevantes.

La Comisión podrá emitir opiniones sobre inversiones consideradas especialmente sensibles y participar activamente en la coordinación de evaluaciones relacionadas con riesgos para la seguridad económica de la Unión.

Las autoridades europeas consideran que esta cooperación reforzada permitirá detectar con mayor eficacia estructuras societarias complejas, operaciones indirectas y estrategias de adquisición fragmentadas dirigidas a obtener control sobre activos estratégicos europeos.

Control de inversiones indirectas y operaciones intraeuropeas

La regulación amplía igualmente el ámbito material de supervisión a determinadas operaciones realizadas formalmente dentro de la Unión Europea cuando el inversor último esté controlado por personas físicas o jurídicas de terceros Estados. Con ello, las instituciones europeas pretenden evitar mecanismos de elusión basados en estructuras societarias interpuestas o inversiones canalizadas a través de filiales establecidas en territorio europeo.

La nueva normativa reconoce que algunos riesgos para la seguridad económica europea pueden derivar no solo de inversiones directas procedentes del exterior de la Unión, sino también de adquisiciones aparentemente intraeuropeas controladas materialmente desde terceros países.

Seguridad económica y autonomía estratégica

El Parlamento Europeo y la Comisión consideran que la reforma forma parte de una estrategia más amplia destinada a reforzar la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea. La normativa se integra en el progresivo desarrollo de una política europea de seguridad económica orientada a proteger tecnologías sensibles, infraestructuras críticas y capacidades industriales estratégicas frente a dependencias excesivas o adquisiciones potencialmente lesivas para los intereses europeos. Las instituciones europeas insisten, no obstante, en que la Unión Europea continúa manteniendo un modelo económico abierto a la inversión extranjera y al comercio internacional.

La finalidad del nuevo sistema no consiste en restringir la inversión exterior legítima, sino en garantizar que determinadas operaciones particularmente sensibles puedan ser evaluadas desde la perspectiva de la seguridad, el orden público y la resiliencia económica europea.

Relación con la futura Ley de Aceleración Industrial

Durante las negociaciones parlamentarias se consideró igualmente necesario complementar el control de inversiones extranjeras con instrumentos industriales y regulatorios adicionales destinados a reforzar la competitividad estratégica europea.

En este marco, la Comisión Europea asumió el compromiso de desarrollar nuevas condiciones europeas aplicables a inversiones extranjeras en determinados sectores estratégicos.

Como primer paso de esta estrategia, la Comisión presentó el 4 de marzo de 2026 una propuesta legislativa de Ley de Aceleración Industrial destinada a reforzar las capacidades industriales europeas en sectores críticos y facilitar inversiones estratégicas compatibles con los intereses de seguridad económica de la Unión.

El ponente del Parlamento Europeo, Raphaël Glucksmann, defendió la reforma afirmando que la Unión Europea “deja atrás una etapa de ingenuidad” frente a inversiones susceptibles de afectar a sectores sensibles de la economía europea.

Actuaciones futuras

La nueva normativa deberá ser aprobada formalmente por el Consejo de la Unión Europea antes de su entrada definitiva en vigor. Una vez publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea, las nuevas disposiciones comenzarán a aplicarse dieciocho meses después, plazo destinado a permitir la adaptación de los sistemas nacionales de control y la puesta en marcha de los nuevos mecanismos europeos de cooperación. Durante ese período, la Comisión Europea continuará desarrollando iniciativas complementarias vinculadas con la estrategia europea de seguridad económica, entre ellas la futura Ley de Aceleración Industrial y otros instrumentos dirigidos a reforzar la protección de tecnologías críticas y capacidades industriales estratégicas.

Las instituciones europeas consideran que la nueva regulación permitirá avanzar hacia un sistema europeo de control de inversiones más homogéneo, coordinado y eficaz, capaz de compatibilizar la apertura económica de la Unión con la protección de su seguridad y de sus intereses estratégicos fundamentales.