La Unión Europea activa desde el 12 de junio de 2026 el nuevo marco común de gestión migratoria y de asilo, concebido para reforzar el control de las fronteras exteriores, armonizar los procedimientos de asilo y establecer un mecanismo permanente de solidaridad entre los Estados miembros. La Comisión Europea considera que la mayor parte de los pilares esenciales del nuevo sistema ya se encuentran operativos, aunque advierte de la necesidad de completar diversas infraestructuras técnicas y mecanismos de aplicación durante los próximos meses.
Antecedentes
La entrada en vigor del Pacto el 12 de junio de 2026 pone fin al período transitorio de dos años previsto tras su adopción formal en mayo de 2024. Durante ese período, los Estados miembros, las instituciones europeas y las agencias especializadas han trabajado conjuntamente para transformar el nuevo marco legislativo en un sistema operativo plenamente funcional.
La Comisión Europea había presentado a comienzos de 2026 su Estrategia Europea de Gestión de la Migración y el Asilo, concebida para desarrollar y complementar el nuevo marco legislativo del Pacto. Paralelamente, la Unión ha aprobado nuevas normas sobre terceros países seguros destinadas a aliviar la presión sobre los sistemas nacionales de asilo y reducir los incentivos a la migración irregular.
Entre las iniciativas complementarias figura también la primera lista europea común de países de origen seguros, destinada a acelerar la tramitación de solicitudes de asilo consideradas manifiestamente infundadas, así como la propuesta de creación de un nuevo Sistema Europeo Común de Retornos, actualmente en fase de negociación legislativa.
La Comisión subraya además los resultados obtenidos mediante la cooperación migratoria con terceros países. Según los datos presentados, las entradas irregulares en las fronteras exteriores de la Unión Europea descendieron un 26 % en 2025 respecto del año anterior.
Desde 2025, la Comisión ha venido publicando informes periódicos destinados a supervisar el estado de aplicación del Pacto. El primer informe fue presentado el 11 de junio de 2025 y el segundo el 11 de noviembre de 2025, coincidiendo con la publicación del Informe Anual Europeo sobre Migración y Asilo 2025.
Entrada en vigor del Pacto sobre Migración y Asilo
La Comisión Europea ha presentado ahora un nuevo informe sobre el estado de aplicación del Pacto sobre Migración y Asilo con motivo de su entrada en vigor efectiva el 12 de junio de 2026. El documento destaca que los Estados miembros han realizado “avances significativos” en la puesta en marcha del nuevo marco normativo europeo, cuyos principales elementos ya se encuentran en funcionamiento.
Adoptado en mayo de 2024, el Pacto supone la reforma más profunda del sistema europeo de migración y asilo de las últimas décadas y abre una nueva etapa en la política migratoria de la Unión Europea. El nuevo modelo persigue establecer un marco común basado en un equilibrio entre control y solidaridad, responsabilidad compartida y protección de las fronteras exteriores.
El Pacto de Migración y Asilo introduce una profunda transformación del sistema europeo de asilo y gestión migratoria. Entre sus principales objetivos figuran el fortalecimiento de las fronteras exteriores de la Unión, la aceleración de los procedimientos de identificación y examen de solicitudes de protección internacional y la creación de un mecanismo permanente de solidaridad entre Estados miembros.
La Comisión subraya que la aplicación de este complejo paquete legislativo —integrado por diez actos normativos interrelacionados— ha requerido un importante esfuerzo legislativo, técnico y operativo tanto a escala nacional como europea. A pesar de ello, considera que la mayoría de los Estados miembros se encuentran en disposición de aplicar las principales obligaciones derivadas del nuevo sistema.
Balance del informe de aplicación
El informe presentado por la Comisión concluye que la mayor parte de los países han avanzado ya en la adaptación de sus legislaciones nacionales, en la implantación de procedimientos obligatorios de control y cribado en frontera y en la creación de mecanismos independientes de supervisión de derechos fundamentales.
Los Estados miembros han reforzado igualmente sus capacidades de acogida y de tramitación de traslados de solicitantes de asilo hacia el Estado responsable del examen de cada solicitud. Asimismo, el Consejo ha dado un paso decisivo mediante la creación del primer Fondo Anual de Solidaridad, destinado a facilitar el funcionamiento del nuevo mecanismo europeo de reparto de responsabilidades.
Pese a los avances registrados, la Comisión advierte de que todavía subsisten importantes desafíos operativos que deberán completarse durante los próximos meses para garantizar el funcionamiento pleno del sistema.
Entre los principales elementos pendientes figura la finalización y puesta en funcionamiento del nuevo sistema Eurodac, la base de datos biométrica central que sustentará gran parte del nuevo modelo europeo de control migratorio y de asilo. El sistema permitirá reforzar la identificación de personas migrantes y mejorar la coordinación entre Estados miembros.
La Comisión considera igualmente prioritario completar las infraestructuras necesarias para los procedimientos de cribado y tramitación en frontera, así como desarrollar medidas destinadas a prevenir movimientos secundarios irregulares dentro del espacio europeo y evitar situaciones de fuga o desaparición de solicitantes de asilo.
Otro de los ámbitos que requiere un mayor desarrollo afecta a la plena operatividad del mecanismo de solidaridad y a la aplicación homogénea de las nuevas reglas sobre responsabilidad y traslados entre Estados miembros.
El informe insiste asimismo en la necesidad de consolidar las garantías jurídicas previstas en el nuevo sistema, incluidos los mecanismos independientes de control del respeto de los derechos fundamentales durante los procedimientos fronterizos y de asilo.
Cooperación institucional y apoyo financiero
La Comisión Europea ha movilizado aproximadamente 3.000 millones de euros destinados a apoyar la implantación del Pacto y a financiar simultáneamente las medidas de protección temporal dirigidas a ciudadanos ucranianos desplazados por la guerra.
La ejecución del nuevo sistema se está desarrollando en estrecha cooperación con diversas agencias europeas, entre ellas la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA), Frontex, Europol, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea y eu-LISA, responsable de los grandes sistemas informáticos europeos.
La Comisión destaca que el nuevo modelo pretende dotar a la Unión Europea de una mayor capacidad de respuesta y resiliencia frente a un entorno geopolítico crecientemente complejo y frente a los desafíos derivados de la presión migratoria sobre las fronteras exteriores.
Actuaciones futuras
La Comisión Europea insiste en que la entrada en aplicación formal del Pacto no supone el final del proceso de implantación. Durante los próximos meses y años continuará el trabajo destinado a completar la plena operatividad del nuevo sistema europeo de migración y asilo.
Entre las prioridades inmediatas figura la finalización técnica del nuevo sistema Eurodac, la ampliación de las infraestructuras para procedimientos en frontera y el fortalecimiento de los mecanismos destinados a prevenir movimientos secundarios irregulares dentro de la Unión.
La Comisión continuará además supervisando el funcionamiento del primer Fondo Anual de Solidaridad y la correcta aplicación de los nuevos mecanismos de reparto de responsabilidades entre Estados miembros.
Las instituciones europeas seguirán igualmente trabajando en el desarrollo de garantías jurídicas y mecanismos independientes de control de derechos fundamentales, considerados esenciales para asegurar la compatibilidad del nuevo sistema con los estándares europeos de protección internacional y derechos humanos.
Con el nuevo Pacto, la Unión Europea pretende avanzar hacia un modelo migratorio más integrado, previsible y uniforme, basado en el refuerzo de las fronteras exteriores, la armonización de los procedimientos de asilo y una distribución más equilibrada de responsabilidades entre los Estados miembros.
