La creciente expansión de la inteligencia artificial generativa dentro de las universidades comienza a provocar reacciones cada vez más contundentes en algunas Facultades de Derecho. La reciente decisión adoptada por la University of California, Berkeley School of Law refleja una preocupación creciente por el posible impacto de estas herramientas sobre las capacidades intelectuales asociadas tradicionalmente a la formación jurídica.

La Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley ha aprobado una nueva política que endurece considerablemente las limitaciones relativas al uso de inteligencia artificial por parte de los estudiantes de Derecho. La norma, cuya entrada en vigor se producirá este verano, prohíbe la utilización de IA en la práctica totalidad de las actividades vinculadas con trabajos académicos presentados para evaluación y obtención de créditos.

La nueva regulación impide expresamente recurrir a sistemas de inteligencia artificial para la conceptualización, elaboración de esquemas, redacción, revisión, traducción o edición de trabajos académicos. La prohibición alcanza igualmente cualquier utilización de IA en situaciones de examen. Además, los estudiantes no podrán incorporar a plataformas generativas materiales docentes tales como tareas, lecturas, diapositivas, grabaciones de clase o cualquier otro contenido distribuido en el marco de la enseñanza.

La única excepción admitida concierne al empleo limitado de herramientas de IA para la localización de fuentes jurídicas —casos, normas o bibliografía secundaria—, manteniéndose en todo caso la plena responsabilidad del estudiante respecto de la exactitud de la investigación y del contenido íntegro del trabajo presentado. La política introduce incluso una presunción especialmente significativa: la inclusión de citas inexistentes permitirá inferir un uso prohibido de inteligencia artificial.

La Facultad contempla, sin embargo, determinadas excepciones. Podrán autorizarse usos específicos de IA en asignaturas concebidas expresamente para desarrollar competencias relacionadas con tales tecnologías o cuando el profesor considere pedagógicamente adecuado apartarse de la prohibición general mediante autorización escrita.

Particular interés revisten las declaraciones efectuadas por Chris Hoofnagle, profesor de Derecho y director académico del Berkeley Center for Law & Technology. Según explicó en varias publicaciones difundidas en X, la política anterior descansaba principalmente sobre categorías tradicionales de plagio. Sin embargo, el rápido desarrollo de modelos avanzados —mencionando expresamente Claude— habría desplazado la preocupación hacia otro terreno mucho más profundo: la preservación de las habilidades cognitivas que integran la propia formación jurídica.