Falta de la competencia de la jurisdicción española, porque la demanda se basa en las consecuencias legales y económicas derivadas de un despido acometido por una empresa americana, domiciliada en Miami

destacado-limpieza

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección Quinta, de 20 de noviembre de 2017 desestima el recurso de suplicación interpuesto contra una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº 20 de Madrid que estimó la excepción de falta de jurisdicción de los Tribunales españoles, desestimando la demanda formulada por el actor. De acuerdo con la Sala, “acierta la sentencia de instancia cuando rechaza la competencia de la jurisdicción española, porque lo que se demandan aquí son las consecuencias legales y económicas derivadas de un despido acometido por una empresa americana, domiciliada en Miami, en la que el actor decidió integrarse, siendo baja en Eulen SA, suscribiendo al efecto un contrato (no consta acreditado dónde), con una empresa independiente domiciliada en Estados Unidos, de la que fue despedido y sobre ese conflicto, carece la jurisdicción española de competencia y ello aunque una de las empresas demandadas Eulen SA esté domiciliada en España ya que la razón por la que el demandante decidió traerla al proceso, se debe a que según el demandante, el finiquito y acuerdo de localización suscritos con esta entidad, lo fueron en fraude de ley. No siendo así y debiéndose otorgar plena validez a las declaraciones de las partes meridianamente expuestas en ambos documentos, si la prestación de trabajo no se realizó en España, sino en Estados Unidos y en una empresa domiciliada en dicho país, desconociéndose el lugar en el que se celebró el contrato y la empresa que despidió al actor, no tiene nacionalidad española y tampoco tiene domicilio en España, en virtud de lo establecido en los arts. 25 LOPJ y 2.1 , 4 , 18 y 19 del Reglamento 44/2001, del Consejo de 22 de diciembre de 2000 (de aplicación, al tratarse de un procedimiento incoado con anterioridad a 10 de enero de 2015 en el que se derogó por el Reglamento de Bruselas, aunque no para la empleadora del actor, en tanto no está domiciliada en la Unión Europea, ni consta que tenga en algún Estado miembro, agencia, sucursal o establecimiento), confirmamos la falta de jurisdicción de los tribunales españoles para conocer de la cuestión planteada, con la consecuente desestimación del recurso de suplicación y confirmación del atinado fallo recurrido, en la medida en la que desconecta acertadamente toda la cuestión atinente a la nueva contratación del actor, de cualquier vinculación con nuestro país”.

La competencia de los tribunales españoles queda fijada cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato de embarque se haya celebrado en territorio español

Resultado de imagen de trabajadores del mar

La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Sala de lo Social, Sección Primera, de 5 de septiembre de 2017 estima de forma parcial el recurso de suplicación contra una sentencia del Juzgado de lo Social nº 8 de Bilbao que,  tras rechazar las excepciones de falta de competencia de los Tribunales españoles para el conocimiento de la pretensión y de falta de competencia de los Juzgados de lo Social de Bilbao, estima una demanda de despido interpuesta. De acuerdo con la Sala, “conforme al art. 25.1º LOPJ en materia de derechos y obligaciones derivados del contrato de trabajo, la competencia de los tribunales españoles queda fijada cuando los servicios se hayan prestado en España o el contrato se haya celebrado en territorio español, y en el caso de contrato de embarque si el contrato fue precedido de oferta recibida en España por trabajador español, y en el supuesto que se nos ofrece el actor tiene nacionalidad española, está domiciliado en Bilbao, y los contratos que desde julio de 2006 ha firmado y respecto de los cuales sostiene la existencia de una misma y una única relación se firmaron en España (la agencia Ibernor tiene domicilio en España, y a través de la misma suscribió los contratos de embarque salvo el último del que tampoco consta que se haya suscrito fuera de España ), no aceptando la Sala la revisión fáctica afectante a este extremo según hemos expuesto, máxime cuando se pretende desde demanda -y se ha reconocido por la sentencia de instancia- la declaración de responsabilidad de MARFLET M, cuyo domicilio está en Madrid. Consiguientemente no ha infringido la sentencia los preceptos que sostienen el motivo, como tampoco el art .21 del Reglamento UE 1215/2012 al que se alude en el mismo. De igual forma se impone el rechazo del motivo impugnatorio tercero, también sustentado en la letra a) del art.193 LRJS – y dirigido por tanto también a la declaración de la nulidad de la sentencia-, que se sostiene en la infracción del art.10.1º LRJS por falta de competencia de los Juzgados de lo Social de Bilbao, tesis que no alcanza éxito porque el actor tiene su domicilio en Bilbao, donde además ha suscrito los contratos de embarque según concluye la instancia y hemos ratificado”

Competencia de los tribunales españoles a partir de lo dispuesto en un conocimiento de embarque

Resultado de imagen de conocimiento de embarque

El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de La Plana, Sección Tercera, de 23 mayo de 2017 estima en parte un recurso de apelación formulado contra un Auto dictado del Juzgado que había declarado su falta de jurisdicción. Entre otras consideraciones, la Audiencia afirma que “el conocimiento de embarque que regula el transporte marítimo (arts. 246 y ss Ley 14/2014, de 24 de junio, de Navegación Marítima ) en relación con el cual se ha formulado la reclamación obra a los folios 18 y siguientes y la cláusula en que se funda la cuestión de competencia y, en definitiva, la decisión judicial de instancia ahora controvertida es la epigrafiada como ‘4. Law and jurisdiction‘ (…) ‘Ley y Jurisdicción. Las controversias que surjan de o en conexión con este conocimiento de embarque se determinarán exclusivamente por los tribunales y de acuerdo con la ley del lugar donde el porteador tiene su principal lugar de negocios, como se indica la página uno, salvo lo dispuesto aquí en otra parte’. (…), por lo que con arreglo a dicha cláusula, integrada con estos datos, las partes se someten a los tribunales de Rotterdam. Aduce la apelante que la cláusula de expresa sumisión transcrita se refiere únicamente a las controversias que tengan relación con el conocimiento de embarque, mientras que la reclamación planteada en este procedimiento no se refiere en puridad a éste, sino a los perjuicios ocasionados por la demora en la descarga de la mercancía en el puerto de destino, que achaca a las demandadas. Carece de virtualidad esta alegación. Entendemos que la mención en la repetida cláusula a las controversias que surjan o en conexión (arising out of or in connection) con el conocimiento de embarque no se refiere únicamente a las que tengan su origen en la aplicación o interpretación del mentado documento, como parecer entender la recurrente; así podría ser si la referencia fuera únicamente a las diferencias “que surjan” del mismo. Pero la expresión “o en conexión” es más amplia y entendemos que abarca toda controversia, litigio o diferencia que se provoque en el ámbito del transporte contratado. Y no cabe duda de que la reclamación de una indemnización por la demora en la descarga no es extraña a dicho transporte marítimo. El día 20 de diciembre de 2012 se publicó en el DOUE el Reglamento (UE) núm. 1215/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, que entró en vigor el 10 de enero de 2015 y cuyo contenido, esencialmente su art. 25, ha servido de base al juez de instancia para dictar la resolución apelada, al ser de fecha posterior la incoación del procedimiento, sin que este extremo haya sido cuestionado en el recurso”.

Se excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión a los tribunales de Londres

Resultado de imagen de transitaria puerto de Valencia

El Auto del Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Sección Sexta, de 11 de septiembre de 2017, desestima una declinatoria por falta de competencia internacional de tal modo que negando competencia internacional a los Juzgados y Tribunales de Londres, procede estimar como competentes internacionalmente a los Juzgados y Tribunales de España. El Juzgado, tras referirse art. 23 Reglamento (CE ) nº 44/2001 y al art. 25 del Reglamento (UE) nº 1215/2012  afirma que “tanto el documento de reserva de espacio en buque como el conocimiento del embarque pretenden someter al tribunal de Londres los litigios que el perjudicado pueda tener frente al transportista; y es hecho pacífico que la mercantil española demandada no ostenta dicha cualidad en cuanto actuó de simple transitaria en el puerto de Valencia (…) tanto los operarios del puerto que debían cumplir las órdenes de la demandada, como la propia mercantil demandada, la transportista terrestre y la demandante, ostentan la nacionalidad española y los hechos acaecieron dentro de las recíprocas obligaciones nacidas de un contrato de servicio de tránsito en territorio español [-donde finalizaba al cargar las mercancías a buque-]; lo que excluye la presencia de un relevante elemento de extranjería que justifique la aplicación de una cláusula de sumisión dispuesta para un sujeto pasivo o demandado distinto y por hechos producidos por dos actividades concretas [-reserva de espacio y transporte marítimo-]; siendo ajenos a ello los hechos invocados”.

La determinación de una multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por un tribunal extranjero

Resultado de imagen de CHAMPAGNE LOUIS ROEDERER (CLR), S.A

El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 1 de diciembre de 2017 desestima una solicitud de medidas cautelares, dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas a la demandada en primera instancia. En la petición cautelar se había interesado el embargo preventivo de bienes y derechos de una entidad española para cubrir la suma de 20.284.000 euros (importe de la multa coercitiva que se interesa ante los tribunales belgas) más 6.085.200 euros (30% adicional para cubrir los intereses y costas. De acuerdo con la Audiencia “es cierto que el art. 44 del Reglamento (CE ) 44/2001 (ahora, art. 55 del Reglamento (UE) nº 1215/2012), establece que: “Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen”. El problema es que la parte demandante no ha solicitado la ejecución provisional de una resolución -que, por cierto, aún no se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud- sino el embargo preventivo para asegurar un eventual pronunciamiento condenatorio en el procedimiento que se tramita ante los tribunales belgas para determinar la procedencia y, en su caso, cuantificar la multa coercitiva que debe imponerse a la demandada por continuar con el uso de signos infractores a cuyo cese ha sido condenada por resolución firme, también pronunciada por los tribunales belgas. La alegación se agota en su propia formulación en tanto que lo solicitado por la actora y lo acordado por la resolución apelada no es la ejecución provisional de una inexistente -entonces- resolución sino el embargo preventivo para asegurar la efectividad de la resolución que debe dictarse -y ya se ha dictado en primera instancia- por los tribunales belgas sobre la efectiva imposición de la multa coercitiva. La petición de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una futura resolución a dictar por los tribunales de otro Estado miembro tiene expresa cobertura en el art. 31 del Reglamento 44/2001 (ahora, art. 35 del Reglamento 1215/2012 ). Resulta por completo irrelevante a los efectos de perfilar la naturaleza de lo solicitado que en el algún pasaje del escrito inicial se aluda al embargado como ejecutado, lo que, además, puede tener sentido si consideramos que la determinación de la multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por los tribunales belgas. Menor transcendencia aún tiene que con el embargo preventivo se pretenda cubrir los gastos e intereses de la futura ejecución o que el juzgado, con acierto o sin él, haya ordenado la entrega a la parte actora de la cantidad consignada por la demandada para eludir el embargo, cuestiones que afectan al alcance y a la ejecución de la medida, que no transforman lo acordado en una inexistente ejecución provisional”.

Ámbito de aplicación temporal del Reglamento CE nº 1215/2012: continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia extranjera conforme al Reglamento CE nº 44/2001

Resultado de imagen de Curtea de Apel din Timisoara

El Auto de la Audiencia Provincial de Castellón de la Plana, Sección Tercera, de 1 de diciembre de 2017 estima el recurso de apelación  contra un Auto del Juzgado de Primera Instancia nº 3 de Vinaròs y acuerda la continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de sentencia extranjera conforme al trámite establecido en el Reglamento CE nº 44/2001. De conformidad con la Audiencia  “aun cuando el art. 80 del Reglamento CE nº 1215/2012 establece de forma expresa que queda derogado el Reglamento anterior, que es el nº 44/2001, lo cierto es que previamente se establecía una excepción a dicha derogación para supuestos que incluían en cuanto ahora interesa que se trate de acciones judiciales ejercitadas antes del 10 de enero de 2015, que es el caso que nos ocupa donde según consta la demanda origen de las resoluciones cuyo reconocimiento y ejecución se pretenden fue presentada en fecha 3 de septiembre de 2008. Siendo de aplicación el Reglamento CE nº 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, y examinando los documentos que se han acompañado a la demanda podemos apreciar que con la misma se ha aportado además de las tres resoluciones cuya ejecución se pretende, con sus traducciones correspondientes, la certificación a que se refiere el 54 del mismo, que coincide con el anexo 5 y del que puede conocerse su contenido sin necesidad de traducción toda vez que los conceptos que incluye se encuentran en idioma español en el citado anexo y lo que se ha rellenado son los datos de las partes, procedimiento y resoluciones dictadas. Debemos recordar en este sentido que de acuerdo a lo establecido en el art. 55 Reglamento CE nº 44/2001, y aun cuando no se presente la certificación que hemos mencionado y que en este caso sí que se ha aportado se puede dispensar de su presentación, si se dispusiera de suficiente información, y que la traducción de los documentos se debe presentar únicamente cuando se exija, no entendiendo que en el presente supuesto deba aportarse respecto a la certificación mencionada. Procede por todo ello y en definitiva estimar el recurso de apelación en el sentido solicitado y acordar la continuación de la tramitación del procedimiento de ejecución de Sentencia extranjera conforme al trámite establecido en el Reglamento CE nº 44/2001, revocando la resolución recurrida”.

Incompetencia de los tribunales españoles para conocer de una demanda de divorcio por no concurrir residencia habitual en España

El Auto de la Audiencia Provincial de Girona, Sección Primera, de 20 de diciembre de 2017, desestima un recurso de apelación contra un auto del Juzgado de Primera Instancia que declaró la falta de competencia judicial internacional de los tribunales españoles para conocer de una demanda de divorcio. Tras analizar las normas de la Unión Europea y españolas en la materia. De acuerdo con la Sala “cuando la demanda de divorcio se interpone por uno sólo de los cónyuges, del divorcio interpuesto por ambos cónyuges de mutuo acuerdo. Dado que en el presente caso la demanda se interpone por uno sólo de los cónyuges, para que los Tribunales españoles sean competentes es necesario o bien que ambos cónyuges posean residencia habitual en España al tiempo de la interposición de la demanda; o bien que ambos cónyuges hayan tenido su última residencia habitual en España y uno de ellos resida allí; o bien, que España sea la residencia habitual del demandado. Ni el primero ni el tercero de los supuestos concurre, pues respecto de la demandada en la demanda se indicaba desconocer su domicilio. En cuanto al segundo de los supuestos, se alegó en la demanda que tras contraer matrimonio en Dinamarca se trasladaron a vivir a Arbucies, donde fijaron su residencia habitual, pero ello no queda debidamente justificado, pues los certificados del padrón municipal se refieren exclusivamente al demandante, sin que exista constancia que realmente hubieran fijado su residencia habitual en España. Y si tenemos en cuenta que contrajeron matrimonio en Dinamarca, es mucho suponer que realmente trasladaran su residencia a España, pues, lógicamente, si contrajeron matrimonio en dicho país lo fue porque allí residían. Y si el matrimonio se contrajo el día 16 de mayo del 2013 y el empadronamiento del demandante es del 7 de noviembre del 2014, es perfectamente posible que cuando lo hiciera ya estuviera separado y que la demandada no llegara a trasladarse a Arbucies. Por lo tanto, no puede más que confirmarse los razonamientos del Juzgador de Instancia, siendo inaplicables los artículos que cita el recurrente sobre la competencia territorial, pues antes de determinar ésta es necesario determinar la jurisdicción o competencia de los Tribunales españoles. Por lo que el art. 769 LEC que se refiere a la competencia territorial sólo es de aplicación si se declara previamente la competencia de los Tribunales españoles”.