Teniendo en cuenta que la Sentencia griega de divorcio contempla una situación provisional, lo razonable es estimar la oposición a la ejecución atendiendo al interés superior de los menores

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 13 de junio de 2017 considera que en el supuesto no se está “propiamente ante una falta de competencia de la jurisdicción española pues debe tenerse en cuenta, que la recurrente trasladada ya en Grecia, se sometió a los Tribunales españoles en la Sentencia de mutuo acuerdo, en todo caso la problemática radicaría más bien en la eficacia o no de la sentencia de divorcio en cuanto al régimen de visitas, teniendo en cuenta la nueva situación creada. Debe tenerse en cuenta que la Sentencia de divorcio contemplaba una situación provisional ya sobrepasada, previniendo incluso, un nuevo régimen de relación en función del lugar de residencia de los menores, que los menores se habían trasladado junto con su madre a Grecia y que dicho traslado ha sido declarado legal por resolución 6082/2015 de el Tribunal Unipersonal de Primera Instancia de Atenas de 9 de octubre de 2015, constituyéndose en Grecia (Cholargos de Atica) la nueva residencia habitual de los menores. Igualmente por resolución 6143/2016 del Tribunal de Primera Instancia de Atenas, en procedimiento de medidas cautelares se restringen las comunicaciones del padre con los hijos en un fin de semana al mes en Grecia y con una serie de supervisiones en horario y presencia de terceros, todo ello en interés de los menores. En consecuencia, teniendo en cuenta que la Sentencia de divorcio objeto de la ejecución contemplaba una situación provisional, así como la nueva situación creada lo razonable es estimar la oposición a la ejecución aún por otros razonamientos que los que se exponen en el recurso, debiéndose adecuar el régimen de visitas a la nueva situación creada en la actualidad atendiendo al interés o beneficio superior de los menores en el procedimiento que corresponda, sin que ello prejuzgue cualquier cuestión relativa a la competencia teniendo en cuenta las prevenciones que se contemplan en el Reglamento 2.201/2003 de la Unión Europea”.

Competencia internacional internacional de los tribunales españoles para conocer de la demanda de guarda y custodia de un menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Tarragona, Sección Primera, de 1 de enero de 2017 revoca una decisión del Juzgado de Primera Instancia que había declarado  la falta de competencia internacional de los Juzgados y Tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de guarda y custodia del menor Victorio , nacido en 2014 en España de padre que ostenta la nacionalidad española y madre rusa, residiendo la pareja y el hijo en España hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se desplazó a Rusia con el hijo, presentando el padre la demanda. Considera la Audiencia que “procede declarar la competencia del Juzgado nº 5 de Tarragona para conocer de la demanda de guarda y custodia del menor dado que se trata de relaciones paternofiliales y el art. 22.3º LOPJ atribuye la competencia para conocer de esas cuestiones a los Tribunales españoles, como una de las alternativas, cuando el demandante sea español. Si bien ello nos plantearía la cuestión de si en ese proceso se podrá conocer de los alimentos del menor, dada la disposición del art. 22.3º al que venimos refiriéndonos, que la atribuye a los Tribunales españoles únicamente si reside en España el acreedor, se entiende que ello sucede cuando la demanda sea de alimentos para mayores de edad, pero no cuando se trate de fijar alimentos para un menor como consecuencia de la guarda de los mismos, procesos en los que la fijación de los alimentos es una obligación derivada de la potestad parental que no se ve alterada por la forma de ejercicio de la guarda (Art. 233-10 del CCCat). En el caso de autos debemos estar a las fechas de presentación de la demanda, momento en el que procede señalar que el menor tenía su residencia, al igual que los padres, en España, pues en ella venia residiendo de forma habitual hasta el 1 de septiembre de 2015, fecha en la que la madre se trasladó a Rusia con el menor, presentándose la demanda el 8/9/2015 antes de que madre e hijo pudieren consolidar su residencia en el país al que se trasladaron, por lo que los tribunales españoles conservaban su competencia para conocer de la litis”

La decisión judicial declarando ser hija biológica de progenitor español actúa con anterioridad y determina la ley aplicable, por lo que la nacionalidad opera después como efecto y consecuencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 21 de marzo de 2017, confirma una demanda de reclamación de filiación. Considera la Audiencia que “la nacionalidad francesa de la hija no actúa como cerrada y que necesariamente se impone como única, sino a medio de primera o provisional nacionalidad , ya que, conforme al art. 17-1-a), son españoles de origen los nacidos de padre o madre españoles (…). Si se atiende exclusivamente a la nacionalidad en el momento del inicio del pleito y se margina el precepto que queda citado, se entraría en un laberinto sin salida legal satisfactoria, ya que el presupuesto para ostentar la española necesariamente es la declaración de ser hija biológica del progenitor español, es decir que esta decisión judicial actúa con anterioridad y la determina, por lo que la nacionalidad opera después como efecto y consecuencia, cumplido el requisito, que es primero, de ser hija de ciudadano español. El art. 9.4º, conforme lo que se deja dicho se ha de aplicar cuando se ostenta nacionalidad atribuida e incompatibiliza cualquier otra. En el caso presente no se trata de una nacionalidad que venga ya impuesta como definitiva y lleve a aplicar la normativa foránea en forma automática e inevitable, prescindiendo por completo de la nacionalidad del padre, lo que no se acomoda a nuestra propia legislación, máxime cuando la legislación francesa no propicia y más bien obstaculiza la filiación reclamada”.

De acuerdo con el Convenio de La Haya en los procesos de restitución de menores el juez debe pronunciase únicamente sobre si el traslado o la retención son ilícitos y si procede o no la restitución del menor

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Girona, Sala Primera, de 23 de enero de 2017 desestima en su integridad el instado por la madre del menor, residente en la localidad de Les Planes d’Hostoles, por partir de “una premisa fáctica que no puede ser objeto de análisis en este proceso; esto es, se dice que el padre no estaba ejerciendo, de modo efectivo, el derecho de custodia en el momento en que se produjo el traslado del menor, e invoca un pretendido riesgo para el menor, en caso de devolución. Tal planteamiento está abocado al fracaso, puesto que además de no resultar acreditadas las razones expuestas y transcritas, se olvida que, en este concreto proceso, el Juez debe dictar sentencia en la que se pronunciará, únicamente, sobre si el traslado o la retención son ilícitos y acordará si procede o no la restitución del menor a la persona, institución u organismo que tenga atribuida la guarda y custodia o su retorno al lugar de procedencia para permitir al solicitante el ejercicio del régimen de estancia, comunicación o relación con el menor, teniendo en cuenta el interés superior de éste y los términos del correspondiente convenio o de las disposiciones de la Unión Europea en la materia, según el caso ( art. 778 quinquies LEC )”.

Derecho a la prestación por maternidad en un supuesto de gestación por sustitución de un menor nacido en Texas

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La Sentencia del Tribunal Superior de Cataluña, Sala de lo Social, Sección Primera, de 17 de marzo de 2017 revoca una resolución del Instituto Nacional de la Seguridad Social y declara el derecho a la prestación por maternidad en un supuesto de gestación por sustitución de un menor nacido en Texas (EE UU), formalizado allí y validado por resolución de Tribunal competente, que declaró al menor como hijo de la demandante a todos los efectos desde el momento de su nacimiento, previa renuncia de sus madre biológica. Dicho supuesto fue inscrito en el Consulado Español.

Carácter excepcional de los motivos de restitución del menor: necesidad de acreditar que el traslado la situación del menor sería de extrema gravedad

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de las Palmas de Gran Canaria, Sección Tercera, de 27 de abril de 2017, confirma la sentencia de instancia que estimó la demanda presentada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de Justicia y ordenó la inmediata restitución de un menor al Estado de su residencia habitual con anterioridad a la sustracción, Gran Bretaña. Para la Audiencia “lo que se pretende a través del Convenio (de La Haya de 1980) es restablecer la situación en los términos en los que se encontraba antes de producirse una acción ilícita que vulneraba un derecho de custodia, sin que ello implique decidir sobre el fondo de tal derecho (art. 19) ni sobre la mayor o menor conveniencia de que lo ostente uno u otro progenitor. Restablecida la situación inicial no hay ningún inconveniente en que se planteen las acciones que sean del caso para atribuir esa custodia a quien proceda o para modificar la atribución existente antes del traslado, si a ello hubiere lugar, pero sobre ello deben decidir las autoridades del lugar en que el menor tenga su residencia habitual, que normalmente contarán con más y mejores elementos de juicio”.

Juana Rivas, el maltrato y los jueces

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Llamamos la atención del artículo “Juana Rivas, el maltrato y los jueces” publicado en su “Cuaderno de Notas” por Miquel Pasquau Liaño sobre el asunto de Juana Rivas. El autor es Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada y en la actualidad Magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.