Adquisición de la nacionalidad española en interés de una menor

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 28 de septiembre de 2017 confirma la decisión, en autos de jurisdicción voluntaria, de atribuir a la madre de una menor la facultad de decidir en la tramitación de un expediente de obtención de la nacionalidad española. Argumenta el apelante que siendo ambos progenitores marroquíes y un hermano que vive en Marruecos también, no tiene interés para la menor el cambio de nacionalidad de origen. Resulta pero que esa nacionalidad de origen se tiene por ius sanguinis, es decir por ser hija de padres marroquíes, pero en realidad la niña ha nacido en España, tiene aquí arraigo pues su madre vive aquí desde hace años, está escolarizada aquí, tiene una hermana que vive con ella que ya ha adquirido la nacionalidad española y su situación legal depende, si conserva la nacionalidad marroquí, de la de sus padres, que para continuar viviendo aquí requieren del oportuno permiso de residencia. Sin embargo la Audiencia considera que “la adquisición de la nacionalidad española no ha de causarle ningún perjuicio sino todo lo contrario, ya que le permitirá acceder a los derechos de los nacionales españoles. Pero es que además, ninguna razón se da en el recurso para entender que esa decisión pueda causarle algún perjuicio, ni se argumenta que haya intención de trasladar su domicilio a Marruecos o que con ello vaya a perder algún derecho siendo que la niña desde su nacimiento ha vivido en España. La decisión del juez de primera instancia es racional y totalmente lógica ajustándose al interés de la menor por lo que procede su confirmación”.

Las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de septiembre de 2017, estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Dª Ángeles contra una sentencia dictada en autos de modificación de medidas.n En concreto, confirma dicha resolución salvo en los siguientes puntos: 1) Obligar al Sr. Jesús a acudir a la Comisaría de Policía el día y hora que al efecto le comunique por burofax la Sra. Ángeles con el fin de realizar los trámites necesarios para la expedición de pasaportes a sus hijos Darío y Amelia bajo apercibimiento de proceder en forma ejecutiva en caso de incumplimiento. 2) Autorizar a la Sra. Ángeles a que viaje con sus hijos Darío y Amelia a Bolivia durante el periodo de estancia vacacional de los menores que le corresponda debiendo informar al padre con al menos un mes de antelación de la fecha de salida y de regreso a España y la dirección completa y nº de teléfono que tendrán en Bolivia. De acuerdo con la Audiencia, “las precauciones respecto a una eventual retención ilícita o secuestro de los menores han de estar fundamentadas en indicadores razonables de riesgo que no se aprecian en autos: la madre tiene pleno arraigo en nuestro país disponiendo de documentación, vivienda, y trabajo. Por otro lado el país del que es originaria la madre, Bolivia, en 2016 se ha adherido al convenio de la Haya de aspectos civiles de sustracción de menores de 1980, por lo que en caso de que se produjera un eventual incumplimiento por parte de la madre se facilitaría la devolución de los menores”.

Incompetencia de los tribunales españoles para el conocimiento de una demanda de restitución de una menor solicitada desde Nigeria

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 2 de octubre de 2017, confirma la incompetencia de los Tribunales españoles  para el conocimiento de una demanda de restitución inmediata de una menor. El litigio concernía a un matrimonio formado por el Sr. Luis Miguel y la Sra. Cecilia , contraído en República Dominicana, son residentes en Laos, Nigeria y padre de Miriam , nacida el (…) de 2009 en Marruecos. Tras un viaje a la República Dominicana, madre e hija llegan a Barcelona donde se instalan en el mes de enero de 2016 y el padre ante el no retorno a Nigeria de madre e hija, presenta solicitud de restitución de la menor a su país de residencia habitual, Nigeria. La Audiencia examina con carácter previo de si existió un traslado ilícito determinando que es clara la competencia de los tribunales españoles para conocer de esta cuestión, como impone el art. 48.1º LEC, debiéndose estar a lo dispuesto en el art. 778 quarter de la LEC, introducido por la Ley 26/2015 de 28 de julio. Considera la Audiencia que Nigeria, país de residencia habitual de la menor , no forma parte de la Unión Europea y que no es país firmante del Convenio de la Haya ni de ningún otro Convenio internacional en materia de protección de menores de la que derive la competencia de los tribunales españoles, lo que le conduce necesariamente a la desestimación del recurso, confirmando la resolución de instancia.

En un pleito sobre restitución de menores el empadronamiento en España no determina la residencia habitual al constituir un dato meramente administrativo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 3 de octubre de 2017, estima parcialmente un recurso de apelación , acordando la restitución del menor Carlos Francisco al Reino Unido en los siguientes términos: 1. Se ordena a la madre que lleve a cabo la restitución en el plazo de quince días, durante cuyo transcurso
podrá presentar la demanda ante los Tribunales competentes. Desde el momento en que la madre cumpla voluntariamente la orden de restitución y en tanto no se presente la demanda y se acuerde por el Tribunal competente las medidas de custodia y régimen de relación con el progenitor no custodio, se acuerda un régimen de relación del menor con su padre de dos días entre semana, martes y jueves desde las 18.00 a las 19.00 horas y los sábados y domingos desde las 16.00 hasta las 18.00 horas, en el lugar designado por la madre o lugar neutral equivalente a punto de encuentro que determinen. Por el Juez de Primera Instancia se comunicará a través del Juez de enlace español dichas medidas a los Tribunales correspondientes. 2. Si transcurridos quince días la madre no ha restituido al menor al Reino Unido se ordena a la madre la entrega del menor al padre para su traslado al Reino Unido. 3. En tanto no se adopten medidas por el Tribunal competente se mantiene la prohibición a la madre de viajar fuera de España con el menor a otro destino que no sea el Reino Unido y se impone la misma prohibición al padre. La medida de protección se pondrá en conocimiento del Tribunal del Reino Unido a través del Juez de enlace español. La Audiencia, aplicando la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, señaladamente la sentencia de 22 de diciembre de 2010 (asunto C-497/10 PPU, Mercredi), aprecia que “en el supuesto contemplado, pese a que la madre sostiene que su traslado al Reino Unido en 2014 era temporal, los datos fácticos objetivos contradicen la intención expresada por cuanto empezó a trabajar nada
más trasladarse a vivir al Reino Unido en julio de 2014, se quedó embarazada y el niño nació en (…) de 2016, dos años después de trasladarse a Reino Unido. La duración de la permanencia de ambos cónyuges en el Reino Unido y su integración laboral denota estabilidad y regularidad de la residencia, es decir, habitualidad y el niño nace en el Reino Unido, en el entorno familiar formado por su padre y su madre con quien convive durante los primeros meses de vida hasta que la madre se traslada a España y se instala en (…) con intención de quedarse sin el consentimiento del padre. El empadronamiento en (…) no determina la residencia habitual al constituir un dato meramente administrativo que no va acompañado de circunstancias fácticas que le den contenido a estos efectos, pues se mantiene un empadronamiento pero no se reside en la vivienda ni constituye ésta la base fáctica de la unidad familiar. La permanencia en el Reino Unido del matrimonio no se ha probado que haya sido forzada por el esposo, ni que la esposa se haya visto obligada en contra de su voluntad a vivir en dicho Estado”.

Actitud querulante del padre en cuanto a la autorización a la madre para que trasladase el domicilio a Alemania llevando con ella a la hija

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de octubre de 2017, desestima un recurso de apelación considera que ” como toda resolución judicial, es susceptible de crítica, especialmente para quien no ha obtenido la respuesta judicial que pretendía y esperaba. Mas olvida la parte ejecutante que la actuación de los tribunales debe estar dirigida en todo caso a salvaguardar el interés de la menor y que él mismo, en su condición de padre, debe anteponer el beneficio de la hija a sus propias conveniencias”. (…) Es la vida de la hija, sus intereses, sus preferencias, sus necesidades, incluso el cuidado de sus enfermedades, sus compromisos sociales, etc…., lo que caracteriza este tipo de obligaciones en materia de familia. Es por esta razón por la que el Reglamento Europeo nº 2201/2003, sobre responsabilidad parental, en consonancia con el Convenio de La Haya de 1996 sobre la misma materia establecen que en los casos de traslados ilícitos, retención de menores en países extranjeros o disfunciones en el cumplimiento de visitas, deben las partes utilizar procedimientos de mediación por cuanto es necesario establecer un mínimo canal de comunicación en beneficio de la hija común, y unos criterios comúnmente aceptados de flexibilidad y colaboración entre ambos. De otra forma, con los procedimientos penales o sancionadores, se podrá conseguir la imposición de multas e incluso condenas por desobediencia a la otra parte, pero quien más castigada resultará será la hija a la que se obligará a entrar en un conflicto de lealtades que finalizará, muy probablemente, con la ruptura con uno de sus progenitores. Tal resultado es muy grave y perjudicial para la menor. En consecuencia se insta a ambas partes a que procuren establecer un ámbito de comunicación que posibilite el cumplimiento de las previsiones de la sentencia, no solo en cuanto a las entregas y devoluciones de la hija, sino también de la relación telemática y telefónica prevista en la sentencia que se ejecuta. No debe olvidarse que la sentencia fijó unas medidas mínimas para el caso de que las partes no fueran capaces de alcanzar un acuerdo razonable, lo que parece que no es posible tampoco por la beligerante actitud que se desprende de los escritos procesales de las representaciones letradas que, como
compromiso deontológico, deberían procurar ante todo salvaguardar los intereses de la menor, propiciando la intervención de un mediador que pueda ayudar a los litigantes a establecer dinámicas colaborativas”.

No hay razón para impedir viajar a Marruecos a una menor durante las estancias con el padre

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 13 de junio de 2017, considera que en este supuesto, ambos litigantes son de nacionalidad Marroquí, contrajeron matrimonio en Marruecos en el año 2003, si bien residen en España desde hace años y el cese de la convivencia se produjo en el año 2015. Después de la ruptura mantienen sus domicilios en España y consta que ambos tienen arraigo (empleo y vivienda). Como consigna la sentencia recurrida no cabe adoptar en este caso una medida limitativa como la solicitada al no haberse practicado prueba tendente a acreditar el riesgo que alega la hoy recurrente y que es presupuesto exigido por el art. 233-1 h) CCCat. para imponer una medida tuitiva como lo es esta. “Las razones esgrimidas por la madre podrían derivar en una petición de limitación de visitas o de ejercicio exclusivo de la responsabilidad parental pero no son suficientes para evidenciar el riesgo que quiere evitarse con la prohibición de salida del territorio. La posibilidad de que el menor vaya a viajar a Marruecos durante las estancias con el padre  no alegada pero razonable no ha de suponer, por si solo, un riesgo ni entraña -sin mayores datos- dificultad para el cumplimiento de lo que ahora se resuelve sobre visitas, lo que implicaría una sustracción internacional de menores y la aplicación del Convenio de la Haya de 1980, al que está adherido Marruecos”. Además la Audiencia tiene en cuenta que “en el ámbito bilateral España tiene suscrito precisamente un Convenio Bilateral con el Reino de Marruecos de 1997 sobre Asistencia Judicial, Reconocimiento y Ejecución de Resoluciones Judiciales en Materia de Derecho de Custodia, Derecho de Visita y Devolución de Menores”.

La resolución judicial dictada en un Estado miembro sobre derecho de visita será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 14 de junio de 2017, tuvo en cuenta que el padre se personó en el procedimiento sin cuestionar en modo alguno la competencia de los Tribunales españoles, matizando en el acto de la vista que no se opone a la guarda y custodia interesada por la madre (acordada ya en el auto de medidas provisionales de 30 de julio de 2015) pero sí al importe de la pensión de alimentos, solicitando la ejecutividad de la resolución del juzgado de Saint Denis en lo que se refiere al derecho de visitas. Considera, no obstante que, “según disponen los arts. 21 y siguientes del Reglamento 2201/2003 las resoluciones dictadas por un tribunal de un país miembro de la UE serán reconocidas en los demás Estados miembros sin necesidad de recurrir a procedimiento alguno, pero ello no obsta (art. 21.3º) para que cualquiera de las partes interesadas pueda, de conformidad con los procedimientos previstos en los arts. 28 a 36 (sobre solicitud de declaración de ejecutoriedad), solicitar que se resuelva sobre el reconocimiento o no reconocimiento de una resolución. Ahora bien, en el caso del derecho de visita concedido en virtud de una resolución judicial ejecutiva dictada en un Estado miembro, el art. 41 del Reglamento establece que será reconocido y tendrá fuerza ejecutiva en otro Estado miembro sin que se requiera ninguna declaración que le reconozca fuerza ejecutiva, y sin que quepa impugnar su reconocimiento si la resolución ha sido certificada en el Estado miembro de origen de conformidad con lo establecido en el propio precepto”.