Queda acreditado que el consentimiento de los cónyuges no estuvo viciado, por lo que no estamos ante un matrimonio de conveniencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 24 de octubre de 2017 desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona que declaró de nulidad respecto del matrimonio contraído por los demandados el 24 abril 2008, en el Ayuntamiento de Dosrius. Según la Audiencia que ” la falta de verdadero consentimiento matrimonial no suele constatarse habitualmente a través de pruebas directas de la voluntad simulada pues es lógico el interés de los implicados en mantener ocultas sus intenciones íntimas. Por ello de ordinario ha de acudirse a la prueba de presunciones de tal forma que conforme al art. 386 LEC, partiendo de unos indicios, el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho -ausencia de consentimiento matrimonial- siempre que entre el hecho admitido o demostrado y el presunto exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. Considera la Audiencia que “la sentencia de Primera Instancia ha valorado de forma acertada la prueba practicada, por lo que a ella nos remitimos, sin que sea necesario incurrir en inútiles reiteraciones pues lo verdaderamente relevante, vistas las alegaciones de los recurrentes, es determinar si en el presente caso las pruebas practicadas permiten constatar la ausencia de verdadero consentimiento matrimonial. Se trata, obviamente, de analizar intenciones íntimas de los contrayentes y dadas las dificultades de prueba que pueden presentarse, se acude normalmente a indicios, datos objetivos externos que revelen la voluntad interna de los contrayentes en el momento en que prestaron el consentimiento. Se ha acreditado que el matrimonio entre los demandado se celebró en 2008 y las manifestaciones en la Dirección General de la Policía, Brigada de extranjería y documentación se efectúan en 2013, cuando el Sr. Ángel acompaña a la Sra. Montserrat (de nacionalidad China) a realizar los trámites para obtener la tarjeta de residencia, y es en ese momento cuando afirma que va allí para hacerle un favor. Al parecer se malinterpretó su afirmación, y consideraron que el favor lo hizo cuando contrajo matrimonio con la codemandada, pero aclaró en el acto de la Vista el malentendido”.

La Audiencia Nacional concede la extradición a China a 121 ciudadanos chinos detenidos en la ‘Operación Wall’ en 2016

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, de 13 de diciembre de 2017 ha concedido la extradición a China a 121 ciudadanos chinos que fueron detenidos en 2016 en la denominada ‘Operación Wall’ por delito de estafa. A través de llamadas de internet desde España, engañaban a ciudadanos residentes en China a los que les sustraían sus depósitos bancarios. Este primer auto afecta a 121 de las 269 personas que fueron detenidas en la operación policial y establece que procede las entregas reclamadas por China porque se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición, de doble incriminación y mínimo punitivo, así como los requisitos documentales exigidos. La Sala recuerda que se cumple con el principio de doble incriminación porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en el Código Penal chino y en nuestro Código Penal. En cumplimiento del resto de los requisitos del Convenio de Extradición, se trata de un delito común, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la justicia española deniegue las extradiciones. Los hechos se remontan al mes de Diciembre de 2016, cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por las Autoridades de su país, por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar, desde centros ubicados en España, a ciudadanos de su país, a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación. En relación con la nacionalidad taiwanesa de los reclamados, el tribunal considera que desde la perspectiva del Derecho Internacional se ha venido adoptando “una postura tendente a la aceptación del principio de “Una única China” siendo Taiwán parte de la República Popular, aunque con un gobierno que legisla y dirime sus asuntos en nombre del Gobierno Popular, es un hecho notorio que el gobierno de Taiwán se erige como un gobierno con todas las competencias en la práctica, siendo reconocido como tal, pero ello no implica, sino todo lo contrario, el reconocimiento de Estado”. La Sala recuerda que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978 que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea, “La Comunidad Internacional, salvo los países con los que tiene relaciones diplomáticas- añade el tribunal- entiende a Taiwán como parte de China, y considera que su posible acceso a la independencia no puede hacerse de forma unilateral, sino siguiendo los procesos que dictan las leyes de su país”.

La imposibilidad de revisar la sentencia firme es algo distinto a la cosa juzgada en el execuátur de sentencias chinas

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El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Decimocuarta, de 25 de mayo de 2017 confirma la sentencia de instancia que declaró reconocida, válida y ejecutable en España la sentencia de 15 de agosto de 2013 dictada por el Primer Tribunal Intermedio del Pueblo de Shanghai de la República Popular de China. La Audiencia aplicó el  Tratado de 2 de mayo de 1992 entre el Reino de España y la República Popular China  sobre asistencia judicial en materia Civil y Mercantil, hecho en Pekín. A la vista del art. 22.3º del referido Tratado la Audiencia estima “que quien tiene la carga de acreditar que la sentencia de la RPC no tiene fuerza de cosa juzgada es de la parte apelada. Ninguna prueba se ha aportado que justifique que la concreta sentencia no tiene dicha fuerza. Es cierto que en la opinión citada no analiza la cuestión de la cosa juzgada. En el ap. 3 lo que analiza es que ‘no existe posibilidad de revisar la sentencia firme’ que es algo distinto a la cosa juzgada. De hecho se cita casos en los que una sentencia puede ser revisada. Pero el instituto de la cosa juzgada es otra cosa. La cosa juzgada lo que evita es que una de las partes del procedimiento resuelto pueda reclamar cuestiones ya analizadas en el anterior. Mientras que la revisión tiene como objeto poder volver a analizar una sentencia que es firme. Lo que sucede es que la parte apelada no ha aportado ningún dato que permita suponer que la sentencia concreta no tiene la fuerza de cosa juzgada. Es decir es la parte apelada quien tiene que acreditar que la sentencia no cumple con las características normales y habituales de una sentencia y que por tanto es de aplicación el citado artículo del Tratado”.

Existencia de un padecimiento psíquico indemnizable por un retraso de más de 17 horas derivado del incumplimiento de un contrato de transporte aéreo

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La Sentencia del Juzgado de Primera Instancia de Vitoria Gasteiz  nº 7 de 8 de mayo de 2017 estimó una acción de reclamación de cantidad con fundamento en el incumplimiento del contrato de transporte aéreo por parte de la compañía aérea. In casu se produjo un retraso de mas de 17 horas en el transporte contratado desde Bangkok a Madrid, con escala en Beijing. Para el Juzgado “en este caso no tratamos de un mero retraso que mas allá de la incomodidad, pérdida de tiempo y frustración, carezca de entidad relevante. Se trata de un retraso de mas de 17 horas, en un viaje de mas de 10.000 kilómetros, de vuelta al punto de origen de la pasajera y con un cambio en el destino final (Madrid- Bilbao), que desde el punto de vista objetivo, sobrepasa la mera molestia. La demandante, consumidora que contrata un servicio con una compañía extranjera, se encuentra en un país foráneo y muy alejado de su domicilio (Tailandia), se retrasa ya el primer vuelo mas de 6 horas, con lo que la viajera tiene la certeza de que no llegará a coger la conexión a Madrid en Pekín, circunstancia que necesariamente tiene que generar una angustia y ansiedad considerable ante la perspectiva cierta de verse en un país extranjero (China) sin enlace para regresar a España y a la espera de que la compañía aérea le pueda facilitar una salida. Circunstancias que por sí solas acreditan un necesario padecimiento psíquico indemnizable por no tener que ser sufrido por la contratante que ha cumplido con la prestación que le incumbía (pago del precio) y que se cuantifica en 600 euros en aplicación orientativa del Reglamento comunitario que aún no siendo aplicable al caso ofrece un criterio orientativo.

Un tribunal del CIADI desestima todas las reclamaciones formuladas por Ansung Housing Co contra la República Popular China

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Este caso se refiere a una controversia presentada ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por Ansung Housing Co., Ltd. una empresa privada constituida en virtud de las leyes de la República de Corea, , contra la República Popular China. El litigio deriva de una inversión de Ansung en un proyecto de desarrollo de condominios y campos de golf en Sheyang-Xian, China. Esta controversia fue presentada al CIADI sobre la base del APPRI entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la República Popular China de 1966. El tribunal, integrado por Lucy Reed, Presidente y Michael Pryles y Albert Jan van den Berg, árbitros, en Laudo de 9 de marzo de 2017 (ICSID Case No. ARB/14/25) desestimó todas las reclamaciones formuladas por la Demandante, Ansung Housing Co.. La decisión del Tribunal a favor de la Demandada se basó en la Regla 41 (5) del Reglamento del Centro por la manifiesta falta de mérito jurídico de una reclamación.