Execuátur de una sentencia ecuatoriana de divorcio de acuerdo con las disposiciones de la Ley 29/2015 de CJIMC

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 6 de octubre de 2017 estima un recuso de apelación interpuesto contra un Auto 2016 dictado por el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Rubí , y otorga el execuátur de una sentencia dictada por el Tribunal Quinto de lo civil de Guayas (Ecuador). Según la Audiencia “los arts. 951 a 958 LEC han quedado derogados por la Ley 29/2015, de 30 de julio, de cooperación jurídica internacional en materia civil (…). La reforma de estos preceptos, tal y como se recoge en la Exposición de Motivos de esta Ley, responde a la necesidad de ajustarse a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, teniendo en cuenta las más actuales
corrientes doctrinales así como las concreciones legislativas más recientes. Dice el art. 46.b) de esta Ley que las resoluciones extranjeras no se reconocerán “Cuando la resolución se hubiera dictado con manifiesta infracción de los derechos de defensa de cualquiera de las partes. Si la resolución se hubiera dictado en rebeldía, se entiende que concurre una manifiesta infracción de los derechos de defensa si no se entregó al demandado cédula de emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para que pudiera defenderse”. Pues bien, no sólo consta en autos que el esposo fue debidamente citado al proceso, sino que la existencia de Documento posterior en el que se hace constar su condición de divorcio evidencia la firmeza de la resolución y
su eficacia en el país de origen , lo que nos lleva a la estimación del recurso, sin que haya lugar a la imposición de las costas de esta alzada, conforme a lo dispuesto en los artículos 394 y 398 de la LEC”.

Aplicación de la normativa aragonesa al divorcio de dos ecuatorianos y a los efectos del mismo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 14 de julio de 2017,  resolvió en litigio de divorcio. In casu, los litigantes, de nacionalidad ecuatoriana, contrajeron matrimonio en Ecuador el 22 de agosto de 2007, habiendo nacido de dicha unión cuatro hijos, tres en Ecuador – Heraclio , Sacramento y Fabio , de 18, 16 y 14 años al presentarse la demanda- y uno en Zaragoza – Jacinta , de 7 años-. Todos ellos con residencia habitual en Zaragoza. La actora apoya su demanda en el Código Civil y la recurrente dice vulnerados sus arts. 145 y 146 . La legislación española es ciertamente la aplicable. El art. 8.a) del Reglamento (UE) 1259/2010, del Consejo, que derogó de facto las reglas que se mantuvieron en el art. 107 Cc hasta la L 15/2015, señala como ley aplicable al divorcio la española por la residencia común de los esposos; ley que es asimismo la aplicable a las cuestiones sobre responsabilidad parental ex art. 5.1º del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , y a los alimentos, por así resultar del  art. 3.1º del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, en ambos casos por razón de la residencia de la menor. Con ello, la normativa a aplicar no lo será la común, sino la aragonesa, pues es Aragón el territorio de residencia de todos los afectados y, no siendo de aplicación la conexión establecida en el art. 14 Cc , pues ninguno de los afectados puede tener vecindad de cualquiera de los territorios con Derecho civil propio por no ser españoles, tal circunstancia conduce al punto de conexión de la residencia en virtud de los arts. 47 y 48 Convenio de la Haya 1996 , 16 del Protocolo de 2007 y 15 del Reglamento de 2010″.

Competencia de los tribunales españoles en materia de responsabilidad parental por tener la demandante residencia habitual en España país al formular la demanda

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 13 de enero de 2017 señala que ” una cosa es que la Ley aplicable al fondo del asunto pudiera ser la normativa peruana por tratarse de una materia regida por la Ley nacional de la hija común, y otra previa y bien distinta es que dicha nacionalidad vaya a determinar la competencia de los tribunales de dicho Estado americano. En otras palabras, es perfectamente posible que sean los tribunales españoles los competentes para conocer de un asunto con elementos de extranjería -como es el presente supuesto en que la madre es de Ecuador y el padre y la hija de Perú-, por más que aquéllos deban aplicar, si resulta debidamente acreditada, la normativa de alguno de esos Estados (art. 281.2º LECivil )”. Para la Audiencia, la competencia de los tribunales españoles ha de buscarse ” en la normativa nacional, art. 22 de la LOPJ , en su redacción originaria anterior a la reforma introducida por Ley Orgánica 7/15, de 21 de julio atendida la fecha de interposición de la demanda rectora del proceso”.

Interpretación flexible del plazo fijado para calificar la falta de continuidad y efectividad de la residencia legal, a los efectos de obtener la nacionalidad

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso, Sección Tercera, de 6 de abril de 2017 anula una Resolución de la DGNR denegatoria de la nacionalidad espñola por residencia, por considerar que ” La recurrente obtiene viene avalada por una larga residencia legal previa en España, residencia que inicia el 10 abril 2000, con residencia permanente desde el 18-8-2004, empadronada en Valencia desde el 8 marzo 2000. La hoja de vida laboral demuestra una situación de desempleo mantenida desde enero de 2010. Con anterioridad había trabajado regularmente ya que, a fecha 30-3-2013, consta un alta en la Seguridad Social, durante 9 años, 2 meses y 20 días. Tiene dos hijos nacidos en España (2005 y 2010), el más pequeño con DNI español y aquejado de una enfermedad de la que es tratado regularmente en un centro hospitalario estando acreditadas visitas hospitalarias regulares durante 2011, 2012, 2013 y 2014. Si bien no hay plazo, ni normativa ni jurisprudencialmente, fijado para calificar la duración de la ausencia como indicativo de falta de continuidad y efectividad de la residencia legal, en el caso de autos, atendiendo a las particularidades expuestas en el párrafo antecedente, el recurso ha de resolverse estimatoriamente con base a su mantenido arraigo familiar en España, antes y después de la ausencia. De esta manera esa única ausencia objetada dentro de los dos años anteriores a la solicitud no permite cuestionar que España sea para la recurrente su centro de relaciones en una perspectiva de vinculación como la que implica la nacionalidad y que anteriormente hemos descrito”.