Determinación del régimen de comunicación telefónica o audiovisual para regular las relaciones paterno-filiales y la suma que debe pagar el demandado en concepto de alimentos (SAP Valencia 29 abril 2020)

La Sentencia de la Audiencia Provincial de valencia, Sección Décima, de 29 de abril de 2020 estima parcialmente el recurso de apelación contra la sentencia dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Valencia el día 8 de mayo de 2019, que acordó el divorcio de los litigantes, asignó a la actora la guarda de la hija de 12 años de edad, fijando un régimen de comunicación telefónica o audiovisual para regular las relaciones paterno-filiales y estableció a cargo del demandado la obligación de pagar la suma de 250 euros al mes en concepto de alimentos para la hija. Se da la circunstancia de que ambos litigantes son de nacionalidad ecuatoriana. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) Para determinar el régimen de comunicación paterno-filial, de acuerdo con el art. 94 del Código Civil, en relación con los arts. 5 y 15 del Convenio de La Haya de 19 de octubre de 1996, se tiene en cuenta que el informe pericial realizado por el Equipo Psicosocial adscrito a los Juzgados de Valencia (…), recomendó que en el caso de que el progenitor quisiera regresar a España, sería necesario que las visitas fueran supervisadas y que hubiera intervención en el punto de encuentro familiar, dado el rechazo que la menor manifiesta a su padre. Sin embargo, en el mismo dictamen se reconoce que el padre no tiene previsto regresar a España, desde Ecuador, donde reside. En la vista, el perito redactor del informe confirmó que la menor presenta rechazo hacia su padre, aunque precisó que es conveniente que se mantenga el contacto entre padre e hija. Ratificó que el demandado no piensa regresar a España. A la vista de estos elementos de juicio, teniendo en cuenta que el demandado reside en Ecuador, y que la menor está en España, el régimen de comunicación fijado en la sentencia debe mantenerse, porque es preferible en este momento establecer contactos de corta duración para que el menor pueda ir restableciendo el contacto con su padre superando el distanciamiento que ahora existe, antes que forzar contactos demasiado prolongados que resulten contraproducentes y no sean efectivos (…) Para determinar la suma que debe pagar el demandado en concepto de alimentos, de acuerdo con los arts. 3 y 5 del Reglamento Europeo 4/2009 y el art. 9.7º LOPJ en relación con el artículo 3 del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, se tiene en cuenta que el demandado reside en Ecuador. A tenor de la información que proporciona el dictamen pericial sobre la base de la información dada por el propio demandado, el recurrente es ingeniero civil, aunque trabaja de vendedor sin estar asegurado y sin ingresos fijos, alega que sus ingresos son muy bajos y que necesita la ayuda de sus progenitores para vivir. Por su parte la actora, según el mismo informe, trabaja cuidando a una persona mayor por 470 euros al mes, y paga un alquiler de 500 euros mensuales. A la vista de estos datos, la sala entiende que los alimentos deben reducirse, pues no hay prueba de que el demandado tenga una capacidad económica tan elevada que le permita atender la cuantía decidida por el Juzgado, teniendo en consideración, además, el menor nivel de vida del país en el que reside el demandado. Procede fijar los alimentos en 180 euros al mes».

Deja un comentario