El domingo 21 de abril de 2024 los ecuatorianos votaron masivamente en un referéndum convocado por el Gobierno de Daniel Noboa. Las 11 preguntas estaban mayoritariamente vinculadas a temas de seguridad interna, y en cuya relación se introdujeros dos preguntas sobre el arbitraje internacional y los contratos de trabajo por horas. Estas dos preguntas, las D y E, fueron identificadas como representativas del modelo neoliberal empujado por los gobiernos de los últimos 8 años en el Ecuador.
Concretamente, el gobierno de Noboa perdió de forma rotunda en la Pregunta D, donde cerca del 65% de los ciudadanos votaron en contra. Ecuador se mantiene entonces fuera de este mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estado, pasados ya siete años de haber terminado todos los tratados internacionales que incluían el arbitraje.
El resto de los cuestionamientos, que abordaban el tema de seguridad, mostraron una fuerte tendencia por el Sí, lo cual significa que la mayoría de los ecuatorianos respalda el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía, la extradición y la creación de judicaturas especiales.
Concretamente, a pregunta D del referéndum: “¿Está usted de acuerdo con que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversión, contractuales o comerciales?” ponía en cuestión la modificación del artículo 422 de la Constitución que restringe la capacidad del país para recibir inversiones extranjeras.
El No al arbitraje fue respaldado por movimientos del Ecuador (campesinos, indígenas, sindicales y feministas, entre otros) que en el tiempo récord de un mes y medio montaron una campaña ciudadana a escala nacional para responder al desafío de un referéndum.
Ecuador es el quinto país más demandando de América Latina, donde los inversores extranjeros presentaron 29 demandas arbitrales. De 21 Casos concluidos Ecuador perdió 14. Como resultado de estos casos, el país ha sido condenado a pagar a los inversores extranjeros 2.900 millones de dólares. A esto se suman los costos legales (gastos asociados con la defensa del caso) y los costos de arbitraje (pagos realizados al centro de arbitraje), que suman 1.500 millones de dólares más.
La mitad de estas demandas están vinculadas a actividades en los sectores extractivos (hidrocarburos y minería). Ecuador que viene organizándose contra la extracción de minerales y de petróleo en áreas protegidas y de gran valor por su biodiversidad, hay experiencia de sobra para hablar de los privilegios de los inversores. Por eso la respuesta de las organizaciones sociales fue tan rápida, y sin dudas por ello el resultado del No es tan rotundo en la Pregunta D.
Tras la victoria del No, el artículo 422 queda tal como fue redactado en 2008 por la Asamblea Constituyente. Esto significa que el tratado de libre comercio que había firmado el Gobierno de Lasso con Costa Rica queda paralizado. La Corte Constitucional ecuatoriana ya lo había declarado inconstitucional por incluir el mecanismo ISDS. Y el tratado con Canadá, que sería negociado este año, también queda congelado.
