Reconocimiento de una demanda de execuátur de una resolución dictada por una Jueza de de Quito confirmado un acuerdo conciliatorio en pleito de alimentos (AAP Barcelona 18 mayo 2020)

El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 18 de mayo de 2020 reconoce la demanda de execuátur de Resolución Judicial de 9 de marzo de 2018, dictada por la Jueza de la parroquia de … de Quito, relatando  que la pareja de hecho durante ocho años y con dos hijas, Beatriz y Belinda , nacidas en 2011 y 2014, viviendo en Ecuador, llegaron a Acuerdo conciliatorio el 7 de marzo de 2018, en pleito de alimentos, aprobado judicialmente, por el cual el padre viene obligado a pagar 3.100 USD para las hijas. De acuerdo con la Audiencia:

«(…) El art. 41.2º (LCJIMC)  permite el reconocimiento de las resoluciones extranjeras definitivas adoptadas en el marco de un procedimiento de jurisdicción voluntaria y, ciertamente, el reconocimiento que aquí se insta se corresponde con una resolución judicial que, en trámite de conciliación, acepta el acuerdo voluntario alcanzado por los litigantes, en un proceso en el que el Sr. Doroteo fue parte y asintió al acuerdo. El art. 51 dice que las transacciones judiciales (como es el caso) se ejecutaran conforme a las anteriores previsiones. (…). En suma, entendemos que sólo es exigible la audiencia y contradicción cuando se trate de procedimiento contencioso, pero no para el procedimiento resuelto de mutuo acuerdo. Si el legislador hubiera querido imponer en todo caso la previa audiencia de la parte contraria debería haberlo dicho expresamente. (…) La demandante pide en el suplico de la demanda que ‘se reconozca y que se ejecute con posterioridad’, y el Auto recurrido se ha limitado a «reconocer la eficacia civil de la resolución» ecuatoriana. Como hemos dicho, el reconocimiento se produce sin que sea necesario recurrir a proceso contradictorio alguno, aunque cabe la posibilidad de impugnar tal reconocimiento, por vía de recurso de apelación. Corresponde al demandado tal iniciativa y puede hacerlo, como ha ocurrido aquí, de modo que no hay infracción procesal alguna. Es por esa especial configuración del contradictorio (no hay traslado en instancia, pero es posible el recurso de apelación) por lo que en estos procedimientos se admite el recurso extraordinario de casación. Estamos hablando de un pronunciamiento de alimentos a favor de hijas menores de edad que, no ha sido puesto en duda, en la actualidad residen en España y hemos de tener en cuenta que la protección económica de los menores de edad es una prioridad en nuestra legislación, conforme al principio de su interés superior ( art. 39.3º CE). Tanto ellas como sus padres son de nacionalidad española y si han residido en Ecuador ha sido solo con carácter temporal y por motivos laborales.  El apelante esgrime como causa de oposición que la resolución ecuatoriana presenta diferentes interpretaciones, en litigio en Ecuador, en ejecución. No es esta ninguna de las causas del art. 46. No hay tampoco infracción del derecho de defensa (art. 46.1 b) porque el recurrente participó y asintió a la conciliación en el país de origen. La empresa Acciona eliminó, a partir del 1 de marzo de 2018, las ayudas al Sr. Doroteo de colegio y vivienda y fijó un plus de expatriación de 32.220,48 dólares brutos anuales. La ejecución de la resolución judicial en Ecuador comprendía los meses de octubre de 2017 a marzo de 2018 y sus intereses (…), ampliada a abril y mayo (…). No especifica el acuerdo de 2017 el alcance de la ‘pensión alimenticia’, ni si incluía o no los gastos de educación y habitación. La resolución aportada en este Rollo del Tribunal de Quito resolviendo recurso de apelación, no está dictada en el proceso del que nace la resolución cuyo execuátur se insta, sino de un proceso de ejecución por impago de pensiones. El Tribunal ecuatoriano de apelación ha hecho una determinada interpretación respecto a la obligación o no de reclamar de la empresa Acciona el pago directo a la madre de los complementos de colegios y vivienda (conforme al contrato de expatriación, a través de abono de la empresa), pero no queda claro que esta reclamación guarde relación con la resolución de la jueza de 16 de mayo de 2018, de embargo por los alimentos debidos e impagados cuya ejecución se instó. A 20 de abril de 2018, la madre también trabaja en Acciona y disfruta de compensación por vivienda y asignación para la educación escolar (…). En abril y mayo de 2018 regresaron los dos a España. Se verá en ejecución (si se insta y según lo que pida la ejecutante) si ya hay cosa juzgada o no. A priori, es posible que el título ejecutivo ampare pensiones de determinadas mensualidades no abonadas desde marzo de 2017 a la fecha de la sentencia de pareja de hecho de 19 de marzo de 2018, dictada por el Juzgado de Familia nº 16 de Barcelona en Autos nº 585/2018, pendiente de recurso de apelación, pero inmediatamente ejecutiva, y que establece una pensión de alimentos de 1.000 euros al mes para las dos hijas. Puede ser que parte de las pensiones debidas no hayan sido reclamdas en ejecución ante el tribunal ecuatoriano».

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