Recuperación, tras la sentencia de divorcio, de los apellidos de soltera de conformidad con el Derecho rumano

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada, Sección Quinta, de 14 de septiembre de 2017, tiene en cuenta que  el recurso de la demandante se limita al contenido de la sentencia en cuanto a los apellidos, pretendiendo recuperar los apellidos previos a contraer matrimonio. A partir de aquí decalra que “conforme al art. 107 Cc, la separación y el divorcio se regirán por la ley nacional común de los cónyuges en el momento de la presentación de la demanda. El art. 281 LEC establece que el Derecho extranjero deberá ser objeto de prueba, que deberá ser probado en lo que respecta a su contenido y vigencia, pudiendo valerse el Tribunal de cuantos medios de averiguación estime necesarios para su aplicación, tal como con anterioridad a la entrada en vigor de la LEC proclama el Tribunal Supremo, S 16 julio 1991, 31 diciembre 1994 y 25 enero 1999 en el sentido de distinguir las normas de conflicto apreciables de oficio en virtud de las cuales se concreta el Derecho aplicable de una relación jurídica controvertida y la prueba del Derecho extranjero, en cuanto a su vigencia, contenido, entidad y aplicación que si bien puede ser averiguado por el Juez, constituye fundamentalmente carga probatoria de quien lo alega. Entiende la Sala que no existiendo oposición y razonablemente acreditado el derecho que alega, en base a la cita del art. 383.3º del Código Civil de Rumania, nada se opone a acoger la pretensión de manera que la apelante Ángeles recupere su apellido de Juliana”

Falta de competencia judicial internacional de los Tribunales españoles por no acreditarse la residencia real y efectiva y el tiempo previo y necesario para invocarla

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 20 de octubre de 2017 confirma la falta de competencia del Juzgado de Primera Instancia para el conocimiento de una demanda de divorcio contencioso considerando, en aplicación del Reglamento (CE) nº 2201/2003, por considerar que la residencia habitual de los cónyuges no está en España y que el demandante presentó la demanda a principios de 2016 sin acreditar el cumplimiento del requisito de residencia real y efectiva y el tiempo previo y necesario a efectos de invocar la competencia de los tribunales españoles , tal como se deduce del certificado de empadronamiento que acompaña fechado el 5 de noviembre de 2016.

Competencia judicial y ley aplicable respecto de la responsabilidad parental sobre los hijos de un matrimonio polaco con residencia habitual en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara que “pese a la nacionalidad polaca de ambas partes, son competentes los tribunales españoles por encontrarse en nuestro territorio la residencia habitual de las partes y de sus hijos menores, conforme al art. 8 del Reglamento de la Unión Europea nº 2201/2003 , máxime cuando es un tema que no discuten ninguna de las partes y los dos se han sometido a nuestra jurisdicción y han pedido la aplicación de nuestra normativa. En el aspecto personal de la  comunes es aplicable la ley española conforme al art. 15 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2011. Y en materia de pensión alimenticia es aplicable el Reglamento europeo 4/2009 que en su art. 3 determina la competencia del juzgado a quo y en su art. 15 remite como ley aplicable a la determinada en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007, el cual en sus arts. 3 al 8 considera ley aplicable la designada por las partes y, en su defecto, la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, por tanto en este caso también la española”.

Prórroga de competencia de los tribunales españoles, donde se conoce de la demanda de divorcio, para decidir de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara la competencia de los tribunales españoles para conocer de las cuestiones relativas a la responsabilidad parental y alimentos considerando que “el Reglamento 2201/20013 recoge la posibilidad de prórroga de competencia del Tribunal donde se conoce de la demanda de divorcio debiendo concurrir los requisitos que en dicho precepto se examinan y que no han sido considerados por el Tribunal Francés, siendo competente el Tribunal español para las cuestiones relacionadas con la responsabilidad parental en función del artículo 8 al establecerse el criterio de la residencia de los menores como determinante en atención a la cercanía del Tribunal y la mejor posición para la resolución de los conflictos que en relación a la misma se pudieran plantear. Es incontrovertido que la familia fijó su domicilio en la ciudad de Barcelona en el año 2013 manteniéndose así hasta el momento de la ruptura y continuando la recurrente con los menores en dicha ciudad pese al cambio de residencia del demandado. Persiste por tanto la competencia del Juzgado de violencia sobre la mujer nº 2 de Barcelona quien al mismo tiempo, pese a los argumentos del auto recurrido, ostenta competencia para conocer de las obligaciones alimenticias de los progenitores frente a sus cuatro hijos en aplicación del artículo 3,d) del reglamento 4/2009. En definitiva por tanto, sin tener que acudir a normas de carácter excepcional como la prevista en el artículo 15 del Reg. 2201/20013 ni a las reglas relativas a la sumisión tácita que hubieran podido desplegarse en caso de haberse admitido a trámite la demanda, procede la estimación parcial del recurso declarándose la competencia del Tribunal español para conocer de las medidas relativas a la responsabilidad parental incluidos los alimentos sobre los cuatro hijos comunes”.

Se entiende aceptada la competencia de los tribunales españoles por sumisión tácita por lo que no es necesario acudir a otra de las normas de atribución competencial

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huelva, Sección Segunda, de 27 de julio de 2017, observa que se ha errado al aplicar la norma invocada ya que tal como se recoge en el art. 24 del reglamento europeo 44/2001 con relación al 22 de competencias exclusivas (ninguna de las cuales se refiere a la materia aquí controvertida), dada la postura de la parte demandada, que se allanó parcialmente y no formuló oposición alguna a la competencia del órgano judicial nacional (ni en la contestación a la demanda, ni en la audiencia previa), no resulta necesario acudir a otros criterios de atribución de competencia ya que por ese motivo no puede discutirse que el órgano tiene competencia para resolver sobre la acción pretendida, o con mayor precisión que no hay incompetencia de la jurisdicción nacional. En suma se entiende aceptada la competencia por sumisión tácita. Por ese motivo no se hace necesario tampoco acudir a otra de las normas de atribución competencial que son igualmente preferentes, cual es la del domicilio del demandado que, tal como se deduce de lo actuado, se encuentra igualmente en territorio español.

Se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica (Suecia)

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 31 de octubre de 2017,  declara que la actora es propietaria a título privativo de la finca sita en Ingarö (Suecia) Gustavsberg. Considera la Audiencia, en contra del criterio seguido en la resolución recurrida, que resultan de aplicación los arts. 4.1º.c, 4.3º y 11.1º y 5 del Reglamento (CE ) 593/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de junio de 2008 sobre la ley aplicable a las obligaciones contractuales (Roma I). Así, tras disponer el art. 3.1 del citado Reglamento Roma I que “El contrato se regirá por la ley elegida por las partes. Esta elección deberá manifestarse expresamente o resultar de manera inequívoca de los términos del contrato o de las circunstancias del caso”, el art. 4.1º.c dispone que “1. A falta de elección realizada de conformidad con lo dispuesto en el art. 3, y sin perjuicio de lo dispuesto en los arts. 5 a 8, la ley aplicable al contrato se determinará de este modo: (…) c) el contrato que tenga por objeto un derecho real inmobiliario o el arrendamiento de un bien inmueble se regirá por la ley del país donde esté sito el bien inmueble”; el art. 4.3 dispone que “Si del conjunto de circunstancias se desprende claramente que el contrato presenta vínculos manifiestamente más estrechos con otro país distinto del indicado en los apartados 1 o 2, se aplicará la ley de este otro país”; el art. 11.1º dispone que “Un contrato celebrado entre personas, o sus representantes, que se encuentren en el mismo país en el momento de su celebración será válido en cuanto a la forma si reúne los requisitos de forma de la ley que lo rija en cuanto al fondo en virtud del presente Reglamento, o de la ley del país donde se haya celebrado”, y el art. 11.5º dispone que “No obstante lo dispuesto en los apartados 1 a 4, todo contrato que tenga por objeto un derecho real sobre un bien inmueble o el arrendamiento de un bien inmueble estará sometido, en cuanto a la forma, a las normas de la ley del país en que el inmueble esté sito, siempre y cuando, en virtud de dicha ley: a) la aplicación de dichas normas sea independiente del país donde se celebre el contrato y de la ley que rija el contrato, y b) dichas normas no puedan excluirse mediante acuerdo”. Además, aunque el art. 10.7º Cc dispone que “Las donaciones se regirán, en todo caso, por la, ley nacional del donante”, y las normas de Derecho sustantivo prevén el otorgamiento de escritura pública como requisito constitutivo (art. 531-12 CCCat y art. 633 Cc), el art. 11.1º Cc dispone que “Las formas y solemnidades de los contratos, testamentos y demás actos jurídicos se regirán por la ley del país en que se otorguen. No obstante, serán también válidos los celebrados con las formas y solemnidades exigidas por la ley aplicable a su contenido, así como los celebrados conforme a la ley personal del disponente o la común de los otorgantes. Igualmente serán válidos los actos y contratos relativos a bienes inmuebles otorgados con arreglo a las formas y solemnidades del lugar en que éstos radiquen”. En este caso, se considera válida la donación de un bien inmueble conforme a la forma y a las solemnidades del lugar donde radica, es decir, Suecia.

La fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un “tribunal” conoce del litigio

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 20 de diciembre de 2017, asunto C‑467/16: Schlömp, determina que en el ejercicio de las funciones que le son atribuidas por el Código Procesal Civil Suizo, los órganos de conciliación pueden calificarse de “tribunales” en el sentido del art. 62 del Convenio de Lugano II. A tenor de este precepto, el término “tribunal” abarca las autoridades designadas por un Estado vinculado por dicho Convenio que sean competentes en las materias reguladas por éste. Dicho precepto establece, además, un enfoque funcional, conforme al cual un órgano se califica de tribunal por las funciones que desempeña, y no por su clasificación oficial en virtud del Derecho nacional. En consecuencia el Tribunal de Justicia concluye que los arts. 27 y 30 del Convenio de Lugano II deben interpretarse en el sentido de que, en caso de litispendencia, la fecha en que se inicie un procedimiento obligatorio de conciliación ante un órgano de conciliación de Derecho suizo es la fecha en la que se considera que un «tribunal» conoce del litigio.