Suspensión de las actuaciones judiciales que sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Cuarta, de 4 de mayo de 2017 estima parcialmente un recurso de apelación contra un Auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona respecto de una cuestión de competencia internacional, declarando que las actuaciones quedan suspendidas y sólo continuarán si los Juzgados de Andorra declinan su competencia. De acuerdo con la Audiencia “manifiesta la doctrina que con la reforma operada por la Ley 7/2015 de 21 de julio 2015 (…), la novedad más importante, en cuanto a las cláusulas de jurisdicción, no se encuentra en el art. 22 bis, estaba en el art. 22 ter , donde por primera vez en nuestro Derecho interno se reconoce expresamente el efecto derogatorio de aquéllas, la posibilidad de excluir la CJI de los tribunales españoles mediante la sumisión a un tribunal extranjero (de un tercer Estado). El efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia. Como no se ha fijado un plazo para que el interesado plantee su reclamación ante el tribunal extranjero designado, la suspensión puede ser sine die. El último apartado de este precepto aclara que no tendrá efecto la exclusión de la competencia de los tribunales españoles en aquellas materias en que no cabe sumisión a ellos. Foro general: domicilio del demandado. El art. 22 ter conserva el domicilio del demandado en España como foro general. El nuevo precepto incluye una definición del domicilio para las personas físicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando tengan aquí su residencia habitual . Y para las personas jurídicas: se entenderá que tienen su domicilio en España cuando radique aquí su sede social, centro de administración o administración central o su centro de actividad principal. Y que dicha doctrina y jurisprudencia habían alcanzado ya esta conclusión de posibilitar la sumisión, pero era muy útil que el legislador lo confirme expresamente; el efecto, en todo caso, es suspensivo: el procedimiento en España se suspenderá y sólo podrá continuar en el supuesto de que los tribunales extranjeros hubiesen declinado su competencia”.

Falta de competencia judicial internacional para la adopción de medidas paterno-filiales por sustracción internacional una menor de edad

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 16 de agosto de 2017,  resolvó positivamente el recurso de apelación contra un auto el Juzgado que no apreció la falta de competencia internacional ( arts. 218 , 459 y 465 de la LEC  en una demanda presentada por el padre de adopción de medidas paterno-filiales por sustracción internacional de la hija común menor de edad.  No comparte la Sala las apreciaciones de la resolución recurrida, considerando en cambio que, conforme a lo dispuesto en los Tratados Internacionales que resultan de aplicación al caso -Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción Internacional de menores, y Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños- así como a los artículos 36-1 y 778 sexíes LEC, 158 del Código Civil y art. 236-5 del Código Civil de Cataluña, por lo cual procede estimar el recurso de apelación al no apreciar en el presente caso la concurrencia de las circunstancias en que se funda la resolución dictada en primera instancia, compartiendo en cambio -en lo sustancial- las alegaciones del recurrente.

Competencia de los tribunales españoles por la existencia de un negocio global, pues los recurrentes habían intentado con anterioridad un proceso en Alemania que no les fue admitido

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La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 18 de octubre de 2017 resuelve una supuesta infracción del Reglamento CE 44/2001, por entender que el juzgado competente para conocer de la controversia es el de Rostock. Considera la Sala que “la carencia manifiesta de fundamento de este motivo está en que lo planteado se refiere a un argumento efectuado en la sentencia recurrida a mayor abundamiento, ya que el primero de todos es el que no se formuló declinatoria; si según se dice ahora no se podía formular declinatoria porque los tribunales españoles eran competentes para resolver sobre el contrato de compraventa de las participaciones sociales efectuado en escritura pública, entonces no hay fundamento jurídico alguno para seguir planteando en este motivo la falta de competencia de los tribunales españoles para conocer de una parte del litigio (…). Lo que sucede es que los recurrentes no están conformes con la consideración unitaria del negocio que se ha hecho en la sentencia recurrida, e insisten en dividir el negocio (conducta que choca con la mantenida ante el juez alemán al retirar uno de los hoy recurrentes la demanda allí formulada); pero eso (la consideración unitaria del negocio) es un tema sustantivo, de valoración jurídica, que debe combatirse en el recurso de casación. La formulación de este motivo es, por tanto, artificiosa, desconectada de los razonamientos de la sentencia recurrida que son los que debe combatir y desconectada de la propia conducta de los recurrentes, porque prescinden de que ellos mismos intentaron un proceso en Alemania que no les fue admitido, desde la misma tesis que -en lo esencial- subyace en este motivo (división del negocio y competencia de los tribunales alemanes para conocer de los dos contratos privados), y que retiraron esa demanda”.

Los Juzgados españoles carecen de competencia internacional para llevar a efecto la ejecución de una sentencia condenatoria de alimentos, por residir el demandado en Francia

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En el caso abordado por el  Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 13 de marzo de 2017 la actora había interpuesto un recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia que declaró la falta de competencia para conocer de la demanda ejecutiva planteada por la demandante cuyo título está constituido por la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia número 24 de Valencia el día 25 de junio de 2014, en la que se condena al demandado al pago de una pensión de alimentos para un hijo. Para la Audiencia “con la lectura de las actuaciones se comprueba que el demandado reside en Montauban (Francia), lo que implica que, en efecto, los Juzgados españoles carecen de competencia internacional para llevar a efecto la ejecución de la mencionada sentencia, que deberá instarse al amparo de los arts. 16 ss del Reglamento Europeo 4/2009 de 18 de diciembre de 2008  relativo a la competencia, la ley aplicable y el reconocimiento y ejecución de resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos. Procede por ello la desestimación del recurso de apelación”. Este Auto continúa la línea trazada por el Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 1 de marzo de 2017.

Al residir los menores en España, la renuncia a las pensiones éstos efectuada por la madre en un talaq marroquí es nula de pleno derecho en España

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La Sentencia de la Audiencia de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 7 de abril de 2017 desestima un recurso contra una sentencia de primera instancia por la que se ha decretado el divorcio de los litigantes. Estos habían aportado un documento aportando un acuerdo de divorcio (presentado ante el Consulado de Marruecos) donde se hacía constar que la esposa renunciaba a las pensiones sin perjuicio de que su representado siga manteniendo la relación paterno filial tal y como venía ejerciéndola desde el momento de su separación y solicita se estimen sus pretensiones sin concretar exactamente cuáles son los pronunciamientos apelados. La Audiencia considera que en relación con dicho documento,  que no se trata de una resolución de autorización de divorcio, sino del documento de acuerdo que deben presentar las partes de conformidad con el art 114 del Código de familia marroquí (Mudawana) que indica que: “cuando tenga lugar este acuerdo, ambas partes o una de ella presentarán la demanda de disolución del matrimonio (talaq) al Tribunal adjuntando dicho acuerdo con la finalidad de obtener la autorización del tribunal para que tenga lugar su formalización”. Indica la Audiencia que la legislación aplicable para resolver la obligación alimenticia de acuerdo con el art. 15 del Reglamento UE 4/2009 y protocolo de la Haya de 23/11/2007 y a falta de elección, es la Ley del estado de la residencia habitual del acreedor de alimentos, por tanto, la legislación española al residir los menores en España. La renuncia a las pensiones efectuada por la madre de los menores es nula de pleno derecho ( art. 6.3º, 1255 , y 1814 del Código civil ) va en contra del art. 237,12 del Código civil de Cataluña que proclama que el derecho a los alimentos es irrenunciable y además perjudica los intereses de los menores. La madre de acuerdo con el Derecho español no pudo renunciar a las pensiones de sus hijos estando ante un derecho indisponible (SAP Barcelona, Sección 12 de 2 de diciembre de 2013 ). Por ello no puede ser tenido en cuenta para ser valorado como prueba como pretende el recurrente”.

Falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por un Juzgado rumano

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El Auto de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección Décima, de 3 de mayo de 2017 estima recurso de apelación contra el auto dictado por el Juzgado de Primera Instancia , que declaró su falta de competencia para tramitar un proceso de modificación de las medidas establecidas en una sentencia de divorcio dictada por el Juzgado de Campulung Moldovenesc (Rumanía) el día 26 de marzo de 2015, y en concreto, para aumentar el importe de los alimentos debidos a la hija de los litigantes. Para la resolución del presente recurso, la Audiencia tiene en cuenta que el precepto aplicable no es el art. 775 LEC, que rige en aquellos casos en los que no haya un elemento internacional, sino que el precepto aplicable es el art. 3 del Reglamento europeo 4/2009 sobre la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento y la ejecución de las resoluciones y la cooperación en materia de obligaciones de alimentos y este precepto determina que la competencia es de los Juzgados españoles, porque el demandado vive en (…) , y la menor y su madre residen en (…), lugar en el que estaba el último domicilio conyugal. Acerca de la no aplicabilidad de las normas de competencia internas a los casos con elementos internacionales, puede invocarse la sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de marzo de 2000, relativo precisamente a una demanda de modificación de medidas de una sentencia norteamericana de divorcio. Ahora bien, como se trata de modificar una sentencia rumana, deberá primero instarse el reconocimiento en España de la misma, incluso con carácter incidental en este mismo proceso, como establece el art. 45 de la Ley de Cooperación Jurídica Internacional en materia civil. Una vez reconocida la sentencia rumana, podrá tramitarse el procedimiento en España, y, en concreto, en el Juzgado de (…), por aplicación analógica del art. 769 LEC”.

Los tribunales españoles carecen de competencia para conocer sobre un litigio concerniente a relaciones paterno filiales del hijo común de ambos litigantes con residencia habitual en Perú

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimosegunda, de 27 de junio de 2017,  estima un recurso de apelación considerando que “en la instancia, el hijo común de los litigantes reside en Perú, con los abuelos maternos, de forma ininterrumpida desde el año 2007. Partiendo de dicha situación convivencial, y al contrario de lo que, en su recurso, expone el Ministerio Fiscal, no resulta de aplicación al caso el art. 8 del Reglamento 2201/2003 del Consejo de Unión Europea, pues la cuestión suscitada afecta, no a dos de los Estados miembros, sino a los de uno solo de ellos y a los de un tercer Estado (Perú), que no se encuentra vinculado por dicha normativa. Ello reconduce necesariamente el problema competencial al art. 22 LOPJ, en la redacción vigente al momento de entablarse la demanda rectora de la litis que ahora nos ocupa (art. 411 LEC) y que, en lo concerniente a las relaciones jurídicas que afectan a menores, atribuye la competencia a los tribunales españoles en las dos siguientes hipótesis: a) Para la adopción de medidas de protección de la persona o de los bienes de los menores cuando éstos tuviesen su residencia habitual en España. b) En materia de relaciones paterno filiales, cuando el hijo tenga su residencia habitual en España al tiempo de la demanda, o el demandante sea español o resida habitualmente en España. En consecuencia, y en cuanto la aplicación de una u otra norma puede conducir a criterios distintos en la determinación de la posible competencia de los tribunales españoles, resulta indispensable la previa calificación de la acción que en cada caso se somete al examen de los tribunales; de conformidad con mayoritarios criterios de opinión doctrinal y judicial, cuando el debate suscitado concierne a la asignación de la custodia a uno de los progenitores del menor, en casos de ruptura de la unidad familiar, resultan de  aplicación las previsiones legales sobre protección de menores, lo que determina la prevalencia del foro de residencia habitual del citado descendiente. Tal criterio de conexión es el que recogen los Tratados y Convenios internacionales en materia de menores (Convenios de La Haya de 1961 y 1980, y Convenio de Luxemburgo de 1989), habida cuenta además que los Órganos jurisdiccionales del lugar de residencia del menor resultan los más adecuados para obtener los medios de prueba imprescindibles para conocer y valorar las circunstancias que afectan al citado sujeto infantil, en orden a su integración en uno u otro entorno, constitución de sus vínculos familiares, sociales y
educativos, permitiendo además valorar, desde el principio de inmediación, tanto dicho resultado probatorio, como, en su caso, los deseos, al respecto, del niño. Bajo tales condicionantes normativos, en su proyección sobre la situación fáctica concurrente en el caso, en la que el menor al que van a afectar las medidas postuladas mantiene su residencia habitual en Perú desde poco tiempo después de su nacimiento, hemos de concluir, acogiendo la pretensión principal del apelante y la adhesión del Ministerio Fiscal, que los tribunales españoles carecen de competencia para conocer de la contienda litigiosa suscitada por la demandante.
TERCERO .- Dado el sentido de esta resolución, a tenor