Ese texto está centrado en el establecimiento de un sistema de distribución de responsabilidades entre comunidades autónomas para la acogida y atención de menores migrantes no acompañados llegados a Canarias, Ceuta y Melilla. Si bien se recoge que podrán establecerse reglamentariamente las necesarias adaptaciones en función de la evolución y la ampliación de dicho régimen a otros territorios.

El texto recoge que mientras en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia no se apruebe el modelo de gestión de contingencias -con el conjunto de criterios objetivos para la reubicación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas entre las diferentes comunidades autónomas; la regulación del mecanismo de derivación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas a otras comunidades autónomas y los criterios para la determinación de plazas por comunidad autónoma en caso de derivación-, se aplicarían los criterios para la redistribución territorial y la asignación de la tutela y custodia de las personas menores de edad migrantes no acompañadas aprobados en la reunión de 27 de julio de 2022 de esa conferencia.

Plan de Respuesta

Con la modificación legislativa se regularía el Plan de Respuesta que contendrá la redistribución territorial de las personas menores de edad migrantes no acompañadas. Dicho Plan tendrá carácter obligatorio para las comunidades autónomas e incluirá las medidas relativas a la financiación que se estimen necesarias. Se prevé que el Plan se apruebe en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de la ley.