Queda acreditado que el consentimiento de los cónyuges no estuvo viciado, por lo que no estamos ante un matrimonio de conveniencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 24 de octubre de 2017 desestima el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 19 de Barcelona que declaró de nulidad respecto del matrimonio contraído por los demandados el 24 abril 2008, en el Ayuntamiento de Dosrius. Según la Audiencia que ” la falta de verdadero consentimiento matrimonial no suele constatarse habitualmente a través de pruebas directas de la voluntad simulada pues es lógico el interés de los implicados en mantener ocultas sus intenciones íntimas. Por ello de ordinario ha de acudirse a la prueba de presunciones de tal forma que conforme al art. 386 LEC, partiendo de unos indicios, el tribunal puede presumir la certeza de otro hecho -ausencia de consentimiento matrimonial- siempre que entre el hecho admitido o demostrado y el presunto exista un enlace preciso y directo según las reglas del criterio humano”. Considera la Audiencia que “la sentencia de Primera Instancia ha valorado de forma acertada la prueba practicada, por lo que a ella nos remitimos, sin que sea necesario incurrir en inútiles reiteraciones pues lo verdaderamente relevante, vistas las alegaciones de los recurrentes, es determinar si en el presente caso las pruebas practicadas permiten constatar la ausencia de verdadero consentimiento matrimonial. Se trata, obviamente, de analizar intenciones íntimas de los contrayentes y dadas las dificultades de prueba que pueden presentarse, se acude normalmente a indicios, datos objetivos externos que revelen la voluntad interna de los contrayentes en el momento en que prestaron el consentimiento. Se ha acreditado que el matrimonio entre los demandado se celebró en 2008 y las manifestaciones en la Dirección General de la Policía, Brigada de extranjería y documentación se efectúan en 2013, cuando el Sr. Ángel acompaña a la Sra. Montserrat (de nacionalidad China) a realizar los trámites para obtener la tarjeta de residencia, y es en ese momento cuando afirma que va allí para hacerle un favor. Al parecer se malinterpretó su afirmación, y consideraron que el favor lo hizo cuando contrajo matrimonio con la codemandada, pero aclaró en el acto de la Vista el malentendido”.

La apreciación de una nulidad matrimonial debe hacerse con carácter restrictivo para determinar si nos hallamos ante un matrimonio de conveniencia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 5 de septiembre de 2017 confirmó la sentencia de instancia que  declaró la nulidad de un matrimonio  celebrado en el Juzgado de Paz de Caldes de Montbiu,  un nacional español y un nacional marroquí. Según la Audiencia “es tarea ardua la de probar la situación de reserva mental y ausencia de consentimiento al acto que se está celebrando, el matrimonio, y por otra parte esta causa legal de nulidad matrimonial, como no podía ser de otra manera, su apreciación ha de hacerse con un carácter restrictivo . Este es uno de esos supuestos en lo que se exige un especial rigor a la hora de proceder al análisis de los hechos concurrentes de tal manera que sólo cuando resulte de forma inequívoca la concurrencia de esos elementos fácticos que evidencian una discrepancia entre la voluntad manifestada y la interna, puede concluirse la nulidad del matrimonio así celebrado, siempre teniendo en cuenta, además que ello puede entrar en colisión con el principio “favor matrimonio”. En el presente caso considera la Audiencia que “las respuestas en ambos interrogatorios son vagas, dubitativas, y contradictorias, pese a la claridad y sencillez de las cuestiones planteadas. Por el contrario lo que ello pone en evidencia es que no hay ni un proyecto de vida en común, ni una convivencia, ni un conocimiento mutuo que dado el tiempo transcurrido desde el matrimonio y desde el supuesto inicio de la relación, ya debía estar mas consolidado. Ante la evidencia de esta falta de convivencia y conocimientos no puede mas que concluirse que la celebración del matrimonio tuvo otra finalidad distinta”.

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El orden público constitucional no queda vulnerado por la inscripción de un matrimonio celebrado en Gambia, pese que en ese país se admita la poligamia

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Huesca, Sección Primera, de 31 de julio de 2017, desestimó desestimando el recurso de apelación interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de la demandada Dirección General de los Registros y del Notariado, al que se adhirió el Ministerio Fiscal, contra una Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Nº 5 de Huesca que había declarado la procedencia de la la inscripción de un matrimonio celebrado en la localidad de Suduwol de Gambia el 23 de enero de 1996 en el Registro Civil Español al entender que  el orden público constitucional no queda vulnerado por la inscripción del matrimonio celebrado en Gambia y que el allí demandante no podrá volver a casarse bajo el paraguas de nuestras leyes, pues el vínculo matrimonial contraído en Gambia quedará sujeto a los derechos y deberes del ordenamiento español desde la inscripción en el Registro Civil. La Audiencia considera razonable los argumentos desarrollados en la Sentencia de instancia, y siempre teniendo en cuenta que el actor solo ha contraído matrimonio una vez y que ha reagrupado en España a su grupo familiar, opta por asumir dicha tesis. “Es verosímil que el demandante, al momento de casarse en Gambia, no tuviera otra opción que aceptar el matrimonio legal celebrado bajo la ley islámica, pero una cosa es que la Sharia contemple la poligamia y otra que el actor haya ejercido esta opción o tenga intención de ejercerla. Una vez inscrito el matrimonio en el Registro Civil Central, ningún otro eventual matrimonio que pudiera contraer el actor merecerá la protección del Derecho español, cuya integración en la sociedad española, por otra parte, no ha quedado en absoluto desvirtuada en este proceso. Procede por todo ello mantener lo resuelto en la instancia”.

Indicios suficientes de la simulación de un matrimonio celebrado entre una cubana y un español

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Burgos, Sección Segunda, de 14 de junio de 2017 considera que existen indicios suficientes de la simulación del matrimonio celebrado entre las partes, procediendo en consecuencia a la nulidad matrimonial interpuesta . La Audiencia tuvo en cuenta “el escasísimo tiempo que medió entre la entrada en España de Flora y su matrimonio; la diferencia de edad entre los contrayentes y sus circunstancias personales (Flora tiene dos hijos de relación anterior); la contradicción sobre el momento que Flora dijo en la prueba de interrogatorio que entro en España (año 2009) respecto del que indicaba inicialmente (agosto de 2010) para justificar su matrimonio al no darse cuenta de que en ambas fechas si permitían la celebración posterior del matrimonio revelando un ánimo meramente justificativo de hacer coincidir las fechas; la falta de indicación por Jenaro de la fecha concreta de su matrimonio con Flora cuando fue preguntado sobre ella en la prueba de interrogatorio de parte; la falta de prueba efectiva de su convivencia, residiendo Flora en lugar distinto del de su cónyuge, haciendo coincidir éste mediante empadronamiento solo en los momentos en que realiza la tramitación de expedientes de nacionalidad o residencia; las distintas justificaciones ofrecidas por las partes sobre el alcance de sus relaciones y la relación sentimental efectiva de Jenaro con Manuela (hermana de su cónyuge: Flora ) a quién conoció con anterioridad a ésta y con quien, prueba de su relación afectiva real, tuvo un hijo y con quien hoy sigue manteniendo convivencia”.

La certificación del matrimonio contraído en el extranjero, ajustada a las exigencias legales, es prepuesto de la acción de divorcio en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante, Sección Novena, de 10 de febrero de 2017, desestima un recurso interpuesto en un procedimiento de divorcio contencioso, al estimar que no ha acreditado suficientemente el matrimonio que contrajo en Portugal. Para la Audiencia la demanda de divorcio formulada por la apelante adolece del defecto que acoge la sentencia recurrida, y no es otro que la ausencia de una certificación de matrimonio de los litigantes por no ajustarse el documento que como tal se presenta a las exigencias legales. Para la Audiencia “la certificación de matrimonio es prepuesto de la acción de divorcio y no puede considerarse que el documento aportado reúna las características de la exigencia legal, pues al tratarse de un documento expedido por funcionario público, exige el complemento de la Apostilla de la Haya, al ser Portugal firmante del Convenio”.

Cuestionamiento por la registradora de la existencia del matrimonio y su validez conforme al ordenamiento jurídico español

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La Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 11 de mayo de 2017, confirma la calificación de la registradora  pues, “teniendo en cuenta de que se trata de la aprobación de un convenio regulador dentro de un procedimiento de divorcio, no deja de causar extrañeza que el mismo se hubiera tramitado sin que previamente se hubiera acreditado la existencia del vínculo matrimonial (…). La firmeza de la sentencia de divorcio y aprobación del convenio regulador está sometida a lo que es presupuesto esencial para que pueda tener efecto, que no es otro que la existencia del vínculo matrimonial. Y lo que también es evidente es que, a quien corresponde determinar la validez del matrimonio (como presupuesto para su inscripción) en aquellos supuestos de los celebrados en el extranjero por dos ciudadanos extranjeros y en los que subsistiendo el matrimonio, uno al menos de los cónyuges adquiere la nacionalidad española pasando el Registro Civil español al ser sobrevenidamente competente para la inscripción, es al encargado del Registro Civil, en este caso el Registro Civil Central.  En el caso se trataba, con respaldo en la sentencia expedido por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Alcalá de Guadaíra el día 10 de octubre de 2016, de la inscripción de un convenio regulador de los efectos del divorcio entre dos cónyuges, uno español y otro extranjero, sin que constase la inscripción del mismo en el Registro Civil competente.

Frente a la DGRN la Audiencia Provincial de Bilbao declara la validez del matrimonio contraído con arreglo a la ley cubana en Santiago de Cuba, habiendo de procederse a la inscripción del mismo en el Registro Civil del Consulado español en La Habana

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Bilbao, Sección Quinta, de 9 de febrero de 2017, estima el recurso de apelación interpuesto por la representación de D. Nemesio contra la sentencia dictada el día 26 de abril de 2016 por el Sr. Juez del Juzgado de Primera Instancia nº 4 de los de Gernika, revocando dicha resolución, y en su virtud dictar otra en que, con estimación de los pedimentos de la demanda interpuesta por el antedicho recurrente frente a la Dirección General de Registros y del Notariado en la que se declara la validez del matrimonio contraído con arreglo a la ley cubana por D. Nemesio y Dª Penélope en Santiago de Cuba (Cuba) el día 13 de agosto de 2008, habiendo de procederse a la inscripción del mismo en el Registro Civil del Consulado español en La Habana, debiendo llevar a cabo la demandada cuantas actuaciones y diligencias sean precisas para practicar eficazmente dicha inscripción, condenando a la parte vencida en juicio al pago de la costas procesales en la primera instancia. La Sentencia entiende que, aunque en el caso de autos ” ambos cónyuges en la audiencia reservada que tuvo lugar el día 25 de marzo de 2014 incurrieron en determinados errores o lagunas con respecto a las circunstancias personales o familiares del otro (…), tales no se presentan de especial relevancia, menos contrastadas con los restantes datos obrantes en los autos respecto a los cuales hemos de dejar indicado que sin bien en principio la prueba sobre la existencia del matrimonio real debe ser relativa al momento de la celebración del matrimonio ello no impide valorar otros hechos posteriores para alcanzar convencimiento de la verdadera intención de los contrayentes, previsión de tal ponderación, junto con los anteriores y coetáneos, que se erige en regla general de la interpretación contractual en el artículo 1.282 Cc” .