Actitud querulante del padre en cuanto a la autorización a la madre para que trasladase el domicilio a Alemania llevando con ella a la hija

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 5 de octubre de 2017, desestima un recurso de apelación considera que ” como toda resolución judicial, es susceptible de crítica, especialmente para quien no ha obtenido la respuesta judicial que pretendía y esperaba. Mas olvida la parte ejecutante que la actuación de los tribunales debe estar dirigida en todo caso a salvaguardar el interés de la menor y que él mismo, en su condición de padre, debe anteponer el beneficio de la hija a sus propias conveniencias”. (…) Es la vida de la hija, sus intereses, sus preferencias, sus necesidades, incluso el cuidado de sus enfermedades, sus compromisos sociales, etc…., lo que caracteriza este tipo de obligaciones en materia de familia. Es por esta razón por la que el Reglamento Europeo nº 2201/2003, sobre responsabilidad parental, en consonancia con el Convenio de La Haya de 1996 sobre la misma materia establecen que en los casos de traslados ilícitos, retención de menores en países extranjeros o disfunciones en el cumplimiento de visitas, deben las partes utilizar procedimientos de mediación por cuanto es necesario establecer un mínimo canal de comunicación en beneficio de la hija común, y unos criterios comúnmente aceptados de flexibilidad y colaboración entre ambos. De otra forma, con los procedimientos penales o sancionadores, se podrá conseguir la imposición de multas e incluso condenas por desobediencia a la otra parte, pero quien más castigada resultará será la hija a la que se obligará a entrar en un conflicto de lealtades que finalizará, muy probablemente, con la ruptura con uno de sus progenitores. Tal resultado es muy grave y perjudicial para la menor. En consecuencia se insta a ambas partes a que procuren establecer un ámbito de comunicación que posibilite el cumplimiento de las previsiones de la sentencia, no solo en cuanto a las entregas y devoluciones de la hija, sino también de la relación telemática y telefónica prevista en la sentencia que se ejecuta. No debe olvidarse que la sentencia fijó unas medidas mínimas para el caso de que las partes no fueran capaces de alcanzar un acuerdo razonable, lo que parece que no es posible tampoco por la beligerante actitud que se desprende de los escritos procesales de las representaciones letradas que, como
compromiso deontológico, deberían procurar ante todo salvaguardar los intereses de la menor, propiciando la intervención de un mediador que pueda ayudar a los litigantes a establecer dinámicas colaborativas”.

Competencia judicial y ley aplicable respecto de la responsabilidad parental sobre los hijos de un matrimonio polaco con residencia habitual en España

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosegunda, de 18 de mayo de 2017 declara que “pese a la nacionalidad polaca de ambas partes, son competentes los tribunales españoles por encontrarse en nuestro territorio la residencia habitual de las partes y de sus hijos menores, conforme al art. 8 del Reglamento de la Unión Europea nº 2201/2003 , máxime cuando es un tema que no discuten ninguna de las partes y los dos se han sometido a nuestra jurisdicción y han pedido la aplicación de nuestra normativa. En el aspecto personal de la  comunes es aplicable la ley española conforme al art. 15 del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , en vigor en nuestro país desde el 1 de enero de 2011. Y en materia de pensión alimenticia es aplicable el Reglamento europeo 4/2009 que en su art. 3 determina la competencia del juzgado a quo y en su art. 15 remite como ley aplicable a la determinada en el Protocolo de la Haya de 23 de noviembre de 2007, el cual en sus arts. 3 al 8 considera ley aplicable la designada por las partes y, en su defecto, la ley del Estado de residencia habitual del acreedor, por tanto en este caso también la española”.

Falta de competencia judicial internacional para la adopción de medidas paterno-filiales por sustracción internacional una menor de edad

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El Auto de la Audiencia Provincial de Lleida, Sección Segunda, de 16 de agosto de 2017,  resolvó positivamente el recurso de apelación contra un auto el Juzgado que no apreció la falta de competencia internacional ( arts. 218 , 459 y 465 de la LEC  en una demanda presentada por el padre de adopción de medidas paterno-filiales por sustracción internacional de la hija común menor de edad.  No comparte la Sala las apreciaciones de la resolución recurrida, considerando en cambio que, conforme a lo dispuesto en los Tratados Internacionales que resultan de aplicación al caso -Convenio de la Haya de 25 de octubre de 1980, sobre aspectos civiles de la sustracción Internacional de menores, y Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996, relativo a la Competencia, la Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la Cooperación en materia de Responsabilidad Parental y de Medidas de Protección de los Niños- así como a los artículos 36-1 y 778 sexíes LEC, 158 del Código Civil y art. 236-5 del Código Civil de Cataluña, por lo cual procede estimar el recurso de apelación al no apreciar en el presente caso la concurrencia de las circunstancias en que se funda la resolución dictada en primera instancia, compartiendo en cambio -en lo sustancial- las alegaciones del recurrente.

Aplicación de la normativa aragonesa al divorcio de dos ecuatorianos y a los efectos del mismo

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda, de 14 de julio de 2017,  resolvió en litigio de divorcio. In casu, los litigantes, de nacionalidad ecuatoriana, contrajeron matrimonio en Ecuador el 22 de agosto de 2007, habiendo nacido de dicha unión cuatro hijos, tres en Ecuador – Heraclio , Sacramento y Fabio , de 18, 16 y 14 años al presentarse la demanda- y uno en Zaragoza – Jacinta , de 7 años-. Todos ellos con residencia habitual en Zaragoza. La actora apoya su demanda en el Código Civil y la recurrente dice vulnerados sus arts. 145 y 146 . La legislación española es ciertamente la aplicable. El art. 8.a) del Reglamento (UE) 1259/2010, del Consejo, que derogó de facto las reglas que se mantuvieron en el art. 107 Cc hasta la L 15/2015, señala como ley aplicable al divorcio la española por la residencia común de los esposos; ley que es asimismo la aplicable a las cuestiones sobre responsabilidad parental ex art. 5.1º del Convenio de la Haya de 19 de octubre de 1996 , y a los alimentos, por así resultar del  art. 3.1º del Protocolo de La Haya de 23 de noviembre de 2007, en ambos casos por razón de la residencia de la menor. Con ello, la normativa a aplicar no lo será la común, sino la aragonesa, pues es Aragón el territorio de residencia de todos los afectados y, no siendo de aplicación la conexión establecida en el art. 14 Cc , pues ninguno de los afectados puede tener vecindad de cualquiera de los territorios con Derecho civil propio por no ser españoles, tal circunstancia conduce al punto de conexión de la residencia en virtud de los arts. 47 y 48 Convenio de la Haya 1996 , 16 del Protocolo de 2007 y 15 del Reglamento de 2010″.

Al quedar constancia que la madre otorgó una autorización de custodia a favor de la abuela materna, con la que convive la menor en la República Dominicana, la demandante deberá plantear su demanda ante los Tribunales de ese Estado

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoctava, de 17 de mayo de 2017, declara, en aplicación del Convenio de La Haya relativo a la competencia, la ley aplicable, el reconocimiento, la ejecución y la cooperación en materia de responsabilidad parental y de medidas de protección de los niños, de 19 octubre 1996, del que son parte España y la República Dominicana, que conforme al último apartado de su art. 9 que “la autoridad de origen de la solicitud sólo puede ejercer su competencia en lugar de la autoridad del Estado contratante de la residencia habitual del niño si esta autoridad ha aceptado la petición. Teniendo en consideración las circunstancias concurrentes en el presente supuesto en el que consta que la madre otorgó una autorización de custodia a favor de la abuela materna, con la que convive la menor en la República Dominicana, en enero de 2014, la Sala estima que deberá ser la demandante la que plantee su demanda ante los Tribunales de la República Dominicana a los que se considera en principio en mejor situación para resolver sobre lo que constituye objeto de la presente demanda.