La Audiencia Nacional concede la extradición a China a 121 ciudadanos chinos detenidos en la ‘Operación Wall’ en 2016

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, de 13 de diciembre de 2017 ha concedido la extradición a China a 121 ciudadanos chinos que fueron detenidos en 2016 en la denominada ‘Operación Wall’ por delito de estafa. A través de llamadas de internet desde España, engañaban a ciudadanos residentes en China a los que les sustraían sus depósitos bancarios. Este primer auto afecta a 121 de las 269 personas que fueron detenidas en la operación policial y establece que procede las entregas reclamadas por China porque se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición, de doble incriminación y mínimo punitivo, así como los requisitos documentales exigidos. La Sala recuerda que se cumple con el principio de doble incriminación porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en el Código Penal chino y en nuestro Código Penal. En cumplimiento del resto de los requisitos del Convenio de Extradición, se trata de un delito común, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la justicia española deniegue las extradiciones. Los hechos se remontan al mes de Diciembre de 2016, cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por las Autoridades de su país, por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar, desde centros ubicados en España, a ciudadanos de su país, a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación. En relación con la nacionalidad taiwanesa de los reclamados, el tribunal considera que desde la perspectiva del Derecho Internacional se ha venido adoptando “una postura tendente a la aceptación del principio de “Una única China” siendo Taiwán parte de la República Popular, aunque con un gobierno que legisla y dirime sus asuntos en nombre del Gobierno Popular, es un hecho notorio que el gobierno de Taiwán se erige como un gobierno con todas las competencias en la práctica, siendo reconocido como tal, pero ello no implica, sino todo lo contrario, el reconocimiento de Estado”. La Sala recuerda que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978 que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea, “La Comunidad Internacional, salvo los países con los que tiene relaciones diplomáticas- añade el tribunal- entiende a Taiwán como parte de China, y considera que su posible acceso a la independencia no puede hacerse de forma unilateral, sino siguiendo los procesos que dictan las leyes de su país”.

Nueva versión del “Manual europeo para la emisión y ejecución de órdenes de detención europeas”

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El presente manual, publicado en el DO C 335 de 6 de octubre de 2017 es una versión revisada del Manual europeo para la emisión de órdenes de detención europeas publicado por el Consejo en 2008 y revisado en 2010. Una vez finalizado el período transitorio de cinco años contemplado en el Tratado de Lisboa relativo a los denominados instrumentos jurídicos correspondientes al antiguo tercer pilar, incluida la Decisión marco 2002/584/JAI del Consejo, de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros  («Decisión marco sobre la ODE»), la Comisión asumió la tarea de actualizar y revisar el manual. La orden de detención europea (en lo sucesivo «ODE») es un procedimiento judicial simplificado y transfronterizo de entrega a efectos de enjuiciamiento o de ejecución de una pena o de una medida de seguridad privativas de libertad. Las órdenes de detención europeas emitidas por las autoridades judiciales de cualquier país de la UE son válidas en todo el territorio de la Unión Europea. La orden de detención europea viene funcionando desde el 1 de enero de 2004. Ha sustituido a los dilatados procedimientos de extradición que solían existir entre países de la UE. El presente manual tiene en cuenta la experiencia adquirida durante los últimos trece años de aplicación de la orden de detención europea en la Unión. Los objetivos de esta revisión son actualizar el manual y hacerlo más exhaustivo y accesible. Para preparar esta última versión del manual, la Comisión consultó a diversas partes interesadas y expertos, incluidos Eurojust, la Secretaría de la Red Judicial Europea y los expertos de las administraciones y autoridades judiciales de los Estados miembros.

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Acceso de los órganos de la jurisdicción militar a los mecanismos de cooperación judicial internacional

El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal. Al fondo, miembros de la Comisión Permanente del CGPJ

EL BOE de 16 de agosto de 2017 publica la Resolución 420/38203/2017, de 28 de julio, de la Secretaría General Técnica del Ministerio de Defensa, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial, para facilitar a los órganos de la jurisdicción militar el acceso a medios y servicios y en otras áreas de interés común. Dicha Resolución contempla la colaboración en materia de cooperación judicial internacional, “facilitando a los Juzgados y Tribunales Militares el acceso a los medios del Consejo General del Poder Judicial en esta materia”. En concreto, ” el Consejo General del Poder Judicial, a través de su Servicio de Relaciones Internacionales, pondrá a disposición de la jurisdicción militar su estructura de cooperación judicial internacional, incluyendo la Red Judicial Española, la Red de Expertos en Derecho de la Unión Europea, la Bolsa Internacional de Consultores, y la red iberoamericana IberRed. De la misma forma, los órganos judiciales ordinarios tendrán acceso a los medios de auxilio internacional con los que cuenta la jurisdicción militar”.

No es procedente la entrega extradicional a las autoridades judiciales de la República de Brasil de un individuo con de doble nacionalidad de facto hispano brasileña

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sección 991, de 25 de julio de 2017 estima un recurso de súplica contra un Auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia que declaró procedente en la vía jurisdiccional la entrega extradicional a las´autoridades judiciales de la República de Brasil un ciudadano español, para enjuiciamiento por los delitos de cohecho, lavado de dinero y organización criminal. Según la Audiencia Nacional “entre España y Brasil no existe convenio de doble nacionalidad que contemple esta situación, sin embargo al tratarse de un ciudadano de un país iberoamericano la adquisición de la nacionalidad brasileña no es motivo de pérdida de la nacionalidad española de origen, art. 24 Cc. Nos encontramos ante una situación de facto de doble nacionalidad, que no puede considerarse conflictiva, pero la ausencia de tratado impide acudir a criterios para considerar una efectiva frente a otra. De modo que este tribunal debe partir de que el reclamado tiene nacionalidad española con todas las consecuencias que ello implica. El que estas situaciones de doble nacionalidad no se encuentren contempladas para excluir la prohibición constitucional de entrega de nacionales, en nuestro caso impuesta por el principio de reciprocidad de nuestra constitución, y en el del país requirente dentro de la prohibición de entrega de nacionales -salvo naturalizados con posterioridad al delito o tráfico de drogas- lo que supone es que cobre plena vigencia el principio de prohibición de entrega de nacionales, que no se puede excepcionar so pretexto de que también concurra otra nacionalidad. Esta excepción hubiese requerido que la norma lo contemplase expresamente, y como no es así este tribunal no puede más que otorgar al reclamado la protección que su nacionalidad española implica, y en consecuencia denegar, por aplicación del principio de reciprocidad, su entrega a las autoridades de Brasil”.

La invocación la nacionalidad española del reclamado no es obstáculo para su extradición

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sección 991, de 25 de julio de 2017 desestima el el recurso de súplica interpuesto contra el Auto de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de 19 de junio de 2017 y acuerda la procedencia de la extradición a México. Considera este decisión que ” los casos en que este Tribunal tiene que administrar esta causa facultativa de denegación de la extradición, lo viene haciendo en atención a las circunstancias que en cada cual concurren, que en el que nos ocupa ha inclinado a la mayoría del Pleno por no hacer uso de ella, porque, si, como se dice en el recurso, el reclamado se asentó en México en el año 1994, allí se casó con una ciudadana mexicana en 1997, de la que se divorció en 2008, pero con la cual tuvo dos hijos que se quedaron con la madre, y si, por otra parte, se tiene en cuenta que el hecho delictivo que se le imputa se sitúa en el año 2013 y es de la suficiente complejidad, que requiere un mínimo conocimiento del medio en que se comete, todo ello es indicativo de un no escaso arraigo
en ese país, aun cuando no se haya llegado a ser nacional de él”. El fallo cuenta con el voto particular de los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y José Ricardo de Prada Solaesa.

Intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal

La Unión Europea contra el fraude fiscal - Equal Protección de Datos

El DO de 28 de julio de 2017 publica la Directiva (UE) 2017/1371 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2017, sobre la lucha contra el fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal. Dicho instrumento establece normas mínimas relativas a la definición de las infracciones penales y de las sanciones relativas a la lucha contra el fraude y otras actividades ilegales que afectan a los intereses financieros de la Unión, con el fin de reforzar la protección contra las infracciones penales que afectan a dichos intereses financieros, en consonancia con el acervo de la Unión en este ámbito. Los Estados miembros deberán adoptar y publicar, antes del 6 de julio de 2019, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva.

Acuerdo para crear una Fiscalia Europea

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En el Consejo de Justicia celebrado el 8 de junio de 20917 veinte Estados miembros (Austria, Bélgica, Bulgaria, Croacia, Chipre, Chequia, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, España y Eslovenia) han llegado a un acuerdo político por el que se establece una nueva Fiscalía Europea (European Public Prosecutor’s Office) con arreglo a un mecanismo de cooperación reforzado. Tras su instauración, la Fiscalía independiente de la UE gozará de facultades de investigación y persecución de las causas penales que afecten al presupuesto de la UE, como la corrupción y el fraude que impliquen fondos de la UE o los casos transfronterizos de fraude del IVA. Se tratará de un organismo sólido, independiente y eficiente, especializado en luchar contra los delitos financieros en toda la UE. El Parlamento Europeo tiene ahora que otorgar su aprobación.

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