El Boletín Oficial del Estado ha publicado el 21 de octubre de 2025 el Acuerdo entre el Reino de España y la Corte Penal Internacional (CPI) relativo a la ejecución de las penas impuestas por dicha Corte, suscrito en La Haya el 8 de diciembre de 2022 y que entrará en vigor el 1 de noviembre de 2025.

Este instrumento jurídico establece el marco de cooperación entre España y la CPI para el cumplimiento en territorio español de las penas privativas de libertad dictadas por el tribunal internacional, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 103 del Estatuto de Roma.

El acuerdo refleja el compromiso firme de España con la justicia penal internacional y la lucha contra la impunidad de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional, reafirmando el apoyo constante de nuestro país al sistema del Estatuto de Roma.

Condiciones y supervisión

El texto dispone que la ejecución de las penas se desarrollará bajo la supervisión de la Corte Penal Internacional y con arreglo a las normas internacionales sobre el tratamiento de los reclusos, en particular las Reglas Nelson Mandela de las Naciones Unidas.
España se compromete a garantizar que las condiciones de reclusión sean equivalentes a las aplicadas a los reclusos nacionales condenados por delitos similares.

Asimismo, se prevén mecanismos de información y comunicación constante entre España y la CPI, así como la posibilidad de inspecciones periódicas por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, en línea con los estándares internacionales de transparencia y respeto a los derechos humanos.

Procedimientos y garantías

El acuerdo regula los procedimientos para la designación del Estado de cumplimiento, el traslado y la supervisión de las personas condenadas, así como los supuestos de apelación, revisión, reducción de la pena o evasión.
También se establecen limitaciones expresas al enjuiciamiento o extradición de los condenados por los mismos crímenes juzgados por la CPI, asegurando la coherencia del sistema de justicia internacional.

El Ministerio de Justicia actuará como canal de comunicación en nombre de España, mientras que por parte de la Corte lo hará la Dependencia de Asesoría Jurídica y Ejecución de las Decisiones de la Presidencia.

Entrada en vigor y alcance

Tras la notificación diplomática de cumplimiento de los requisitos legales internos por parte de España, el acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de noviembre de 2025, consolidando la posición de nuestro país como socio activo en la aplicación efectiva del Derecho Penal Internacional y en la protección universal de los derechos humanos.