La determinación de una multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por un tribunal extranjero

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El Auto de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Vigesimoctava, de 1 de diciembre de 2017 desestima una solicitud de medidas cautelares, dejando sin efecto las medidas cautelares acordadas, con expresa imposición a la parte actora de las costas causadas a la demandada en primera instancia. En la petición cautelar se había interesado el embargo preventivo de bienes y derechos de una entidad española para cubrir la suma de 20.284.000 euros (importe de la multa coercitiva que se interesa ante los tribunales belgas) más 6.085.200 euros (30% adicional para cubrir los intereses y costas. De acuerdo con la Audiencia “es cierto que el art. 44 del Reglamento (CE ) 44/2001 (ahora, art. 55 del Reglamento (UE) nº 1215/2012), establece que: “Las resoluciones extranjeras que condenaren al pago de multas coercitivas solamente podrán ejecutarse en el Estado miembro requerido cuando la cuantía hubiere sido fijada definitivamente por el tribunal del Estado miembro de origen”. El problema es que la parte demandante no ha solicitado la ejecución provisional de una resolución -que, por cierto, aún no se había dictado al tiempo de presentarse la solicitud- sino el embargo preventivo para asegurar un eventual pronunciamiento condenatorio en el procedimiento que se tramita ante los tribunales belgas para determinar la procedencia y, en su caso, cuantificar la multa coercitiva que debe imponerse a la demandada por continuar con el uso de signos infractores a cuyo cese ha sido condenada por resolución firme, también pronunciada por los tribunales belgas. La alegación se agota en su propia formulación en tanto que lo solicitado por la actora y lo acordado por la resolución apelada no es la ejecución provisional de una inexistente -entonces- resolución sino el embargo preventivo para asegurar la efectividad de la resolución que debe dictarse -y ya se ha dictado en primera instancia- por los tribunales belgas sobre la efectiva imposición de la multa coercitiva. La petición de embargo preventivo como medida cautelar para asegurar una futura resolución a dictar por los tribunales de otro Estado miembro tiene expresa cobertura en el art. 31 del Reglamento 44/2001 (ahora, art. 35 del Reglamento 1215/2012 ). Resulta por completo irrelevante a los efectos de perfilar la naturaleza de lo solicitado que en el algún pasaje del escrito inicial se aluda al embargado como ejecutado, lo que, además, puede tener sentido si consideramos que la determinación de la multa coercitiva se enmarca propiamente en ejecución de la previa sentencia firme dictada por los tribunales belgas. Menor transcendencia aún tiene que con el embargo preventivo se pretenda cubrir los gastos e intereses de la futura ejecución o que el juzgado, con acierto o sin él, haya ordenado la entrega a la parte actora de la cantidad consignada por la demandada para eludir el embargo, cuestiones que afectan al alcance y a la ejecución de la medida, que no transforman lo acordado en una inexistente ejecución provisional”.

Denegación de medidas cautelares solicitadas con anterioridad a actuaciones arbitrales por ser coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario frente a la que se planteó declinatoria

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El Auto de la Audiencia Provincial de Zaragoza, Sección Segunda de 21 de julio de 2017 declara que “no nos encontramos ante solicitud de medidas cautelares previas en materia arbitral, sino ante medidas coetáneas a la interposición de una demanda de proceso ordinario frente a la que se planteó declinatoria por falta de jurisdicción por sometimiento a arbitraje que fue estimado por la juzgadora de instancia por auto de 8/3/2017 confirmado por el de esta Sección Segunda de la AP en auto de 6/6/2017, con la consecuencia de no existir el asunto judicial principal del que la petición de cautelares era accesoria, refiriéndose todas las alegaciones del recurso a una petición de medidas cautelares previa a proceso arbitral que no es la ejercitada y que no puede atenderse por este Tribunal por cuanto vulneraría los arts. 216 y 218 LEC en tanto que se pretende una resolución mutando los hechos, acción y pretensión ejercitadas”.

El Institut de Droit International aprobó en su Sesión de Hyderabad (2017) una Resolución sobre medidas cautelares para los procesos judiciales y arbitrales

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A partir de los trabajos de la “Tercera Comisión”, que contó como relator a Lord Collins of Mapesbury, se aprobó en la sesión de Hyderabad del Institut de Droit International de septiembre de 2017 la Resolución sobre medidas cautelares aplicables a los procesos internacionales e internos, tanto de carácter jurisdiccional como arbitral, en la que se adoptan una serie de los principios relativos a la concesión de este tipo de medidas que contribuirían al desarrollo del Derecho internacional y de los Derechos nacionales en la materia.