La nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos de aquellos aplicables a los que tan solo pretendan residir en nuestro territorio

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Séptima, de 18 de diciembre de 2017,  declara que “los arts. 21 y 22 Cc sujetan la concesión de la nacionalidad española por residencia a dos tipos de requisitos: unos de carácter definido como son la formulación de la correspondiente solicitud y la residencia legal, continuada e inmediatamente anterior a la petición durante los plazos de diez, cinco, dos o un año, que según los casos se establece; y otros configurados como conceptos jurídicos indeterminados, bien de carácter positivo como es el caso de la justificación de buena conducta cívica y el suficiente grado de integración en la sociedad española, o bien de carácter negativo como es el caso de los motivos de orden público o interés nacional que pueden justificar su denegación. En cuanto al requisito del suficiente grado de integración en la sociedad española, y al tratarse de un concepto jurídico indeterminado, precisa de la concreción adecuada a las circunstancias concurrentes en cada caso cuya valoración lleva a una única solución justa, jurisdiccionalmente controlable, que debe adoptarse por la Administración (art. 103 de la Constitución), sin que propicien soluciones alternativas propias de la discrecionalidad administrativa. Conviene recordar, que el ordenamiento jurídico español condiciona la adquisición de la nacionalidad por residencia, a que dicha residencia vaya acompañada de una integración en la sociedad española (art. 22.4º Cc) y, por ende, en su estilo de vida, costumbres y valores, pues aquel que pretenda adquirir la nacionalidad española ha de reunir unos requisitos distintos, entre ellos de adaptación a nuestra sociedad, de aquellos otros que tan solo pretendan residir en nuestro territorio. La nacionalidad española concede un status y unos derechos superiores que los derivados de la mera residencia legal en España, y por ello también se establece en nuestro ordenamiento la exigencia de un grado de adaptación superior para los peticionarios de nacionalidad que el exigible a los extranjeros residentes, en cuanto pretenden su total equiparación, política y jurídica, a los ciudadanos españoles, lo cual sería incongruente con una residencia que, con independencia de su duración, se desarrollase al margen de la forma de vida, costumbres y valores que conforman nuestra sociedad”.

Denegación de la nacionalidad española por residencia por contestar de manera incompleta o incorrecta a las preguntas del Encargado del Registro Civil

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Primera, de 21 de diciembre de 2017, desestima un recurso contencioso-administrativo interpuesto frente a una Resolución de la Dirección General de los Registros y del Notariado que denegó al  actor su solicitud de concesión de la nacionalidad española por residencia. Considera la Audiencia que “para
comprobar tal grado de adaptación a la cultura y estilo de vida españoles deviene esencial analizar el interrogatorio/entrevista efectuado a dicho solicitante de nacionalidad por tal Juez encargado del Registro Civil. Interrogatorio que en el presente caso es extenso, al constar de un total de 32 preguntas, varias de las cuales hacen referencia a su situación personal siendo unas 18 las que están directamente relacionadas con la cultura, política y costumbres españolas. Preguntas que son de carácter básico y no complejo, y junto a las que figuran las contestaciones del repetido solicitante de nacionalidad. Examinadas tales respuestas, resulta que la mayoría de ellas o bien se desconocen (se responden con un “No sabe”) o bien se contestan de manera equivocada por el mismo. Tal y como pone de manifiesto la resolución combatida, dicho Sr. Amadeo desconoce cuestiones tan elementales como qué sistema político existe en España, no sabe indicar ningún valor o principio constitucional, ni si España es un estado unitario o compuesto, ni qué es una Comunidad Autónoma, ni si existe la pena de muerte en España, no comprende el principio de igualdad entre hombres y mujeres, no sabe a qué edad se vota en España ni cuáles son los principales partidos políticos del país, ni los de Cataluña. Preguntado sobre cuál es la fiesta nacional dice que “Navidad”, sobre alguna noticia destacada contesta “el paro”, sobre el color de la bandera española “roja, amarilla” y sobre el color de la bandera catalana “amarillo y rojo””.

La Audiencia Nacional concede la extradición a China a 121 ciudadanos chinos detenidos en la ‘Operación Wall’ en 2016

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Tercera, de 13 de diciembre de 2017 ha concedido la extradición a China a 121 ciudadanos chinos que fueron detenidos en 2016 en la denominada ‘Operación Wall’ por delito de estafa. A través de llamadas de internet desde España, engañaban a ciudadanos residentes en China a los que les sustraían sus depósitos bancarios. Este primer auto afecta a 121 de las 269 personas que fueron detenidas en la operación policial y establece que procede las entregas reclamadas por China porque se cumplen los requisitos del Tratado de Extradición, de doble incriminación y mínimo punitivo, así como los requisitos documentales exigidos. La Sala recuerda que se cumple con el principio de doble incriminación porque los hechos por los que China reclama a estas personas son constitutivos de un delito de estafa, que está reconocido en el Código Penal chino y en nuestro Código Penal. En cumplimiento del resto de los requisitos del Convenio de Extradición, se trata de un delito común, no se advierte motivación espuria en la reclamación y no concurre ninguna causa para que la justicia española deniegue las extradiciones. Los hechos se remontan al mes de Diciembre de 2016, cuando el Servicio Interpol de la Policía puso en conocimiento del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional la presencia en España de ciudadanos chinos reclamados por las Autoridades de su país, por formar parte de una organización criminal dedicada a estafar, desde centros ubicados en España, a ciudadanos de su país, a través de llamadas telefónicas. Se les indicaba que estaban implicados en la comisión de diversos delitos y les pedían dinero a cambio de arreglar su situación. En relación con la nacionalidad taiwanesa de los reclamados, el tribunal considera que desde la perspectiva del Derecho Internacional se ha venido adoptando “una postura tendente a la aceptación del principio de “Una única China” siendo Taiwán parte de la República Popular, aunque con un gobierno que legisla y dirime sus asuntos en nombre del Gobierno Popular, es un hecho notorio que el gobierno de Taiwán se erige como un gobierno con todas las competencias en la práctica, siendo reconocido como tal, pero ello no implica, sino todo lo contrario, el reconocimiento de Estado”. La Sala recuerda que Taiwán no forma parte de la ONU desde 1978 que solo mantiene relaciones diplomáticas con 23 países y que no tiene relaciones con la Unión Europea, “La Comunidad Internacional, salvo los países con los que tiene relaciones diplomáticas- añade el tribunal- entiende a Taiwán como parte de China, y considera que su posible acceso a la independencia no puede hacerse de forma unilateral, sino siguiendo los procesos que dictan las leyes de su país”.

Las decisiones sancionadoras dictadas en materia de dopaje, adoptadas por Federaciones o entidades internacionales, deben ser objeto de un reconocimiento por parte de la Administración española

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Sexta, de 19 de junio de 2017, con una motivación manifiestamente mejorable, declara que en España, carece de efectos una sanción impuesta por un organismo internacional a un deportista profesional por dopaje, cuando no es reconocida por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. Para perder la condición de deportista de alto nivel es condición indispensable que la sanción por dopaje sea definitiva en vía administrativa, y cuando, como sucede en el caso, no ha sido impuesta por un organismo español, para que pueda desplegar sus efectos en España debe ser expresamente reconocida mediante una resolución administrativa que la imponga con carácter definitivo. Es decir, las decisiones sancionadoras dictadas en materia de dopaje, adoptadas por otros Estados, o por Federaciones o entidades internacionales, deben ser objeto de un reconocimiento por parte de la Administración española, y más concretamente de un reconocimiento emitido por la Agencia Española de Protección de la Salud en el Deporte. 

Denegación del derecho de asilo en España a un nacional de Cuba, por no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución ni de una situación susceptible de protección

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Octava, de 20 de julio de 2017 confirma la resolución del Ministerio del Interior de 3 de diciembre de 2015, en la que se denegó el derecho de asilo en España a un nacional de Cuba, por no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución ni de una situación susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. El recurrente alegaba  temor a represalias, caso de regresar a su país, por su posesión de unas fotos relativas a muertes hospitalarias que dañaban la imagen del régimen cubano y en la inmotivación e incongruencia omisiva que genera indefensión derivadas de la resolución impugnada. Se solicita la protección subsidiaria. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera  que “el interesado nada ha acreditado, ni directa ni indiciariamente, sobre la realidad de una persecución personal encuadrable en el régimen jurídico de asilo, no existiendo rastro documental en fuentes fiables sobre la concreta persecución que denuncia y constando que salió de su país con un permiso por estudios, estando en España tres años antes de solicitar asilo, conducta incongruente en quien estuviera necesitado perentoriamente de protección”.

No es procedente la entrega extradicional a las autoridades judiciales de la República de Brasil de un individuo con de doble nacionalidad de facto hispano brasileña

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sección 991, de 25 de julio de 2017 estima un recurso de súplica contra un Auto dictado por la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia que declaró procedente en la vía jurisdiccional la entrega extradicional a las´autoridades judiciales de la República de Brasil un ciudadano español, para enjuiciamiento por los delitos de cohecho, lavado de dinero y organización criminal. Según la Audiencia Nacional “entre España y Brasil no existe convenio de doble nacionalidad que contemple esta situación, sin embargo al tratarse de un ciudadano de un país iberoamericano la adquisición de la nacionalidad brasileña no es motivo de pérdida de la nacionalidad española de origen, art. 24 Cc. Nos encontramos ante una situación de facto de doble nacionalidad, que no puede considerarse conflictiva, pero la ausencia de tratado impide acudir a criterios para considerar una efectiva frente a otra. De modo que este tribunal debe partir de que el reclamado tiene nacionalidad española con todas las consecuencias que ello implica. El que estas situaciones de doble nacionalidad no se encuentren contempladas para excluir la prohibición constitucional de entrega de nacionales, en nuestro caso impuesta por el principio de reciprocidad de nuestra constitución, y en el del país requirente dentro de la prohibición de entrega de nacionales -salvo naturalizados con posterioridad al delito o tráfico de drogas- lo que supone es que cobre plena vigencia el principio de prohibición de entrega de nacionales, que no se puede excepcionar so pretexto de que también concurra otra nacionalidad. Esta excepción hubiese requerido que la norma lo contemplase expresamente, y como no es así este tribunal no puede más que otorgar al reclamado la protección que su nacionalidad española implica, y en consecuencia denegar, por aplicación del principio de reciprocidad, su entrega a las autoridades de Brasil”.

La invocación la nacionalidad española del reclamado no es obstáculo para su extradición

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El Auto de la Audiencia Nacional, Sección 991, de 25 de julio de 2017 desestima el el recurso de súplica interpuesto contra el Auto de la Audiencia Nacional, Sección Cuarta, de 19 de junio de 2017 y acuerda la procedencia de la extradición a México. Considera este decisión que ” los casos en que este Tribunal tiene que administrar esta causa facultativa de denegación de la extradición, lo viene haciendo en atención a las circunstancias que en cada cual concurren, que en el que nos ocupa ha inclinado a la mayoría del Pleno por no hacer uso de ella, porque, si, como se dice en el recurso, el reclamado se asentó en México en el año 1994, allí se casó con una ciudadana mexicana en 1997, de la que se divorció en 2008, pero con la cual tuvo dos hijos que se quedaron con la madre, y si, por otra parte, se tiene en cuenta que el hecho delictivo que se le imputa se sitúa en el año 2013 y es de la suficiente complejidad, que requiere un mínimo conocimiento del medio en que se comete, todo ello es indicativo de un no escaso arraigo
en ese país, aun cuando no se haya llegado a ser nacional de él”. El fallo cuenta con el voto particular de los magistrados Ramón Sáez Valcárcel y José Ricardo de Prada Solaesa.