Según informa el Consejo General del Poder Judicial, el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha propuesta juzgar a un total de 20 personas y a ocho mercantiles como personas jurídicas, entre ellas la empresa pública Mercasa, por las irregularidades en los contratos suscritos entre 2006 y 2016 para la construcción de un mercado mayorista en Luanda (Angola) mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos de aquel país y la apropiación de una parte de los fondos.
En el auto de pase a procedimiento abreviado, de 218 páginas, el juez finaliza la instrucción de esta pieza del denominado ‘caso Mercasa’ en el que aprecia delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, apropiación indebida, falsedad documental, asociación ilícita u organización criminal y blanqueo de capitales.
Entre las personas que el juez considera que deben ser juzgadas están varios directivos como María Jesús Prieto Jiménez, los hermanos Francisco Javier y José Manuel Pardo de Santayana o el empresario José Herrero de Egaña y empresas como Mercasa, el Consorcio Mercasa INCATEMA Consulting (CMIC) o Incatema SL.
El magistrado explica que en esta pieza se investigan los contratos obtenidos en Angola por el consorcio de empresas CMIC con la entidad Presild Nova Rede (Programa de Reestructuración Logístico de Distribución) del Ministerio de Comercio de aquel país, para realizar un Mercado Mayorista en Luanda (Angola) con la participación del comisionista Oliveira Taveira Pinto (prófugo de la Justicia) y varias de sus sociedades y con otras personas, que se han embolsado más de 20 millones de euros con la cobertura de supuestos contratos de agencia y servicios inexistentes.
El escrito explica el modus operandi utilizado por los investigados en los contratos en Angola, y también en la República Dominicana, Panamá y Argentina y que consistía en concertarse para la consecución, mantenimiento y modificación de contratos público mediante el pago de comisiones a autoridades y funcionarios públicos.
Para canalizar los pagos o sobornos a las autoridades y funcionarios públicos, extranjeros, indica de la Mata, concertaron acuerdos de consultoría y agencia con distintas personas físicas, a los que pagaban una comisión consistente en un porcentaje de la suma del contrato público conseguido. Estas comisiones ilícitas eran pagadas conforme las empresas españolas iban percibiendo los importes de los contratos públicos de los diferentes gobiernos.
“No existe en el procedimiento ningún documento acreditativo del trabajo realizado por los comisionistas salvo las facturas encontradas en las diligencias judiciales de entrada y registro acordadas, por importes coincidentes con los porcentajes pactados, por unos conceptos absolutamente inveraces, como resulta acreditado de las comunicaciones intervenidas judicialmente a los investigados”, asegura el juez, que añade que esas comisiones eran abonadas en cuentas bancarias tituladas por sociedades instrumentales o pantalla controladas por los agentes o comisionistas que han empleado las empresas españolas investigadas en cada uno de los países donde han obtenido contratos públicos.
Esas dádivas, continúa, eran detraídas de los montos de los contratos, simulando la existencia de contratos de representación y/o servicios inexistentes con comisionistas, intermediarios o con algunas de las mismas sociedades involucradas.
Todos estos contratos eran meramente instrumentales y sin contenido real alguno, dice el juez. “Su única y exclusiva finalidad era dar cobertura jurídica al pago de comisiones destinadas tanto al propio intermediario, como a «terceras entidades que proporcionaron el éxito de esta operación», que no eran sino autoridades y funcionarios públicos. Estos sobreprecios o comisiones también fueron destinados al lucro propio de algunas de las personas intervinientes, relacionadas con las propias compañías CMIC, MERCASA, INCATEMA, IBADESA u otras”, agrega.
