Suspensión provisional de la entrega de un ciudadano polaco, sin perjuicio de la prórroga si fuere necesario, en atención a la evolución de la pandemia y mantenimiento de la prisión provisional (AAN 6 abril 2020)

El Auto de la Audiencia Nacional, Sala de lo Penal, Sección Primera, de 6 de abril de 2020 confima la dec sión de un Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 3 que decretó la a suspensión provisional de la entrega de un nacional polaco hasta el 30 de abril de 2020, sin perjuicio de su prórroga si ello fuera necesario por la evolución de la pandemia, circunstancia que deberá ser puesta de forma inmediata en conocimiento del juzgado por la oficina de SIRENE (España). En dicha resolución se duispuso que la entrega se verificaría en los 10 días siguientes a la nueva fecha que se acuerde cuando dichos motivos dejen de existir, a fin de adoptar las medidas oportunas con fines de poder materializar la entrega del reclamado al Estado de emisión. La Audiencia realiza, al efecto, las siguientes consideraciones:

“(…) El concepto ‘motivos humanitarios graves’ que permiten suspender la entrega, no está precisado en la Decisión Marco (DM) 2002/584 ni en la LRM. Únicamente la DM señala, como ejemplo, la existencia de razones válidas que hagan pensar que podría poner en peligro la vida o la salud de la persona buscada. Vinculados esos motivos humanitarios a la efectividad de la entrega, no se trata de comparar para acordar la suspensión de la entrega en qué situación se garantiza más la salud del reclamado: si en prisión o en libertad provisional. Lo determinante es si hay motivos objetivos graves y excepcionales, vinculados a razones humanitarias, para que se aplace la suspensión de la ejecución de la entrega, superando ese plazo de 10 días y su prórroga por otros tantos que se establece ordinariamente. El motivo más común de esta suspensión de la entrega es, en efecto, enfermedad grave del reclamado que impida su traslado al país de emisión de la Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE). Ahora bien, ni la DM, que lo cita como ejemplo, ni el art. 58 de la LRM cierran la puerta a que puedan existir otras razones extraordinarias graves que pueda dar lugar a la suspensión del plazo, y una de ellas puede ser perfectamente la situación de estado de alarma que estamos viviendo en este momento, no solo por el cierre de fronteras y las limitaciones casi absolutas de poder viajar que han impuestos muchos de los estados de Unión Europea, sino también y fundamentalmente, por cuanto que existe un peligro inminente y grave de contagio mundial de la epidemia, no solo al propio reclamado que pudiera contagiarse, sino que él mismo puede contagiar a otras personas. No es una situación de emergencia sanitaria nacional o local, sino mundial. Humanitario es, en la primera acepción del Diccionario de la RAE, que mira o se refiere al bien del género humano. Y, aunque normalmente se vincule ese término a motivos de suspensión de la entrega en beneficio del reclamado, por razones de salud o familiares, bien puede considerarse incluido en él esta situación excepcional que vivimos, que afecta a toda la humanidad y que trata de superarse con medidas que tienden a superarla, como es la restricción de movimientos y el cierre de fronteras entre miembros de la Unión Europea. Siendo, pues, procedente la suspensión de la entrega acordada en el auto recurrido, también lo es el mantenimiento de la prisión provisional acordada como medida cautelar para garantizar la entrega.El art. 58.5º LRM señala de forma clara que una vez trascurridos los plazos máximos para la entrega…se procederá a la puesta en libertad de la persona reclamada. Es decir, cuando trascurran los plazos ordinarios antes señalados, o bien después de haber cesado la situación extraordinaria, y dentro de esos diez días siguientes no se le hubiera podido entregar, por las razones que sean. En ese sentido, el párrafo quinto «anuda» la puesta en libertad del reclamado, si estuviera detenido lógicamente, a la expiración de todos esos plazos máximos. En el caso, como pudiera ser el que ahora nos ocupa, si el reclamado tiene suspendido el plazo de materialización de entrega por existir una situación humanitaria grave, como la que estamos viviendo, los plazos máximos aún no han transcurrido y por consecuencia, no existe una «obligación», de acuerdo con el art. 58.5º de poner en libertad al reclamado. Habría que estar al cese de esta situación y a que la entrega fuera materialmente posible para que entrara en juego el último de los plazos previstos en el art. 58 LRM. El establecimiento en el auto recurrido de un plazo inicial de esta suspensión constituye una garantía adicional que permite controlar la duración máxima de la prisión provisional acordada; medida que puede modificarse en cualquier momento por el órgano jurisdiccional, sobre todo si llegado el 30 de abril no se han comprometido las autoridades polacas a hacer efectivo el traslado del reclamado. De no adoptarse las medidas cautelares adecuadas para garantizar la entrega quedaría en entredicho la cooperación judicial amparada en la Decisión Marco 2002/584. Como pone de manifiesto la STJUE de 12 de febrero de 2019 ‘…’»una obligación general e incondicional de puesta en libertad, o, a fortiori, de liberación pura y simple del detenido tras la expiración de esos plazos [los plazos del art. 17 de la Decisión Marco] o cuando la duración total del período de detención de la persona reclamada supere dichos plazos podría limitar la eficacia del sistema de entrega instaurado por le Decisión Marco y, por tanto, obstaculizar la consecución de los objetivos perseguidos por ésta». Más adelante esta misma sentencia señala que «cuando existe un riesgo de fuga que no puede ser reducido a límites aceptables mediante la imposición de medidas adecuadas… la puesta en libertad provisional podría limitar la eficacia del sistema de entrega instaurado por la Decisión Marco y por lo tanto obstaculizar la consecución de los objetivos perseguidos con ésta». En el mismo sentido, la STJUE de 16 de julio de 2015 señaló, por otro lado ‘…’. A fin de cerciorarse de que se dan esos requisitos, la autoridad judicial de ejecución deberá efectuar un control concreto de la situación controvertida, teniendo en cuenta todos los elementos pertinentes para evaluar la justificación de la duración del procedimiento, en particular, la eventual pasividad de las autoridades de los Estados miembros de que se trate y, en su caso, la contribución de la persona buscada a esa duración. También deberán tomarse en consideración la pena a la que se exponga esa misma persona o que se le haya impuesto por los hechos que hayan inducido la emisión de la orden de detención europea de la que es objeto y la existencia de riesgo de fuga. Debe tenerse en cuenta que, aunque esas sentencias del TJUE hacen referencia a los plazos para efectuar el pronunciamiento sobre la entrega, sus criterios son perfectamente extrapolables al plazo para ejecutarla. Si se considera procedente o conforme a esa Decisión Marco la extensión del plazo establecido cuando aún no hay decisión sobre la entrega, aún hay más motivos para garantizar la eficacia del sistema establecido en esa Decisión Marco cuando ya se ha considerado procedente la entrega y es firme esa decisión (…). Pero, como se dijo anteriormente, en este caso no se han superado esos plazos, por cuanto la suspensión de la entrega por razones humanitarias determina que el nuevo plazo de 10 días para la entrega deba comenzar cuando se hayan superado los motivos de esa suspensión. Y tampoco puede afirmarse que no se haya actuado con la debida diligencia para evitar una demora excesiva en la entrega (…). Partiendo de que la gravedad de los delitos imputados determina un notable riesgo de fuga, no solo por la pena que puede tratar de eludir el reclamado sino por el hecho de haberse trasladado a España fuera del alcance de las autoridades judiciales competentes para enjuiciarle, parece deducirse del auto que utilizó el reclamado una identidad ficticia o por otras circunstancias se dificultó su identificación, lo que determina un incremento de ese riesgo, por las facilidades que ha dispuesto para ocultar su verdadera identidad. Y la sola residencia en España durante dos años, seguramente con una identidad diferente de la real, no determina la concurrencia de arraigo, en el que debe concurrir la tenencia de propiedades, negocios, profesión u ocupación estable, entre otros factores, que no se alega que concurran. Cierto es que las limitaciones de desplazamiento derivadas del estado de alarma pueden reducir las posibilidades de desplazamiento fuera de España del reclamado, pero no las posibilidades de ocultación hasta que se levanten esas restricciones de movilidad, que pueden producirse en un plazo no muy lejano.

Deja un comentario