De acuerdo con un comunicado emitido el 18 de diciembre de 2018 la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que propone al Gobierno, a través del Ministerio de Justicia, que solicite a las autoridades de Brasil la extradición del condenado por la “Matanza de Atocha” y detenido en aquel país Carlos G.J., con el fin de que cumpla los más de diez años de cárcel de la sentencia que le quedan por cumplir. Este induvíduo había sido condenado en febrero de 1980 a 30 años de prisión como autor de un delito de asesinato consumado, cuatro penas de 25 años por otros cuatro asesinatos consumados, otras cuatro penas de 15 años por cuatro asesinatos frustrados y 3 años por delitos de tenencia ilícita de armas. En un auto, la Sección Primera de la Sala de lo Penal acuerda igualmente remitir al Ministro de Justicia el auto del 8 de marzo del año pasado por el que se acordaron las oportunas órdenes de búsqueda, detención e ingreso en prisión de G.J., así como la orden de detención internacional y la documentación exigida en el convenio de extradición. Los magistrados explican que la pena no ha prescrito porque el plazo es de 30 años, tal y como establece el art. 133.1 del Código penal español, y son varios los actos procesales que han interrumpido esa prescripción de la pena, entre ellos el auto de agosto de 1996 que revocó la libertad condicional por incumplimiento de las obligaciones impuestas y comisión de un nuevo delito, o el auto de 2001 que acordó solicitar la extradición a Bolivia, país en el que había sido detenido por tráfico de estupefacientes y de donde se fugó durante un permiso penitenciario.
