El art.  45 de la Ley de Arbitraje únicamente prevé la suspensión de la ejecución en relación con la demanda de anulación

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El Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta, de 28 de septiembre de 2017 da por reproducidas las consideraciones vertidas por la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya en la sentencia de  4 de febrero de 2016 , que analiza con suficiencia el magistrado de instancia y en la que se concluye que el conflicto que se enjuicia es susceptible de ser sometido a arbitraje, lo que determina la competencia de la jurisdicción civil. Queda así refrendada la plena validez de los laudos, por lo que ya no resulta aplicable la previsión del art. 45.1º LA, sino las de los artículos 43 y 44 de ese cuerpo legal (cosa juzgada del laudo y ejecutabilidad conforme a la Ley de Enjuiciamiento Civil ). Declara la Audiencia que “el art.  45 LA únicamente prevé la suspensión de la ejecución en relación con la demanda de anulación. No contempla un supuesto en que se plantea esta especie de conflicto de jurisdicción que se suscita en este caso. En particular la suspensión de la ejecución no está asociada a los supuestos en los
que los órganos de la jurisdicción social mantienen que la materia que ha sido objeto del arbitraje es de su competencia. Es una medida para la que no se cuenta con base legal. Es irrelevante la circunstancia de que, de dejarse sin efecto finalmente los laudos por no considerarse arbitrable la materia, G.E.S., S.L. pueda no disponer de medios económicos para resarcir de los daños y perjuicios. Ninguna norma legal autoriza la suspensión de la ejecución por la eventual incapacidad de la ejecutante para indemnizar ante un supuesto semejante”.

Ninguna infracción cabe apreciar ni tampoco la existencia de la cosa juzgada, por la propia nulidad del laudo arbitral

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La Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimoprimera, de 16 de octubre de 2017 desestima un recurso de apelación negando la infracción de las normas procesales reguladoras de la competencia para conocer de la anulación y la existencia de cosa juzgada material al existir, según la apelante, un Laudo vinculante para ambas partes. Considera la Audiencia que efectivamente consta que la instante solicitó acogerse al procedimiento de arbitraje de consumo (…), el 28 de junio de 2013, más también resulta de las actuaciones que con fecha 19 noviembre 2013 tuvo entrada en esa entidad documento de renuncia , remitido a la Junta Arbitral de Consumo de Catalunya , en el que se ponía de manifiesto la renuncia al arbitraje, añadiéndose que se firmó el documento de petición sin habersele explicado para que servía. Ello no obstante con fecha 10 de abril de 2014 se dictó el Laudo, si bien consta  que no se ha llegado a ejecutar Para la Audiencia “según el art. 41 Ley 60/2003 de 23 de diciembre , de arbitraje,el laudo sólo podrá ser anulado cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe, entre otros extremos que el convenio arbitral no existe o no es válido, disponiéndose en el art. 42 que la acción de anulación se sustanciará por los cauces del juicio verbal, sin perjuicio de las especialidades que refiere. Partiendo de lo expuesto en el supuesto de autos, debe considerarse que ejercitándose acción de nulidad por la actora y habiendo recaido Laudo tras la renuncia de la parte y por falta de información de la misma, concurriendo por tanto causa de invalidez del Laudo, el mismo quedó anulado, incidiendo en tal conclusión la teoría de la propagación que conllevaría la nulidad de acto consecuencia de otro previo viciado de nulidad, que en el presente serían los propios contratos de sucripción de la deuda subordinada y respecto del cual además se efectuó oportuna renuncia antes de su dictado. En consecuencia ninguna infracción cabe apreciar ni tampoco la existencia de la cosa juzgada, por la propia nulidad del Laudo”.

El TSJ de Canarias desestima una acción de anulación admitiendo la apreciación parcial de la excepción de la cosa juzgada decretada en el laudo

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La Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala Civil y Penal, Sección Primera, de 5 de abril de 2017 desestima en su integridad la demanda de anulación contra un Laudo arbitral parcial, confirmando  el mismo, con imposición de las costas a la parte actora. Ente otros razonamientos la sala considera que “en cuanto a la apreciación parcial de la excepción de la cosa juzgada decretada en el Laudo cuya nulidad se insta, resulta incuestionable la identidad de personas que aquella exige, al ser las mismas las partes que contendieron tanto en el procedimiento arbitral 1/2011 como en el procedimiento arbitral 1/2016, en el que ha sido dictado el Laudo que es ahora objeto de este pronunciamiento. Por lo que se refiere a la identidad objetiva y causa de pedir, el Laudo contiene una motivación y fundamentación más que suficiente respecto a cuales fueron las reclamaciones objeto de cognición en el Laudo arbitral de 23 de enero de 2012, y la oposición y reconvención que, frente a aquellas, dedujo la entidad que aquí demanda la nulidad del Laudo de fecha 4 de octubre de 2016, así como lo que fue objeto de reclamación en el procedimiento arbitral 1/2016 que concluyó con el dictado del referido Laudo”.

Consideración de la cosa juzgada en el execuátur de un laudo pronunciado en el extranjero

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El Auto del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sala Civil y Penal) de 19 de diciembre de 2016 se cuestiona si la cosa juzgada puede ser incluida como una de las causas de oposición al reconocimiento de una resolución extranjera de las reguladas en el Convenio de Nueva York, concluyendo que sólo cabe la posibilidad de plantearse su inserción dentro del principio del orden público. A partir de aquí  considera que Auto dictado el 2 de noviembre de 2012, por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Cervera no puede impedir, por razones de orden público que la Sala  se pronuncie sobre la demanda de execuátur  puesto que dicho Juzgado no es competente para conocer de las pretensiones de reconocimiento de sentencias extranjeras.