No procede apreciar cosa juzgada negativa fundada en el laudo arbitral ni en el concurso de acreedores que impida que en un litigio posterior se exija responsabilidad solidaria a la sociedad resultante de la escisión parcial de aquella (STS Civ 1ª 20 octubre 2021)

La Sentencia del Tribunal Supremo, Sala de lo Civil, Sección Primera, de 20 de octubre de 2021 (ponente: Rafael Saraza Jimena) estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección Undécima, de 7 de marzo de 2019, anula la expresada sentencia y devuelve las actuaciones al referido tribunal de apelación para que, no pudiendo apreciar ya la cosa juzgada negativa fundada en el laudo arbitral ni en el concurso de acreedores de I. de L. y S. S.L., dicte nueva sentencia pronunciándose sobre todas las demás cuestiones planteadas en el recurso de apelación de la demandada. La cuestión objeto de este recurso extraordinario por infracción procesal se limita a decidir si el laudo arbitral del que resulta una obligación pecuniaria para una determinada sociedad de capital tiene efectos de cosa juzgada que impida que en un litigio posterior se exija responsabilidad solidaria a la sociedad resultante de la escisión parcial de aquella. Y si el hecho de que la sociedad a la que el laudo condenaba al cumplimiento de determinada obligación pecuniaria haya sido posteriormente declarada en concurso impide que el acreedor de la concursada entable una acción contra la sociedad resultante de la escisión parcial de la concursada para exigirle la responsabilidad solidaria.

“(…) Decisión del tribunal: trascendencia del proceso concursal respecto del obligado solidario con el concursado 1. De acuerdo con la sentencia de la Audiencia Provincial, dado que la sociedad condenada en el laudo arbitral a realizar una prestación dineraria en favor del hoy demandante fue declarada en concurso (en el que se reconoció un crédito en favor del hoy demandante por la cantidad que como principal reclamó en la demanda origen de este litigio), el demandante solo podría ver satisfecho su derecho en la ejecución del convenio concursal, a través del incidente concursal promovido ante el juez del concurso, y no mediante una demanda de juicio declarativo ordinario presentada ante otro juzgado. Este argumento no es correcto por las razones que se exponen a continuación. 2. La apertura del concurso de acreedores solo impide que se ejerciten acciones de contenido patrimonial contra el concursado y contra las personas previstas en los apartados 2.º y 3.º del art. 50 LC, en la redacción aplicable al litigio por razones temporales. Ningún precepto impide que puedan ejercitarse acciones contra los obligados solidariamente con el concursado. 3. Lo anterior queda confirmado por el hecho de que la interrupción de la prescripción de las acciones contra el concursado por los créditos anteriores a la declaración de concurso que la apertura del concurso trae consigo, de acuerdo con el art. 60.1º LC (que el ap. 3 extiende a las acciones contra los socios y contra administradores, liquidadores y auditores de la persona jurídica deudora), no se extiende a las acciones contra los deudores solidarios con el concursado, de acuerdo con el art. 60.2º LC. 4. Otro argumento que confirma que la apertura del concurso no priva al acreedor de dirigirse contra los obligados solidarios con el concursado se deriva de la previsión que el art. 97.4.3º LC contiene para los supuestos en que el acreedor hubiese cobrado parte de su crédito de un avalista, fiador o deudor solidario del concursado durante la tramitación del concurso. 5. La eficacia del convenio concursal respecto de los obligados solidariamente con el concursado se regula en el art. 135 LC. Conforme al apartado primero de este precepto, los acreedores que no hubiesen votado a favor del convenio no quedarán vinculados por este en cuanto a la subsistencia plena de sus derechos frente a los obligados solidariamente con el concursado (y frente a sus fiadores o avalistas), quienes no podrán invocar ni la aprobación ni los efectos del convenio en perjuicio de aquéllos. Conforme al apartado segundo, la responsabilidad de los obligados solidarios (y de los fiadores o avalistas del concursado) frente a los acreedores que hubiesen votado a favor del convenio se regirá por los convenios que sobre el particular hubieran establecido y, a falta de estos pactos, por las normas aplicables a la obligación que hubieren contraído. 6. Por tanto, la existencia de un convenio no impide que el acreedor se dirija contra el obligado solidariamente con el deudor, sin perjuicio de que cuando se haya aprobado un convenio concursal, habrá que tomar en consideración cuál ha sido el voto del acreedor y, caso de que haya sido favorable a la aprobación del convenio, tomar en consideración qué prevén los pactos celebrados entre el acreedor y el obligado solidario y, a falta de estos, qué prevén las normas aplicables a la obligación que hubiere contraído. 7. En el presente caso, no se ha alegado que en el concurso de I. se aprobara un convenio con el voto favorable del demandante. Es más, de la propia documentación aportada por la demandada resulta que en dicho concurso no se alcanzó un convenio y se abrió la fase de liquidación. 8. Por tanto, el concurso de I. no supone impedimento alguno respecto de la acción ejercitada por el demandante contra H.. 9. La parte recurrida, en su escrito de oposición al recurso de casación, adopta un planteamiento que modifica completamente los términos en que fue planteado el litigio en los escritos de demanda y contestación y en que fue resuelto el litigio en primera y segunda instancia. 10. H. no solo no sostiene en su oposición al recurso extraordinario por infracción procesal los argumentos que expuso en su contestación a la demanda y que fueron estimados por la Audiencia Provincial (que el laudo arbitral produce efecto de cosa juzgada negativa respecto de este litigio), sino que al oponerse al recurso de casación alega que la acción del demandante supondría un enriquecimiento injusto a la vista de la sentencia dictada en la sección de calificación del concurso de I., calificado como culpable, en la que se condena como cómplice a Horizonte a restituir los bienes que le fueron transmitidos por I. en la operación de escisión parcial. 11- Los recursos extraordinarios no constituyen un nuevo proceso en que puedan modificarse los términos en que el litigio fue planteado en la demanda y contestación, y resuelto por los órganos de instancia. 12. En todo caso, la sentencia invocada por la recurrida es una sentencia de una sección de calificación en la que se ha condenado a Horizonte, como cómplice, ‘a devolver los bienes o derechos que hubieran obtenido indebidamente del patrimonio del deudor o hubiesen recibido de la masa activa’ (art. 172.2.3º LC). 13. Ningún enriquecimiento injusto del demandante supondría la concurrencia de una sentencia estimatoria en este proceso declarativo ordinario promovido contra H. con el mencionado pronunciamiento de la sección de calificación del concurso de I.. La consecuencia de dicho pronunciamiento de la sentencia de calificación no es que los bienes se transmitan al hoy demandante, sino que se restituyen a la masa activa del concurso. El art. 1144 Cc permite al acreedor dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente, sin que las reclamaciones entabladas contra uno sean obstáculo para las que posteriormente se dirijan contra los demás, mientras no resulte cobrada la deuda por completo. 14. Por tanto, el demandante puede pretender cobrar su deuda de I., en el concurso de acreedores, y de H., en este juicio declarativo ordinario, si bien no puede cobrar por duplicado, de H. y de la masa del concurso de I., puesto que la responsabilidad solidaria de ambas entidades supone que lo que cobre de una no podrá cobrarlo de la otra. 15. Como conclusión de lo expuesto, ni el laudo arbitral en que fueron partes, entre otros, el demandante e I. tiene efecto de cosa juzgada negativa respecto de la acción ejercitada por el demandante contra H. para exigirle el pago de una determinada cantidad como deudora solidaria respecto de I. por razón de una operación de escisión societaria, ni el hecho de que I. haya sido declarada en concurso impide al demandante interponer una demanda contra H. con base en la responsabilidad solidaria de esta respecto de determinada deuda de I. 16.- La apreciación de esos óbices procesales por la Audiencia Provincial dejó imprejuzgadas las cuestiones fácticas y jurídicas (salvo la relativa a la cosa juzgada) planteadas en el recurso de apelación de H. Falta, por tanto, el enjuiciamiento sobre la materia objeto del recurso de apelación. De ahí que, no siendo en absoluto el recurso extraordinario un nuevo juicio que, como la apelación, permita una cognición plena sobre todas las cuestiones de fondo de hecho y de derecho sometidas a debate, y no habiendo sido estas enjuiciadas en apelación, el pronunciamiento de esta sala deba limitarse a anular la sentencia recurrida para que el tribunal de apelación, como órgano de instancia plenamente facultado para conocer de todas las cuestiones de hecho y de derecho objeto del proceso, las resuelva en sentencia, una vez que se ha declarado la inexistencia de óbices procesales que impidan el ejercicio de las acciones por el demandante contra H.. En todo caso, tanto la finalización del recurso de apelación, mediante el dictado de una nueva sentencia, como el eventual recurso de casación que se interponga contra la nueva sentencia de la Audiencia Provincial, serán de tramitación preferente”(…).

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