Mejora de las vías legales en la UE para las personas que necesitan protección internacional

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El DO de 7 de octubre publica la Recomendación (UE) 2017/1803 de la Comisión, de 3 de octubre de 2017, relativa a la mejora de las vías legales para las personas que necesitan protección internacional. Su objetivo es garantizar que la labor de reasentamiento continúe en el período comprendido entre el final de los programas de reasentamiento actuales de la UE y la puesta en marcha del Marco de Reasentamiento de la Unión y dar seguimiento al ejercicio de compromisos puesto en marcha el 4 de julio de 2017, a la luz de las nuevas necesidades adicionales migratorias. Con la presente propuesta la Comisión pretende apoyar los esfuerzos continuos de los Estados miembros para proporcionar vías legales y seguras, y mejorar las existentes, a las personas que necesitan protección internacional. Las acciones que lleven a cabo los Estados miembros conforme a la presente Recomendación mostrarán solidaridad con los terceros países en los que se halla un gran número de desplazados que necesitan protección internacional y contribuirán a las iniciativas internacionales y a una mejor gestión integral de la situación migratoria. Por consiguiente, los objetivos de la presente Recomendación se ajustan a la propuesta relativa a un Marco de Reasentamiento de la Unión.

Comunicado conjunto del Colegio y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre la situación de los solicitantes de asilo en Barajas, 11 de septiembre de 2017

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Pese a las recomendaciones periódicas realizadas por el Defensor del Pueblo a la Administración Española sobre las carencias endémicas, tanto en la gestión del procedimiento como en las condiciones de los solicitantes de asilo en el Aeropuerto de Barajas, y habiéndose cuadriplicado las peticiones de asilo en dichas dependencias en el último año, considerando inadecuadas dichas instalaciones y el personal asignado (cf web del Defensor del Pueblo), la situación dista mucho de mejorar y sí, de ir a peor. Estos últimos meses se ha podido comprobar con crudeza dicha situación, una vez visibilizados en forma patente dichas disfunciones. Por esa razón se ha emitido el 11 de septiembre de 2017 un Comunicado conjunto del Colegio y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado sobre la situación de los solicitantes de asilo en Barajas.

Denegación del derecho de asilo en España a un nacional de Cuba, por no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución ni de una situación susceptible de protección

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La Sentencia de la Audiencia Nacional, Sección Octava, de 20 de julio de 2017 confirma la resolución del Ministerio del Interior de 3 de diciembre de 2015, en la que se denegó el derecho de asilo en España a un nacional de Cuba, por no haber quedado establecida ni la existencia de una persecución ni de una situación susceptible de protección conforme a lo prevenido en la Convención de Ginebra de 1951. El recurrente alegaba  temor a represalias, caso de regresar a su país, por su posesión de unas fotos relativas a muertes hospitalarias que dañaban la imagen del régimen cubano y en la inmotivación e incongruencia omisiva que genera indefensión derivadas de la resolución impugnada. Se solicita la protección subsidiaria. Sin embargo, la Audiencia Nacional considera  que “el interesado nada ha acreditado, ni directa ni indiciariamente, sobre la realidad de una persecución personal encuadrable en el régimen jurídico de asilo, no existiendo rastro documental en fuentes fiables sobre la concreta persecución que denuncia y constando que salió de su país con un permiso por estudios, estando en España tres años antes de solicitar asilo, conducta incongruente en quien estuviera necesitado perentoriamente de protección”.

Determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 26 de julio de 2017, asunto C‑490/16: A.S., determina que “el art. 27, apartado 1, del Reglamento (UE) n.º 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el considerando 19 de ese Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que un solicitante de protección internacional puede invocar, en el contexto del recurso interpuesto contra la decisión de trasladarlo, la aplicación errónea del criterio de determinación del Estado miembro responsable, que se formula en el artículo 13, apartado 1, de dicho Reglamento, relativo al cruce irregular de la frontera de un Estado miembro”. Asimismo, el Tribunal de Justicia considera que “el art. 13, apartado 1, del Reglamento nº 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha «cruzado de forma irregular» la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro. Por último, el Tribunal de Justicia considera que el art. 13, apartado 1, segunda frase, del Reglamento nº 604/2013, puesto en relación con el artículo 7, apartado 2, de este Reglamento, debe interpretarse en el sentido de que la interposición de un recurso contra la decisión de traslado carece de efectos sobre el cómputo del plazo fijado en ese art. 13, apartado 1”. Además, “el art. 29, apartados 1 y 2, de dicho Reglamento debe interpretarse en el sentido de que la interposición de tal recurso implica que el plazo fijado en esas disposiciones sólo empieza a correr a partir de la resolución definitiva de ese recurso, incluso cuando el tribunal que conozca del asunto haya decidido plantear una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia, a condición de que se haya atribuido efecto suspensivo a dicho recurso con arreglo al art. 27, apartado 3, del mismo Reglamento”.

Cruce de la frontera organizado por las autoridades de un Estado miembro a efectos de tránsito hacia otro Estado miembro a modo de excepción por razones humanitarias

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Gran Sala, de 26 de julio de 2017, Asunto C‑646/16: Jafari, establece que “el art. 12 del Reglamento (UE) nº 604/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, por el que se establecen los criterios y mecanismos de determinación del Estado miembro responsable del examen de una solicitud de protección internacional presentada en uno de los Estados miembros por un nacional de un tercer país o un apátrida, puesto en relación con el art. 2, letra m), de este Reglamento, debe interpretarse considerando que no procede calificar de «visado», en el sentido de ese artículo 12, el hecho de que las autoridades de un primer Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, hayan tolerado la entrada en su territorio de esos nacionales, que no cumplen las condiciones de entrada en principio exigidas en ese primer Estado miembro. Considera también el Tribunal de Justicia que “el art. 13, apartado 1, del Reglamento nº 604/2013 debe interpretarse en el sentido de que procede considerar que ha ‘cruzado de forma irregular’ la frontera de un primer Estado miembro, en el sentido de dicha disposición, un nacional de un tercer país cuya entrada ha sido tolerada por las autoridades de ese Estado miembro, obligadas a hacer frente a la llegada de un número excepcionalmente alto de nacionales de terceros países deseosos de atravesar dicho Estado miembro para presentar una solicitud de protección internacional en otro Estado miembro, sin cumplir las condiciones de entrada en principio exigidas en el primer Estado miembro”.

Recurso contra una resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional por pronunciarse en el órgano jurisdiccional sin oír al solicitante

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La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Segunda, de 26 de julio de 2017, Asunto C‑348/16: Sacko, determina la necesidad de que el órgano jurisdiccional que conoce del recurso contemplado en el art. 46 de la Directiva 2013/32 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional, proceda a oír al solicitante debe apreciarse a la luz de su obligación de realizar el examen completo y ex nunc mencionado en el artículo 46, apartado 3, de dicha Directiva, en aras de la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses del solicitante. Sólo en el supuesto de que dicho órgano jurisdiccional estime poder efectuar tal examen basándose exclusivamente en los datos del expediente, incluidos en su caso el informe o la transcripción de que fue objeto la entrevista personal con el solicitante en el procedimiento en primera instancia, puede decidir no oír al solicitante en el marco del recurso de que conoce. En tales circunstancias, la posibilidad de no celebrar una audiencia responde al interés tanto de los Estados miembros como de los solicitantes, aludido en el considerando 18 de la citada Directiva, en que las decisiones sobre las solicitudes de protección internacional se tomen cuanto antes, sin perjuicio de que se efectúe un examen suficiente y completo. Considera el Tribunal de Justicia que la Directiva 2013/32, y en particular sus artículos 12, 14, 31 y 46, interpretados a la luz del artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que el órgano jurisdiccional nacional, que conoce de un recurso contra la resolución denegatoria de una solicitud de protección internacional manifiestamente infundada, desestime dicho recurso sin conceder audiencia al solicitante si las circunstancias fácticas no dejan lugar a dudas en cuanto a la fundamentación de dicha resolución, a condición de que, por un lado, en el procedimiento en primera instancia, se haya brindado al solicitante la posibilidad de ser convocado a una entrevista personal sobre su solicitud de protección internacional, conforme al artículo 14 de dicha Directiva, y que el informe o la transcripción de dicha entrevista, si se realizó, se hayan incorporado al expediente, conforme al artículo 17, apartado 2, de la citada Directiva, y, por otro lado, el órgano jurisdiccional que conoce del recurso pueda acordar tal audiencia si lo considera necesario a efectos del examen completo y ex nunc tanto de los hechos como de los fundamentos de Derecho, al que se refiere el artículo 46, apartado 3, de esta misma Directiva

Responsabilidad de un Estado miembro por haber dejado expirar el plazo de tres meses del que disponía el solicitante de asilo para pedir a otro Estado miembro que se hiciese cargo de él

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La Sentencia del Tribunal de Justicia de 26 de julio de 2017, asunto C-670/16: Mengesteab establece, en primer lugar, que un solicitante de protección internacional puede alegar, en un recurso promovido contra una decisión por la que se ordena su traslado, que ha expirado el plazo de tres meses en cuestión aun cuando el Estado miembro requerido esté dispuesto a hacerse cargo de dicho solicitante. El Tribunal de Justicia recuerda, a este respecto, que, en el sistema del Reglamento Dublín III, el legislador de la Unión no se limitó a establecer las reglas de organización que rigen las relaciones entre los Estados miembros para determinar el Estado miembro responsable, sino que decidió asociar a ese proceso a los solicitantes de asilo, garantizándoles en particular un derecho de recurso efectivo, en su caso, contra cualquier decisión por la que se ordene su traslado. En segundo lugar, el Tribunal de Justicia declara que una petición de toma a cargo no puede ser formulada válidamente si ya han transcurrido los tres meses desde la presentación de la solicitud de protección internacional. El plazo de dos meses que establece el Reglamento de Dublín III para tal petición en caso de recepción de una respuesta positiva de Eurodac no constituye un plazo adicional que se añade al de tres meses, sino un plazo más breve que se justifica por el hecho de que tal respuesta positiva constituye la prueba de un cruce ilegal de una frontera exterior de la UE, y viene a simplificar, de este modo, el procedimiento para la determinación del Estado miembro responsable. En tercer lugar, en lo concerniente a la definición sustantiva de una solicitud de protección internacional (solicitud cuya presentación determina el inicio del cómputo de los tres meses), el Tribunal de Justicia declara que se considerará presentada una solicitud de protección internacional si llega a la autoridad encargada de la ejecución de las obligaciones que se derivan del Reglamento Dublín III un documento escrito autorizado por una autoridad pública que certifica que un nacional de un país tercero ha solicitado la protección internacional, o bien, en su caso, si llega a dicha autoridad la información más importante que consta en ese documento (y no el propio documento o una copia).