La Sentencia del Tribunal de Justicia, Sala Cuarta, de 13 de junio de 2024, asunto C–123/22: Comisión/Hungría (ponente: C. Lycourgos) declara que  condena a Hungría a pagar una cantidad a tanto alzado de 200 millones de euros y una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso, por no haber ejecutado una sentencia del Tribunal de Justicia. Este incumplimiento, que consiste en eludir deliberadamente la aplicación de una política común de la Unión en su conjunto, constituye una violación inédita y excepcionalmente grave del Derecho de la Unión.

Antecedentes

En diciembre de 2020, el Tribunal de Justicia declaró que Hungría no había respetado las normas del Derecho de la Unión relativas, en particular, a los procedimientos de concesión de protección internacional y de retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular. Este incumplimiento se refería a la limitación del acceso al procedimiento de protección internacional, al internamiento irregular de los solicitantes de dicha protección en zonas de tránsito y a la vulneración de su derecho a permanecer en el territorio húngaro a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud, así como a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular.

Al considerar que Hungría aún no había dado cumplimiento a la sentencia de 2020 (salvo en lo que respecta a las zonas de tránsito, que Hungría ya había cerrado antes de que esta se dictara), la Comisión Europea interpuso un nuevo recurso por incumplimiento mediante el que solicitaba la imposición de sanciones económicas.

Apreciaciones del Tribunal de Justicia

En su sentencia, el Tribunal de Justicia declara que Hungría no ha adoptado las medidas necesarias para la ejecución de la sentencia de 2020 en lo que respecta al acceso al procedimiento de protección internacional, al derecho de los solicitantes de dicha protección a permanecer en Hungría a la espera de una resolución definitiva sobre el recurso contra la denegación de su solicitud y a la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. Al proceder de este modo, dicho Estado miembro, vulnerando el principio de cooperación leal, evita deliberadamente aplicar la política común de la Unión en materia de protección internacional en su conjunto, así como las normas sobre la expulsión de los nacionales de terceros países en situación irregular. Este comportamiento constituye una amenaza importante para la unidad del Derecho de la Unión que afecta de manera extraordinariamente grave tanto a intereses privados, en particular a los de los solicitantes de asilo, como al interés público. En particular, el incumplimiento de Hungría, que tiene como consecuencia transferir a otros Estados miembros la responsabilidad, incluso en el aspecto financiero, de garantizar, de conformidad con el Derecho de la Unión, la acogida de los solicitantes de protección internacional, la tramitación de sus solicitudes y el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular, menoscaba gravemente el principio de solidaridad y de reparto equitativo de la responsabilidad entre los Estados miembros.

Dado que este incumplimiento constituye una violación inédita y excepcionalmente grave del Derecho de la Unión, el Tribunal de Justicia condena a Hungría a pagar una cantidad a tanto alzado de 200 millones de euros y una multa coercitiva de un millón de euros por cada día de retraso.

[Véase M.L. Rodríguez Copé, “Incumplimientos reiterados y sistemáticos del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) por los Estados Miembros. La contundente posición del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ante la vulneración húngara del ‘principio de solidaridad’”, La Ley: Unión Europea, nº 128 septiembre 2024]